Acceso a información sobre titulaciones y competencias para Instalaciones Térmicas en los Edificios

Resolución 1028/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 28 de octubre de 2021 al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: «El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios reserva la actividad de proyecto y dirección de obra de estas instalaciones a determinados técnicos competentes y exige visado colegial a tales documentos. Los Ingenieros en Automática y Electrónica Industrial (RD 1400/1992) se encuentran actualmente excluidos de dicha actividad económica. S/REF: 001-062133 N/REF: R/1028/2021; 100-006144 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Información solicitada : Acreditación y competencias para Instalaciones Térmicas en los Edificios Por otro lado en el Acta 07/2016 de fecha 19/05/2016 de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, se refrenda en su punto CUARTO: Técnico competente en los Reglamentos de Seguridad Industrial, que debe en aquellos reglamentos de seguridad industrial en los que se exige que un técnico competente realice determinadas funciones tales como redactar y firmar proyectos de las instalaciones o llevar la dirección de obra posterior o en los que establece como requisito de las empresas instaladoras, reparadoras, etc., el contar con un técnico competente para poder ser habilitadas y ejercer su labor como tales, debe entenderse siempre que un “técnico competente” es un titulado universitario con competencias específicas en la materia objeto del reglamento correspondiente. (…) 1. Listado de titulaciones oficiales que permiten suscribir proyectos y direcciones de obra de las instalaciones reglamentadas en el RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 2. Razones imperiosas de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio que justifican la reserva, con justificación de que dicha reserva a determinadas titulaciones habilitadas es proporcionada, necesaria y no discriminatoria, así como que no existe la opción de establecer otro medio menos restrictivo o distorsionador de la actividad económica. 3. Relación de conocimientos y competencias mínimas (horas lectivas, contenidos formativos mínimos de los planes de estudio de las titulaciones habilitadas, experiencia requerida, etc.) que acreditan que las titulaciones habilitadas para la realización de proyectos y direcciones de obra de las instalaciones reglamentadas en el RD 1027/2007 garantizan la salvaguarda de las razones imperiosas de interés general que se pretenden proteger. 4. Relación de normativa que define y concreta la figura del técnico competente en el ámbito del RD 1027/2007, de forma que pueda verificarse que las titulaciones habilitadas realmente cumplen los mínimos exigidos.» No consta respuesta de la Administración . 2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito registrado el 6 de diciembre de 2021, interpuso una reclamación en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: «(…) 4. Que como titulado superior en Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial, titulación de nivel máster, regulada por RD 1400/1992 tengo restringido el acceso a, y ejercicio de, todas y cada una de las actividades de ingeniería relacionadas con los reglamentos de seguridad industrial sin que hasta la fecha se hayan podido precisar las causas objetivas de tales restricciones profesionales y habiendo sentado el Tribunal Supremo el criterio jurisprudencial de acceso con idoneidad. Este criterio jurisprudencial establece que el fundamento básico de ejercicio de una actividad de prestación de servicios de ingeniería ha de determinarse en función de las cualificaciones profesionales del titulado y de la materia proyectada cuando no existe reserva de Ley expresa atendiendo al artículo 36 de la CE y tal reserva no existe en el caso de la figura de técnico competente del reglamento objeto de la consulta. 5. Dado que las actividades de proyecto y dirección de obra en el ámbito del Reglamento objeto de la solicitud de información pública están reservadas a determinadas titulaciones universitarias, resulta claro para este ciudadano, que la información solicitada consta en poder del órgano competente, sin necesidad de una reelaboración previa. En caso de que no constara tal información se estarían infringiendo los principios recogidos en la Ley 17/2009, Ley 19/2013 y Ley 20/2013 y los artículos 9 y 10 de la directiva de servicios. (…) 7. Por otra parte la información solicitada es información de relevancia jurídica, en tanto que establece los criterios que permiten o rechazan la posibilidad de acceso a una actividad de servicios que puedan tener como base razones imperiosas de interés general. A este respecto la propia Ley 19/2013, (…) 8. Y por último se recuerdan las exigencias derivadas de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, y más específicamente sus Art. 3 (Principio de No Discriminación), Art. 5 (Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes), Art. 8 (Principio de Transparencia), Art. 9 (Garantía de las libertades de los operadores económicos), Art. 17 (Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad), Art. 18 (Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación). 9. Igualmente se expresa que atendiendo al artículo 36 CE, toda regulación que reserve actividades profesionales a unas determinadas profesiones ha de estar formalizada con norma con rango de Ley por afectar a las libertades básicas, conforme al artículo 35.1 de la Constitución Española. Los derechos preconstitucionales y preexistentes de otras titulaciones de ingeniería a realizar determinadas actividades, en tanto no queden reservadas con norma con rango de Ley, no son obstáculo para que a la misma actividad concurran otras titulaciones con base a sus adecuadas cualificaciones profesionales para el desempeño de la actividad. Para ello resulta imperativo determinar cuáles son estas concretas cualificaciones profesionales como criterio objetivo de acceso a dichas actividades.» 3. Con fecha 10 de diciembre de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, al objeto de que formulasen las alegaciones que considerasen oportunas; lo que efectuó mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2022, en el que se manifiesta lo siguiente: «(…) El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas recoge que “El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.” El apartado d) del punto 1 del artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno regula que se inadmitirán a trámite las solicitudes “Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente”. Una vez analizadas las peticiones, esta Dirección General de Política Energética y Minas, en el ámbito de sus competencias, acuerda su acumulación y considera que procede conceder el acceso parcial a la información de las solicitudes número 001-060564 y 001-062133, ya que incurren en lo dictado en el apartado d) del punto 1 del artículo 18 de la Ley 19/2013 antes mencionado, informando que el artículo 41 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios determina la obligación, en el seno de una empresa instaladora o mantenedora en instalaciones térmicas, de obtener un carné profesional en instalaciones térmicas de edificios, sin reserva de titulación. Este carné profesional se concede, con carácter individual, a todas las personas que cumplan los requisitos que se señalan en el artículo 42, complementado con el apéndice 3, y es expedido por los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma. Por último, según regula el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 19/2013 antes mencionado, “En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.” En este sentido, deberá dirigir sus solicitudes a cada una de las Comunidades Autónomas y, en el ámbito de Conferencia Sectorial de Industria y PYME en materia de seguridad, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.» 4. El 30 de marzo de 2022, se dio traslado de las alegaciones al reclamante al objeto de que manifestase lo que estimara pertinente; trámite que evacuó en fecha 31 de marzo de 2022, mediante escrito con el siguiente contenido: El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) es competencia y responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y por lo tanto a él compete, según la Ley 21/1992, la interpretación y definición del mismo, y por tanto determinar las condiciones de capacidad técnica y los regímenes de comunicación o declaración responsable sobre el cumplimiento de dichas condiciones exigidas a las personas o empresas que intervengan en el proyecto y dirección de obra de las mismas. Las Comunidades Autónomas tienen competencias ejecutivas, pero no corresponde a ellas definir tales competencias en el ámbito de un reglamento estatal, tal como establece el artículo 12 de la Ley de Industria. • En caso de que realmente el Ministerio Competente sea el Ministerio de Industria, manifestación con la que discrepo, o las Comunidades Autónomas que solo tienen capacidad ejecutiva (de aplicación) en materia reglamentaria y estando la solicitud de información pública parcialmente admitida, atendiendo al artículo 19. Tramitación, de la Ley de Transparencia y dado que el Ministerio manifiesta conocer los poseedores de dicha información corresponde a él remitir la solicitud a los referidos sujetos. Es práctica habitual de los Ministerios despachar estos asuntos de esta manera, obstaculizando el acceso a la información pública habida cuenta de la dificultad para un ciudadano de recabar información de 17 comunidades y 2 ciudades autónomas. Al respecto ruego la correcta aplicación de la Ley de Transparencia y la debida coordinación entre Ministerios.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.» En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide (i) el listado de titulaciones oficiales que permiten suscribir proyectos y direcciones de obra de instalaciones térmicas en los edificios; (ii) las razones imperiosas de interés general —de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009/2021, de 23 de noviembre— que justifican la reserva profesional y la justificación de si dicha reserva es proporcionada, necesaria y no discriminatoria; (iii) la relación de conocimientos y competencias mínimas que acreditan que las titulaciones habilitadas para la realización de proyectos e instalación de este tipo de instalaciones garantizan la salvaguarda de esas razones imperiosas de interés general que se pretenden proteger y (iv) una relación de la normativa que define y concreta la figura del técnico competente en el ámbito de instalaciones térmicas. El Ministerio requerido —que ha acumulado, según consta en el expediente, dos solicitudes sobre similares cuestiones del mismo interesado—, si bien no contestó inicialmente a la solicitud formulada, en fase de alegaciones en este procedimiento de reclamación, ha presentado escrito concediendo parcialmente el acceso a la información, por un lado, y aplicando lo previsto en el artículo 18. 1.d) y 2 de la LTAIBG. Así, respecto del acceso parcial, el Ministerio informa que: «(i) el artículo 41 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios determina la obligación, en el seno de una empresa instaladora o mantenedora en instalaciones térmicas, de obtener un carné profesional en instalaciones térmicas de edificios, sin reserva de titulación; y, que (ii) este carné profesional se concede, con carácter individual, a todas las personas que cumplan los requisitos que se señalan en el artículo 42, complementado con el apéndice 3, que es expedido por los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma.» Por lo que concierne al resto de información solicitada, y en directa relación con la afirmación de que la expedición del carnet profesional corresponde a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, el Ministerio requerido considera que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.1 d) de la LTAIBG en relación con el apartado dos del mismo precepto, y, en este sentido, concluye que el solicitante deberá dirigir sus solicitudes a cada una de las Comunidades Autónomas —en cuanto son las que expiden el mencionado carnet— y, en el ámbito de Conferencia Sectorial de Industria y PYME en materia de seguridad, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 5. La resolución de esta reclamación exige, con carácter previo, aclarar el contenido de la información a la que pretende acceder el solicitante. Desde esta perspectiva conviene tener en cuenta que su solicitud se dirige a conocer cuáles son las titulaciones habilitadas para ejercer la actividad de proyectos e instalaciones técnicas —solicitando una relación de las titulaciones universitarias que se considerarían incluidas— y en qué razones (requisitos o condiciones) se fundamenta la reserva a tales titulaciones. Esta petición se enmarca, como se desprende de las alegaciones presentadas ante este Consejo, en la crítica a esa reserva profesional que, según alega el solicitante (titulado superior en Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial) le restringe el acceso a las actividades de ingeniería relacionadas con los reglamentos de seguridad industrial «sin que hasta la fecha se hayan podido precisar las causas objetivas de tales restricciones profesionales y habiendo sentado el Tribunal Supremo el criterio jurisprudencial de acceso con idoneidad. Este criterio jurisprudencial establece que el fundamento básico de ejercicio de una actividad de prestación de servicios de ingeniería ha de determinarse en función de las cualificaciones profesionales del titulado y de la materia proyectada cuando no existe reserva de Ley expresa atendiendo al artículo 36 de la CE y tal reserva no existe en el caso de la figura de técnico competente del reglamento objeto de la consulta». Teniendo en cuenta lo anterior, la respuesta parcial ofrecida por el Ministerio no parece adecuarse a lo solicitado. En efecto, el órgano requerido se limita a indicar que los requisitos para poder ejercer la actividad se encuentran regulados en los artículos 41 y 42 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, que establecen la necesidad de que se cuente con un carné profesional en instalaciones térmicas de edificios; carnet que acredita la capacidad técnica para el desempeño de las actividades de instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas de edificios, identificándolo ante terceros, que deben ser ejercidas en el seno de una empresa instaladora o mantenedora de instalaciones térmicas, y que expiden las comunidades autónomas. La solicitud de información, no obstante, se circunscribía al ámbito de las titulaciones universitarias que pueden considerarse habilitadas (por incluirse en su plan de estudios materias que son objeto de regulación en el reglamento) y, por tanto, se centraba en lo previsto en el artículo 42.3 del Reglamento (requisitos para la obtención del carné profesional) según cuyo tenor: «3. Los técnicos que dispongan de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento, podrán obtener directamente el carné, mediante solicitud ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma y sin tener que cumplir los requisitos enumerados en los apartados b) y c), bastando con la presentación de una copia compulsada del título académico.» Sobre esta cuestión, que es a la que se refiere el acceso, el órgano requerido no ofrece ninguna respuesta concreta o específica, limitándose, se reitera, a citar los artículos 41 y 42 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y a indicar al solicitante que debe dirigir su solicitud al órgano de cada comunidad autónoma competente para expedir estos carnets y, en el ámbito de la conferencia Sectorial de Industria y PYME en materia de seguridad, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por tanto, ante esa falta de respuesta concreta por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la que depende la Secretaría de Estado de Energía, con competencias en la elaboración de la legislación estatal en materia de energía, el desarrollo de la política energética nacional, junto con las medidas destinadas a asegurar el abastecimiento energética (inclusive lo relativo a la certificación energética de los edificios), este Consejo de Transparencia considera que, salvo que se acredite lo contrario, lo solicitado se ha de encontrar en el ámbito de disponibilidad del Ministerio requerido, por lo que procede la estimación en es este punto a fin de que se otorgue al solicitante la información reclamada en relación con las titulaciones universitarias habilitadas para ejercer la actividad de certificación energética de edificios y cuáles son las razones que justifican, en su caso, la existencia de una reserva profesional. 6. A lo anterior se suma la incorrecta aplicación, por parte del Ministerio, de la causa de inadmisión del artículo 18.1 d) de la LTAIBG, en relación con el artículo 18.2 del mismo texto legal. Conviene recordar que las causas de inadmisión del citado precepto, por su condición de finalizadoras del procedimiento, han de interpretarse con el carácter estricto, cuando no restrictivo, al que hace referencia el Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:3530) y, en consecuencia, y en particular respecto de la prevista en el artículo 18.1.d) de la LTAIBG, sólo procederá su aplicación en los casos en los que verdaderamente se desconozca cuál es el órgano o la entidad competente para atender una solicitud de información pública. En esta línea, y en relación con los artículos 18.2 y 19.1 LTAIBG, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su STS de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810), en la que se señala que «(…), los citados artículos 18.2 y 19.1 de la Ley 19/2013, prevén los dos supuestos siguientes. De un lado, cuando se ha declarado la inadmisión a trámite de la solicitud por la causa prevista en el artículo 18.1.d) de la citada Ley, porque la solicitud se dirigía a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. En este caso, el órgano que acuerda la inadmisión "deberá indicar" en la resolución el órgano que, "a su juicio", es competente para conocer de la solicitud (artículo 18.2). De modo que en estos casos de desconocimiento basta con aventurar una conclusión lógica sobre qué órgano sea el competente. Y, de otro, cuando, una vez admitida la solicitud, se repara que esta se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se dirige, que lo "remitirá al competente", si lo conociera, e informará de tal circunstancia al solicitante (artículo 19.1 de la misma Ley 19/2013). De manera que la remisión directa sólo se produce en este segundo caso. Como se ve, en ninguno de los dos casos la Ley obliga al solicitante una búsqueda, localización y remisión de información. La Ley, según los casos vistos, obliga al órgano ante el que se presenta la solicitud a indicar quien es, a su juicio, el órgano competente, o bien a remitirlo al competente. » En este caso, según se lee en sus manifestaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considera que son las comunidades autónomas y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo los competentes para facilitar el resto de la información requerida; por lo que, partiendo de esa premisa, debió observar lo previsto en el artículo 19.1 de la LTAIBG según cuyo tenor «Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.» 7. En consecuencia, y teniendo en cuenta lo expuesto, procede estimar la reclamación presentada e instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que proporcione al solicitante la información requerida y, subsidiariamente, para el caso de que tal información se sitúe efectivamente extramuros de su ámbito de disponibilidad, a que observe el mandato establecido en el artículo 19.1 de la LTAIBG, remitiendo la solicitud al órgano competente (de las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) e informando de esta circunstancia al solicitante . III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por D. el 6 de diciembre de 2021 frente al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Listado de titulaciones oficiales que permiten suscribir proyectos y direcciones de obra de instalaciones térmicas de edificios; x Relación de la normativa que define y concreta la figura del técnico competente en el ámbito del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio; x En su caso, qué razones imperiosas de interés general justifican la reserva profesional de la mencionada actividad a determinadas titulaciones habilitadas y qué conocimientos y competencias mínimas de tales titulaciones acreditan que se salvaguardan las razones imperiosas de interés general que se pretenden proteger. TERCERO: Subsidiariamente, en el caso de que la información no se encuentre en su ámbito de disponibilidad, INSTAR al Ministerio a que remita a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la solicitud de información e informe de ello al solicitante. CUARTO: INSTAR al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia las actuaciones realizadas. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez