Reclamación por falta de respuesta del Ministerio de Cultura y Deporte sobre información de la Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, estimada por motivos formales

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 24 de enero de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Que (…) solicito que se me haga entrega de la siguiente INFORMACIÓN PÚBLICA de la Fundación Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano, y su sucesora la Fundación Pro Infancia Queipo de Llano, en el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 1937 hasta el 31 de diciembre de 2021, y es la que sigue: a) Escritura Constitución de la Fundación el 24 de diciembre de 1937 S/REF: N/REF: 1450-2023 Fecha: La de firma. Dirección: ERIO DE CULTURA Y DEPORTE. Información solicitada: Estatuto, patronato y escrituras de fundaciones. R CTBG Número: 2023-1015 Fecha: 23/11/2023 b) Estatutos y Patronato. c) Escritura de cambio de Denominación mediante la entidad que pasó a llamarse Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano. d) Escritura de donación del cortijo Gambogaz por parte de la Fundación a su Fundador, Gonzalo Queipo de Llano. e) Escritura de la compra de Tierras por parte de la Fundación en Isla Mayor. (Sevilla) f) Otras escrituras de compras y ventas de tierras, bienes inmuebles y elementos patrimoniales realizados por la Fundación desde su fundación ha sta el 31 de diciembre de 2021». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 24 de abril de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG señalando que no ha recibido respuesta. 4. Con fecha 24 de abril de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO de CULTURA Y DEPORTE solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 11 de mayo de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: « (…)II: Entrando en el contenido de la solicitud, cabe señalar que la Fundación Pro- Infancia Queipo de Llano se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia. La información requerida referente a escritura de constitución, estatutos, patronato, así como los aspectos relativos al patrimonio de la Fundación señalados en la solicitud, se encuentran como parte de la constitución de la entidad, y en concreto, de los bienes que forman parte de su dotación inicial, tratándose de actos sujetos a inscripción en el Registro de Fundaciones, conforme al artículo 24 del Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia Estatal aprobado por el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre. R CTBG Número: 2023-1015 Fecha: 23/11/2023 El artículo 10.1.e) del citado Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal señala que es competencia del Registro de Fundaciones la expedición de certificaciones y notas sobre los asientos y documentos que obren en ese Registro. Asimismo, el citado Reglamento del Registro de Fundaciones dedica su Capítulo VI a la publicidad del Registro, precisando el artículo 53 dedicado a la publicidad formal, que: “1. El Registro es público. 2. La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por el Encargado del Registro, por nota simple informativa o po r copia de los asientos y de los documentos depositados en el Registro preferentemente por medios telemáticos. En todo caso, la publicidad formal se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en la específica sobre acceso a registros administrativos. 3. La información obtenida del Registro no podrá tratarse para fines que resulten incompatibles con el principio de publicidad formal que justificó su obtención. El Encargado del Registro velará por el cumplimiento de las normas vigentes en las solicitudes de publicidad en masa o que afecten a los datos personales reseñados en los asientos.” Y el artículo 54. Certificaciones, señala: “1. Corresponderá exclusivamente al Encargado del Registro la facultad de certificar los asientos del Registro y de los documentos archivados o depositados en el mismo. 2. Las certificaciones constituyen el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro. En ningún caso podrán expedirse certificaciones sobre datos de fundaciones inscritas en otros registros de fundaciones. 3. Las certificaciones podrán solicitarse por cualquier medio que permita la constancia de la solicitud realizada y la identidad del solicitante. 4. Las certificaciones, debidamente firmadas por el Encargado del Registro, se expedirán en el plazo de cinco días contados desde la fecha en que se presente su solicitud.” Considerando lo anterior, debe señalarse que la solicitud y obtención de datos e información sobre las fundaciones inscritas en el Registro de fundaciones de competencia estatal se rige por su normativa específica, siendo de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. En este sentido se ha pronunciado previamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en varios expedientes de reclamación como el R/918/2020, R/919/2020 o R/920/20206 también frente al Ministerio de Justicia. Por tanto, al existir un régimen jurídico específico para la publicidad de la información que se encuentra en el Registro de fundaciones de competencia estatal, el interesado deberá realizar la solicitud de información ante el citado Registro de Fundaciones (Ministerio de Justicia). A tal efecto, se informa que en la página web del Ministerio de Justicia dispone de información específica del Registro de Fundaciones de competencia estatal: Por último, cabe señalar, que existe la opción de solicitar telemáticamente la expedición de certificados de inscripción, patronato, y poderes inscritos a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia a través del siguiente enlace: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/constitucion-certificaciones (…)». 5. El 18 de mayo de 2023 se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 20 de mayo de 2023 compareció al trámite sin que, en el momento de elaborarse la presente resolución se hayan recibido alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre la Fundación Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano, y su sucesora Fundación Pro infancia Queipo de Llano, entre 1937 y 2021. En concreto, se solicita su escritura de constitución, estatutos y detalle de su patronato, así como otras escrituras de compraventas, algunas concretadas en la solicitud. El Ministerio requerido no respondió en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud de información se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en fase de alegaciones en este procedimiento, la Administración dictó resolución invocando la concurrencia de la Disposición adicional primera, apartado segundo, de la LTAIBG, por existir un régimen jurídico específico de acceso a la información contenida en registros —constituido por el Capítulo VI del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal—; informó al reclamante de que el órgano competente para la resolución de su solicitud es el Ministerio de Justicia; y proporcionó los enlaces correspondientes para acceder al buscador de fundaciones de la web y al servicio de expedición de certificaciones de este segundo Ministerio. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órga no competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No puede desconocerse, no obstante, que aun de forma tardía el Ministerio ha dictado resolución en la que sostiene la existencia de un régimen jurídico específico de acceso a la información y se indica que el órgano competente para resolver la solicitud de información es el Ministerio de Justicia. Tal forma de proceder desconoce que, con arreglo al artículo 19.1 LTAIBG, «[s]i la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante»; en definitiva, es al propio Ministerio de Cultura y Deporte al que compete tramitar la remisión al departamento ministerial competente en caso de conocerlo, como resulta evidente en este caso —por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810), en la que se remarca que «como se ve, en ninguno de los dos casos [artículos 18.1.2 y 19.1 LTAIBG] la Ley obliga al solicitante una búsqueda, localización y remisión de información. La Ley, según los casos vistos, obliga al órgano ante el que se presenta la solicitud a indicar quien es, a su juicio, el órgano competente, o bien a remitirlo al competente»—. Lo anterior debería comportar la estimación de esta reclamación y la retroacción de actuaciones a fin de que el Ministerio de Cultura dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 19.1 LTAIBG. No obstante, se da la particularidad de que el propio reclamante, en la misma fecha, presentó idéntica solicitud de información ante el Ministerio de Justicia (por tanto, el órgano competente) que, de hecho, ha dictado resolución frente a la que también se ha presentado reclamación ante este Consejo con número de expediente 1452/2023. De ahí que carezca de virtualidad alguna ordenar la retroacción de actuaciones. 6. En conclusión, tomando en consideración que la resolución del Ministerio de Cultura se dictó fuera del plazo legalmente establecido, y no procediendo ya la remisión de la solicitud al Ministerio competente que ha resuelto una solicitud idéntica del mismo reclamante, procede estimar la reclamación por motivos formales ya que no se ha respetado el derecho del solicitante a obtener una resolución en el plazo máximo legalmente establecido. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descrito s, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez