Reclamación por denegación de acceso a información sobre la Fundación Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano y su sucesora

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 24 de febrero de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE JUSTICIA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Que (…) solicito que se me haga entrega de la siguiente INFORMACIÓN PÚBLICA de la Fundación Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano, y su sucesora la Fundación Pro Infancia Queipo de Llano, en el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 1937 hasta el 31 de diciembre de 2021, y es la que sigue: a) Escritura Constitución de la Fundación el 24 de diciembre de 1937 b) Estatutos y Patronato. S/REF: 001-079147 N/REF: 1452-2023 Fecha: La de firma. Dirección: ERIO DE JUSTICIA. Información solicitada: Información referida a una fundación. R CTBG Número: 2023-1022 Fecha: 27/11/2023 c) Escritura de cambio de Denominación mediante la entidad que pasó a llamarse Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano. d) Escritura de donación del cortijo Gambogaz por parte de la Fundación a su Fundador, Gonzalo Queipo de Llano. e) Escritura de la compra de Tierras por parte de la Fundación en Isla Mayor. (Sevilla) f) Otras escrituras de compras y ventas de tierras, bienes inmuebles y elementos patrimoniales realizados por la Fundación desde su fundación ha sta el 31 de diciembre de 2021». 2. El Ministerio requerido respondió al solicitante con fecha 2 de marzo de 2023 proporcionando la información de los miembros del patronato y los estatutos de la fundación. Enviado correo electrónico por el solicitante preguntando por que no se le ha remitido el resto de la información, el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia señala que: «(…) según se le informa en el certificado enviado, de conformidad con el artículo 54.1 del Real Decreto 1611/2007 “corresponderá exclusivamente al Encargado del Registro la facultad de certificar los asientos del Registro y de los documentos archivados o depositados en el mismo.” Así mismo según establece el artículo 222 del Decreto de 2 de junio de 1944 por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado “sólo el notario en cuyo poder se halle legalmente el protocolo, estará facultado para expedir copias u otros traslados o exhibirlo a los interesados. Ni de oficio ni a instancia de parte interesada decretarán los Tribunales que los Secretarios judiciales extiendan, por diligencia o testimonio, copias de actas, escrituras matrices y pólizas, sino que bajo su responsabilidad las exigirán del notario que deba darlas, con arreglo a la Ley del Notariado y el presente Reglamento, es decir, justificando ante el notario, y a juicio de éste con la documentación necesaria, el derecho de los interesados a obtenerlas, y siempre que la finalidad de la petición sea la prescrita en el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”». 3. Mediante escrito registrado el 24 de abril de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, señalando que no ha recibido respuesta a la R CTBG Número: 2023-1022 Fecha: 27/11/2023 solicitud y que «la mayor parte, y la más importante, de la documentación solicitada no me la han enviado.» 4. En esa misma fecha, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO de JUSTICIA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 8 de mayo de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «(…) Según resulta de los datos que constan en esta Unidad, el interesado no presentó previamente ninguna solicitud de acceso a la información pública al amparo de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Este Centro Directivo dictó Resolución, de fecha 10 de abril de 2023, relativa al expediente 1-78185 donde se dio respuesta al interesado sobre la misma materia que ahora es objeto de reclamación (ver el anexo III al presente documento ). Tal y como se recoge en la citada resolución no ha lugar a solicitar, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, información relativa a aquellas fundaciones a las que se refiere el artículo 11 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. En este sentido, la publicidad del registro se efectuará según lo dispuesto en el Capítulo VI del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. Este criterio ha sido respaldado por la Audiencia Nacional en diversas ocasiones, por ejemplo, mediante sentencias 11/2021 y 15/2021 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 7, en las que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa las costas procesales fueron impuestas al demandado (en este caso el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno). En base a la doctrina de la Audiencia Nacional, en las sentencias antes citadas, la reclamación 1452/2023 no debería de haber sido admitida a trámite por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Queda claro, por tanto, que se debe acudir a la legislación sectorial específica sobre la materia, ya que no se puede considerar que la actividad calificadora del Registro de Fundaciones sea una resolución ni expresa ni presunta en materia de acceso a la información pública, sobre la que interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. En este sentido, contra las Resoluciones del Encargado del Registro, se podrá interponer recurso de alzada ante la Subsecretaria de Justicia en la forma y plazos previstos en la Ley 39/2015. Si el interesado no estuviese conforme con la resolución del recurso de alzada, se recuerda que el capítulo X de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, establece el régimen de autorizaciones, intervención temporal y recursos previstos a tal efecto (…)». La resolución de 10 de abril de 2023 a la que se hace referencia en las alegaciones (correspondiente a otro expediente de solicitud de acceso a la información pública) acordaba la inadmisión de la solicitud información en los siguientes términos: « (…) El apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Una vez analizada la solicitud, y tras realizar la labor de instrucción pertinente, esta Dirección General considera que la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, regula en el capítulo VI la publicidad de dicho Registro. La solicitud y obtención de datos e información sobre las fundaciones inscritas en el Registro de fundaciones de competencia estatal se rige, por tanto, por su normativa específica. Consecuentemente, al existir un régimen jurídico específico para la publicidad de la información que se encuentra en el Registro de fundaciones de competencia estatal, el interesado deberá realizar la solicitud de información según lo dispuesto en el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre. A tal efecto, en la página web del Ministerio de Justicia se dispone de un espacio específico del Registro de Fundaciones de competencia estatal: Desde ese enlace se puede acceder al buscador de fundaciones y consultar la información de aquellas que se encuentran inscritas en el Registro de fundaciones de competencia estatal y activas en el mismo. Igualmente, se significa que existe la opción de solicitar telemáticamente la expedición de certificados de inscripción, patronato, y poderes inscritos a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia a través del siguiente enlace: En todo caso, se informa que el Registro de Fundaciones de competencia estatal únicamente puede facilitar las inscripciones propias de ese Registro, así como la documentación que en él deposita el Protectorado de Fundaciones conforme a lo previsto en el artículo 46 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia Estatal (…)». 5. El 10 de mayo de 2023, se recibió un escrito del reclamante en el que, aportando la solicitud de acceso y la respuesta (de 13 de abril) correspondientes al expediente 1- 78185, expone lo siguiente: «(…) Que el Ministerio se equivoca resolviendo lo que más arriba se transcribe, ya que, siendo cierto que en el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre se establece el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, no lo es menos que tal y como establece el art. 8.1 del mismo se establece que el Registro dependerá orgánicamente del Ministerio de Justicia y estará adscrito a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Y que conforme a su apartado 3 determine que el Registro funcionará como una única instancia en sus relaciones con los protectorados ministeriales y con los registros autonómicos. Por lo que, presentada la solicitud ante el Ministerio de Justicia, debió haberla remitido al Registro de Fundaciones para que la hubiese tramitado, tal y como establece el art. 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y resolvió el Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de Junio de 2016 (rec.3289/2014). Dicho lo anterior, lo que no cabe hacer es lo que el Ministerio de Justicia hizo en la recurrida, ya que con ello se lesiona de forma directa los derechos e intereses legítimos de este reclamante. Y en su consecuencia, se deberá tener por cumplimentado el trámite de la solicitud que en el art. 17 LTAIBG, y se deberá proceder a resolver esta reclamación. Por todo ello, y dado que las peticiones vehiculadas en el escrito de 16 de febrero de 2023, doc. 1, más arriba señalado, son justas, y conformes a los derechos que tanto nuestra Constitución, y, finalmente, a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, lo recogido en dicho escrito debió ser estimado, procediendo a satisfacer lo que se había interesado, y al no haberlo hecho, a pesar de ACCEDER a la petición, pero al no haberla facilitado, ni comunicado un enlace para poder descargarla, sólo este camino de interponer este recurso se ha dejado a una ciudadana y dos ciudadanos que no han visto colmados sus derechos e intereses legítimos en cuanto al acceso a información pública solicitada de una Administración». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre la Fundación Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano, y su sucesora Fundación Pro infancia Queipo de Llano, entre 1937 y 2021. En concreto, se solicita su escritura de constitución, estatutos y detalle de su patronato, así como otras escrituras de compraventas, algunas concretadas en la solicitud. Según consta en la documentación obrante en este procedimiento, el órgano requerido facilitó parte de la información (estatutos y el detalle de su patronato) y, posteriormente, ante la pregunta formulada por el solicitante en correo electrónico de 7 marzo, responde (por la misma vía) el 10 de marzo siguiente, especificando que: (i) con arreglo al Real Decreto 1611/200, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, corresponde únicamente al encargado del Registro la facultad de certificar los asientos y los documentos; y (ii) que, con arreglo al artículo 222 del Reglamento de organización y régimen de Notariado, corresponde exclusivamente al notario expedir copias u otros traslados o exhibir los protocolo a los interesados. Con posterioridad, en trámite de alegaciones en este procedimiento, el Ministerio requerido pone en conocimiento de este Consejo que ya ha resuelto una solicitud de acceso sobre la misma cuestión (presentada por GESAD en fecha 23 de marzo, n.º 001- 78185), acordando su inadmisión con arreglo a lo dispuesto Disposición adicional primera, apartado segundo, de la LTAIBG, por tener la materia previsto un régimen jurídico específico de acceso, constituido por el Capítulo VI del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, debiendo realizar el interesado su solicitud con arreglo a lo dispuesto en el mismo. 4. De lo expuesto en los antecedentes resulta con evidencia que el solicitante presentó una primera solicitud —que no consta formulada por la vía GESAD, pero sí a través de registro del Ministerio de Justicia (con título solicitud de consulta al archivo general)— en la que pide acceso a los estatutos, los miembros del patronato y otra información diversa de una determinada fundación. Esa solicitud de información — de la que trae causa esta reclamación— obtuvo, no solo una primera repuesta en la que se facilita parte de la información, sino que, además, a instancia del reclamante, se le expusieron los motivos por los que no se había proporcionado el resto de la información (en correo de 10 de marzo de 2023). De ahí que, con independencia del procedimiento y el canal seguido, resulta evidente que se le concedió parcialmente el acceso solicitado, manifestando las razones de la denegación del resto, por lo que la reclamación presentada en fecha 24 de abril de 2023 ni lo es frente a un silencio desestimatorio (como invoca el reclamante y entendió inicialmente este Consejo); ni, en consecuencia, fue interpuesta en el plazo de un mes desde que se le comunicó (en 10 de marzo de 2023) esa decisión de concesión parcial. No obstante lo anterior, no puede desconocerse que, tal como pone en conocimiento de este Consejo el Ministerio de Justicia y ya se ha adelantado, el reclamante formuló una nueva solicitud de información (esta vez sí, por la vía del portal de transparencia) en la que se pide el mismo tipo de información (con un mayor desglose) respecto de la misma fundación. Esta solicitud fue tramitada, dictándose resolución en fecha 10 de abril de 2023 en la que se acuerda la inadmisión de la solicitud con fundamento en lo dispuesto en la Disposición adicional primera, segundo apartado, LTAIBG y se facilita el enlace al buscador de fundaciones y el enlace al servicio de expedición de certificaciones. En esta resolución, asimismo, se hace constar que en el Registro de Fundaciones únicamente consta la información que deber remitir el Protectorado de que se trate con arreglo al artículo 46 LF. Frente a esta resolución el solicitante presentó una nueva instancia a este Consejo, en fecha 10 de mayo de 2023 —y, por tanto en el plazo de un mes que exige el artículo 24 LTAIBG— cuestionando la inadmisión decretada y alegando que el Ministerio debió remitir su solicitud al Registro de Fundaciones; reclamación que, por error, se tramitó como una mera aportación documental sin asignársele un número propio. En definitiva, si bien la primera de las reclamaciones debió inadmitirse por extemporánea, lo cierto es que la segunda de ellas sí se encuentra en plazo, siendo el objeto y las partes coincidentes, por lo que se resuelve en este procedimiento. 5. Sentado lo anterior y como cuestión previa es preciso recordar que la existencia de un eventual régimen jurídico específico de acceso a la información no excluye necesariamente la posibilidad de interposición de una reclamación ante este Consejo que prevé el artículo 24 LTAIBG, tal como lo ha declarado el Tribunal Supremo en su STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1033) en los siguientes términos: «(…) debemos recordar que, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio”. Pues bien, el alcance que atribuye a esta expresión la jurisprudencia de esta Sala, que antes hemos reseñado, lleva a concluir que el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que, con independencia de que se haga uso, o no, del recurso potestativo de reposición, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información, el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». De la reseñada jurisprudencia se desprende que este Consejo es competente para conocer, en este caso, de la inadmisión acordada respecto del acceso a la información contenida en el Registro de Fundaciones de competencia estatal —sin perjuicio de que deba aplicarse con carácter preferente su regulación específica—, siempre que no se haya hecho uso ya de la vía del recurso administrativo que proceda (en la medida en que la reclamación del artículo 24 LTAIBG tiene carácter sustitutivo de aquél). En este caso, no consta en los antecedentes la circunstancia de que el reclamante haya interpuesto recurso alguno diferente de esta reclamación, por lo que nada obsta a la interposición, admisión y tramitación de la misma. 6. Realizada la anterior precisión, debe remarcarse que el reclamante no cuestiona en ningún momento la existencia de un régimen jurídico específico de acceso, sino el hecho de que el Ministerio inadmita su solicitud y no dé traslado de la misma al Registro de Fundaciones para que se resuelva. Lo cierto es que en lo concerniente al acceso a la información contenida en el Registro de Fundaciones, existen dos pronunciamientos del Juzgado Central de lo Contencioso- administrativo n.º 7 que anularon sendas resoluciones de este Consejo en las que se había entendido que no existía el régimen jurídico específico alegado por el Ministerio. Así, en las sentencias Sentencia nº11/2021, de 18 de enero, y 15/2021, en la que el Ministerio fundamenta su resolución se señala que: « (…) Esta función del encargado del Registro supone una peculiaridad del sistema de acceso a la información de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que convierte a aquélla en ley especial de aplicación preferente en el acceso a la información a la propia Ley de Transparencia, así como que el sistema de certificaciones, que proporcionan la publicidad del Registro sea competencia exclusiva del encargado del mismo. En este sentido se han pronunciado las Sentencias de la Sala de lo Contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional de 21 de marzo y de 11 de julio de 2019. (…)». En efecto, en este caso y según las sentencias citadas, existe un régimen jurídico específico de acceso a la información previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (en adelante, LF) —pues la norma reglamentaria que invoca la Administración carece del rango necesario—. Así, en los mencionados preceptos se crea el Registro de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia y se reconoce su carácter público. En lo que aquí interesa, el artículo 37.2 LF especifica que «[l]a publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, por nota simple informativa o po r copia de los asientos y de los documentos depositados en los Registros o por medios informáticos o telemáticos que se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal». Esta es la única previsión que, respecto del acceso a la información del registro por terceros, se contiene en la norma legal —previsión que únicamente incorpora como posible límite la protección de los datos de carácter personal—, estipulándose, asimismo, la forma en que se canaliza la publicidad (certificaciones). Esta forma de acceso es la que se desarrolla en el artículo 53 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, que, tras reiterar que el registro es público, dispone que: «2. La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por el Encargado del Registro, por nota simple informativa o por copia de los asientos y de los documentos depositados en el Registro preferentemente por medios telemáticos. En todo caso, la publicidad formal se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en la específica sobre acceso a registros administrativos. 3. La información obtenida del Registro no podrá tratarse para fines que resulten incompatibles con el principio de publicidad formal que justificó su obtención. El Encargado del Registro velará por el cumplimiento de las normas vigentes en las solicitudes de publicidad en masa o que afecten a los datos personales reseñados en los asientos». Y por lo que atañe a la forma de tramitación, los artículos 54 y 55 del citado Reglamento prevén lo siguiente: «1. Corresponderá exclusivamente al Encargado del Registro la facultad de certificar los asientos del Registro y de los documentos archivados o depositados en el mismo. 2. Las certificaciones constituyen el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro. En ningún caso podrán expedirse certificaciones sobre datos de fundaciones inscritas en otros registros de fundaciones. 3. Las certificaciones podrán solicitarse por cualquier medio q ue permita la constancia de la solicitud realizada y la identidad del solicitante. 4. Las certificaciones, debidamente firmadas por el Encargado del Registro, se expedirán en el plazo de cinco días contados desde la fecha en que se presente su solicitud. Art. 55. Clases de certificación y nota. Tanto la certificación como la nota podrán ser literales o en extracto, y referirse a todos los asientos relativos a una fundación o sólo a alguno o algunos de ellos. Podrán expedirse en formato electrónico. Las notas se expedirán en el plazo de tres días desde su solicitud.» 7. Asiste, pues, la razón al Ministerio requerido cuando invoca la existencia de un régimen específico de acceso a la información de los asientos y documentos de este Registro previsto en la Ley de Fundaciones y desarrollado por su reglamento, que resulta de aplicación preferente a la LTAIBG —que será supletoria en todo aquello no previsto en la norma sectorial, siempre que no resulte incompatible con ella—. De acuerdo con la Disposición adicional primera, apartado segundo, en estos casos la LTAIBG queda desplazada, debiéndose aplicar con carácter preferente la regulación específica que, en este caso, implica un modo concreto de acceso. Teniendo en cuenta que la resolución que se reclama ha facilitado al reclamante un enlace en el que consta tanto el teléfono como el correo electrónico de atención a consultas en el Registro de Fundaciones —que, de hecho, conoce el reclamante—; ha proporcionado el enlace que redirige a la sede electrónica donde pueden solicitarse las certificaciones; y ha adelantado que la única información de la que se dispone en el Registro es la prevista en el artículo 46 LF, entiende este Consejo que procede desestimar la reclamación en la medida en que se han indicado los canales que debe utilizar el solicitante para hacer efectiva su solicitud, en consonancia con los pronunciamientos judiciales citados, sin que proceda un pronunciamiento sobre el fondo en la medida en que el órgano competente no ha emitido todavía una resolución sobre la aplicación de los límites contemplados en la Ley de Fundaciones. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez