Reclamación de acceso a información sobre documentos remitidos al Rey de España y resultado estimatorio por motivos formales

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 20 de diciembre de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE LA PRESIDENICA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: « En relación a las últimas decisiones mantenidas por el Presidente del Gobierno, que implican controvertidas decisiones con dubitativa legalidad constitucional como son la ley de amnistía, las reuniones con presencia de un verificador fuera de España, la posibilidad de celebración de un referéndum en Cataluña, el acceso a los secretos oficiales de grupos minoritarios que, con quiebra del orden constitucional S/REF: 00001-00084975 N/REF: 288/2024 Fecha: La de firma. Dirección: CRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Información solicitada: I nformación sobre diversa documentación remitida a S.M. el Rey de España. R CTBG Número: 2024-0667 Fecha: 18/06/2024 demostrada con su falta de reconocimiento de la monarquía y otras decisiones estratégicas como la reciente aprobación de la compra de hasta un 10% de telefónica, SOLICITO 1.- Copia de los documentos entregados a S. M. el Rey de España, informándole de las reuniones a celebrar con el fugado de la justicia Puigdemont y con el Presidente de la Generalitat de Cataluña, reuniones que. de producirse, a la vista de sus socios de gobierno, entrañarían una mutación constitucional de facto, así como el calendario de dichas reuniones, verificadores existentes, informes y estudios sobre la posibilidad de celebración de un referéndum en Cataluña e informes sobre las materias negociados con independentistas catalanes y vascos que afectan a la gobernabilidad de España. 2.- Copia de los documentos entregados a S. M. el Rey de España, justificativos de la decisión de compra de hasta el 10% de la empresa telefónica a través de la SEPI, fecha de comunicación de dicha adquisición y solicitudes efectuadas al monarca para, en su caso, obtener su intervención como mediador con el fondo saudí integrante e interesado también en la misma empresa. 3.- Copia de la documentación entregada o comunicada a S. M. el Rey de España sobre los compromisos adquiridos por el Presidente del Gobierno para lograr su investidura y que deberá realizar durante la legislatura.» 2. Mediante resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, de 17 de enero de 2024, se acuerda la inadmisión de la solicitud en los siguientes términos: « La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, delimita el ámbito material del derecho de acceso a la información pública a partir de un concepto amplio, abarcando cualquier documento o contenido, pero, a su vez, acota el alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos: que la información obre en poder de alguno de los sujetos incluidos en su alcance y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Pues bien, los requisitos necesarios para que el derecho de acceso prospere no concurre en este caso, en tanto que las actuaciones descritas en la solicitud, y sobre las que recae la información solicitada, no están relacionadas con las competencias de la Presidencia del Gobierno, motivo por el cual se inadmite a trámite la solicitud presentada.» 3. Mediante escrito registrado el 19 de febrero de 2024, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el R CTBG Número: 2024-0667 Fecha: 18/06/2024 Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que: « (…) en todo caso entendemos que conforme a la Ley del Gobierno y su artículo 2 corresponde al Presidente del Gobierno ejercer cuantas atribuciones le confieran la Constitución y las Leyes, y entre esta función, sin lugar a dudas, se encuentra la de informar al Rey de los asuntos de Estado, derecho que tiene el Rey de España conforme al artículo 62 de la Constitución Española. Por lo que la información demandada entendemos que se encuentra plenamente incardinada en las funciones del Presidente del Gobierno, no dándose la causa de inadmisión alegada por la Administración. Dicha documentación, a la vista de la respuesta emitida, ha de considerarse existente y al ser elaborada en el ámbito del Presidente del Gobierno, y de la que tiene conocimiento pleno, es pública y ha de ser entregada recibido respuesta a su solicitud. » 4. Con fecha 19 de febrero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El siguiente 15 de marzo tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: « (…) De acuerdo con el artículo el artículo 62.g) de la Constitución Española, corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. Por otro lado, el artículo 97 de la Carta Magna encomienda al Gobierno dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, así como ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. En este contexto, el Jefe del Ejecutivo mantienen despachos periódicos con el Jefe del Estado con el fin de informar sobre los asuntos tratados por el Gobierno de España reunido en Consejo de Ministros, cuando estos no sean presididos por el Monarca . Pues bien, las actuaciones acerca de las que se solicita información o no se corresponden con actuaciones del Gobierno sino de los partidos políticos, como es la información relacionada con acuerdos para la formación de gobierno o para el desarrollo parlamentario de la legislatura, o bien, hasta la fecha de resolución, no se ha materializado, como es la compra de acciones de la Compañía Telefónica S.A. por parte de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En todo caso, señalar que no obra en poder de este órgano, ningún tipo de registro de información que se corresponda con “ reuniones a celebrar con el fugado de la justicia Puigdemont y con el Presidente de la Generalitat de Cataluña, reuniones que. de producirse, a la vista de sus socios de gobierno, entrañarían una mutación constitucional de facto, así como el calendario de dichas reuniones, verificadores existentes, informes y estudios sobre la posibilidad de celebración de un referéndum en Cataluña e informes sobre las materias negociados con independentistas catalanes y vascos que afectan a la gobernabilidad de España” o “compromisos adquiridos por el Presidente del Gobierno para lograr su inves tidura y que deberá realizar durante la legislatura”. En relación con la información solicitada sobre la comunicación de la adquisición de acciones de la Compañía Telefónica S.A, esto es: “-documentos justificativos de la decisión de compra de hasta el 10% de la empresa telefónica a través de la SEPI, fecha de comunicación de dicha adquisición- y -solicitudes efectuadas al monarca para, en su caso, obtener su intervención como mediador con el fondo saudí integrante e interesado también en la misma empresa-”, señalar que la única información registrada que pudiera corresponderse con el literal del enunciado de la solicitud sería la que figura en la Referencia del Consejo de Ministros de fecha 19 de diciembre de 2023, en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Función Pública (actual Ministerio de Hacienda): 02 31219.aspx.» 5. El 18 de marzo de 2024 se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el 3 de abril de 2024 en el que señala: «En relación a las alegaciones presentadas por Presidencia, proceden en vía de alegaciones a contestar a la solicitud, cosa que no hicieron en la resolución. En definitiva, reconocen en sede de alegaciones, extemporáneamente, que no existe la documentación solicitada, salvo la publicada en la Referencia del Consejo de Ministros. Dejando constancia de lo manifestado procede por tanto la estimación por carácter formal, al no existir la información y contestarlo en sede de alegaciones, por lo que solicitamos del CTBG una resolución estimatoria sin más trámite.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la documentación entregada a S.M. el Rey de España en relación con diversos asuntos. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno dictó resolución en la que acuerda la inadmisión de la solicitud por referirse a cuestiones que no entran en el ámbito de sus competencias. Con posterioridad, en el trámite de alegaciones de este procedimiento explica con mayor profundidad (en los términos ya reproducidos) por qué se trata de información de la que no dispone y facilita el enlace a la página web de La Moncloa en el que se encuentra la única referencia existente respecto de la comunicación de la adquisición de acciones de la Compañía Telefónica. 4. A la vista de lo expuesto en los antecedentes de hecho esta resolución, y tomando en consideración que la reclamante ha manifestado en el trámite de audiencia que se le ha trasladado, si bien de forma tardía, que la información no obra en poder del órgano requerido, habiéndosele facilitado la única referencia de la que disponen relativa a una parte de la información, considera este Consejo que se ha proporcionado la información completa de la que se dispone, con arreglo al artículo 13 LTAIBG —esto es, aquellos contenidos o documentos que obran en poder del sujeto obligado por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones—. En consecuencia, tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la información se completa y proporciona una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, procede la estimación por motivos formales al no haberse respetado el derecho de la solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación interpuesta por frente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez