Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Un ciudadano solicitó a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva información sobre retribuciones, titulaciones y compatibilidades de la Presidenta, el Director Ejecutivo y el Gerente de GIAHSA. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar conceptos retributivos omitidos y datos anteriores a 2014.
Ecologistas en Acción-CODA solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación información sobre la evaluación de riesgos y datos suministrados por la AECEC respecto a la importación de maíz. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a entregar la información sobre fitosanitarios por el interés público en la salud humana.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario y su ingreso hospitalario en Logroño. El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información no es de naturaleza procesal.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos sobre jubilaciones anticipadas de políticos y funcionarios. El Ministerio respondió parcialmente y denegó el resto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información restante no obra en poder del órgano competente.
El solicitante pidió al Ministerio de Sanidad contratos y detalles de compra de medicamentos orales contra la COVID-19. Tras una inadmisión errónea de la AEMPS y una respuesta tardía de la DG de Cartera Común, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social información sobre la Covid-19 previa a las manifestaciones del 8M y quién avaló su realización. El Ministerio concedió acceso parcial a datos públicos y denegó el resto por inexistencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al no acreditarse la existencia de dicha información.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social información sobre la validez de acuerdos sindicales fuera de la mesa de negociación. El Ministerio inadmitió la solicitud por incompetencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar correcta la inadmisión, ya que la competencia es local y se desconocía la entidad concreta.
El solicitante pidió al Ministerio de Educación y Formación Profesional información sobre si ciertas actividades en centros educativos se consideran discriminatorias. El interesado alegó que la respuesta recibida no correspondía a su consulta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud era una consulta jurídica y no la petición de un documento existente.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Barcelona información sobre la finalidad del tratamiento y cesión de sus datos personales para encuestas telefónicas. La GAIP inadmitió la reclamación porque el objeto de la solicitud no es el acceso a información pública, sino el ejercicio de derechos ARCO sobre datos personales, cuya competencia corresponde a la APDC.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática copia de un informe del Congreso sobre la votación telemática de la reforma laboral. La administración inadmitió la solicitud alegando que no poseía la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido a que la respuesta fue extemporánea.
El Sindicato SEPMA solicitó al Ayuntamiento de Marbella la descripción de funciones del catálogo de puestos de 1996/1997. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que no poseía la información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a la entidad a retrotraer el procedimiento y facilitar la información.
Se solicitó al Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana el acceso a actas, contratos, estudios y datos retributivos. El organismo alegó que su actividad se rige mayoritariamente por el derecho privado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información solicitada no deriva de funciones sujetas a derecho administrativo.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Rubí levantamientos topográficos, informes mensuales y actas de inspección de un vertedero. El Ayuntamiento alegó que la información ya se había mostrado presencialmente y que los informes eran competencia de la ARC. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar copias digitales y a derivar la solicitud a la ARC.
El solicitante pidió a la Universidad de La Rioja las actas de valoración de una plaza de profesorado temporal. Tras la denegación de la universidad, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que inadmitió a trámite la reclamación al considerar que, al ser el solicitante interesado en un procedimiento administrativo en curso, debe aplicar la ley de procedimiento común y no la LTAIBG.
La Asociación Impulso Ciudadano solicitó el acta de la reunión del 26 de febrero de 2020 entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat al Ministerio de Política Territorial. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que no era competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al no constar la existencia de la información solicitada.
Se solicitó al Departament de Salut el listado de facultativos de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. El solicitante alegó que el Decret 256/2013 obliga a divulgar dichos datos. La GAIP desestimó la reclamación porque la Administración no posee la información solicitada, al estar el registro en actualización y ser la entidad reclamada privada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre el inicio de un expediente expropiatorio y su justiprecio. La interesada alegó que la remisión al expediente administrativo era un fraude para evitar dar la información concreta. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación porque el acceso debe realizarse vía LPACAP al ser la solicitante parte interesada.
El solicitante pidió a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía datos sobre el estado y conservación de ranchos de pesca en Doñana. La entidad inadmitió la solicitud alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía analiza la denegación basada en la inexistencia de la información.
Una interesada solicitó a la Consellería de Facenda e Administración Pública actas y acuerdos de un tribunal selectivo de biología. Tras el silencio administrativo, la Comisión da Transparencia de Galicia inadmitió la reclamación porque la solicitante es parte interesada en un procedimiento administrativo en curso, debiendo usar los cauces de dicho proceso.
Una entidad feminista solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el detalle de actividades, adjudicatarios e indicadores de las subvenciones del Pacte d'Estat contra la violència masclista (2018-2021). Tras alegar la entidad que el Ayuntamiento sí era competente, la GAIP resolvió la pérdida sobrevenida del objeto debido a que el Ayuntamiento facilitó la información durante el procedimiento.
El reclamante solicitó copias de contratos y facturas de la entidad AUMSA (Ayuntamiento de Valencia). La administración alegó que la información ya estaba disponible en su perfil de contratante. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación: ordenó facilitar los contratos y facturas del edificio del interesado, pero inadmitió otras peticiones por falta de competencia o falta de concreción.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco información sobre tasas y cuotas de controles oficiales en mataderos y salas de despiece. Ante la falta de respuesta, reclamó ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, que desestimó la reclamación porque la información es competencia de las Diputaciones Forales y no del Gobierno Vasco.
Se solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) el informe de trazabilidad de un historial clínico para conocer quiénes accedieron a él. El ICS alegó incompetencia de la GAIP por ser un derecho ARCO. La GAIP estimó la reclamación, considerando que la identidad de los profesionales que acceden a datos públicos es accesible vía transparencia y prevalece el derecho del paciente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Fuentelencina informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de 2017 y las actas de la Junta de Gobierno de ese mismo año. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era abusiva y que el órgano solicitado no existía. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información.
El interesado solicitó informes técnicos/jurídicos de expedientes urbanísticos y actas de juntas de gobierno de 2016 y 2018 al Ayuntamiento de Fuentelencina. La administración denegó el acceso alegando carácter abusivo y falta de competencia del órgano. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información solicitada.
El ciudadano solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información sobre titulaciones habilitadas y justificaciones de la reserva profesional en instalaciones térmicas. El Ministerio alegó falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es accesible o que el Ministerio debió remitirla al competente.
Un periodista solicitó al Departamento de Empresa y Trabajo (DET) información sobre centros logísticos, exenciones fiscales, convenios, adjudicaciones de suelos del Incasòl y sanciones de Amazon. El reclamante impugnó el traslado de la solicitud a la empresa afectada. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que dicho trámite está plenamente justificado jurídicamente.
El reclamante solicitó acceso a información pública a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por falta de competencia, ya que la entidad reclamada es un organismo de la Administración General del Estado y no entra en el ámbito de aplicación de la normativa andaluza.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de Canarias copia de informes remitidos por ella a la Diputación del Común. La Consejería inadmitió la solicitud alegando que dicha actividad no está sujeta a derecho administrativo. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación porque la información fue elaborada y es poseída por un organismo sujeto a la LTAIP.
Se solicitó al Servei Català de la Salut las listas de espera actualizadas de los Centros de Salud Mental de Adultos, Infantiles y Juveniles de Cataluña. Tras una inadmisión inicial basada en la inexistencia de la información, la GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el solicitante.
El Grupo Político Municipal Cambiemos Palma solicitó acceso a información pública a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación debido a que la entidad reclamada es un organismo de la Administración General del Estado y no está sujeta al ámbito de aplicación de la normativa andaluza.
El ciudadano solicitó a la AEPD información sobre sanciones impuestas a partidos políticos y administraciones públicas. Alegó que no se le indicó la sanción final monetaria para las administraciones públicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, legalmente, las sanciones a administraciones públicas no son económicas sino apercibimientos.
Se solicitó a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda el acceso a los informes de seguimiento del Pacto Ambiental entre la Xunta y Ence (2016). Tras el silencio administrativo, el interesado reclamó. La Comisión da Transparencia de Galicia inadmitió la reclamación por falta de competencia, al determinar que la información es de naturaleza ambiental.
Un periodista solicitó al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya el registro de visitas al Palau de la Generalitat desde enero de 2021. Tras una denegación por inexistencia de datos (borrado automático mensual), la GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
Se solicitó al Servei Català de la Salut información sobre las actuaciones sanitarias y formación de personal para la atención de la hija de la persona reclamante en el colegio. Tras la inadmisión de la solicitud por el organismo, el interesado presentó reclamación, pero posteriormente manifestó su voluntad de desistir. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento por desistimiento.
Un colectivo de vecinos solicitó al Ayuntamiento de Bigues i Riells información sobre medidas de protección del espacio natural del río Tenes. Tras reclamar ante la GAIP por falta de respuesta, el Ayuntamiento facilitó la información durante el procedimiento. La GAIP resolvió finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto al haberse satisfecho la solicitud.
El reclamante solicitó el nombre del jefe de servicio y la apertura de un expediente sancionador contra un funcionario a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestima la parte de la sanción por falta de competencia y declara la pérdida de objeto sobre el nombre del jefe, al quedar acreditado que el interesado ya lo conocía.
Se solicitó a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda información detallada sobre los vertederos de Sogama. El reclamante alegó silencio administrativo. La Comisión da Transparencia de Galicia inadmitió la reclamación por falta de competencia, ya que la información es de naturaleza medioambiental y debe tramitarse según la Ley 27/2006.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social datos sobre la resolución extrajudicial de conflictos del SIMA, sus normas y el grado de cooperación entre agentes sociales. Ante el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento del plazo legal de respuesta.
El interesado solicitó datos sobre autorizaciones de residencia por razones humanitarias y sus expedientes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Alegó que la administración no respondió en plazo y aplicó incorrectamente una causa de inadmisión al conocer el órgano competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales.
Un ciudadano solicitó al Real Club Náutico de Gran Canaria documentos justificativos de anotaciones para la reducción de cuotas por antigüedad. Tras la respuesta negativa, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública inadmitió la reclamación al considerar que las entidades privadas no están sujetas al derecho de acceso a la información pública.
El solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía la denegación de información por parte del IAAP. Alegó que no recibió respuesta del Servicio de Selección tras la inadmisión inicial. El Consejo inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal establecido en la LTPA.
Se solicitó al Instituto Andaluz de Administración Pública los fundamentos de derecho de las preguntas y respuestas de un examen, y las instrucciones dadas a los aspirantes. Tras una reclamación por falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento por desaparición del objeto, ya que la entidad respondió durante la tramitación.
Un ciudadano solicitó al Instituto Andaluz de Administración Pública datos sobre inasistencias justificadas en procesos selectivos. Tras una reclamación por falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento por desaparición del objeto, ya que la administración terminó por responder al solicitante.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre impuestos y presupuestos de productos de higiene femenina y datos de personas menstruantes sin hogar. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por no poseer la información, remitiéndola al Ministerio de Sanidad. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid inadmitió la reclamación al considerar correcta la actuación municipal.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts información sobre transformadores de media tensión y cánones por uso de espacio público. El reclamante alegó que la respuesta era incompleta. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar los datos de contacto de la administración derivada, y declara la pérdida de objeto del resto.
Un representante sindical solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía datos sobre puestos de trabajo y desdotaciones en Granada. La Administración denegó el acceso alegando que debía solicitarse a través de la Junta de Personal. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Un ciudadano solicitó a la Diputación Provincial de Sevilla diversos documentos sobre subvenciones al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y otros datos administrativos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación al considerar que la Diputación respondió correctamente, remitió lo pertinente al Ayuntamiento o denegó por falta de subsanación del interesado.
El solicitante pidió información detallada sobre contratos, convenios, subvenciones y cuentas de la Fundación España Salud al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tras una respuesta parcial e inadmisible en parte, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación por motivos formales, instando al Ministerio a remitir la solicitud a las CCAA competentes.
Una persona solicitó a la Consellería de Facenda e Administración Pública de Galicia los motivos de estimación o desestimación de reclamaciones sobre preguntas de un proceso selectivo. El interesado alegó que es información pública accesible. La Comisión da Transparencia de Galicia inadmitió la reclamación por existir un procedimiento administrativo específico en curso.
551–600 de 1089