Reclamación por denegación de acceso a expediente de denuncia por acoso laboral contra el solicitante, resuelta como estimatoria

R2023000410 Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Sanidad relativa a expediente de denuncia por acoso laboral. Palabras clave: Gobierno de Canarias. Consejería de Sanidad. Información sobre denuncia. Acoso Laboral. Sentido: Estimatoria. Origen: Resolución de inadmisión. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 20 de junio de 2023 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de D. Jesús Morera Molina, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la Resolución número 1971/2023, de 22 de mayo de 2023, del Director Gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que resuelve la solicitud de información de 2 de mayo de 2023 (R.G. 789680/2023 y RGE/285279/2023), y relativa a expediente de denuncia por acoso laboral. Segundo. - En concreto el ahora reclamante manifestó en su solicitud lo siguiente: “A La atención de la Dirección Gerencia del H. U. de Gran Canaria " Dr. Negrín", en su calidad de órgano gestor de procedimientos de investigación de supuestos acosos en el ámbito laboral. Habiendo tenido conocimiento a través de los medios de comunicación (La Provincia 18.02.23 pag 74: “Un comité de investigación dirimirá la denuncia a Morera por acoso laboral” ó La Provincia edición digital 9.03.23: “Función Pública activa el protocolo de acoso por la denuncia contra Morera”) de la presentación de una denuncia por acoso en el ámbito laboral contra quien suscribe se solicita, en cumplimiento del artículo 40 y ss de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, copia de todo lo actuado en el seno del expediente tramitado al efecto con la debida anonimización que se considere oportuna por parte de ese órgano y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45 del mismo texto legal.” Tercero. – La referida Resolución número 1971/2023, de 22 de mayo de 2023, inadmite la solicitud de información “en base al artículo 43.1.d) de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública” el cual recoge como causa de inadmisión Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 1 mediante resolución motivada las solicitudes “dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.” Cuarto. - En dicha resolución se expone, entre otros, que el “art. 5 bis de la Resolución de 8 de mayo de 2019, por la que se establece el protocolo de actuación ante situaciones de acoso en el entorno laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, señala que a efectos del presente protocolo se entiende por Órgano gestor (B.O.C. núm. 102, de 29 de mayo de 2019): “el Órgano administrativo que, en razón de sus competencias en materia de gestión de personal, ha de constituir la Comisión de Investigación, darle soporte técnico y material y ha de llevar a cabo, o en su caso, impulsar las actuaciones derivadas de los acuerdos de la Comisión de Investigación”. Por su parte, en art. 11 de dicha resolución se establece que el único órgano competente para la instrucción del protocolo es la Comisión de Investigación (CDI). Por tanto, esta Dirección Gerencia como órgano gestor desconoce dentro de los expedientes que le corresponde, en razón de su competencia, cual es el expediente al que hace referencia en su solicitud. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el art. 15 del citado protocolo es a partir de la admisión a trámite por el CDI de la denuncia, cuando se le comunica por la secretaría de la Comisión a la persona denunciada, de ser distinta también a la persona interesada (presunta víctima) y a las personas denunciadas la denuncia.” Quinto. - En la presente reclamación el ahora reclamante alega que “en el mes de febrero de 2023 se publicó en prensa que quien suscribe había sido denunciado por acoso en el ámbito laboral. Me consta, porque así me lo ha manifestado el denunciante, que se abrió una comisión de investigación. Cuatro meses después ni se me ha citado, ni se me ha tomado declaración ni se me ha dado resolución alguna, encontrándome desde entonces en absoluto estado de indefensión. Cuando solicité información al respecto aparándome en la Ley de Transparencia, el órgano gestor de la reclamación me deniega la información.” Sexto. - En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se le solicitó al Servicio Canario de la Salud, el 30 de junio de 2023, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Séptimo.- El 26 de julio de 2023, con registro de entrada número 2023-001454, se recibió en este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública respuesta del director Gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín en el que se recoge, entre otros, que: “III.- En relación con lo argumentado por el reclamante en su reclamación cabe indicar que el art. 5 bis de la Resolución de 8 de mayo de 2019, por la que se establece el protocolo de Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 2 actuación ante situaciones de acoso en el entorno laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, señala que a efectos del presente protocolo se entiende por Órgano gestor (B.O.C. núm. 102, de 29 de mayo de 2019): “el Órgano administrativo que, en razón de sus competencias en materia de gestión de personal, ha de constituir la Comisión de Investigación, darle soporte técnico y material y ha de llevar a cabo, o en su caso, impulsar las actuaciones derivadas de los acuerdos de la Comisión de Investigación”. Por su parte, en art. 11 de dicha resolución se establece que el único órgano competente para la instrucción del protocolo es la Comisión de Investigación (CDI). Asimismo, conforme a lo dispuesto en el art. 15 del citado protocolo es a partir de la admisión a trámite por el CDI de la denuncia, cuando se le comunica por la secretaría de la Comisión a la persona denunciada, de ser distinta también a la persona interesada (presunta víctima) y a las personas denunciadas la denuncia. En este sentido debe tenerse en cuenta que para el inicio del procedimiento la persona denunciante (art. 6 del Protocolo) deberá cumplimentar el modelo oficial de denuncia que figura en el Anexo II del Protocolo, rellenando los campos que figuren como obligatorios, relativos a su nombre y apellidos, número de documento oficial de identidad, teléfono y dirección de correo electrónico de contacto y centro de trabajo. Por tanto, en el Anexo II no figuran los datos de la persona o personas denunciadas. Asimismo, las denuncias deberán acompañarse del modelo que figura en el Anexo II BIS del mencionado Protocolo. En dicho documento complementario se reflejarán: los hechos que se denuncian que pudieran ser constitutivos del presunto acoso realizado, la identificación de la persona o de las personas denunciadas que presuntamente realizan la conducta de acoso, la identificación en su caso de terceras personas afectas por la situación o que pudieran ser testigos de la presunta situación de acoso. Si quien presenta la denuncia no es la presunta víctima de acoso (persona interesada) deberá identificarse en este documento complementario a la presunta víctima. El documento complementario a que se refiere el apartado anterior deberá presentarse en sobre cerrado figurando por fuera, grapada, la denuncia (Modelo Anexo II). En dicho sobre cerrado podrá incorporarse otra documentación que se estime oportuna para probar la presunta situación de acoso. Si la denuncia se presenta en alguno de los registros de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el personal de dichas unidades administrativas velará porque el modelo del Anexo II BIS esté dentro de un sobre cerrado, así como en su caso la documentación probatoria que se presente. La persona que presente la denuncia deberá firmar el sobre cerrado haciendo coincidir su firma con la solapa de cierre del sobre.” Octavo. – La citada respuesta del director Gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín concluye manifestando que “Por tanto, esta Dirección Gerencia como órgano gestor desconoce dentro de los expedientes que le corresponde, en razón de su competencia, cual es el expediente al que hace referencia el reclamante.” Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 3 Noveno.- De la respuesta dada por la entidad reclamada donde manifiesta que la denuncia se presenta en dos sobres, uno de ellos cerrado, y que la Dirección Gerencia desconoce el expediente al que hace referencia el ahora reclamante, se le requirió nuevamente al Servicio Canario de la Salud, el 9 de agosto de 2023, para que aclarase a este comisionado si ese desconocimiento se debía a que el sobre donde presuntamente estaba la denuncia contra el ahora reclamante permanecía cerrado indicándole que para que este órgano garante del ejercicio del derecho de acceso a la información pública pudiese dictar resolución de la presente reclamación, era preciso conocer si denuncias presentadas desde el mes de febrero de 2023 permanecían en esa fecha en sobre cerrado sin que se hubiese realizado actuación alguna sobre las mismas y esa era la razón por la que no podía identificarse el expediente y facilitar al ahora reclamante copia de las actuaciones realizadas. Décimo.- El 22 de febrero de 2024, con registro de entrada número 2024-000464, se recibió en este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública respuesta de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud adjuntando, entre otros, informe del director gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín en el que tras reproducir parte del articulado de la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 8 de mayo de 2019, por la que se establece el protocolo de actuación ante situaciones de acoso en el entorno laboral de la Administración Pública de Canarias, que remite junto con las Instrucciones de la Secretaría General técnica en relación a la aplicación del citado protocolo, concluye que toda la documentación del expediente requerido fue enviada a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad. Décimo primero.- En concreto en dicho informe se comunica que “esta Dirección Gerencia, tal y como se le informó al reclamante en la resolución nº 1971/2023 y se le comunicó el día 25 de julio 2023 a ese Comisionado, desconoce como órgano gestor quienes son los denunciados por acoso laboral, por lo que estimar la solicitud del recurrente supondría el tener que realizar un acto administrativo de los denominados de contenido imposible, sin que además la CDI pueda facilitar dicha información dado el carácter confidencial de la misma, hasta tanto la secretaría de dicha comisión se lo comunique al denunciado cuando haya sido admitida a trámite, conforme a lo señalado en el art. 9.15 y siguientes del protocolo. Asimismo, le informamos que al haberse concluido por la CDI el expediente del mes de febrero de 2023 toda la documentación fue enviada, conforme a lo establecido en el art. 4.3 del protocolo, a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Sanidad.” Décimo segundo.- Teniendo en cuenta la respuesta dada por el Servicio Canario de la Salud y en base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se le solicitó, el 27 de febrero de 2024, a la Secretaría General de Sanidad, el envío, en el plazo máximo de 15 días, de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso la Consejería de Sanidad tiene la consideración de interesado en el procedimiento pudiendo Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 4 realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación. Asimismo se le manifestó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la LTAIP entendía este Comisionado que la solicitud de información ya obraba en su poder pero que aun así, se le remitía la misma en la documentación adjunta. Décimo tercero.- A la fecha de emisión de esta resolución por parte de la Consejería de Sanidad no se ha remitido expediente alguno ni se han realizado alegaciones respecto de esta reclamación. A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2.1.a) de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a “a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”. El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. II.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. III.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 20 de junio de 2023. Toda vez que la Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 5 resolución contra la que se reclama es de 22 de mayo de 2023, se ha interpuesto la reclamación en plazo. IV.- En diferentes medios de comunicación puede leerse información sobre la denuncia de la que trae causa esta reclamación. Así, a título de ejemplo: 1. https://www.canarias7.es/sociedad/salud/especialistas-neurocirugia-negrin- 20230216202715-nt.html, donde, con fecha 16 de febrero de 2023, puede leerse “Los especialistas de Neurocirugía del Negrín denuncian acoso laboral de Morera. El hospital ha activado un protocolo para investigar la situación en el servicio que dirige el exconsejero de Sanidad.” 2. https://www.canarias7.es/sociedad/mantener-cuerda-tensa-20230218010757-nt.html, donde, con fecha 18 de febrero de 2023, se recoge “CANARIAS7 publica la carta que firman los adjuntos del servicio de Neurocirugía del hospital Doctor Negrín, en la que acusan a Jesús Morera de acoso laboral.” 3. https://www.laprovincia.es/sociedad/2023/07/07/neurocirujanos-negrin-reiterando- denuncia-acoso-89595425.html, donde, con fecha 7 de julio de 2023, se informa que “Los neurocirujanos del Negrín reiteran su denuncia por acoso laboral contra Morera. Han trasladado su queja al Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas y al Defensor del Pueblo. Critican la demora que está viviendo el proceso tras la denuncia realizada el pasado mes de febrero.” 4. Asimismo, el diario Canarias7 publica el 1 de septiembre de 2024 en su página web https://www.canarias7.es/sociedad/servicio-canario-salud-concluye-acoso-laboral-parte- 20230901195427-nt.html, que “La denuncia presentada este año por los especialistas de Neurocirugía del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín contra el jefe del servicio, Jesús Morera, por presunto acoso laboral ha terminado con un expediente que concluye que no hubo tal acoso.” V.- El referido protocolo de actuación ante situaciones de acoso en el entorno laboral de la Administración Pública de Canarias, aprobado por Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 8 de mayo de 2019, regula en su sección II, artículos 6 al 20, las actuaciones a realizar tras una denuncia, regulando en cada una de las subsecciones el inicio, la comisión de investigación, la instrucción, la finalización, la obligación de colaboración y derecho a la información y la ejecución de las medidas acordadas. VI.- Analizado el contenido de la solicitud, esto es, acceso a todo lo actuado en el seno del expediente tramitado por denuncia contra el propio reclamante, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, estudiada la normativa de aplicación, analizado el contenido de la documentación obrante en el expediente, y hecha una valoración de la misma, es evidente que estamos ante una petición de información claramente administrativa; se trata de Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 6 documentación que obra en poder de un organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible. VII.- A mayor abundamiento, téngase en cuenta la Sentencia 1181/2023, de 25 de septiembre de 2023, del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª recaída en el recurso de casación 8072/2020, que puede ser consultada en la página web https://www.poderjudicial.es/search/index.jsp. La Abogada de la Generalidad de Cataluña interpone recurso de casación contra la sentencia desestimatoria de 16 de enero de 2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Cuarta, dictada en el recurso de apelación n.º 323/2018, interpuesto contra la sentencia estimatoria de 25 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Barcelona en el recurso 216/2017 deducido por doña Benita, perteneciente al cuerpo de Mozos de Escuadra, contra la resolución de la Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña de 24 de marzo de 2017, que desestimó su solicitud para que se le haga entrega de una copia de los folios 1 a 67 de la información reservada interpuesta contra la recurrente que no dio lugar a expediente disciplinario. El Juzgado estimó la demanda argumentando que “la información reservada tiene, conforme ha reconocido la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia, naturaleza de procedimiento administrativo. Por ello reconoce el derecho a obtener copia de la documentación integrante de la información reservada con apoyo en los artículos 105 CE y 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la medida en que obren sus datos personales, correspondiente a la Administración demandad la aplicación, en la ejecución de la sentencia, de la normativa sobre protección de datos en relación a terceros.” La citada sentencia del Tribunal Supremo confirma la de instancia, da por reproducidos los argumentos de la sentencia impugnada y añada que “… es obvio que en dicha previa información que luego adquiere el calificativo de Reservada, se contienen elementos o datos que pueden ser de interés de la personal contra quien se abrieron esas diligencias previas. Esto es incuestionable. Y si esto es así, también lo es que dicha persona está plenamente legitimada, en los términos que se detallan y resuelven en la sentencia impugnada, para conocer el contenido de la IR, sin que para ello se le pueda oponer que no es persona interesada, o bien, que dicha información no aparece fundamentada en el principio de publicidad…” Concluye el Tribunal Supremo que la respuesta a la cuestión de interés casacional es que “el funcionario denunciado respecto al que se ha incoado una información previa o reservada, aunque luego no fuere sancionado tiene derecho a acceder a dicho expediente.” VIII.- Al no remitir el expediente de acceso, no presentar alegaciones ni contestar la Consejería Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 7 de Sanidad al trámite de audiencia dado por este Comisionado en el procedimiento de reclamación, no es posible conocer si son de aplicación o no alguna de las causas de inadmisión de la petición reguladas en el artículo 43 de la LTAIP o alguno de los límites de acceso a la información contemplados en los artículos 37 y 38 de la misma Ley. Es por ello que, en ocasiones como la presente, cuando, sin la información previa de la administración reclamada, la resolución de este órgano de garantía ha de determinar la entrega de la información solicitada por los reclamantes, se ha de tener en cuenta la siguiente regla ya consolidada en la práctica tanto de la transparencia activa como de la pasiva: En los supuestos de existencia de datos de carácter personal no especialmente protegidos, se debe previamente ponderar la prevalencia o no del interés público sobre el conocimiento de dichos datos; que deberán entregarse si tal interés se justifica con motivos razonados. Si se diera el supuesto contrario, si a la hora de la ponderación se considera con motivos razonados que prima la protección de los datos personales, se procederá a la anonimización de los mismos antes de la entrega de la información, de acuerdo con lo regulado tanto en la legislación básica sobre derecho de acceso a la información como en la norma canaria. Y en cualquier caso, la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior por el reclamante de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, RESUELVO 1. Estimar la reclamación presentada por D. Jesús Morera Molina contra la Resolución número 1971/2023, de 22 de mayo de 2023, del Director Gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que resuelve la solicitud de información de 2 de mayo de 2023, y relativa a expediente de denuncia por acoso laboral. 2. Requerir a la Consejería de Sanidad para que haga entrega al reclamante, en el plazo máximo de 15 días hábiles de la documentación referida en el apartado anterior. 3. Requerir a la Consejería de Sanidad a que en ese mismo plazo remita a este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia de la información enviada al reclamante con acreditación de su entrega, para comprobar el cumplimiento de la presente resolución. 4. Instar a la Consejería de Sanidad para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la LTAIP, resolviendo las peticiones de información que le formulen. 5. Recordar a la Consejería de Sanidad que el incumplimiento de la obligación de resolver en Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 8 plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves/muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP. Queda a disposición del reclamante la posibilidad de presentar nueva reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el caso de que la respuesta suministrada por la Consejería de Sanidad no sea considerada adecuada a la petición de información formulada.