Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda diversos convenios de financiación del Metro de Madrid y Barcelona. Tras una concesión parcial, el solicitante alegó que se obviaron la mayoría de los documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el Ministerio acreditó que no posee el resto de la información solicitada.
Un periodista solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya datos sobre ayudas de comedor escolar. Tras una estimación parcial y la publicación de algunos datos en la web, la GAIP resuelve estimar la reclamación, obligando al Departamento a entregar la información restante o derivar la solicitud a los Consells Comarcals y al Consorci d'Educació de Barcelona.
Una entidad solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el certificado de registro, estatutos y composición de un sindicato de la Ertzaintza. El solicitante alegó que el Ministerio debía acreditar si el sindicato estaba registrado o no. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información no obra en poder del Ministerio, siendo competente la autoridad laboral vasca.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el plan de Correos para la custodia del voto por correo y CERA. Alegó que el Ministerio es competente según una Orden Ministerial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, determinando que Correos es el autor de la información y, por tanto, el sujeto competente para decidir sobre el acceso.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de San Roque copia de comunicaciones y alegaciones de terceros en un expediente donde es parte interesada. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que decidió inadmitir la reclamación porque el acceso de los interesados a expedientes en curso se rige por la normativa del procedimiento administrativo y no por la ley de transparencia.
D. Jesús Morera Molina solicitó al Hospital Univ. Dr. Negrín copia del expediente de denuncia por acoso laboral contra él. El hospital inadmitió la solicitud alegando desconocer el expediente. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena a la Consejería de Sanidad entregar la documentación, ya que es información pública accesible.
D. XXX solicitó a la Consejería de Educación de Castilla y León acceso a recursos y resoluciones sobre Unidades de Investigación Consolidada y a su propio expediente. Tras una desestimación presunta y posterior inadmisión, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando a facilitar la información previa disociación de datos personales.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia estadísticas e información sobre asociaciones secretas, entidades religiosas con secretismo y resoluciones sobre censura en internet. El reclamante alegó falta de coordinación gubernamental y vulneración de derechos europeos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando remitir la solicitud sobre censura al CGPJ.
Se solicitó a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) el expediente completo de una subvención de 2005 a la Mancomunidad Guadalquivir. La entidad inadmitió la solicitud alegando que no poseía la información ni conocía el órgano competente. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por falta de motivación en la resolución.
La FEDOP solicitó al Servicio Canario de la Salud datos sobre presupuesto y gasto real en prestaciones ortoprotésicas de 2022. Tras una inadmisión por falta de competencia del órgano receptor, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a las Áreas de Salud de Gran Canaria y Fuerteventura a entregar la información.
La Fundació Animanaturalis Internacional solicitó al Ayuntamiento de Algar de Palància el programa de fiestas de 2019 y el gasto en espectáculos taurinos de 2019 y 2022. El Consell Valencià de Transparència decide inadmitir la reclamación porque la solicitud original fue enviada erróneamente al Ayuntamiento de Algar (Cádiz), aunque la administración facilitó la información durante el proceso.
El solicitante pidió al INGESA documentos sobre el cobro o renuncia de una cantidad reconocida judicialmente a favor del INSALUD. El INGESA inadmitió la solicitud alegando traspaso de competencias a Murcia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando remitir la solicitud al órgano competente por no ser válido el desconocimiento del mismo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pallejà información sobre el sistema de recogida de residuos y su fecha de aplicación, vinculándolo a programas electorales. El Ayuntamiento alegó que no podía informar en nombre de partidos políticos. La GAIP estima parcialmente la solicitud: obliga a entregar la información si el Ayuntamiento dispone de ella, pero inadmite lo relativo a los programas electorales.
Una entidad solicitó al Ministerio de Justicia información sobre el software de interconexión del Registro Civil, costes postales, responsables de la digitalización y denegaciones en la Sede Electrónica. Tras el silencio administrativo y una respuesta parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación al considerar incorrecta la inadmisión de la información técnica y económica.
Una asociación solicitó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 información sobre la reserva de la lagartija y el control de gatos en Eivissa. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a remitir la solicitud al órgano competente (Ministerio de Cultura) según el art. 19.1 de la LTAIBG.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda estadísticas y retribuciones básicas anonimizadas del personal laboral sin convenio en el exterior. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que los datos no estaban en la base DARETRI o no eran competencia suya. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar la información o remitirla al órgano competente.
El solicitante pidió al Ministerio de Política Territorial conocer el órgano competente en Cantabria para autorizaciones de bienes comunales. El Ministerio alegó no poseer la información y sugirió que correspondía a la Comunidad Autónoma. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por incumplimiento del art. 19.1 LTAIBG y ordena remitir la solicitud al órgano competente.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública datos estadísticos sobre funcionarios (renuncias, sanciones, expedientes, etc.) desde 2018. El Ministerio denegó parte de la información alegando secreto estadístico y reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a desglosar los datos por cuerpos y facilitar información sobre expedientes.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda información sobre el cobro o renuncia de un crédito judicial a favor de la Hacienda Pública Estatal. Tras la inadmisión de la AEAT por desconocimiento del órgano competente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para que el Ministerio identifique y remita la solicitud al órgano competente.
Se solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya copia de la documentación de exención de prácticas y un informe de medidas adoptadas. El reclamante alegó la necesidad de acreditar una suplantación de firma en un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a la documentación pero inadmitiendo el informe por no ser información preexistente.
Una asociación solicitó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 información sobre delegados y comunicaciones con la OMS. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respetó el plazo legal de contestación, aunque posteriormente alegara no disponer de la información.
Una asociación solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre delegados españoles ante la OMS y comunicaciones sobre el Tratado sobre la Pandemia y el RSI. El Ministerio no respondió en plazo, alegando posteriormente falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido a la falta de respuesta oportuna.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información sobre la contabilidad y gestión de la FIIAPP. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando incompetencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena remitir la solicitud al órgano competente por incumplir el art. 19.1 de la LTAIBG.
Se solicitó al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) el acta de colegiación de una persona en el Colegio de Abogados de León. El reclamante alegó falta de respuesta y desconocimiento de notificaciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el CGAE no respondió en plazo ni remitió la solicitud al órgano competente inicialmente.
Se solicitó al Ministerio de Justicia la copia de la solicitud de un título de procurador y la fotocopia compulsada del título de licenciatura en Derecho de un tercero. La solicitante alegó que el Ministerio posee dicha documentación al haber sido requerida para el trámite. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acuerda el archivo de la reclamación por carencia sobrevenida de objeto.
El interesado solicitó a la Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior de Murcia información sobre la experiencia laboral en el sector financiero privado del Presidente Regional. La administración inadmitió la solicitud alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia declara la pérdida de objeto al haberse dictado ya una resolución expresa.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital documentación sobre el uso de fondos europeos en el 'caso Mediador'. Tras una inadmisión basada en un error de competencia, la reclamante alegó que la información era competencia de la Ministra. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y obraba en el órgano requerido.
Se solicitó al Ministerio de Transformación Digital protocolos de uso de redes sociales y ciberseguridad en dispositivos. La solicitante no presentó alegaciones tras la respuesta tardía del Ministerio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respondió en el plazo legal y fue necesaria la intervención del Consejo.
Se solicitó al Servei d’Ocupació de Catalunya el acceso al expediente de Renda Garantida. Ante la falta de respuesta y la alegación de incompetencia del organismo, la GAIP estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para que el Departamento de Empresa y Trabajo derive la solicitud al Departamento de Derechos Sociales, reconociendo el derecho de acceso del interesado.
Una ciudadana solicitó al Consejo General de Procuradores de España (CGPE) el acta de colegiación de una persona en el Colegio de Procuradores de León. La solicitante alegó que el CGPE disponía de dicha documentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación ya que el CGPE no tenía la información en su poder y trasladó correctamente la solicitud al órgano competente.
Se solicitó al Ministerio de Cultura informes sobre la evaluación ambiental de un tramo específico de la A-62. El solicitante alegó que el BOE confirmaba la existencia de dicha respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el Ministerio acreditó que la información solicitada no obra en su poder.
La Asociación IMERIS solicitó a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación información sobre el perfil de menores infractores en 2022. Tras alegar falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía resolvió terminar el procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, ya que la entidad facilitó la información durante la tramitación.
Una concejala solicitó al Concello de Cangas acceso a expedientes completos de convenios y confirmación de registro de dos asociaciones. El Ayuntamiento solo facilitó los convenios y denegó la información sobre el registro alegando falta de competencia de la Secretaría. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación y ordena facilitar toda la información.
Se solicitó a la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades el acceso a datos estadísticos de las Probas de Avaliación de Bacharelato 2023. Tras una inadmisión por incompetencia del órgano, la Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, instando el traslado de la solicitud a la CIUG.
El solicitante pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información técnica, orgánica y financiera sobre la modificación artificial del tiempo y sus declaraciones de impacto ambiental. El reclamante alegó que la denegación era improcedente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el Ministerio ya respondió vía Ley 27/2006 informando de la inexistencia de tales expedientes.
Se solicitó al Ayuntamiento de Talavera de la Reina el acceso a los expedientes de nombramiento de funcionarios habilitados nacionales. El Ayuntamiento alegó no ser la administración competente para su tramitación. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima la reclamación, señalando que la información debe obrar en su poder o debe colaborar para obtenerla.
Se solicitó al Conselh Generau d’Aran información sanitaria y actas de inspección de establecimientos de restauración. El solicitante alegó que el organismo era la autoridad competente basándose en un decreto de transferencia de competencias. La GAIP desestimó la reclamación porque no tiene potestad de inspección para fiscalizar la veracidad de la información administrativa suministrada.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el listado desglosado por perceptores de las productividades y gratificaciones de noviembre y diciembre de 2022. El solicitante alegó que el derecho de acceso a estos datos está reconocido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación obligando al Ministerio a entregar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia escrituras y estatutos de la Fundación Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano. Tras una denegación parcial y una inadmisión posterior, el reclamante alegó que el Ministerio debió remitir la solicitud al Registro de Fundaciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por existir un régimen jurídico específico de acceso.
Se solicitó a la Universitat de Barcelona copia de contrato laboral, condiciones de trabajo y un certificado. El reclamante alegó inseguridad jurídica por la falta de documentación. La GAIP estima parcialmente la solicitud obligando a entregar el contrato y datos laborales existentes, pero inadmite las consultas jurídicas y la petición del certificado.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte escrituras, estatutos y datos patrimoniales de la Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano. El Ministerio no respondió en plazo y luego alegó incompetencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento del plazo legal de respuesta.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia protocolos de uso de redes sociales y ciberseguridad en TikTok. Tras la falta de respuesta inicial y una posterior inadmisión, la solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respetó el plazo legal de respuesta.
D. XXX, vocal de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega, solicitó información sobre la inclusión de fincas de dicha entidad en la PAC en los últimos 10 años. Tras una respuesta insuficiente y silencio administrativo, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a la entidad a dictar una resolución expresa que confirme si existe o no tal información.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Justicia copia de un informe de un notario en un expediente de queja tramitado por el Colegio de Notarios de Andalucía. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que no poseía la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a remitir la solicitud al órgano competente.
Se solicitó al Consell Català de l'Esport información sobre gestiones para cumplir una resolución del Parlament y datos de un técnico. El reclamante alegó silencio administrativo. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) desestimó la reclamación porque el interesado ya había recibido la respuesta y la información solicitada.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud (CHUIMI) información sobre el registro de actividades de tratamiento y protección de datos. El solicitante alegó que la administración no proporcionó la información requerida. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación ya que el solicitante ya conocía el órgano competente (Delegado de Protección de Datos).
El solicitante pidió al Ministerio de Sanidad información sobre daños y efectos en la salud por la rotura de la balsa minera de Boliden (1998). El Ministerio inadmitió la solicitud alegando falta de competencia y desconocimiento del órgano competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena remitir la solicitud al órgano competente.
Se solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte la retribución y gastos de un técnico de la Real Federación Española de Atletismo. El solicitante alegó no haber recibido respuesta de la federación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información no obra en el Ministerio y las federaciones deportivas no son sujetos obligados por la LTAIBG.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte la carta arqueológica de España e inventarios autonómicos. Tras la denegación del Ministerio, el interesado reclamó alegando su derecho de acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el documento solicitado no existe y su obtención requeriría una reelaboración compleja de datos dispersos.
Una opositora solicitó al Ministerio del Interior copia de su examen, de los exámenes del primer y último aprobado y el acta del tribunal. Alegó indefensión al no disponer de dicha documentación para recurrir su nota. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, al ser un procedimiento en curso y ser la solicitante interesada, prima la normativa específica del proceso selectivo.
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