Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El solicitante pidió información sobre obras y contratos relacionados con el contrato 1-SERV/2008 a la EMSHI. La administración inadmitió parte de la solicitud alegando que la información estaba en una empresa mixta no sujeta a la ley de transparencia. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando a la EMSHI a obtener la información de la adjudicataria.
La Asociación Plataforma para la Defensa del Agua del Valle de Lecrín solicitó a la Dirección General de Recursos Hídricos el expediente completo sobre una planta embotelladora. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a remitir la solicitud al órgano competente por no haberse hecho previamente.
Una asociación solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica actas e informes técnicos sobre la erupción volcánica de La Palma. El Ministerio remitió la solicitud al Gobierno de Canarias por no poseer la información y ser de competencia autonómica. La asociación reclamó por silencio, alegando competencia estatal. El CTBG desestima la reclamación, confirmando que el Ministerio actuó correctamente al trasladar la solicitud según el art. 19.1 LTAIBG, ya que la información no obraba en su poder y era de ámbito autonómico.
El reclamante solicitó al Servicio Andaluz de Salud el detalle de solicitudes, puntuaciones y la motivación de la declaración desierta de un puesto directivo. El SAS inadmitió la solicitud alegando que el interesado debía seguir el régimen administrativo común. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al comprobar que el procedimiento ya había finalizado.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Educación datos de la EBAU 2021-2023 desglosados por centro. La Consejería inadmitió la solicitud alegando no poseer la información. La Comisión de Transparencia estima la reclamación, indicando que la Consejería sí posee la información a través de la COEBAU y que la inadmisión fue incorrecta, ordenando conceder el acceso.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades información sobre su relación con Google (documentos, convenios, uso de servicios, requerimientos de retirada de contenido). El Ministerio inadmitió la solicitud alegando no poseer la información. El reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia, que la estimó por motivos formales, al considerar que la respuesta inicial del Ministerio fue incompleta, aunque confirmó que la información solicitada no obra en poder del Ministerio.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad leyes, reglamentos, estadísticas y procedimientos sobre cambios de sistema de salud autonómico por cambio de domicilio. El Ministerio concedió acceso parcial a estadísticas, denegando la normativa. El reclamante impugnó la denegación de la normativa. El Consejo estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar las leyes y reglamentos solicitados, al no haberse invocado un límite legal válido para su denegación.
Se solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno informes y el expediente del otorgamiento del título de "Real" a la Acadèmi de sa Llengo Baléà por la Casa Real. La solicitud fue inadmitida por no versar sobre actividades sujetas a Derecho Administrativo. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que la información no entra en el ámbito de aplicación de la LTAIBG para la Casa Real.
Un empleado solicitó al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública la resolución denegatoria de la indexación salarial de 2018. El Ministerio inadmitió la solicitud por inexistencia de la información. El reclamante impugnó ante el CTBG, buscando el reconocimiento y abono de dicha indexación. El CTBG desestima la reclamación, confirmando la inexistencia de la información y señalando que la pretensión es una actuación material ajena al derecho de acceso.
El reclamante solicitó al Ministerio de Cultura información sobre expedientes sancionadores por infracción del art. 13.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español. El Ministerio se declaró incompetente y remitió la solicitud a las CCAA, pero no emitió una resolución expresa. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a obtener una resolución en el plazo legal.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia documentación sobre el refrendo de la concesión del título de "Real" a la Academia de la Lengua Balear. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando incompetencia. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la resolución del Ministerio carecía de motivación suficiente y no justificaba adecuadamente su decisión, instándole a resolver la solicitud correctamente.
El reclamante solicitó a la CNMC información sobre requerimientos y censura de contenidos en Google relacionados con mercados y competencia, y si sus propias resoluciones habían sido censuradas. La CNMC no respondió en plazo, inadmitiendo tardíamente la solicitud por no poseer la información. El Consejo estima formalmente la reclamación por la falta de respuesta en plazo, pero confirma la inadmisión al no existir la información solicitada.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Defensa información sobre ayuda económica y militar a Ucrania, presencia de soldados españoles y aprobación parlamentaria. El Ministerio denegó parte por seguridad nacional y se declaró incompetente para la ayuda económica y aprobación parlamentaria sin indicar el órgano competente. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando al Ministerio retrotraer actuaciones y remitir la solicitud o indicar el órgano competente.
Una persona física solicitó al Ayuntamiento de Banyeres del Penedès documentos y explicaciones sobre la no aceptación de una moción. La GAIP resuelve que hay pérdida parcial del objeto por haber recibido parte de la información y desestima la solicitud de explicaciones, ya que el derecho de acceso se limita a información existente y no a la prestación de justificaciones narrativas.
El reclamante solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática información sobre clubes deportivos notificados en 2023 por sanciones a seguidores (prohibición de entrada a estadios o retirada de condición de socio) y el total de sancionados. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando incompetencia parcial y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando al Ministerio entregar la información al considerar que la posee y que la supuesta reelaboración no justifica la inadmisión.
El reclamante solicitó al Ministerio de Cultura información sobre ayudas públicas a la Masía Fortificada Torre Beltrans desde los años 90. El Ministerio respondió no tenerla y sugirió consultar el Archivo General de la Administración (AGA). El reclamante alegó que el Ministerio debía remitir la solicitud. El Consejo desestima la reclamación, al considerar que el AGA tiene un régimen jurídico específico de acceso a la información que desplaza la aplicación de la LTAIBG, por lo que la actuación del Ministerio fue correcta.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el registro anonimizado de matriculados en másteres de IE Universidad entre 2013 y 2024. El Ministerio no respondió en plazo, alegando posteriormente que IE Universidad es privada y no sujeta a la LTAIBG, y que no posee la información. El Consejo estima la reclamación por motivos formales debido a la falta de respuesta en el plazo legal, aunque el fondo de la solicitud fue inadmitido por el Ministerio.
El reclamante solicitó a la Consejería de Industria, Energía y Minas de Andalucía información edafológica sobre el Canal de Guadalcacín. Tras alegar la falta de respuesta satisfactoria, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque la entidad acreditó haber realizado indagaciones exhaustivas sin hallar la información ni el órgano competente.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores datos desglosados sobre visados de residencia (Ley 14/2013), inversión y aclaración de cifras publicadas. El Ministerio dio acceso parcial, alegando reelaboración y falta de competencia. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación: desestima desglose mensual y aclaración de cifras, pero insta a entregar la información en formato reutilizable y a remitir la parte de visados solicitados en España al Ministerio de Inclusión.
Se solicitó al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya información sobre licencias y establecimientos de naturaleza sexual. El reclamante solicitó mediación tras una respuesta insuficiente. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio y conforme a la ley.
Una regidora solicitó al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya un listado de actividades registradas en Les Franqueses del Vallès. El organismo inadmitió la solicitud por no disponer de la información. La GAIP estima la reclamación, señalando que la inexistencia de datos es en sí misma información pública y ordena derivar la solicitud al Ayuntamiento correspondiente.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes saber si había recurrido una sentencia del TSJ de Madrid sobre un título nobiliario y su estado procesal. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que era información judicial y debía dirigirse al CGPJ. El reclamante argumentó que era información pública ministerial. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, indicando que la LTAIBG era aplicable y la inadmisión carecía de fundamento.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Educación copia del expediente de traslado de su hija menor. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando incompetencia y sugiriendo la Consejería de Educación de Canarias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando al Ministerio remitir la solicitud al órgano competente, ya que conocía su identidad y debía haberlo hecho directamente.
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad (INGESA) un documento de cobro de un crédito judicial a favor del INSALUD de 1999. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando incompetencia y desconocimiento del órgano competente, sin indicarlo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando al Ministerio remitir la solicitud al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, ya que la obligación de indicar o remitir recae en el órgano requerido.
Se solicitó a la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat de Catalunya los motivos por los cuales un examen de oposición es de tipo test. El interesado alegó que no era una consulta jurídica sino una petición de criterios de cambio de modelo. La GAIP finaliza la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la Administración remitió la convocatoria donde consta dicha decisión.
Una reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda documentación de un procedimiento de valoración colectiva de 1994 en Carboneros (Jaén). Alegó no haber recibido notificación postal de la resolución y sospechar una denegación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al constatar que el Ministerio notificó su resolución (inadmitiendo la solicitud y remitiéndola al Catastro competente) dentro del plazo legal y antes de que la reclamación fuera recibida por el Consejo.
Un ciudadano solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información sobre el gasto en campañas de reciclaje desde 2015 a 2024. El Ministerio inadmitió la solicitud por la vía de Transparencia (LTAIBG) al considerarla información ambiental, remitiéndola a la vía específica (LAIMA). El reclamante alegó arbitrariedad en esta clasificación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información ya había sido concedida por el Ministerio a través del procedimiento de información ambiental.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el texto de una resolución de 1986 sobre el Seguro Escolar. Tras una denegación basada en que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social no disponía del texto, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre el personal médico sin especialidad MIR, incluyendo distribución, edad y tipo de contrato. El reclamante alegó falta de respuesta y denegaciones indebidas. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias desestima parcialmente las reclamaciones, estimando solo aquella donde hubo silencio administrativo.
El solicitante pidió a la AEAT datos sobre inspecciones y sanciones por regalos de boda, alertas bancarias y validez de denuncias. Tras la denegación de la AEAT basada en la reserva tributaria, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos estadísticos de inspecciones solo para Ceuta y Melilla.
Se solicitó al Departamento de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat de Catalunya información sobre el desarrollo del expediente judicial electrónico. El solicitante alegó que dicha programación es información pública. La GAIP desestimó la reclamación porque la Administración informó que no disponía de la información solicitada en el momento de la petición.
El ciudadano solicitó a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública información sobre plazas del cuerpo de Educadores de Especial ocupadas temporalmente a diciembre de 2021. Tras alegar la administración la imposibilidad de localizar los datos por procesos en curso, el Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la parte de la información que ya conste en su poder.
El solicitante pidió a la UNED el expediente de valoración de méritos de un proceso selectivo de profesorado tutor. Alegó que la UNED debió remitir la solicitud al órgano competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, al ser un procedimiento en curso y el solicitante un interesado, debe aplicarse la Ley 39/2015 y no la LTAIBG.
El solicitante pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informes CITES sobre requisitos de núcleos zoológicos y autorizaciones autonómicas. Tras una inadmisión por vía de LTAIBG y posterior silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega de la información al no justificarse límites legales.
D.ª XXX solicitó al Servicio Territorial de Sanidad de León información sobre la dependencia de las ambulancias en una carrera de coches y la disponibilidad de servicios de urgencia en La Bañeza. Tras una inadmisión por falta de competencia, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a informar sobre la disponibilidad de ambulancias para urgencias ciudadanas.
Se solicitó al Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) el acceso a informes de intervención desde 2017 hasta junio de 2023. El IAS alegó que dicha información no era pública por la naturaleza de las funciones de control interno. La GAIP estima la reclamación, obligando al IAS a entregar los informes o solicitarlos a la Intervención General si no los tuviera.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre el cálculo del sueldo del presidente de Hispasat. La solicitante alegó que la entidad es sujeto obligado por recibir cuantiosas subvenciones públicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque Hispasat es una sociedad de capital mayoritariamente privado y no está sujeta al derecho de acceso.
Se solicitó al Departamento de Salud de Cataluña y a la AEMPS información sobre el dispositivo sanitario Essure (dossiers, guías y consentimientos informados). Tras inadmisiones mutuas por incompetencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio de Sanidad no respondió en plazo y solo facilitó la información tras el requerimiento del Consejo.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda información sobre la Oferta de Empleo Público 2022 de Castilla-La Mancha. Alegó falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el Ministerio actuó correctamente al remitir la solicitud a la Comunidad Autónoma elaboradora de la información, según el art. 19.4 de la LTAIBG.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social las actas de infracción y resoluciones sancionadoras del Ayuntamiento de Madrid desde 2013. El Ministerio denegó el acceso alegando secreto profesional y un régimen jurídico específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución de la reclamación a la espera de jurisprudencia firme del Tribunal Supremo.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información detallada sobre convocatorias de libre designación de la Carrera Diplomática (1960-2015). El solicitante alegó que la información no estaba disponible en el BOE. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el Ministerio acreditó no poseer dicha información en sus archivos.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores datos sobre ascensos diplomáticos entre 1960 y 2013. Tras la denegación del Ministerio, el interesado reclamó alegando la falta de datos en el BOE. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el Ministerio acreditó no disponer de la información en sus archivos.
Se solicitó al Ministerio del Interior el listado de clubes deportivos notificados sobre sanciones de prohibición de entrada a estadios en 2023 y el total de sancionados. El Ministerio denegó la primera parte por falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena remitir la solicitud a los órganos competentes.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes contratos y actas de reuniones con JUNTS y ERC, y subsidiariamente datos sobre costes y mediadores. El reclamante alegó fraude de ley al intervenir el Ministro en las negociaciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación solo por motivos formales debido al retraso en la respuesta.
Una asociación solicitó al Ministerio del Interior las actas de las mesas electorales y del voto CERA de 2023, y detalles sobre el escrutinio. El Ministerio remitió enlaces genéricos alegando incompetencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando al Ministerio remitir la solicitud a las Juntas Electorales competentes según el art. 19.1 de la LTAIBG.
D. XXX solicitó a la Junta Vecinal de San Juan de Redondo información sobre adjudicaciones de prados, rentas y contratos. La entidad denegó el acceso alegando que la documentación no estaba en su poder. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a la Junta a remitir la solicitud al órgano competente.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de la Presidencia documentación entregada al Rey sobre reuniones con independentistas, la compra de acciones de Telefónica y compromisos de investidura. Tras una inadmisión inicial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información disponible se facilitó tardíamente durante el proceso de reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre la puntualidad de las líneas C1 y C2 de Cercanías Málaga en 2023. ADIF inadmitió la petición alegando falta de disponibilidad, necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó al Ministerio de Presidencia documentación sobre el veto de España a la participación de la UE en la Operación Guardianes de la Prosperidad. Tras la falta de respuesta y posterior inadmisión por inexistencia de la información, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre vuelos y costes del traslado de migrantes de Canarias a la Península. El reclamante alegó falta de respuesta y fallos técnicos en la sede electrónica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió archivar la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, ya que el órgano competente (Ministerio de Inclusión) ya había respondido.
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