Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el protocolo firmado con la naviera Maersk sobre combustibles marinos verdes. El solicitante alegó que la información no era esencialmente ambiental. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el Ministerio ya había derivado la solicitud a la vía de la Ley 27/2006 (LAIMA).
El solicitante pidió al Ministerio de Sanidad información detallada sobre riesgos sanitarios y requisitos de las exhumaciones de la Ley de Memoria Democrática. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al Ministerio a identificar concretamente a qué órganos remitió la solicitud.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo el expediente de una denuncia por acoso laboral y datos sobre compatibilidades de los inspectores. Tras la denegación parcial del Ministerio, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar el expediente (anonimizado) y las autorizaciones de actividades ajenas al puesto.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación información sobre la disminución de la actividad pesquera en las Cofradías. El solicitante alegó que el Ministerio debería disponer de estadísticas sobre el impacto de la crisis. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el solicitante modificó el objeto de la petición en fase de recurso.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda la previsión de costes y la situación fiscal de los nacionalizados por la ley de memoria democrática. Ante la falta de respuesta inicial, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Tras recibir una respuesta parcial del Ministerio, el interesado desistió de la reclamación, por lo que el CTBG decidió archivar las actuaciones.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información sobre nombramientos de personal del CHUIMI. El solicitante alegó que la administración inadmitió la petición erróneamente por falta de competencia. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente las reclamaciones y ordena la entrega de la información, condicionada a la protección de datos.
El solicitante pidió a la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha expedientes de inspección y sancionadores urbanísticos en Pastrana. La administración alegó que la información no obra en su poder y que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información no se encuentra en posesión del organismo solicitado.
El solicitante pidió al Servicio Canario de la Salud información sobre la recaudación y destino de tasas de examen de procesos selectivos anulados judicialmente y la razón de no devolver dichos importes. Tras una inadmisión inicial y una posterior aceptación parcial, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación al no haber respondido la Dirección General de Recursos Económicos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife documentación sobre seguridad y aforo del concierto de Joaquín Sabina. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Comisionado resolvió terminar el procedimiento ya que el Ayuntamiento acreditó haber respondido a la solicitud el 26 de mayo de 2023.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores datos sobre la Ley de Memoria Democrática (estimaciones de nacionalidades, requisitos y plazos). El Ministerio denegó parcialmente alegando desconocer el órgano competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena remitir la solicitud a los Ministerios de Justicia y de la Presidencia.
Se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información sobre las directrices para subsanar las cuentas del Fondo de Carbono en los presupuestos de 2022. El solicitante alegó que no procedía la inadmisión de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó fuera del plazo legal.
El solicitante pidió al Servicio Canario de la Salud información sobre la adaptación de listas supletorias al RD-ley 12/2022 y la publicación de listas de OPE 2017 y 2019. Alegó que dicha normativa debe existir ya que se están convocando listas. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestima la reclamación porque la información solicitada no existe actualmente.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación certificados de aprobación de buques de transporte de ganado y de exportación (2020-2021). El solicitante alegó que el Ministerio debió derivar la solicitud al órgano competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación ya que el Ministerio cumplió con informar del órgano competente y posteriormente trasladó la solicitud a la Región de Murcia.
El solicitante pidió datos catastrales y resoluciones de alteraciones físicas a la Gerencia del Catastro de Málaga. Alegó que la Dirección General del Catastro inadmitió erróneamente la solicitud en lugar de remitirla directamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la inadmisión solo tuvo el efecto de remitir el expediente al órgano competente.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre el precio, modelo, consumo y personal del autobús del IMV. El solicitante alegó que el enlace proporcionado por el Ministerio no funcionaba. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información detallada obra en poder de la empresa concesionaria y no de la Administración.
El solicitante pidió a la Consellería de Sanidade copia de los acuerdos de objetivos de ciertos servicios (2021-2023). Ante el silencio administrativo, reclamó alegando falta de respuesta. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, obligando a la Consellería a facilitar la información al rechazar que el ciudadano deba dirigirse individualmente a cada Área Sanitaria.
El solicitante pidió a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el listado nominal de invitados al evento del 12 de octubre de 2022 en el Palacio Real. El interesado alegó que el acto era público y financiado con fondos estatales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que dicha información no es una actividad sujeta a derecho administrativo.
Un ciudadano solicitó acceso al expediente administrativo de su hija a la Mancomunidad de Servicios de Uribe Butroe. Tras el silencio administrativo, reclamó ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. Esta última inadmitió la reclamación porque la entidad solicitada carece de competencia en servicios sociales, siendo la Mancomunidad Mungialde la competente.
Un sindicato policial solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre contratos y formación tras la retirada de equipos informáticos. La administración inadmitió parte de la solicitud alegando que la competencia era de otro organismo (IAM). El sindicato reclamó ante el Consejo de Transparencia, pero finalmente desistió de su reclamación, lo que motivó el archivo del expediente.
El solicitante pidió al Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón información técnica sobre la aplicación PADDOC. El Departamento inadmitió la solicitud sugiriendo dirigirse a otro órgano. El Consejo de Transparencia de Aragón (CTAR) determina que el Departamento incumplió el deber de remitir la solicitud al competente, pero finaliza el proceso por pérdida de objeto ya que el ciudadano presentó la solicitud al órgano correcto por su cuenta.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el documento original del Instrumento de ratificación del Acuerdo marco UE-Australia. El solicitante alegó que, al ser España parte contratante, el Ministerio debía poseerlo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar la reclamación debido a que el interesado desistió del procedimiento tras recibir el instrumento de ratificación específico de España.
El reclamante solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social las vidas laborales de sus padres fallecidos. Tras una inadmisión basada en el uso de un cauce procedimental inadecuado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, al no considerarse que el acceso afecte a la intimidad o honor de los difuntos.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre diversos nombramientos de personal. El reclamante alegó que la inadmisión inicial del Hospital Dr. Negrín formaba parte de una estrategia para impedir el acceso. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias decide la terminación del procedimiento al constatar que la información ya fue entregada en un expediente previo.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad información sobre buenas prácticas de contratación, informes de evaluación e inspecciones de centros concertados de rehabilitación. El reclamante alegó falta de respuesta y vulneración de plazos. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a los órganos que no respondieron a entregar la información si existe.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información técnica y planos sobre el centro de transformación del CULP y sus conexiones con el CHUIMI. El solicitante alegó que la inadmisión previa no respondió a la parte relativa a las conexiones. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación y ordena entregar la información si existe.
Se solicitó a la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública de La Rioja licencias, informes y autorizaciones de horario de dos locales en Logroño. Tras una respuesta parcial, el reclamante acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que estima parcialmente la reclamación al considerar que parte de la información es competencia municipal y otra autonómica.
Se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información sobre autorizaciones de uso del dominio público marítimo-terrestre para los eventos 'Bahía Sound'. El Ministerio respondió tardíamente que la competencia era de la Junta de Andalucía. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena remitir la solicitud al órgano competente.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de Canarias copia de un documento elaborado para responder a solicitudes de información de una diputada. El solicitante alegó que, aunque obtuvo la información posteriormente, requería un pronunciamiento sobre la naturaleza pública de dichos documentos. El Comisionado de Transparencia desestimó la reclamación por pérdida de objeto al haber obtenido la información.
La Liga Nacional de Fútbol Profesional solicitó al CSD información sobre un requerimiento relativo a la operación LaLiga Impulso. El CSD inadmitió la solicitud alegando que debía tramitarse por la Ley 39/2015. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó tardíamente tras interponer la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes la lista de 45 proyectos españoles presentados a los fondos europeos CEF, sus costes y los motivos de rechazo de los no seleccionados. El reclamante alegó que el Ministerio disponía de los datos al haberlos usado en una nota de prensa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la gestión y el tratamiento de la información competen a la CINEA (UE).
Se solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte el acceso a los datos de registro e inventario del módulo DOMUS de 6 piezas de un proceso selectivo. El solicitante alegó que la información remitida por el Tribunal no era la correcta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información facilitada es completa y suficiente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona la normativa que exige contratos de mantenimiento de aerotermia para obtener la licencia de primera ocupación. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por considerarla una consulta jurídica. La GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación donde el Ayuntamiento derivará la solicitud a la Agencia de Energía de Barcelona.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el acceso al expediente de una denuncia por acoso laboral archivada. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando falta de competencia y la existencia de un régimen jurídico específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena el acceso a la información previa disociación de datos personales.
Un ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el desglose de la oferta de empleo público y tasas de reposición de la Policía Nacional y Guardia Civil de los últimos seis años. El Ministerio inadmitió la parte de la Guardia Civil y dio respuesta insuficiente sobre la Policía. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena completar la información.
Se solicitó al Ministerio de Universidades diversa documentación sobre títulos de Derecho de alumnos italianos de la URJC (2015-2018). El Ministerio inadmitió parte de la solicitud por incompetencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando remitir la solicitud a la Universidad por no bastar con indicar el órgano competente.
Se solicitó al Departamento de Derechos Sociales (DDS) una lista de residencias municipales en Cataluña y sus gestores. El solicitante alegó falta de respuesta tras la derivación de la solicitud. La GAIP decidió inadmitir la reclamación porque, tras la derivación legal a otros entes, la responsabilidad de proporcionar la información recae en las administraciones derivadas y no en el DDS.
Se solicitó al Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria el desglose por provincias de la inversión en I+D y ayudas al sector del aceite de oliva. El reclamante alegó que la respuesta fue insuficiente al no detallar los datos geográficamente. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declaró el desistimiento del solicitante por no subsanar la falta de documentación requerida.
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria solicitó al Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías la identidad del Director de Ejecución y el Coordinador de Seguridad de una obra. Ante la falta de respuesta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a remitir la solicitud al órgano competente.
Una entidad ambientalista solicitó al Departament de Territori información sobre el proyecto de un ramal de la B10. Alegó que la derivación de la solicitud al Ministerio de Transportes evidenciaba una posible falsedad documental en la memoria del PDU Biopol. La GAIP inadmitió la reclamación porque la derivación es un acto de trámite y no una resolución impugnable.
Se solicitó al Consell Català de l’Esport información sobre actividad física de personas con discapacidad basada en una encuesta de 2019. Tras alegar silencio administrativo, la GAIP decidió finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la administración facilitó la información existente durante el procedimiento.
Se solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) un listado anonimizado de personal no sanitario con jornada mixta de teletrabajo. El ICS inadmitió la solicitud alegando inexistencia de la información y riesgo de perjudicar la igualdad de las partes en un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la reclamación, anulando la inadmisión por falta de motivación y exigiendo la información.
Se solicitó al Ministerio de Justicia certificaciones sobre la aptitud profesional y el alta en la Seguridad Social de un procurador. El solicitante alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque fue presentada prematuramente, ya que el plazo para resolver estaba suspendido por el trámite de audiencia a terceros.
Se solicitó al Ministerio de Justicia copia del título de Licenciado en Derecho de una tercera persona. Ante la falta de respuesta y posterior alegación de incompetencia del Ministerio, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la retroacción de las actuaciones por no haber indicado el órgano competente ni remitido la solicitud.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre delitos y perfiles de los rescatados en el barco Open Arms en 2019. Alegó que el Ministerio no trasladó la solicitud al órgano competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el Ministerio acreditó no poseer la información ni conocer qué órgano dispondría de ella.
La Plataforma Ecologista de Ávila solicitó al Ministerio de Sanidad datos analíticos de la red de distribución de aguas de Ávila (2016-2020). El Ministerio denegó parte de la información alegando propiedad industrial y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación de los límites invocados.
El reclamante solicitó a la Consejería de Agricultura copia de expedientes derivados de sus denuncias y constancia de sus traslados. La entidad inadmitió la solicitud alegando incompetencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a retrotraer el procedimiento y remitir la solicitud al órgano competente.
Se solicitó a la Associació Catalana de Municipis (ACM) documentación sobre los Planes AFEDAP. El solicitante alegó que la ACM debía poseer la información por ser la promotora. La GAIP inadmitió la reclamación por prematura, ya que la ACM derivó correctamente la solicitud a la Escuela de Administración Pública de Catalunya, que aún dispone de plazo para resolver.
Se solicitó al Departament d'Interior el original de una denuncia. Tras una denegación inicial basada en que se trataba de un interés particular en un procedimiento sancionador, la administración acabó facilitando la información durante la tramitación de la reclamación. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto al haberse satisfecho la solicitud.
D. XXX solicitó a la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda diversa información económica y contractual de los últimos 12 años. Ante la falta de respuesta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación: califica como abusiva la petición de datos contables extensos, pero ordena facilitar el acceso a contratos específicos e inventarios.
El solicitante pidió al Ministerio de Política Territorial información sobre la selección de tribunales de oposiciones en la Diputación de Cáceres. El Ministerio inadmitió la solicitud por no poseer la información. El reclamante alegó que no se remitió la petición al órgano competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el Ministerio acreditó haber realizado la remisión.
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