Solicitud de datos sobre compensaciones a arrendadores por suspensión de desahucios y desestimación por inexistencia de la información en el organismo

Resolución 497/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 21 de marzo de 2022 al MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En relación a las solicitudes de compensación a arrendadores en casos de suspensión desahucios establecidas en el Real Decreto 37/2020 de 22 de diciembre y conforme a lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 401/21, de 8 de junio. Número de solicitudes presentadas. Número de solicitudes estimadas y desestimadas, desglosado por provincias y municipios. Importe de las solicitudes desestimadas. Relación de abonos efectuados.» S/REF: 001-066794 N/REF: R/0358/2022; 100-006723 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Minister io de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Información solicitada: Solicitudes de compensación a arrendadores en casos de suspensión desahucios. 2. Mediante resolución de fecha 18 de abril de 2022 el MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA contestó al solicitante lo siguiente: «En su solicitud, pide la aportación de los datos que figuran en el artículo 2 pero tal y como puede verse se dice literalmente que esa obligación de remitir la información se produce en los seis meses siguientes a la terminación del plazo para la presentación de solicitudes de compensación, que de acuerdo con el artículo 3 finaliza el 31 de octubre de 2022. Es decir, la información estaría disponible, en principio, a partir del 30 de abril de 2023. Puntualizar, además, que dicha información solo estará accesible en nuestras bases de datos si la comunidad o ciudad autónoma emplea fondos estatales derivados del Plan Estatal 2018-2021 para sufragar la medida, ya que el Real Decreto-ley posibilita, pero no impone, el empleo de estos. Conforme a lo informado por la Subdirección General de Política y Ayudas a la Vivienda, SE RESUELVE: La inadmisión a trámite de la solicitud en virtud de lo dispuesto por el artículo 18.1.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al no obrar en poder de este órgano la información solicitada.» 3. Mediante escrito registrado el 20 de abril de 2022, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «He solicitado una información concreta y que no requiere en su elaboración tratamiento alguno. El artículo 3 del R.D 401/21, de 8 de junio establece el 09 de septiembre de 2021 el plazo de finalización de instancias y desde el 09 de marzo ya debe tener los datos de las comunidades autónomas. Datos que tendrán que ir actualizándose y completándose a medida que se han ido dictando R.D. ampliando plazos de suspensiones. Solicito acceso a los datos: Número de solicitudes presentadas. Número de solicitudes estimadas y desestimadas, desglosado por provincias y municipios. Importe de las solicitudes desestimadas. Relación de abonos efectuados.» 4. Con fecha 21 de abril de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA al objeto de que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 4 de mayo de 2022 se recibió respuesta con el siguiente contenido: « El Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, tiene como objeto posibilitar que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para hacer frente a las compensaciones previstas en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, así como establecer el procedimiento que se seguirá para la presentación, tramitación y resolución de las solicitudes. Dicho Real Decreto ha sufrido prórrogas, de forma que el plazo de presentación de la documentación por el interesado se ha dilatado hasta el 31 de octubre de 2022. Las sucesivas modificaciones tienen como efecto jurídico una ampliación generalizada, ya que cuando el plazo y la medida se prorrogan, la remisión de documentación por parte de las administraciones afectadas también se prorroga. Las comunidades autónomas, con el aval jurídico de los artículos 2 y 3, remitirán en un plazo de 6 meses la documentación, es decir, como ya se avanzó en la respuesta a su solicitud, no se tendrá la documentación autonómica hasta el 30 de abril de 2023. En su solicitud, pide acceso a los datos que figuran en el artículo 2, pero dichos datos, en virtud de lo anteriormente expuesto, no obran en ningún archivo de esta Unidad a fecha de hoy. Puntualizar, además, que dicha información solo estará accesible en nuestras bases de datos si la comunidad o ciudad autónoma emplea fondos estatales derivados del Plan Estatal 2018-2021 para sufragar la medida, ya que el Real Decreto-ley posibilita, pero no impone, el empleo de éstos, y las comunidades autónomas pueden impulsar ayudas similares con sus propios fondos.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información referente a los procedimientos para el reconocimiento de compensaciones a los arrendadores en los casos de suspensión de desahucios (número de solicitudes presentadas, estimadas y desestimadas, con desglose por provincias y municipios, el importe de las desestimadas y la relación de abonos efectuados). El Ministerio requerido resolvió la inadmisión a trámite de la solicitud en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.1.d) de la LTAIBG, al no obrar en su poder la información solicitada. 4. Para la resolución de esta reclamación debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, las comunidades y ciudades autónomas tienen la obligación de remitir al Ministerio la información que se relaciona en dicho precepto en los seis meses siguientes a la terminación del plazo para la presentación de solicitudes de compensación. El MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA indicó en la resolución sobre el acceso que la información estaría disponible, en principio, a partir del 30 de abril de 2023, dado que el plazo para la presentación de solicitudes de compensación finalizaba el 31 de octubre de 2022 como consecuencia de las diversas prórrogas aprobadas —de hecho, consta una última prórroga, publicada el 26 de junio de 2022, en la que se amplía el plazo para presentación de solicitudes hasta el 31 de enero de 2023, por lo que la remisión de la información se produciría a partir del 31 de julio de 2023—. 5. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe recordar que el artículo 13 de la LTAIBG dispone que «se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». Así, el objeto del derecho de acceso a la información pública lo constituyen los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados, por lo que la existencia previa de la información, elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus competencias, es presupuesto necesario para el ejercicio y el reconocimiento del derecho. Cuando esta esencial condición previa no concurre —como se aprecia en este caso, en el que el Ministerio requerido ha manifestado que no dispone de la información solicitada— no existe objeto sobre el que proyectar el ejercicio del derecho y, en consecuencia, procede la desestimación de la reclamación formulada; si bien, no por apreciarse la concurrencia de la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1.d) LTAIBG, sino porque la información solicitada no se encuentra en el ámbito de disposición del Ministerio a fecha de hoy (como se remarca en trámite de alegaciones). Lo anterior no obsta, por tanto, a que el reclamante reitere su solicitud de información cuando transcurra el plazo de prórroga antes mencionado pues el propio Ministerio ha reconocido que la información que se solicita —y que se corresponde con la información que, con arreglo al artículo 2 del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que utilicen recursos del Plan Estatal de Vivienda, deben remitir al Ministerio— obrará en su poder a partir del 30 de abril de 2023. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA de fecha 18 de abril de 2022. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez