Reclamación por acceso a documentación relativa al uso de fondos europeos en el 'caso Mediador' resuelta como estimatoria

Página1de 9 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 25 de mayo de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Tras las manifestaciones realizadas por la presidenta de la Comisión Europea de Control Presupuestario relativas a la preocupación sobre la ejecución de determinados proyectos en Canarias, con cargo a los fondos europeos, que pudieran haber sido empleados en el llamado 'caso mediador', solicito: 1. Copia de la documentación donde consten las actuaciones y/o instrucciones ordenadas en tal sentido por la ministra para aclarar si, en efecto, han sido empleados S/REF:001-079970 N/REF:2274-2023 Fecha:La de firma. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA). Información solicitada:Documentación relacionada con el “Caso Mediador”. R CTBG Número: 2023-1102 Fecha: 22/12/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente los fondos europeos en el llamado 'caso Mediador', con indicación de los destinatarios de tales órdenes y/o instrucciones e informes emitidos por los mismos y remitidos a la ministra. 2. Copia de la documentación trasladada desde su Ministerio a otros ministerios que por razón de la materia resulten competentes, y en caso de que ello hubiera tenido lugar, copia de la documentación remitida al Consejo de Ministros, para su toma en consideración como órgano colegiado. Asimismo, copia de la documentación remitida sobre este mismo asunto por la ministra al presidente del Gobierno. 3. Copia de las peticiones o requerimientos recibidos desde la UE para aclarar, aportar o complementar, en su caso, la información que obra en poder del Ministerio relativa al posible uso de fondos de la UE, implicados en el ‘caso mediador’, así como copia de la información remitida desde su Ministerio a las diversas instancias de la UE competentes en respuesta a este mismo asunto». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 30 de junio de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: «PRIMERO: Que en fecha de 25 de mayo de 2023 se solicitó información al Ministerio de Asuntos Económicos cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento este organismo ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa.». 4. Con fecha 3 de julio de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA) solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 17 de julio de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: R CTBG Número: 2023-1102 Fecha: 22/12/2023 «Se adjunta al presente escrito de Alegaciones la Resolución de la solicitud 00001- 00079970 en la que se da respuesta a la información requerida». En la citada resolución, de fecha 14 de julio de 2023, se indica que: «Una vez analizada, esta Subsecretaria resuelve inadmitir a trámite la solicitud por haberse dirigido a un órgano en cuyo poder no obra la información requerida, de acuerdo con el artículo 18. 1 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (en adelante FIIAPP) está sometida a la tutela del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, según consta en el Inventario de Entes del Sector Público (INVENTE) del Ministerio de Hacienda y Función Pública, siendo aquel ministerio el órgano competente para conocer de la solicitud». 5. El 17 de julio de 2023, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 27 de julio de 2023 se recibió un escrito en el que expone que: «(…) La pregunta iba dirigida a la Ministra, sobre asuntos de su competencia y, sin lugar a dudas, existe un error de interpretación al hacer referencia a la FIAPP que no es objeto de esta pregunta (lo es de la 79629, también recurrida al CTBG). Entendemos, por tanto, que ante la falta de respuesta coherente con la pregunta formulada, procede la estimación de la reclamación y la entrega de toda la documentación». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa documentación relacionada con el empleo de fondos europeos en el “Caso Mediador”. El organismo requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, aporta resolución en la que pone de manifiesto que no dispone de la información solicitada e invoca la concurrencia de la causa de inadmisión del artículo 18.1.d) LTAIBG, indicando que el órgano competente para conocer de la solicitud es la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 4. Antes de entrar a examinar el fondo del asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. Sentado lo anterior, conviene recordar que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 LTAIBG, antes transcrito, se considera información pública aquella que obre en poder del sujeto obligado por haberla elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus competencias. En el presente caso, se pide el acceso a determinada documentación que permita determinar si hay fondos europeos implicados en el “Caso Mediador”, por lo que se trata de información pública obrante en el órgano requerido y no en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Entendiendo, por tanto, que existe un error en la respuesta, procede estimar la reclamación, a fin de que sea el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (actual Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), y no el de AA.EE. a través de la FIAPP, el que resuelva sobre la concreta petición de acceso a la información realizada por la reclamante en este caso, referida a la posible utilización de fondos europeos en el llamado caso mediador. Desde esta perspectiva, no puede desconocerse que el error producido ha comportado, materialmente, una ausencia de pronunciamiento expreso sobre la solicitud (al que se suma la ausencia de alegaciones sobre ese particular en este procedimiento de reclamación). Ahora bien, esta falta de respuesta a la solicitud de acceso no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como se ha encargado de recordar en su Sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «[l]a Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que:“[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”. De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: “[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.» 6. A la vista de cuanto antecede, entendiendo que la documentación solicitada tiene la condición de información pública, y dado que el Ministerio reclamado, como consecuencia de un error, no ha justificado la concurrencia de una causa de inadmisión de su artículo 18, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. 7. No obstante, habida cuenta de la materia sobre la que versa la información solicitada, no cabe desconocer que pueden resultar aplicables alguno de los límites de los artículos 14 y 15 LTAIBG. Al haberse formulado alegaciones que no se corresponde con el contenido material de la solicitud de acceso, este Consejo desconoce si se dan los presupuestos para dicha aplicación y, en su caso, el grado de la afectación de los bienes jurídicos protegidos por dichos límites. En consecuencia, ha de limitarse a recordar a la Administración que la eventual aplicación de alguno de límites legales para denegar una solicitud de acceso a información pública sólo podrá considerarse conforme a derecho si se cumplen los requisitos de proporcionalidad y justificación expresa atendiendo a las circunstancias del caso concreto, tal y como exige nuestro ordenamiento y ha subrayado el Tribunal Supremo en los términos que más arriba se consignan. Esta exigencia de proporcionalidad obliga también a examinar siempre la posibilidad de conceder un acceso parcial a la información solicitada antes de acordar la denegación integral, pues toda limitación de un derecho habrá de ceñirse a lo estrictamente necesario para preservar el otro derecho o bien jurídico afectado, logrando un equilibrio que permita el máximo grado de eficacia a todos los derechos e intereses en conflicto. De ahí que, como también ha dictaminado el Tribunal Supremo, el «juicio de proporcionalidad requerido por el articulo 14.2 LTAIBG también es exigible en la aplicación del artículo 16 de la LTAIBG, que prevé como se ha indicado la posibilidad de un acceso parcial a la información, en los casos en los que la aplicación de alguno de los límites del articulo 14 LTAIBG no afecte a la totalidad de la información solicitada.» (STS de 21 de enero -ECLI:ES:TS:2021:574). III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por al MINISTERIO ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA). SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA) a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la reclamante la siguiente información: x «Copia de la documentación donde consten las actuaciones y/o instrucciones ordenadas en tal sentido por la ministra para aclarar si, en efecto, han sido empleados los fondos europeos en el llamado 'caso Mediador', con indicación de los destinatarios de tales órdenes y/o instrucciones e informes emitidos por los mismos y remitidos a la ministra. x Copia de la documentación trasladada desde su Ministerio a otros ministerios que por razón de la materia resulten competentes, y en caso de que ello hubiera tenido lugar, copia de la documentación remitida al Consejo de Ministros, para su toma en consideración como órgano colegiado. Asimismo, copia de la documentación remitida sobre este mismo asunto por la ministra al presidente del Gobierno. x Copia de las peticiones o requerimientos recibidos desde la UE para aclarar, aportar o complementar, en su caso, la información que obra en poder del Ministerio relativa al posible uso de fondos de la UE, implicados en el ‘caso mediador’, así como copia de la información remitida desde su Ministerio a las diversas instancias de la UE competentes en respuesta a este mismo asunto». TERCERO: INSTAR al MINISTERIO ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA) a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez