Reclamación por falta de motivación en la inadmisión de solicitud de acceso a información sobre subvención de 2005

RESOLUCIÓN 147/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 590/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía- IDEA. Artículos 7 b) LTPA; 12 LTAIBG; 18.1 d) LTAIBG; Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 04 de agosto de 2023, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 06 de junio de 2023 ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Toda la información que se posea de (expediente, todo): BOJA número 56, Sevilla, 23 de marzo 2006. Subvención excepcional concedida en el 2005. Programa 54B - Aplicación: 0.1.12.00.01.00.76000 3.1.12.00.01.00.76000. .2006 Entidad: Mancomunidad para la Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos Guadalquivir. Objeto de la subvención: Realización del proyecto "Desarrollo de un sistema de gestión informatizado de flota de vehículos de recogida de residuos". Subvención: 120.000,00 euros.” 2. La entidad reclamada contestó la petición el 06 de julio de 2023, por Resolución del Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, de 05 de julio de 2023, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “INADMITIR A TRÁMITE la solicitud de información pública presentada por D. [nombre de la persona reclamante], al amparo del artículo 18.1, letra d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.” Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: 1. “Le escribo en el día de hoy tras recibir contestación por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a mi solicitud de información pública presentada el 06 de junio de 2023 número SOL-2023/[nnnnn]-PID@, y que dio origen al expediente núm. 2023/[nnnnn]-PID@ (…) ¿que deseo saber sobre? (…) Todo. Quien instalado los equipos, camiones instalados, etc. Supongo que todo esto se recoge en un supuesto concurso con una oferta que integra el expediente” Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 21 de agosto de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 07 de septiembre de 2023 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. En concreto, se aporta informe de la Unidad de Transparencia de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía- IDEA, en los siguientes términos, en lo que ahora interesa: “(…) 2. A la vista de la información solicitada, la Unidad de Transparencia, con fecha 12 de junio de 2023, remite un pertinente correo electrónico (Anexo 03) a la Dirección de Financiación y Fomento Empresarial, órgano interno de esta Agencia que pudiera gestionar la información solicitada, solicitando dé traslado, en su caso, de la información pública requerida por el interesado, manifestando ésta verbalmente que dicha información no está dentro del ámbito de actuación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por cuanto que no se ha concedido subvención excepcional alguna por esta Agencia a la entidad “Mancomunidad para la Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos Guadalquivir”. 3. A los efectos de conocer el órgano en cuyo poder obre la información solicitada, mediante sendos correos de fecha 20 y 21 de junio de 2023, la Unidad de Transparencia de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía envía la información identificativa de la misma a las Unidades de Transparencia de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a fin de que nos indiquen si se encuentra dicha solicitud en el ámbito de actuación de su competencia, al amparo del artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno – LTAIPBG –, para, en consecuencia, proceder a la derivación de la misma, de conformidad con el artículo 19.1 de la LTPA. Con fecha 20 y 29 de junio de 2023 se reciben sendos correos electrónicos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, en los que nos trasladan su respuesta negativa, no pudiendo procederse a la derivación a dichos entes directivos. A los efectos oportunos, tales actuaciones se acreditan los Anexos 04 a 07. 4. Ante la ausencia de respuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y la negativa anteriormente referida, no estando la solicitud de información pública dentro del ámbito de actuación de esta Agencia así como de ninguna de las citadas Consejerías, y desconociendo el órgano en cuyo poder obra la información, al amparo del artículo 18.1, letra d) de la LTPA, y atendiendo a lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 8, así como en las letras b), g), y h) del artículo 9, del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, la persona responsable de la Unidad de Transparencia, mediante informe/propuesta de resolución de 19 de mayo de 2023 (Anexo 08), propone al órgano competente para resolver la INADMISIÓN de la solicitud de información pública presentada por D. [nombre y apellido de la persona reclamante] 5. Mediante Resolución de 05 de julio de 2023 del Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Anexo 09), acuerda “INADMITIR A TRÁMITE la solicitud de información pública presentada por [nombre y apellidos], al amparo del artículo 18.1, letra d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.” 6. Con fecha 06 de julio de 2023 dicha Resolución fue notificada al interesado mediante sendos correos electrónicos a través de la plataforma telemática PID@ (Anexo 10) y a través de OUTLOOK (Anexo 11), solicitándose en los mismos el acuse de recibo, a fin de acreditar la puesta a disposición de la información solicitada, no siendo recibida la confirmación de entrega. Ahora bien, el propio reclamante reconoce, con la aportación de referidos correos, haber recibido la notificación de mencionada resolución. En consecuencia, la solicitud presentada por D. [nombre y apellido de la persona reclamante] fue tramitada, resuelta y notificada, conforme a la normativa en materia de transparencia. 7. Por último, en lo que concierne al escrito por el que el D. [nombre y apellido de la persona reclamante] presenta su reclamación, esta Unidad de Transparencia estima oportuno participarle a dicho Consejo que, aun resuelta la misma, se está trabajando en coordinación con el Secretariado de Transparencia de la Consejería de Presidencia así como con el resto de Unidades de Transparencia para conocer el órgano competente para atender y comunicar la información pública solicitada.” 3. El 25 de octubre de 2023 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es notificado a la entidad reclamada y a la persona reclamante los días 26 y 27 de octubre de 2023, respectivamente. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. c) de la LTPA, al ser la entidad reclamada una agencia de la Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 06 de julio de 2023, y la reclamación fue presentada el 04 de agosto de 2023, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “Toda la información que se posea de (expediente, todo): BOJA número 56, Sevilla, 23 de marzo 2006. Subvención excepcional concedida en el 2005. Programa 54B - Aplicación: 0.1.12.00.01.00.76000 3.1.12.00.01.00.76000. .2006 Entidad: Mancomunidad para la Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos Guadalquivir. Objeto de la subvención: Realización del proyecto "Desarrollo de un sistema de gestión informatizado de flota de vehículos de recogida de residuos". Subvención: 120.000,00 euros.” Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que en principio obrarían en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. 2. En su Resolución, la entidad reclamada inadmite la solicitud al amparo del artículo 18.1.d) LTAI- BG esto es, por ser haber sido dirigida “a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente “. La LTAIBG establece determinadas reglas de tramitación para aquellas solicitudes dirigidas a entidades u órganos en los que no obre la información pretendida. Así, según el artículo 19.1 LTAIBG, la entidad reclamada debe de remitir la solicitud al órgano competente que dispusiera de la información, si lo conociera, informando de esta circunstancia al solicitante; o, en el caso de no conocerlo, puede inadmitir este extremo de la solicitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1. d) LTAIBG. Para este último supuesto, el artículo 18.2 de la LTAIBG dispone: “En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud”. Puede deducirse que, en este último caso, la persona reclamante puede, si lo estima, presentar nueva reclamación ante el órgano que le sea indicado. Así lo ha indicado el Tribunal Supremo en su Sentencia 306/2020, de 3 de marzo: “Pues bien, los citados artículos 18.2 y 19.1 de la Ley 19/2013, prevé los dos supuestos siguientes. De un lado, cuando se ha declarado la inadmisión a trámite de la solicitud por la causa prevista en el artículo 18.1.d) de la citada Ley, porque la solicitud se dirigía a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. En este caso, el órgano que acuerda la inadmisión " deberá indicar" en la resolución el órgano que, " a su juicio", es competente para conocer de la solicitud (artículo 18.2). De modo que en estos casos de desconocimiento basta con aventurar una conclusión lógica sobre qué órgano sea el competente. Y, de otro, cuando, una vez admitida la solicitud, se repara que esta se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se dirige, que lo " remitirá al competente", si lo conociera, e informará de tal circunstancia al solicitante ( artículo 19.1 de la misma Ley 19/2013). De manera que la remisión directa sólo se produce en este segundo caso. Como se ve, en ninguno de los dos casos la Ley obliga al solicitante una búsqueda, localización y remisión de información. La Ley, según los casos vistos, obliga al órgano ante el que se presenta la solicitud a indicar quien es, a su juicio, el órgano competente, o bien a remitirlo al competente”. Esto es, en el supuesto del artículo 18.1. d) LTAIBG, la normativa no exige que la entidad localice y facilite la información, sino que informe del órgano o entidad en el que, a su juicio y tras las indagaciones correspondientes, en el que pudiera obrar la información. En la presente reclamación, la entidad reclamada se limitó resolver la inadmisión a trámite de la solicitud de información al amparo del artículo 18.1.d) de la LTAIBG, de lo que habrá que deducir que la información no obra en su poder y que desconoce el competente. Por otra parte, este Consejo ya ha manifestado su criterio sobre el esfuerzo razonablemente exigible a la entidad reclamada en la búsqueda de los “contenidos o documentos” que obren en su poder y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones (Resolución 37/2016, por todas), exigencia que puede extenderse a la identificación del órgano en los que puede obrar la información solicitada, a los efectos de la aplicación de los artículos 19.1 y 18.2 LTAIBG. Esto es, para la remisión de la solicitud al órgano competente o al menos informar al interesado del órgano que se estima competente. Y en nuestro caso en cuestión, la entidad ha alegado y acreditado que realizó dichas indagaciones. Sin embargo, no informó a la persona reclamante de lo realizado, privándole de una información que este podría haber utilizado para dirigir su solicitud a otras entidades. La entidad por tanto no motivó debi- damente la causa de inadmisión invocada, obviando la ya consolidada doctrina del Tribunal Supre- mo sobre la necesidad de que el órgano justifique debidamente, de manera clara y suficiente, la aplicación de las causas de inadmisión. Y que ello ha de realizarse no en la fase de alegaciones, sino en la propia resolución de inadmisión dictada, con objeto de no privar a la persona solicitante del derecho a conocer los motivos por los que la Administración no ha entrado en el fondo del asunto, y por lo tanto, de fundamentar debidamente su reclamación y posteriores actuaciones. Es por ello que el órgano reclamado debió motivar en la resolución dictada el 5 de julio de 2023 el esfuerzo infructuoso llevado a cabo para tratar de identificar al órgano competente que concedió la subvención excepcional sobre la que se reclama la información y motivar así la causa de inadmisión invocada. Procede pues estimar la reclamación. La entidad reclamada deberá informar a la persona reclamante de las actuaciones realizadas para la averiguación del órgano en el que pudiera obrar la información. Y en el caso que dispusiera de nueva información respecto a la indicada en el escrito de alegaciones, que se le informe igualmente. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “Toda la información que se posea de (expediente, todo): BOJA número 56, Sevilla, 23 de marzo 2006. Subvención excepcional concedida en el 2005. Programa 54B - Aplicación: 0.1.12.00.01.00.76000 3.1.12.00.01.00.76000. .2006 Entidad: Mancomunidad para la Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos Guadalquivir. Objeto de la subvención: Realización del proyecto "Desarrollo de un sistema de gestión informatizado de flota de vehículos de recogida de residuos". Subvención: 120.000,00 euros.” La entidad reclamada deberá informar a la persona reclamante de las actuaciones realizadas para la localización del órgano competente para resolver, teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídicos Cuarto y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, in- cluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.