Solicitud de información sobre modificación artificial del tiempo y geoingeniería desestimada por inexistencia de expedientes

Página1de 8 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 28 de junio de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En la web de Aemet (…) se puede leer "Estado de la modificación artificial del tiempo a nivel mundial”. En la actualidad más de 50 países llevan a cabo actividades sobre modificación artificial del tiempo, cuyo estado se recoge en los informes periódicos S/REF:001-080847 N/REF:2298-2023 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada:Actuaciones para la modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico. R CTBG Número: 2023-1067 Fecha: 18/12/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente realizados por el Comité de Expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)" Siendo así, solicito por la presenta toda la información disponible tanto técnica como orgánica y financiera de dichas actividades y copia de las Declaraciones de Impacto Ambiental de las mismas. Esto es, en qué consisten, tanto la técnica aplicada como los medios empleados para llevarlas a cabo. ¿Qué países están colaborando y a través de que empresas? ¿Quién financia estas actividades? ¿Sobre qué base de derecho se ejecutan tales actividades y bajo responsabilidad de qué entidad u organismo? La AEMET ya ha sido consultada y han dado respuesta con Nº EXP. 00001-00079416 N / REF Resolución 128/2023 y CSV GEN-37a7-3f7a-90a0-e652-53b4-cde3-30af-7c2d por si quieren consultarla. En ella se contesta parcialmente y se indica lo siguiente: " Como se establece en el reseñado Reglamento del Dominio Público Hidráulico (ex artículo 3.2), AEMET (antes, Instituto Nacional de Meteorología) solamente se limita a efectuar los informes que se le puedan solicitar por parte de los organismos competentes en la autorización" “Artículo 3. 1. La fase atmosférica del ciclo hidrológico sólo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice (art. 3 del TR de la LA). Toda actuación pública o privada tendente a modificar el régimen de lluvias deberá ser aprobada previamente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del Organismo de cuenca. 2. A tal efecto, el Organismo de cuenca, a la vista del proyecto presentado por el solicitante, del conocimiento que exista sobre la materia y de los posibles efectos negativos sobre las precipitaciones en otras áreas, previo informe del Instituto Nacional de Meteorología elevará propuesta al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.” Así pues, les ruego me remitan al e-mail toda información relativa a las actuaciones para la modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico o de geoingeniería realizadas con participación total o parcial de España, en particular las R CTBG Número: 2023-1067 Fecha: 18/12/2023 obligadas declaraciones de impacto ambiental y cualquier otra información que obre en su poder sobre este tema». 2. El MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO dictó resolución con fecha 3 de julio de 2023 en la que contestó al solicitante lo siguiente: «Analizada la solicitud indicada, se constata que la misma pertenece al ámbito jurídico propio de la información ambiental, dado que el acceso a datos y documentación referida a procedimientos modificación artificial del tiempo y de evaluación de impacto ambiental se encuadra en la información relacionada con medidas destinadas a la protección de los elementos y factores del medio ambiente, garantizando una adecuada prevención de los impactos ambientales. A mayor abundamiento, la legislación básica de carácter sectorial a la que hay que remitirse en este caso está también constituida por normas de especial naturaleza y contenido ambiental, entre las hay que citar la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en la que se establecen las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. La disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información, señalando concretamente el supuesto del acceso a la información ambiental. La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente recoge en el artículo 1. 1. a) el derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas, estableciendo en su artículo 2.3 que, a los efectos de dicha ley, se considerará información ambiental toda información que verse sobre: a) el estado de los elementos del medio ambiente, como el aire, y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales entre otros; b) los factores tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente que afecten o puedan afectar a los elementos antes citados; c) las medidas, incluidas las administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos; d) los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental; e) los análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c); f) el estado de la salud y seguridad de las personas. De acuerdo con lo expuesto, el régimen jurídico que corresponde aplicar a esta petición es el previsto en el procedimiento administrativo especial del derecho de acceso a la información ambiental, contemplado en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por lo que esta Secretaría General Técnica resuelve inadmitir esta solicitud por la vía de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y remitirla, a través de la Oficina de Información Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la autoridad competente». 3. Mediante escrito registrado el 6 de julio de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: «(…) quiero saber cómo, porqué, quien y que impacto tienen las modificaciones artificiales del tiempo que la propia AEMET informa se están llevando a cabo por más de 50 países. La propia AEMET me ha remitido a este ministerio y al portal de transparencia para más detalles. Como toda operación sobre suelo español se debe tener una Declaración de Impacto Ambiental y ésta ser pública, no entiendo porque se deniega mi solicitud, cuando en la misma negativa se cita La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente recoge en el artículo 1. 1. a) el derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas (...)». 4. Con fecha 7 de julio de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 17 de julio de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «Esta Secretaría General Técnica ha dirigido la solicitud de información presentada por el , el 4 de julio, a la Dirección General del Agua, y la información solicitada le ha sido enviada mediante resolución firmada el pasado 12 de julio». En la citada resolución se señalaba lo siguiente: «Dicha solicitud ha sido inadmitida a trámite por Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en aplicación de la disposición adicional primera, apartado 2, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al encontrarse el objeto de la solicitud integrado en los supuestos recogidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Como consecuencia de ello, la Oficina de Información Ambiental del Departamento ha abierto el correspondiente procedimiento de solicitud de información ambiental de la Ley 27/2006, con el número de expediente OIA 3514/2023 gml. Una vez recibida formalmente la solicitud se inició la correspondiente tramitación, con la determinación de la información y documentación que pudiese obrar en los archivos. Es por ello por lo que, tras consultar con la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras, esta Dirección General RESUELVE, en aplicación de los artículos 3.1.c) de la ley 27/2006, informar al interesado que este Centro Directivo no ha tramitado ningún expediente de autorización de modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico». 5. El 20 de julio de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que conste su comparecencia. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información relativa a las actuaciones para la modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico o de geoingeniería realizadas con participación total o parcial de España. El Ministerio requerido inadmite la solicitud por considerar que la petición se encuadra en lo dispuesto en la Disposición adicional primera, apartado segundo, de la LTAIBG. No obstante, tramita el correspondiente procedimiento de solicitud de información ambiental de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El 12 de julio de 2023 se dicta resolución de la Dirección General del Agua por la que se da acceso a la información, indicando al solicitante que no se ha tramitado ningún expediente de autorización de modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico. No constan alegaciones del reclamante en el trámite de audiencia. 4. Con carácter previo, y atendiendo al contenido medioambiental de la inicial solicitud de información, es preciso recordar que, tal como se puso de manifiesto en la resolución R/365/2022 de 18 de octubre—con arreglo la jurisprudencia sentada en las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1033) y de 5 de abril de 2022 (ECLI: ES: TS: 2022:1422)— este Consejo, como órgano garante del ejercicio de derecho constitucional de acceso a la información, es competente para conocer de esta reclamación «sin perjuicio de aplicar el régimen sustantivo de la regulación del derecho de acceso y aquellas previsiones de la LTAIBG que sean aplicables supletoriamente. Esta posibilidad se sitúa, además, en la línea de lo previsto en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero, relativa al acceso del público a la información medioambiental, cuyo artículo 6.1 se refiere a la necesidad de establecer procedimientos de reconsideración de la resolución dictada sobre el acceso y prevé, entre otras opciones, un recurso previo a la vía judicial ante una entidad independiente e imparcial creada por la Ley». 5. Sentado lo anterior, no es posible desconocer que, si bien en una resolución inicial el Ministerio acordaba la inadmisión de la solicitud de información por la vía de la LTAIBG (en aplicación del apartado segundo de su Disposición adicional primera), inició el correspondiente procedimiento de acceso a la información conforme a lo dispuesto en la LAIMA, procediendo a facilitar la información solicitada en plazo, sin que el reclamante haya realizado objeciones a la misma en el plazo de alegaciones abierto en el trámite de audiencia. En consecuencia, debe desestimarse la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , frente al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez