Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Un solicitante pidió a la Consejería de Hacienda de Ceuta información sobre actuaciones administrativas automatizadas y herramientas de interoperabilidad en la administración educativa no universitaria. Ante la falta de respuesta y posterior declaración de incompetencia de la Consejería, el Consejo de Transparencia estimó la reclamación. Ordena a la Consejería remitir la solicitud al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, al conocer el órgano competente, conforme al art. 19.1 LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Campoo de Enmedio información sobre la gestión de colonias felinas y recogida de animales. El Ayuntamiento rechazó la solicitud por incompetencia, alegando que la Mancomunidad Alto Ebro había asumido la competencia. El Consejo estima la reclamación porque el Ayuntamiento, al conocer al órgano competente, debió remitir la solicitud según el art. 19.1 LTAIBG, en lugar de rechazarla.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia el Plan de cumplimiento normativo y prevención de delitos de FEREDE. El Ministerio inadmitió la solicitud por no obrar en su poder. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque el Ministerio no posee la información, ya que no forma parte de sus funciones ni del registro de entidades religiosas, y FEREDE, como entidad privada, no está sujeta al derecho de acceso de la LTAIBG.
Se solicita el listado de federados de la isla de Gran Canaria a la Federación Canaria de Hípica. La Federación insular de hípica de Gran Canaria interpone reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Canarias. El organismo decide la inadmisión de la reclamación porque las federaciones deportivas, al ser entidades privadas, no están sujetas al derecho de acceso a la información.
El interesado solicitó datos y documentos sobre los responsables de la coordinación bilingüe en un IES de Sevilla (2018-2024). La administración denegó parte de la información alegando que no obraba en su poder. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque, aunque la administración concedió parte del acceso, no acreditó haber puesto efectivamente la información a disposición del solicitante.
El reclamante solicitó información sobre una subvención del Consejo Superior de Deportes directamente al Club Natació Sant Andreu. La GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública) de Cataluña desestima la reclamación e inadmite el procedimiento porque el interesado no presentó una solicitud de acceso formal a la administración responsable y, además, el organismo competente es estatal.
La asociación Ecologistas en Acción solicitó a la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de Málaga información sobre el estado de tramitación de la declaración del casco antiguo de Marbella como conjunto histórico. La administración inadmitió la solicitud alegando que, al ser interesados en el procedimiento, debían regirse por la normativa administrativa ordinaria. El Consejo de Transparencia de Andalucía declara la pérdida de objeto debido a que la administración facilitó la información tras la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia el número de sentencias condenatorias por discriminación salarial por género (2015-2024) y las empresas más condenadas. El Ministerio inadmitió la solicitud por incompetencia, sugiriendo el CGPJ, que también carecía de los datos. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación al concluir que la información no obraba en poder de ningún sujeto obligado de la Administración General del Estado, requisito esencial para el derecho de acceso.
El reclamante solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (INSS) un "Informe sobre accidente laboral" de su padre, luego aclarado como un "Parte de accidente.pdf" de su expediente de pensión de orfandad. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, instando al INSS a entregar el documento, al considerar que obraba en su poder y no se alegó causa de inadmisión o límite legal.
Se solicitó al Ministerio de Igualdad información sobre protocolos ante agresiones a menores en colegios. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que el Ministerio actuó correctamente al inadmitir la solicitud (Art. 18.1.d LTAIBG) por no poseer la información ni tener competencia, e identificar a la Comunidad Autónoma de Cantabria como órgano competente.
Se solicitó a la Consejería de Fomento de Cantabria información sobre un inmueble. La Consejería remitió la solicitud al Ayuntamiento de Santander por incompetencia. El reclamante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia, que desestima la reclamación al considerar que la Consejería actuó correctamente al remitir la solicitud al órgano competente, y no admite nuevas cuestiones en el trámite de audiencia.
Un solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre protocolos ante agresiones a menores. El Ministerio cerró la solicitud por incompetencia. El Consejo de Transparencia estima la reclamación y ordena la retroacción de actuaciones, ya que el Ministerio debió remitir la solicitud al órgano competente o indicarlo, conforme a los artículos 18 y 19 de la LTAIBG, y no respondió al requerimiento del Consejo.
La Junta de Personal de Funcionarios AGE de Valladolid solicitó a la ITSS/Ministerio de Trabajo y Economía Social la relación individualizada de complementos de productividad de sus funcionarios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación al haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes, conforme al artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 30 LPAC.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda la relación individualizada del complemento de productividad de sus funcionarios. El Consejo de Transparencia inadmitió la reclamación porque fue presentada el 14 de julio de 2025, fuera del plazo de un mes que finalizaba el 7 de mayo de 2025, tras la resolución del organismo de 7 de abril de 2025.
Se solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática informes sobre la cesión de un edificio al PNV bajo la Ley de Memoria Democrática. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, vulnerando el derecho del reclamante a obtener una resolución en tiempo, a pesar de que posteriormente informó de la inexistencia de los informes.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones copia de un informe de inspección sobre acoso laboral y actuaciones previas. El Ministerio no respondió en plazo, amplió el plazo de forma extemporánea e injustificada, y luego redirigió la solicitud internamente. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, instando al Ministerio a resolver la solicitud de acceso de forma integral en 10 días hábiles.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el número de partes de lesiones por violencia de género/agresión sexual notificados por hospitales a la autoridad judicial, desglosado por año y hospital. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque el Ministerio no poseía la información detallada y actuó correctamente al remitir la solicitud al CGPJ, que tampoco la tenía y dirigió a los órganos judiciales competentes, conforme al artículo 19.1 LTAIBG.
El Club Deportivo Drago Pádel solicitó información sobre subvenciones de 2020 y 2021 a la Federación Canaria de Pádel. Tras la respuesta de la entidad, el interesado reclamó ante el Comisionado de Transparencia de Canarias. El organismo de transparencia decidió inadmitir la reclamación por falta de competencia, al no ser las federaciones deportivas sujetos obligados a tramitar solicitudes de acceso.
El Club Deportivo Drago Pádel solicitó presupuestos y facturas a la Federación Canaria de Pádel. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación por silencio administrativo. El Comisionado de Transparencia de Canarias acuerda la inadmisión de la reclamación, argumentando que las federaciones deportivas, aunque tengan obligaciones de publicidad activa, no son sujetos obligados al derecho de acceso.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por inadmitir una solicitud de acceso a un "Acuerdo de Colaboración" y un "Anexo de Encargo de Tratamiento" entre OCU y un bufete. El Ministerio alegó un régimen específico del REACU, pero el Consejo dictaminó que la LTAIBG es plenamente aplicable al no existir una norma de rango legal que la desplace.
Se solicitó a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid el expediente de limitación de circulación en la M-322 y un Convenio de Colaboración. El reclamante alegó falta de respuesta y entrega ineficaz de los documentos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, instando la entrega del expediente y desestimando el Convenio por inexistencia del documento.
Se solicitó a la CELAD/Ministerio de Educación, Cultura y Deportes copia de las resoluciones emitidas por su Comité Sancionador Antidopaje en 2024. La CELAD denegó el acceso alegando protección de datos y aplicación de la Ley 39/2015. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, dictaminando que la Ley 39/2015 no desplaza la LTAIBG y que la información debe facilitarse previa anonimización, como ya se había hecho en casos anteriores.
El reclamante solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social información sobre el dinero destinado a reducir la brecha de género en la siniestralidad laboral (2014-2024). El Ministerio no respondió en plazo y su posterior "concesión parcial" no facilitó los datos ni el órgano competente. El Consejo estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información o identificar al competente, al considerar que la inadmisión fue incorrecta.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre una "trasposición europea" en una reforma legal para rebajar penas a "asesinos de ETA". El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la información se refiere a la tramitación parlamentaria de una ley, actividad del Congreso de los Diputados no sujeta a Derecho Administrativo, y por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes las actividades de tratamiento de datos personales de la aplicación Perit@. El Ministerio inadmitió la solicitud, pero tras una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, concedió el acceso a la información. El Consejo estimó la reclamación por motivos formales, al haberse reconocido el derecho de acceso de forma tardía.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre la modificación del Catastro de 1990 en San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), incluyendo fechas, resoluciones, notificaciones y detalles del contrato de actualización. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, indicando que la información no era solo catastral sino también contractual, y que la administración debe recabar la información histórica del Archivo Provincial si es la titular, en lugar de denegar el acceso.
El reclamante solicitó al Consejo General de la Abogacía Española un acta o documento sobre la colegiación no ejerciente de una persona. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación por una manifiesta incongruencia entre la información solicitada inicialmente y la pretendida en la reclamación, ya que la naturaleza revisora del procedimiento no permite alterar el objeto de la solicitud.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes información sobre las costas procesales abonadas por el Ayuntamiento de La Cistérniga en un procedimiento judicial. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió a la solicitud en el plazo legal establecido, vulnerando el derecho del reclamante a una respuesta ágil.
La reclamante solicitó al MAPA identificar el órgano competente para quejarse de la falta de respuesta del Gobierno de La Rioja sobre el censo de una explotación ganadera irregular. El CTBG archiva la reclamación contra el MAPA porque, aunque este erró al no remitir la queja al CTBG, el Consejo ya había tramitado y estimado la reclamación autonómica subyacente en un expediente separado.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda informes sobre la situación de cónyuges/parejas de hecho de personal desplazado (acceso a puestos, derechos de antigüedad/pensiones) y si mantienen dichos derechos. El Consejo desestima la reclamación porque Hacienda remitió correctamente la solicitud al Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, considerado competente según el art. 19.1 LTAIBG, el cual ya ha dictado resolución sobre el asunto.
Se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el expediente de autorización de un cable aéreo de transporte de carbones de 1955. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando no poseer la información. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información o identificar el órgano competente, al considerar insuficiente la justificación de inadmisión y la falta de respuesta a las alegaciones.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Mahón copias de actas y órdenes del día del Consorcio Militar de Menorca. El Ayuntamiento se declaró incompetente, alegando que el Consorcio tiene personalidad jurídica propia. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ya que el Ayuntamiento conocía al órgano competente y debió remitir la solicitud al Consorcio, conforme al artículo 19.1 LTAIBG.
Se solicitó al SEPE información sobre contratos (indefinidos, temporales, duración, rescisiones disciplinarias, despidos improcedentes) de la empresa Exlabesa Building Systems S.A.U. desde 2018. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la información, aunque numérica, revela estrategias internas de una empresa privada y el interés público no prevalece sobre la protección de sus intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), además de que el SEPE no disponía de todos los datos.
Una funcionaria solicitó a la Consejería de Salud y Consumo un informe de recursos humanos sobre su destino provisional. La entidad inadmitió la solicitud alegando que existía un procedimiento administrativo en curso y un proceso judicial paralelo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar el documento.
El reclamante solicitó a la Confederación Hidrográfica del Júcar informes sobre la Directiva 2007/60 (riesgos de inundación) y denuncias. El organismo inadmitió la solicitud por la vía de la LTAIBG, remitiéndola a la unidad competente en información ambiental (Ley 27/2006), que ya había respondido. El Consejo desestima la reclamación porque no se impugna una denegación de fondo, sino una inadmisión que derivó en una respuesta efectiva.
Se solicitó a la AEAT acceso al expediente completo de gestión tributaria del IRPF 2021 de la reclamante. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de la AEAT. La decisión se basa en que, al ser la solicitante parte interesada en un procedimiento en curso, el acceso se rige por la Ley General Tributaria, no por la Ley de Transparencia, según la Disposición Adicional Primera de esta última.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Cádiz información detallada sobre subvenciones Erasmus (2021-2024) de la EOI de Chiclana. El reclamante alegó falta de motivación y arbitrariedad ante la denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por falta de indicación del órgano competente y denegación indebida de datos en curso.
Una asociación solicitó al Ministerio de Política Territorial copias digitales de expedientes de plantas fotovoltaicas y eólicas en los que era parte interesada. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que el acceso a esta información se rige por la normativa específica del procedimiento administrativo (LPACAP) para interesados en expedientes en curso, y no por la Ley de Transparencia (LTAIBG).
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes copias de las actas acreditativas del título de Procurador de los Tribunales de un particular. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque el Ministerio no posee las actas solicitadas, solo oficios de remisión y acuses de recibo que ya fueron entregados al solicitante en un expediente anterior.
Se solicitó al Ministerio del Interior un listado detallado de las activaciones del sistema ES-Alert. El Consejo de Transparencia estima la reclamación porque el Ministerio no entregó la información completa ni justificó adecuadamente la inadmisión de ciertos puntos (como mensajes de texto o solicitudes de activación), además de haber respondido fuera del plazo legal. Se le insta a completar la información.
La Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales solicitó a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre el ICE, incluyendo costes salariales y número de trabajadores en 2022, así como valoraciones y peticiones de actuación. Ante la denegación presunta, se reclamó. La Comisión estima parcialmente la reclamación, ordenando a la Consejería remitir la parte de la solicitud relativa a datos de personal al ICE, por ser el órgano competente, e informar al solicitante, ya que la Consejería no cumplió con el deber de reenvío y notificación. Las demás peticiones no son información pública.
El Consejo de Transparencia estima formalmente la reclamación contra el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por no responder a la solicitud de acceso a información sobre la titularidad de la carretera HV-5015. Aunque el Ministerio alegó no poseer la información y no ser competente, la resolución se basa en la falta de respuesta en el plazo legal, un incumplimiento esencial del derecho de acceso.
El sindicato LAB reclamó al Consejo de Transparencia de Navarra la negativa del Ayuntamiento de Pamplona a facilitar el plan de trabajo de centros de limpieza municipal. El Ayuntamiento alegó no poseer la información. El Consejo estima parcialmente la reclamación, declarando ilegal la inadmisión y ordenando la retroacción del procedimiento, ya que la información pública incluye la de terceros que prestan servicios públicos y la respuesta inicial fue tardía.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda una consulta jurídica sobre la obligación de auditar cuentas anuales de entidades perceptoras de subvenciones. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la petición no versaba sobre información pública preexistente, sino sobre una interpretación jurídica, lo cual no es competencia del Consejo ni se encuadra en el derecho de acceso a la información del artículo 13 LTAIBG.
Una ciudadana solicitó a la Conselleria de Sanitat datos sobre contenciones mecánicas y químicas (2019-2023). La administración inadmitió la solicitud alegando imposibilidad de identificar el órgano competente. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, determinando que la información es accesible y que la administración debe recabarla de sus centros sanitarios.
El reclamante solicitó a la Comunidad General de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora una copia del acta de concesión de agua de riego. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación y ordenó a la Comunidad de Regantes que remitiera la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Duero, ya que, aunque se declaró incompetente, conocía al organismo competente y no la remitió, incumpliendo el art. 19.1 LTAIBG.
Se solicitó a la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo copia de su concesión de agua de riego. El organismo se declaró incompetente. El Consejo de Transparencia estima la reclamación y ordena la retroacción de actuaciones, instando a la Comunidad de Regantes a remitir la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Duero, conforme al artículo 19.1 LTAIBG, ya que conocía al organismo competente.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes copia del acuerdo del Consejo de Ministros de 1973 sobre el Campo de Gibraltar y documentación relacionada. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, obligando al reclamante a interponer la reclamación para ver reconocido su derecho.
El reclamante solicitó a la Confederación Hidrográfica del Júcar el valor del caudal de riesgo en sus puntos de aforo. La CHJ inadmitió la petición por considerarla información ambiental. El Consejo de Transparencia archiva la reclamación porque el solicitante desistió expresamente tras recibir una respuesta satisfactoria de la administración, dando por concluido el procedimiento.
El Consejo de Transparencia estima la reclamación contra el Ministerio de Igualdad por denegar información sobre víctimas mortales de violencia de género registradas en VioGén (2019-2023). Aunque el Ministerio no poseía directamente los datos, conocía al competente (Ministerio del Interior) y debió remitir la solicitud según el art. 19.1 LTAIBG, en lugar de indicar al reclamante que se dirigiera a él. Se ordena la retroacción para que Igualdad reenvíe la petición a Interior.
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