Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural información sobre una denuncia ambiental y estudios de aguas. La GAIP inadmitió la reclamación porque la solicitud no buscaba acceder a información pública preexistente, sino presentar una denuncia y solicitar actuaciones administrativas, lo cual excede el ámbito de la LTAIPBG.
La Asociación Mesa Eólica Merindades de Burgos solicitó información ambiental sobre el Parque Eólico Villamiel a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. Tras la denegación por inexistencia de la información, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, ordenando retrotraer las actuaciones para remitir la solicitud al órgano competente.
La Asociación Mesa Eólica Merindades de Burgos solicitó información ambiental sobre el Parque Eólico «La Magdalena» a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. Tras la denegación por inexistencia de la información, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para remitir la solicitud al órgano competente.
El solicitante pidió a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de Baleares copia de una denuncia contra su explotación ganadera. Tras la inactividad administrativa y posterior inadmisión, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) inadmitió la reclamación porque el acceso debe tramitarse vía Ley 39/2015 al ser el solicitante interesado en un procedimiento en curso.
El solicitante pidió a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial (Asturias) copia de la 'Carpeta Ficha' de unos montes en Taramundi. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración respondió fuera de plazo legal, aunque informara de la inexistencia de los datos.
Ecologistas en Acción solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el desglose de autorizaciones de aplicaciones aéreas fitosanitarias (2021-2022). El Ministerio inadmitió la solicitud alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio debió remitir la solicitud a las CCAA inicialmente.
La solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre el estado de un expediente de visado familiar para su esposo. Alegó la falta de resolución del trámite y la inadmisión de su solicitud inicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, al ser un procedimiento administrativo en curso y ser la solicitante interesada, debe aplicarse la normativa específica del procedimiento y no la LTAIBG.
El solicitante pidió a la Secretaría Xeral para o Deporte documentación sobre la modificación de estatutos de la Federación Galega de Tenis de Mesa. La Administración inadmitió la solicitud alegando que no hubo modificación estatutaria y que el uso era abusivo. La Comisión da Transparencia estima la reclamación, obligando a entregar la documentación sobre el cambio de domicilio.
Una persona solicitó al Instituto Catalán de la Salud (ICS) el informe de trazabilidad de la historia clínica de su hijo menor. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) acuerda la inadmisión de la reclamación por ser prematura, ya que el ICS aún no se había pronunciado sobre el fondo de la solicitud.
Se solicitó al Instituto Catalán de la Salud (ICS) un informe de trazabilidad del historial médico y la identidad de quienes accedieron a él. El solicitante no presentó alegaciones adicionales. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitió la reclamación por ser prematura, ya que el ICS aún no había resuelto la solicitud.
El solicitante pidió a la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático de Asturias el expediente de ubicación de la depuradora de Llanes (anterior a 1992). Tras la inadmisión inicial por falta de documentos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser extemporánea, al presentarse fuera del plazo de un mes.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública datos sobre funcionarios que tomaron posesión en domingo. El solicitante alegó que la información es obtenible mediante hojas de cálculo partiendo de las fechas de posesión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el organismo no posee el dato específico del día de la semana.
Se solicitó al Ministerio del Interior copia de los estatutos de la Asociación Alianza contra la corrupción. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando la existencia de un régimen registral específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, ya que el acceso a dicha información requiere el pago previo de una tasa legalmente establecida.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia datos sobre revisiones de penas derivadas de la ley del 'solo sí es sí'. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información era de naturaleza procesal judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar la información que obre en su poder.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el dictamen A.G. Entes Públicos 116/21 sobre bajas incentivadas en Puertos del Estado. Alegó que el documento no fue creado específicamente para el proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión del informe perjudicaría la estrategia procesal y la igualdad de armas en el juicio.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copia de una denuncia presentada ante el SEPRONA. El Ministerio derivó la solicitud a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, al existir un procedimiento sancionador en curso, rige la normativa de dicho procedimiento y no la LTAIBG.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el expediente e informe jurídico que sustentan una nota de 'Preguntas Frecuentes' del INAP sobre certificados de estabilización. El INAP inadmitió la solicitud alegando la inexistencia de tal informe. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que la información no obra en poder del órgano.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos sobre empresas y trabajadores afectados por un convenio siderometalúrgico en Barcelona. El solicitante alegó que el Ministerio erróneamente declinó competencia remitiéndolo al de Trabajo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información por obrar en la Tesorería de la Seguridad Social.
Se solicitó a la Dirección General de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias copia de una instrucción de 2017 y un acta de 2016 sobre costes de gametos. La administración denegó el acceso alegando carácter auxiliar de la nota y falta de competencia sobre el acta. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación por falta de motivación y posesión de la información.
El sindicato Unión de Policía Municipal solicitó al Ayuntamiento de Madrid los contratos de adquisición de SPACE PREMIUM y OFFICE 365. La administración inadmitió la solicitud alegando inexistencia o falta de localización de la información. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación por falta de motivación suficiente y remisión incorrecta a la información.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid copia del cuadernillo de preguntas, plantillas de respuestas y notas de corte de una convocatoria de empleo. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación porque el solicitante es parte interesada en un procedimiento administrativo en curso, debiendo acceder a la información por la vía específica de dicho proceso.
La Asociación Ecologista del Jarama “el Soto” solicitó al Canal de Isabel II datos de consumo de agua (tratada, subterránea y potable) de diversos campos de golf. El Canal denegó parcialmente el acceso alegando secreto empresarial y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de agua tratada.
Una ciudadana solicitó a la Dirección General de Función Pública de Navarra datos sobre expedientes sancionadores de empleados públicos. La administración inadmitió la solicitud alegando desconocer el competente. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, ya que el órgano conocía quién custodiaba la información y debió derivar la solicitud.
Se solicitó al Ministerio del Interior el desglose mensual y por comunidad autónoma de menores extranjeros no acompañados (MENA) y sus nacionalidades (2013-2022). El solicitante alegó que el Ministerio posee el registro RMENA. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos cuantitativos pero excluyendo las nacionalidades.
Un ciudadano solicitó a la Diputación Provincial de Guadalajara la instalación de alumbrado público en el acceso a su vivienda. Tras la denegación por falta de competencia, el interesado alegó falta de respuesta y mala gestión municipal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por no solicitar información pública, sino una actuación material.
Una asociación solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el expediente completo de unas ayudas al Ayuntamiento de Murcia. El Ministerio inadmitió la solicitud derivándola al Ayuntamiento basándose en el art. 19.4 LTAIBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el expediente completo de una subvención al Ayuntamiento de Murcia. El Ministerio inadmitió la solicitud derivándola al Ayuntamiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información por ser el autor principal del expediente administrativo.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte el inventario, coste y ubicación de los vestigios franquistas retirados desde 2007. Tras una denegación inicial por incompetencia, el Ministerio aportó datos de dos elementos durante la reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por razones formales al no respetarse el plazo legal de acceso.
El solicitante pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico datos sobre concesiones administrativas de ocupación del dominio público marítimo terrestre. Alegó no haber recibido respuesta y cuestionó la vía de tramitación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información es de naturaleza ambiental y debe regirse por la Ley 27/2006.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco el listado de asistencias sanitarias registradas en el sistema SIFCO desde 2010. El Departamento inadmitió la solicitud alegando que el Ministerio de Sanidad era el competente. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando al Departamento a facilitar la información por disponer de los datos.
Una entidad solicitó al Comisionado para el Mercado de Tabacos diversa información sobre planes de objetivos, actas y consultas. El organismo denegó gran parte alegando solicitudes abusivas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a actas y consultas con efectos jurídicos, y la remisión de la solicitud de informes a la Inspección General de Servicios.
La Asociación 'Hijos y Nietos de España' solicitó al Ministerio de Justicia datos estadísticos sobre solicitudes de nacionalidad bajo la Ley de Memoria Democrática. El solicitante alegó que el Ministerio, como órgano superior de los Registros Civiles, debe poseer dicha información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información no obra en poder del Ministerio.
Se solicitó al Ministerio de Justicia (trasladado al Consejo General de la Abogacía Española - CGAE) los criterios de tasación de costas de los Colegios de Abogados de Castilla y León. El CGAE denegó el acceso por falta de competencia y posesión del documento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena remitir la solicitud al órgano competente.
La Asociación Mesa Eólica Merindades de Burgos solicitó información ambiental sobre el Parque Eólico «Los Castríos» a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. Tras una denegación por inexistencia de la información, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para remitir la solicitud al órgano competente.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información sobre nombramientos de personal en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. El reclamante alegó que la administración inadmitió la solicitud erróneamente por incompetencia del órgano. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima formalmente la reclamación y termina el proceso porque la información ya fue facilitada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Banyeres del Penedès un informe técnico urbanístico y respuestas a consultas conceptuales. El reclamante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP estima parcialmente la solicitud: reconoce el derecho al informe técnico por ser información pública, pero inadmite las consultas por requerir elaboración y no ser información preexistente.
El solicitante pidió al ICS-CAP Guinardó la identificación de los trabajadores que accedieron a su historia clínica. El ICS alegó que era una solicitud de protección de datos y no de transparencia. La GAIP estima la reclamación considerando que la traçabilidad de los accesos es información pública sujeta a la LTAIPBG y no solo al RGPD.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada y documentación sobre el Plan Sumamos Salud + Economía. El solicitante alegó que la administración inadmitió la petición por falta de competencia del órgano receptor. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública declara la terminación del procedimiento por haber perdido su objeto, ya que el SCS concedió el acceso total a la información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Vilches las bases y la baremación detallada de un proceso de selección de personal. El Ayuntamiento denegó la información alegando que no era posible conocerla o que la competencia era de la Junta de Andalucía. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y obliga a facilitar los criterios de valoración y la baremación.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Albuñol diversa información económica, retribuciones de la alcaldesa e informes técnicos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la mayoría de las peticiones por ser extemporáneas, pero estimó parcialmente la solicitud sobre daños por temporal al no haber sido remitida al órgano competente.
Una persona interesada solicitó al Instituto Catalán de la Salud (ICS) las puntuaciones de los candidatos de un proceso selectivo para evitar indefensión. El ICS denegó el acceso alegando que el procedimiento estaba abierto y que el solicitante era parte interesada. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando al ICS a facilitar las puntuaciones.
Una persona interesada solicitó al Instituto Catalán de la Salud (ICS) las puntuaciones de los aspirantes de un proceso selectivo. El ICS denegó el acceso alegando que el procedimiento estaba abierto y que el solicitante debía usar la vía administrativa. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando al ICS a facilitar las puntuaciones mediante pseudonimización.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Villalba de los Alcores los estudios de impacto ambiental de un proyecto fotovoltaico. El Ayuntamiento denegó la información remitiéndolo al órgano sustantivo. La Comisión de Transparencia de Castilla y León inadmitió la reclamación por carecer de fundamento, ya que la información fue generada por la Administración estatal.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública copias de los acuerdos de iniciación de actuaciones derivadas de sus denuncias fiscales. Alegó que necesitaba acreditar que la AEAT dio curso legal a dichas denuncias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en el régimen de reserva de datos tributarios.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior acceso a diligencias de la policía judicial de 2005, alegando que fueron archivadas y canceladas. El Ministerio denegó el acceso argumentando que, al ser un atestado remitido al juzgado, rige la normativa judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el importe de la ayuda económica y el tratado bilateral relativo al envío de armamento y equipos a Ucrania. El solicitante alegó que el Ministerio debió remitir la solicitud a los órganos competentes en lugar de inadmitirla. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena remitir la solicitud a los Ministerios de Defensa y Asuntos Económicos.
La Asociación Huemur solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo informes remitidos al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que era información ambiental. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Un ciudadano solicitó al Servicio Canario de la Salud datos detallados sobre vacunación COVID-19, costes y stock. Tras una inadmisión por falta de competencia del órgano receptor, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando al organismo a entregar la información existente por no haber remitido la solicitud al órgano competente.
La Asociación Áncora solicitó al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián el expediente completo de la Estación del Norte. Tras una respuesta parcial y la derivación de parte de la solicitud a Euskal Trenbide Sarea, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar toda la información que obre en su poder.
Un funcionario solicitó a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Andalucía copias de expedientes y traslados de documentación derivados de sus denuncias por acoso laboral. Ante la falta de respuesta de la entidad, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
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