Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Anerreka Ingurumen Elkartea solicitó al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente datos de emisiones de la empresa Jose Maria Ucin SA. Tras una denegación basada en el uso de un formulario incorrecto, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información por no existir normativa que obligue a un modelo específico.
Se solicitó al Ayuntamiento de Tarragona documentación sobre autorizaciones de terrazas, tasas pagadas, seguros e inspecciones. Ante la falta de respuesta, la GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, obligando a entregar la mayoría de la información, pero exigiendo la pseudoanonimización de los datos tributarios basándose en la reserva de la Ley General Tributaria.
Una entidad vecinal solicitó al Ayuntamiento de Pallejà los motivos del cierre de la Oficina de Gestión Tributaria y el convenio con la Diputación de Barcelona. El Ayuntamiento alegó falta de competencia y no disponer del documento. La GAIP decidió finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el reclamante obtuvo la información mediante una reclamación paralela contra la Diputación.
D. XXX solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco informes sanitarios y permisos de movilidad para exjugadores y familiares del Athletic Club para asistir a una final de Copa. El Departamento denegó la solicitud por no disponer de dicha información. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación al confirmarse que la información no obra en el organismo.
Se solicitó al Ministerio de Justicia copia de los criterios de corrección de las pruebas escritas y orales de las oposiciones de notario. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información no obraba en su poder. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la administración no indicó el órgano competente y, por sus funciones, es probable que custodie dicha información.
Un concejal portavoz solicitó al Ayuntamiento de Serranillos del Valle información sobre diversos asuntos municipales (facturas, contratos, reclamaciones). Ante la respuesta recibida, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo decidió inadmitir la reclamación por entender que el acceso debe canalizarse por la vía del régimen local y no por la Ley 19/2013.
Se solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía información sobre la Laguna de San Lázaro. El solicitante alegó que la Consejería debió remitir la solicitud al órgano competente en lugar de inadmitirla parcialmente. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía da por terminada la reclamación al haberse remitido finalmente la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Se solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía el número de aprovechamientos hídricos y de denuncias por captación ilegal en Villamanrique de la Condesa. El solicitante alegó que la administración debió remitir la solicitud al órgano competente en lugar de inadmitirla. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara terminada la reclamación ya que la Consejería finalmente remitió la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y respondió sobre las denuncias.
Un ciudadano solicitó al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea los exámenes prácticos y criterios de corrección de la oposición de 2004. El interesado alegó que la falta de conservación de los datos evidenciaría un funcionamiento anormal del servicio. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación porque la información ya no obra en poder de la Administración.
Se solicitó al Departamento de la Presidencia la proporción de personas con discapacidad en altos cargos de la Generalitat y miembros del Parlament. El solicitante alegó que la administración debió derivar la solicitud al Parlament basándose en un precedente de 2019. La GAIP desestimó la reclamación porque el Decret 8/2021 excluye la información parlamentaria del concepto de información pública.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos sobre menores extranjeros no acompañados. Ante la falta de respuesta, reclamó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se facilitó fuera de plazo y como consecuencia de la reclamación.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 información sobre los recursos económicos del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia y pensiones para amas de casa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la administración dio respuestas genéricas y no remitió la solicitud al órgano competente.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Fuentelencina informes urbanísticos y actas de juntas de gobierno de 2017. La administración desestimó la solicitud alegando carácter abusivo y falta de competencia del órgano citado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a facilitar la información.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la resolución de adjudicación y pliegos del Centro de Oncología Radioterápica del Hospital de Torrejón. La administración alegó que la información era competencia de la empresa concesionaria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid las actas de las asambleas de la Junta de Compensación del APE 09.24 UE-4 Valdemarín-Este y escrituras de compraventa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación ya que la Junta es una entidad jurídica independiente, no integrada en la Administración Local, y los documentos solicitados pertenecen a la esfera privada.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el gasto sanitario público por accidentes de tráfico y los cobros a seguros (2016-2020), desglosado por CCAA. El Ministerio concedió acceso parcial y denegó el resto alegando que no obraba en su poder. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para que el Ministerio remita la solicitud a las CCAA.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el número de contratos de alta dirección en vigor y su base de cotización en cuatro provincias. El SEPE inadmitió la solicitud alegando que no disponía de la información sobre la vigencia actual de los contratos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando al SEPE a facilitar los datos registrados.
Un opositor solicitó a la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía los criterios de corrección, copias y puntuaciones desglosadas de los segundos exámenes de un proceso selectivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque el solicitante era interesado en un procedimiento en curso, debiendo aplicar la normativa administrativa común y no la de transparencia.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior la relación de actuaciones y costes del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025 para la Guardia Civil. La administración inadmitió la solicitud alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al acreditar que el Ministerio es competente y no justificó límites legales.
El solicitante pidió al Instituto de Actuarios Españoles (IAE) copias de actas de aprobación del Core Syllabus de 2017 y 2019. El IAE inadmitió la solicitud alegando que los documentos eran de una asociación privada o inexistentes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la AAE es una entidad privada suiza y el IAE no dispone de las actas solicitadas.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Fuentelencina informes urbanísticos y actas de gobierno de 2016 y 2018. El Ayuntamiento desestimó la solicitud alegando carácter abusivo y falta de competencia del órgano. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a facilitar la información.
La solicitante pidió información sobre un proceso selectivo de ingeniería de 2016 al Ayuntamiento de Madrid. Tras la inadmisión por parte del Ayuntamiento, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resuelve la inadmisión de la reclamación por aplicar la normativa del procedimiento administrativo en lugar de la Ley de Transparencia.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública información sobre el incremento del valor catastral de una finca. La administración inadmitió la solicitud alegando la existencia de una normativa específica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por considerar que la normativa catastral constituye un régimen específico de acceso prioritario a la LTAIBG.
El solicitante pidió a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el contrato con una agencia de EE.UU. mencionado en una noticia. La administración inadmitió la solicitud alegando la inexistencia del documento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido a que la respuesta se notificó fuera del plazo legal.
Se solicitó al O.P.A.E.F. la copia del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2020 de Villamanrique de la Condesa. El organismo derivó la solicitud al Ayuntamiento alegando falta de competencia en transparencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando al O.P.A.E.F. a facilitar la información disociada.
Se solicitó al OPAEF de la Diputación de Sevilla la relación de inmuebles de la Iglesia Católica exentos de IBI en Villamanrique de la Condesa. El OPAEF derivó la solicitud al Ayuntamiento alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, determinando que el OPAEF es el competente y ordena retrotraer el proceso para dar traslado a los terceros afectados.
El interesado solicitó a la Diputación de Cádiz información sobre el Programa de Cooperación Local y la asociación ASEFVI. Tras el traslado del expediente, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía determina que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió parcialmente la información, denegando la relativa a ASEFVI por falta de competencia y posesión de los datos.
El reclamante solicitó información sobre la suspensión de una ruta de transporte de pasajeros al Principado de Asturias. Tras no recibir respuesta, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó la reclamación por motivos formales, al considerar que la administración debió haber trasladado la solicitud al ente competente antes de la interposición de la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de Ciencia e Innovación información sobre la composición de comités y criterios de contratación del Observatorio Astronómico de Calar Alto (CAHA). El Ministerio inadmitió la solicitud por incompetencia y remitió el expediente al CAHA. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que se cumplió el deber de remisión al órgano competente.
El ciudadano solicitó a la Generalitat de Catalunya informes de peligrosidad, sanciones y accidentes de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril en Tarragona. Tras ser remitido a ADIF, este inadmitió la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a ADIF a remitir la solicitud de sanciones y accidentes a la AESF.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Política Territorial los expedientes de las últimas cinco autorizaciones de residencia por razones humanitarias en Toledo. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando falta de competencia funcional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega de la información anonimizada.
Se solicitó al Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat un listado de transformadores eléctricos, sus inspecciones y las cantidades percibidas por el uso del espacio público en 2020. El reclamante alegó falta de información completa. La GAIP estima parcialmente la reclamación anulando la inadmisión de los dos primeros puntos, ya que fueron derivados a otra administración.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud copia del convenio de asociación con la Mutua de Accidentes de Canarias. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima formalmente la reclamación debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta, aunque declara la terminación del procedimiento ya que la información fue finalmente entregada.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior las hojas de servicio de antiguos miembros de la Guardia Civil. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información no estaba en su poder y citando la Ley de Patrimonio Histórico Español. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación al considerar que existe un régimen específico de acceso aplicable.
Una persona solicitó al Instituto Andaluz de la Juventud el CV y criterios de adjudicación de un puesto de libre designación. El organismo inadmitió la solicitud alegando que el procedimiento estaba en curso y que debía recurrirse por vía administrativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió a la Agencia IDEA un listado de accesos a YouTube desde un centro escolar. IDEA inadmitió la solicitud derivándola a SANDETEL, quien a su vez la derivó a la Consejería de Economía. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación al considerar que se cumplió la obligación de remitir la solicitud al órgano competente.
El reclamante solicitó información y acuerdos sobre la aprobación de presupuestos con Bildu al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Tras la inadmisión de la administración por no poseer la información, el ciudadano reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestimó la reclamación al confirmar que la información no obra en poder del Ministerio.
XXX solicitó acceso a información pública al Centro Docente Privado Vandelvira de Jaén. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió a trámite la reclamación porque el centro, al ser una entidad privada, no está incluido en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTPA.
El solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la falta de respuesta de la Consejería de Agricultura de Extremadura sobre controles oficiales ganaderos. La Administración alegó inexistencia de la información, falta de competencia y protección de datos. El CTBG desestima la solicitud al considerar que la información no obra en poder del órgano destinatario.
Se solicitó información al Ayuntamiento de Leganés sobre la cuenta de donaciones COVID-19 de la Fundación Juan Muñoz. El Ayuntamiento alegó que la Fundación es una entidad privada con personalidad jurídica propia y que el Alcalde actúa en ella como Presidente del Patronato y no como representante municipal. El CTBG desestima la solicitud al no formar parte del sector público municipal.
Una persona solicitó al Departament d'Educació información sobre la obligatoriedad de las aportaciones para material escolar y el listado de materiales no gratuitos. El organismo de transparencia (GAIP) estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar dicha información, pero desestima la consulta sobre posible discriminación futura por considerarla información inexistente.
Una entidad de defensa del consumidor solicitó a la Agència Catalana del Consum el importe y los motivos de una sanción a una aerolínea. La entidad alegó su derecho a la información basándose en la legislación de transparencia y consumo. La GAIP desestimó la reclamación porque la información no preexistía al momento de la solicitud, ya que el expediente sancionador seguía en trámite.
El solicitante pidió a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía que resolviera una solicitud de 2016 y facilitara datos sobre el expediente y medidas adoptadas. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque el interesado debe usar la vía del procedimiento administrativo común y no la de transparencia.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el documento oficial del currículo de la Ministra al tomar posesión como diputada en 2016 y las fechas de su licenciatura. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información no obraba en su poder. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando remitir la solicitud al Congreso de los Diputados.
El interesado solicitó al Ministerio de Sanidad copia del acta de colegiación de un médico de León. La administración inadmitió la solicitud alegando falta de competencia. El recurrente presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pero no subsanó la falta de copia de la solicitud original tras ser requerido. El CTBG decidió archivar el procedimiento por desistimiento.
El interesado solicitó a la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía motivos sobre la desestimación de sus alegaciones en un concurso de traslados y normativa sobre vacantes. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque el solicitante es interesado en un procedimiento administrativo en curso, debiendo aplicar la normativa específica y no la de transparencia.
El interesado solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre las medidas del Gobierno para erradicar abusos a menores en Baleares. La administración inadmitió la solicitud alegando que no posee dicha información y que el interesado busca una explicación y no documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por no existir objeto de acceso.
Un representante sindical solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) datos identificativos y retribuciones complementarias de los profesionales de la Gerencia Territorial de Catalunya Central. El ICS denegó el acceso alegando que era una solicitud sindical y no de transparencia. La GAIP estima parcialmente la reclamación, otorgando acceso a datos identificativos y retribuciones seudonimizadas.
El reclamante solicitó acceso al expediente urbanístico íntegro SCR/2020/177 al Ayuntamiento de Gozón. Tras no recibir respuesta, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestima la reclamación por incurrir en una causa de inadmisión, ya que la solicitud no fue dirigida a un órgano competente para facilitar el acceso a dicha información.
El solicitante pidió a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo copias de los expedientes de selección y contratos de un tercero en la Escuela Della Robbia. La Administración inadmitió las solicitudes alegando que, al existir una relación laboral, rige la normativa laboral específica y no la de transparencia, además de la protección de datos personales.
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