Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes contratos y actas de reuniones con JUNTS y ERC, y subsidiariamente datos sobre costes y mediadores. El reclamante alegó fraude de ley al intervenir el Ministro en las negociaciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación solo por motivos formales debido al retraso en la respuesta.
Una asociación solicitó al Ministerio del Interior las actas de las mesas electorales y del voto CERA de 2023, y detalles sobre el escrutinio. El Ministerio remitió enlaces genéricos alegando incompetencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando al Ministerio remitir la solicitud a las Juntas Electorales competentes según el art. 19.1 de la LTAIBG.
D. XXX solicitó a la Junta Vecinal de San Juan de Redondo información sobre adjudicaciones de prados, rentas y contratos. La entidad denegó el acceso alegando que la documentación no estaba en su poder. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a la Junta a remitir la solicitud al órgano competente.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de la Presidencia documentación entregada al Rey sobre reuniones con independentistas, la compra de acciones de Telefónica y compromisos de investidura. Tras una inadmisión inicial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información disponible se facilitó tardíamente durante el proceso de reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre la puntualidad de las líneas C1 y C2 de Cercanías Málaga en 2023. ADIF inadmitió la petición alegando falta de disponibilidad, necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó al Ministerio de Presidencia documentación sobre el veto de España a la participación de la UE en la Operación Guardianes de la Prosperidad. Tras la falta de respuesta y posterior inadmisión por inexistencia de la información, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre vuelos y costes del traslado de migrantes de Canarias a la Península. El reclamante alegó falta de respuesta y fallos técnicos en la sede electrónica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió archivar la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, ya que el órgano competente (Ministerio de Inclusión) ya había respondido.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Valle de Zamanzas el expediente de adjudicación de un solar público. El Ayuntamiento derivó la solicitud a la Junta Vecinal. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información si la posee o, en su defecto, remitir formalmente la solicitud al órgano competente.
El Ayuntamiento de Santa Perpètua de la Mogoda solicitó a la Dirección General de Energía (Generalitat de Catalunya) datos técnicos sobre la red eléctrica del barrio de la Florida. Tras el silencio administrativo, la GAIP estima la reclamación, obligando a la Administración a facilitar la información por ser pública y necesaria para la planificación urbanística municipal.
Una persona solicitó al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya el acceso a un expediente administrativo y documentos relacionados con unas diligencias. Tras una denegación inicial, el organismo informó a través de la GAIP que no disponía de la documentación. La GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto al considerarse satisfecha la solicitud.
Una asociación solicitó al IDAE el expediente de una subvención de los Fondos NextGenerationEU. El IDAE inadmitió la solicitud alegando que, al ser un procedimiento en curso, se debía aplicar la Ley 39/2015 y no la de Transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información al no ser el solicitante un interesado.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia e Innovación el expediente del accidente nuclear de Palomares y la documentación sobre gestiones con EE.UU. La solicitante alegó que se obvió el expediente completo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar la reclamación por pérdida de objeto, ya que el CIEMAT concedió el acceso al expediente solicitado.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura el cuadro histórico de concentraciones de deportistas de marcha de la Real Federación de Atletismo Española. El solicitante alegó que la Federación es sujeto obligado por recibir subvenciones públicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque las federaciones deportivas son entidades privadas no sujetas al derecho de acceso a la información.
Se solicitó al Ministerio de Justicia una copia de un título universitario. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información no obraba en su poder. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ya que el Ministerio conocía el órgano competente y, por tanto, debió remitir la solicitud en lugar de inadmitirla.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda el catálogo de edificios de la Ponencia de valores de Barcelona. Alegó que la normativa catastral permite el acceso y que la Gerencia Territorial no expide dichos documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque no hubo una denegación real, sino una remisión al órgano competente para tramitarlo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife información detallada sobre el personal, medios técnicos y recursos de protección ambiental. El interesado reclamó que la respuesta inicial fue incompleta. El Comisionado de Transparencia estima formalmente la reclamación por falta de respuesta en plazo, pero termina el proceso ya que la información fue finalmente entregada.
El solicitante pidió al INSS diversos informes y comunicaciones sobre el cierre temporal del CAISS de Coria del Río y gestiones con el Ayuntamiento. El INSS denegó parte de la información alegando carácter auxiliar o falta de posesión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes técnicos y la autorización de cierre.
Una ciudadana solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el desglose de gastos públicos de los viajes del Rey Emérito desde 2022. Tras la inadmisión del órgano, la solicitante alegó que el uso de dinero público debe ser escrutable. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por incongruencia omisiva parcial de la administración.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Justicia de Huelva la identificación del empleado responsable de un expediente. La entidad denegó el acceso alegando que debía tramitarse por la Ley 39/2015 y no por transparencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar dicha identidad.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Ulldecona el desglose de importes cobrados en ferias y la normativa aplicable. El Ayuntamiento entregó parte de la información pero denegó la normativa alegando que era una consulta jurídica. La GAIP resuelve que hay pérdida parcial de objeto por la entrega extemporánea y estima parcialmente la reclamación obligando a entregar la normativa.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el expediente administrativo de elaboración del Real Decreto 383/2008. El solicitante alegó que no pedía acceso a un procedimiento en curso, sino a la documentación normativa de un reglamento vigente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que es información pública.
Se solicitó al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya datos sobre transferencias económicas, en especie y contrataciones de personal realizadas por AMPA/AFA en escuelas públicas de Terrassa. El reclamante alegó que la respuesta fue incompleta y que la contratación de personal para servicios públicos es información pública. La GAIP estima parcialmente la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el coste de estancias y manutención relacionadas con la Ley de Amnistía. Alegó ante el CTBG no haber recibido respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque sí hubo respuesta y la información no obra en poder del Ministerio.
Una asociación solicitó al Ministerio de Universidades normativa sobre estafas en títulos, autoridades competentes, relación de fraudes y expedientes sobre una empresa específica. El solicitante alegó que el Ministerio no puede desconocer su competencia en la materia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información no existe ni es competencia del órgano.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana copias de inscripciones de Puertos del Estado en el Registro de órganos de representación. Tras la inadmisión por inexistencia de la información y reiteración de la solicitud, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al acreditarse que la información no obra en poder del sujeto obligado.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información y copias de contratos menores desde el año 2000 con las empresas Medip Health SL y Bointel Telecomunicaciones. El reclamante alegó que la inadmisión inicial fue incorrecta. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información de los últimos cinco años.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información y copias de contratos menores desde 1997 con diversas empresas. El organismo inadmitió las solicitudes alegando falta de competencia y carácter repetitivo. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de los últimos cinco años.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información y copias de contratos menores con Laberit Sistemas SL y Qwerty Sistemas Informáticos SL desde 2010. El organismo inadmitió las solicitudes alegando falta de obligación de conservación documental y carácter repetitivo. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de los últimos cinco años.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes detalles sobre acuerdos de investidura con diversos partidos políticos y gastos asociados. Tras la inadmisión del Ministerio, el reclamante acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que desestimó la reclamación al considerar que la información no es pública por pertenecer al ámbito de negociaciones entre grupos políticos.
El presidente del Comité de Empresa solicitó al Consorci Mar Parc Salut de Barcelona el desglose de reducciones salariales del 5% (DL 3/2010) y el destino de dichos fondos. El Consorci alegó protección de datos e igualdad de partes en proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la solicitud, ordenando el acceso identificado para altos cargos y seudonimizado para el resto.
Se solicitó al Ministerio de Universidades información sobre contratos de profesorado sustituto y estructura del Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla. El reclamante interpuso reclamación prematuramente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por haberse presentado antes de expirar el plazo legal de respuesta administrativa.
El solicitante pidió al Ministerio de Universidades puntuaciones de concursos y bolsas de interinos de la Universidad de Sevilla, alegando falta de objetividad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por ser prematura, ya que se interpuso al día siguiente de la solicitud, sin esperar el plazo legal de respuesta de la Administración.
Una ciudadana solicitó al Ministerio del Interior la normativa sobre prácticas en especialidades de la Guardia Civil. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando la existencia de un canal específico de atención. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información tras haber rectificado su criterio durante el proceso.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública datos sobre denuncias de acoso laboral, sexual y por razón de sexo. El Ministerio remitió a memorias públicas pero denegó los datos específicos de acoso sexual/sexo, indicando que debían pedirse a cada departamento. El CTBG estima la reclamación y ordena remitir la solicitud a los órganos competentes.
El solicitante pidió a la AEAT el estado de tramitación de un expediente de rectificación de autoliquidaciones. Tras la inadmisión de la AEAT, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestimó la reclamación confirmando que, al ser un procedimiento administrativo en curso y ser el solicitante parte interesada, rige la normativa específica y no la LTAIBG.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos detallados sobre inmigrantes en El Hierro (llegadas diarias, asilo, costes de traslado y alojamiento e instalaciones). Tras una respuesta insuficiente, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que estimó la reclamación por motivos formales al haberse facilitado la información completa solo tras el inicio del procedimiento.
Una ciudadana solicitó al CIS licencias audiovisuales de Atresmedia y autorizaciones de contenidos de ficción. El CIS rechazó la solicitud por incompetencia y por no usar el Portal de Transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retroceder las actuaciones para que el CIS remita la solicitud al órgano competente.
El reclamante solicita el cumplimiento de una resolución previa del Consejo de Transparencia que obligaba al Ayuntamiento de Pantoja a entregar un expediente de contratación de mantenimiento de jardines. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha decide inadmitir la reclamación por falta de competencia.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el estado de una solicitud de coeficientes reductores de jubilación para policías portuarios. Tras la denegación ministerial, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que desestimó la reclamación al considerar que debe aplicarse la normativa del procedimiento administrativo específico.
Se solicitó al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya el acceso a comunicaciones digitales, registros (logs) de sistemas informáticos y actas de reuniones del Instituto del Ebre. Tras el inicio de una reclamación, la GAIP (Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública) finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud y otros organismos información detallada y copias de contratos menores con diversas empresas desde 1997. El solicitante alegó que la inadmisión previa fue incorrecta por incompetencia del órgano. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias inadmitió la reclamación por haber sido interpuesta fuera de plazo legal.
Una asociación solicitó a la Demarcación de Costas de Murcia información sobre la titularidad y legalidad del vallado de una parcela. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el solicitante no acreditó su representación legal y el organismo no dispone de la información solicitada.
Se solicitó al Ayuntamiento de San Roque copia de un expediente de 2019 y la orden de no contestación. El Ayuntamiento inadmitió lo primero alegando que el solicitante era 'interesado' y debía usar la ley de procedimiento común. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el expediente.
El Partido Animalista con el Medio Ambiente solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León expedientes sobre denuncias de protección animal en Salamanca. Ante la falta de respuesta, se presentó reclamación. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación por haber desaparecido el objeto, ya que la Consejería remitió la solicitud al Ayuntamiento de Salamanca.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación información detallada sobre pensiones europeas percibidas por el ministro Luis Planas. El solicitante alegó que el ministro, como responsable, dispone de dicha información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información no obra en poder del Ministerio.
El solicitante pidió a la Junta Electoral Provincial de Burgos las actas de sesión de mesas electorales y escrutinios de las elecciones generales de julio de 2023. El interesado alegó que la Junta es la custodia legal de dichos documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a un impedimento fáctico insalvable para el acceso físico.
El solicitante pidió a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) el acta del acuerdo sobre el volumen de agua concedido a una Comunidad de Regantes. El solicitante alegó falta de respuesta y error en la notificación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido a la incorrecta notificación de la resolución de inadmisión.
El solicitante pidió a la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre la modificación de cotizaciones para trabajadores a media jornada. Tras la inadmisión del Ministerio por considerar que era una consulta y no una solicitud de transparencia, el reclamante acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que desestimó la reclamación por improcedente.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana diversos convenios de financiación del Metro de Madrid y Barcelona. Alegó que el Ministerio de Hacienda disponía de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el objeto de la impugnación se refería a la resolución de otro Ministerio y no a la del organismo requerido.
Se solicitó a la Presidencia del Gobierno documentación sobre el conocimiento y medidas adoptadas por el Presidente ante la inclusión de Ceuta y Melilla en mapas de Marruecos. La solicitante alegó que el Presidente es responsable de las directrices de política exterior. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información no obra en poder del órgano requerido.
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