Reclamación sobre acceso a datos de solicitudes de nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática desestimada por falta de posesión de la información

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 11 de enero de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE JUSTICIA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Por la presente se solicitan los siguientes datos en poder de la administración con respecto a solicitudes de nacionalidad por disposición adicional octava de Ley 20/2022 (Ley de Memoria Democrática) presentadas en los Registros Civiles en España desde el 21 de octubre de 2022 hasta la fecha de recopilación de los datos y desglosadas por provincia de presentación y Anexo (I, II, III y IV): 1. Fueron admitidos a trámite. S/REF: 001-075780 N/REF: Expte. 549-2023 Fecha: La de firma Dirección: Información solicitada: Solicitudes de nacionalidad española al amparo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. R CTBG Número: 2023-0638 Fecha: 17/08/2023 2. Fueron aprobados. 3. Fueron denegados. 4. Inscripciones practicadas». 2. El MINISTERIO DE JUSTICIA dictó resolución con fecha 18 de enero de 2023 en la que contestó al solicitante lo siguiente: «(…) De acuerdo con lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a un órgano en cuyo poder no obra la información. Una vez analizada la solicitud, y tras realizar la labor de instrucción pertinente, esta Dirección General considera que la consulta incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que la obtención de la nacionalidad española al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional octava de la citada Ley 20/2022, de 19 de octubre, no se tramita en este Centro Directivo. Los expedientes sobre opción a la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en dicha disposición, son tramitados en los Registros Civiles españoles, Consulares o Municipales, correspondientes al lugar de nacimiento del solicitante. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 18.1.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, esta Dirección General resuelve inadmitir la solicitud de acceso a la información pública». 3. Mediante escrito registrado el 16 de febrero de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «Que se ha inadmitido a trámite el derecho de acceso a la información por dirigirse a órgano en cuyo poder no obra la información (artículo 18.1.d de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre), sin embargo, el citado artículo condiciona la inadmisión a “cuando se desconozca el competente”. En el presente caso, la propia resolución de inadmisión aclara que los expedientes de opción a la nacionalidad española en cuestión son tramitados en los Registros Civiles R CTBG Número: 2023-0638 Fecha: 17/08/2023 españoles. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es el órgano superior (Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil) de los Registros Civiles españoles por lo que no es posible que desconozca que la información solicitada obra en sus organismos dependientes. La Unidad de Información de Transparencia Central también ha aclarado que las UITs (en este caso la del Ministerio de Justicia) debe verificar quién posee la información solicitada y la remisión de las solicitudes a los organismos dependientes o centros competentes para resolver». 4. Con fecha 20 de febrero de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE JUSTICIA solicitando remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 3 de marzo de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «(…) La información solicitada como regla general corresponde a expedientes que son competencia de los registros municipales o consulares, en cada caso el que corresponda al domicilio del interesado, que son los órganos competentes, tal y como se establece en el Reglamento del Registro Civil. Adicionalmente, y dada la naturaleza de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, la gran mayoría de solicitudes las presentarán personas residentes fuera de España y, por lo tanto, en los Registros Civiles Consulares, dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, resultando residuales las solicitudes presentadas en las Oficinas Centrales y Generales en territorio español. Los únicos casos en los que se conocería de la solicitud en este Centro Directivo, conforme a lo establecido en la letra e) del apartado 1 del punto IV de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, serían aquellos en los que tras ser denegada la opción a la nacionalidad española por parte del Encargado del Registro Civil por el hecho de no cumplir con los requisitos que dispone la Ley 20/2022, de 19 de octubre, el interesado interpusiera el correspondiente recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Por último, en la resolución emitida por este Centro Directivo con fecha 18 de enero de 2023, y conforme a lo establecido en el punto 2 del artículo 18 de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, para aquellas solicitudes que sean inadmitidas conforme a lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 del artículo 18 de la citada ley, ya se indicaba el órgano, qué a juicio de este Centro Directivo, es competente para conocer de la presente solicitud. Es por ello que este Centro Directivo sigue considerando que la solicitud de información pública debe ser inadmitida conforme a lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por la que se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a un órgano en cuyo poder no obra la información, instando al interesado a que dirija su solicitud al órgano competente, a juicio de este Centro Directivo, en el asunto que es objeto de la misma». 5. El 6 de marzo de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que a la fecha de elaborar esta resolución se hayan recibido. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española que fueron admitidas a trámite, aprobadas y denegadas en virtud de la Disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y a las inscripciones practicadas desde el 21 de octubre de 2022 hasta la fecha de la recopilación de los datos, con el desglose por provincia de presentación. El Ministerio requerido inadmitió a trámite la solicitud en virtud del artículo 18.1.d) LTAIBG al no obrar la información en su poder, indicando que los expedientes de adquisición por opción de la nacionalidad española, de acuerdo con lo establecido en dicha disposición adicional, son tramitados en los registros civiles españoles, consulares o municipales, correspondientes al lugar de nacimiento del solicitante. 4. Sentado lo anterior, conviene recordar que el artículo 13 LTAIBG, antes transcrito, determina que el objeto del derecho de acceso a la información pública son los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados, por lo que la existencia previa de la información en su ámbito de competencias es condición necesaria para el reconocimiento del derecho. En el presente caso, el órgano requerido manifiesta, tanto en su resolución inicial como en sus alegaciones ante este Consejo, que la información requerida no obra en su poder debido a que, según establece el Reglamento de la Ley del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958, la tramitación de los expedientes para la obtención de la nacionalidad española no es competencia del Ministerio sino de los registros municipales y consulares del domicilio de los solicitantes. 5. No existiendo motivos para poner en duda la veracidad de estas afirmaciones, y habida cuenta de que de que la pluralidad de órganos potencialmente competentes impide aplicar la previsión del artículo 19.1 LTAIBG, no cabe estimar la reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por la Asociación “HIJOS Y NIETOS DE ESPAÑA” frente a la resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA de fecha 18 de enero de 2023. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez