Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación información sobre inspecciones, incumplimientos y auditorías en explotaciones de cebo de palmípedas grasas para foie gras (2020-2024). El Ministerio concedió acceso parcial, denegando lo relativo a auditorías por no obrar en su poder. El Consejo de Transparencia archivó la reclamación debido al desistimiento expreso de la solicitante.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa la identidad y datos profesionales del empleado encargado de tramitar una solicitud previa. El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando que la información ya había sido respondida. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que la inadmisión es improcedente.
Se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información e indicadores clave de eficiencia energética de tres instalaciones de Amazon Data Services Spain. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información obraría en una base de datos de la Comisión Europea, no sujeta a la LTAIBG. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la LTAIBG no es aplicable a instituciones de la UE, y el acceso se rige por normativa europea.
El reclamante solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social información sobre empresas que recibieron ayudas para la semana laboral de cuatro días. Ante la falta de respuesta inicial, interpuso una reclamación. Posteriormente, el Ministerio respondió y el reclamante solicitó el archivo de la reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acordó archivar la reclamación por desistimiento expreso del solicitante, conforme al artículo 94 de la LPAC.
Una asociación solicitó al Ministerio de Hacienda el índice de un expediente de consulta tributaria, la identificación de responsables y los nombramientos de agentes ejecutivos de una Comunidad de Regantes con autorización para embargos. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación: desestimó la primera parte por regirse por normativa tributaria específica, pero instó al Ministerio a entregar los nombramientos de agentes, al considerarla información pública y de su competencia.
Se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica información sobre hectáreas expropiadas para obras públicas (2014-2024), desglosada por año, CCAA, coste y propiedades. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la misma información ya había sido entregada al solicitante en una reclamación previa idéntica, que fue archivada por satisfacción del interesado.
Se solicitó al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana información sobre la rehabilitación de un edificio en Galicia financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando al Ministerio retroceder y remitir la solicitud a la Xunta de Galicia, al haber inadmitido incorrectamente la petición en lugar de enviarla al órgano competente conocido.
DANOS INVESTMENT S.L. solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica el plano CAD de un deslinde. El Ministerio inadmitió la solicitud por la vía de transparencia. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que, al ser el solicitante parte interesada en un procedimiento en curso, el acceso a la información debe tramitarse por la Ley 39/2015 (LPAC) y no por la Ley de Transparencia (LTAIBG), según su Disposición adicional primera.
El interesado interpuso un recurso de reposición ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid contra la resolución de archivo de la AEPD, que a su vez denegaba el acceso a datos sanitarios de su madre a la Consejería de Sanidad. El reclamante alegó falsedad documental y solicitó una auditoría e investigación de los sistemas informáticos. El Consejo declaró la reclamación inadmitida por falta de competencia, al corresponder a la AEPD el conocimiento de las reclamaciones sobre protección de datos personales y no a este organismo.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el registro anonimizado de matriculaciones en másteres de IE Universidad (2013-2024). El Consejo de Transparencia inadmite la reclamación porque ya había resuelto la misma solicitud previamente (R CTBG 1116/2024). En aquella ocasión, se estimó la reclamación por falta de respuesta, pero se confirmó la inadmisión de la solicitud original al no estar la universidad privada sujeta a la LTAIBG y no obrar la información en poder del Ministerio. La reclamante no recurrió esa resolución.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el desglose anual de pagos de la NASA a España por el uso de instalaciones (2003-2024). El Ministerio denegó el acceso alegando no poseer la información y que provenía de un organismo extranjero. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a facilitar la información o remitir la solicitud al órgano competente, al considerar que incumplió los plazos y la obligación de reencauzar la petición.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones copia anonimizada de resoluciones de expedientes de pensión. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque, aunque es información pública, la anonimización total la convertiría en un texto genérico sin valor, y no hay interés público que prevalezca sobre la protección de datos personales sin consentimiento.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona un listado en Excel del Registro de Establecimientos Minoristas de Alimentación. El reclamante alegó la falta de entrega de la información. La GAIP finaliza la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento derivó la solicitud a la Agencia de Salud Pública de Barcelona, entidad que finalmente entregó la información.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el gasto en campañas de prevención de incendios forestales (2014-2024). El Ministerio inadmitió la solicitud por la vía de la LTAIBG, remitiéndola como información ambiental, pero no respondió. El Consejo de Transparencia estima la reclamación al constatar el silencio administrativo y la falta de justificación de límites para denegar el acceso a información pública ambiental.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Madrid la lista de espera y el procedimiento de adjudicación de plazas del parking de residentes de Ginzo de Limia (2008). El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando no poseer la información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid estima la reclamación porque el Ayuntamiento conocía el órgano competente (EMT Madrid) y debió remitir la solicitud.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información sobre la concesión de agua, tasas y sanciones a la Entidad urbanística El Bosque. El Ministerio inadmitió la solicitud, pero la Confederación Hidrográfica del Tajo, tras la reclamación, facilitó la información. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de acceso en el plazo legal.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible documentación sobre expropiaciones y convenios urbanísticos de la parcela 811 y colindantes por la construcción de la R3. El Consejo desestimó la reclamación porque el Ministerio facilitó la información que obraba en su poder (planos parcelarios) e indicó los organismos competentes para el resto, al no estar la parcela 811 afectada por las obras de la R3 bajo su competencia.
Se solicitó a la Dirección General de Consumo copia de un expediente derivado de una denuncia y la cancelación de una anotación de riesgo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la primera petición porque la información ya fue notificada y no existe más documentación, e inadmitió la segunda por no ser una solicitud de información pública.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda (Catastro) copia de la documentación de una ponencia de valores de 1993 relativa a la reclamante. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la Gerencia Territorial del Catastro archivó indebidamente la solicitud por falta de subsanación de una referencia catastral, siendo esta información no exigible para acceder a ponencias de valores y ya obrando en poder de la Administración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa la identificación de un empleado, una propuesta de designación de la Diputación de Sevilla, una resolución de alcaldía y una propuesta de resolución. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la resolución de alcaldía por falta de motivación en la denegación.
Se solicitó a la Confederación Hidrográfica del Ebro información sobre hectáreas expropiadas por el Ministerio de Transición Ecológica (2014-2024) para obras públicas, desglosada por año, CCAA, coste y propietarios. La CH del Ebro inadmitió por incompetencia y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la CH es competente y la inadmisión por reelaboración no fue justificada ni proporcional, instando a entregar la información.
Se solicitó al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya el gasto público anual de cada ayuntamiento en actos taurinos (2013-2024). El reclamante alegó no haber recibido la información de los municipios. La GAIP desestimó la reclamación porque la Administración respondió correctamente que no es competente y derivó la solicitud a los ayuntamientos afectados.
Una asociación solicitó información sobre las competencias y permisos para la matanza de animales y tiradas de tiro de pichón a la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública la inadmite por falta de competencia, señalando que el órgano competente es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre la estrategia anticorrupción de España, requisitos de transparencia para altos cargos y familiares, y requerimientos de la UE. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la administración no respondió en el plazo legal, obligando a la solicitante a interponer la reclamación.
Se solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información sobre la autorización administrativa de una red de telecomunicaciones en Pastrana. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación porque el Ministerio no respondió en plazo y, conociendo la competencia del Ayuntamiento de Pastrana, no remitió la solicitud, incumpliendo el art. 19.1 LTAIBG. Se ordena la retroacción para que el Ministerio reenvíe la solicitud al Ayuntamiento.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre el archivo parcial de una denuncia disciplinaria y actuaciones del protocolo de acoso laboral. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación. Concedió el acceso a la parte archivada de la denuncia, con disociación de datos, por interés público y falta de régimen específico. Denegó el acceso a la información del protocolo de acoso laboral vinculada a un expediente disciplinario en curso al momento de la solicitud, aplicando el límite de perjuicio a la investigación.
El solicitante pidió a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga un informe ejecutivo sobre qué compañía es competente para suministrar agua en una finca. Tras ser remitido al Ayuntamiento, el interesado reclamó alegando vulneración de su derecho a información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por no solicitar información pública existente.
Una concejala solicitó diversa documentación y citas presenciales al Ayuntamiento de El Carpio. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: obliga a entregar la documentación no facilitada por silencio administrativo, pero inadmite las solicitudes de citas presenciales por no ser información pública y otras dos por extemporaneidad.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre los méritos de Begoña Gómez para una cátedra. La Secretaría General inadmitió la solicitud por no obrar en su poder ni haber sido elaborada en el ejercicio de sus funciones. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la información no es pública al referirse a actividades privadas y no estar en posesión del órgano ni haber sido generada en el ejercicio de sus funciones.
El Colegio Buen Pastor de Sevilla solicitó a la Dirección General de Coordinación Universitaria las medias de la PevAU 2024 por centros educativos. La entidad inadmitió la solicitud alegando que ya no disponía de dichos datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque la entidad no indicó qué órgano podría ser el competente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gata información sobre la tasa del servicio de agua (fechas de imposición, aplicación de ordenanza y creación de padrón). El Ayuntamiento respondió tardíamente, tras la reclamación, y el solicitante cuestionó la concreción de la fecha de creación del padrón. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó fuera del plazo legal, aunque considera que la respuesta fue suficientemente específica.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades copia de convenios y registros de universidades públicas sobre dobles titulaciones con la Universidad César Vallejo y entidades relacionadas. El Consejo desestima la reclamación porque el Ministerio no es competente, siendo la información de las universidades autónomas. Aunque el Ministerio debió remitir la solicitud, el reclamante ya la había dirigido a las universidades.
Se solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno documentación sobre la organización e invitados a la celebración del décimo aniversario del reinado de Felipe VI. La Administración inadmitió la solicitud alegando el Convenio de Tromsø y el ámbito de aplicación de la LTAIBG. La reclamante alegó falta de motivación. El Consejo desestima la reclamación, indicando que la información de la Casa Real no está sujeta a Derecho Administrativo y que el Gobierno no organizó los actos.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la reconsideración de una resolución de concurso, los motivos de la no adjudicación de un destino y el acta de valoración del tribunal. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la solicitud original era un recurso administrativo, no una petición de información pública. La reclamación de transparencia es sustitutiva de los recursos administrativos, impidiendo su simultaneidad.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre reuniones y documentación relativa a las gestiones del expresidente Zapatero en la liberación de presos políticos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, aunque la información fue facilitada tardíamente durante el procedimiento de reclamación.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre el viaje oficial del Presidente a China (acompañantes, invitación, informes sobre aranceles de vehículos eléctricos y acuerdos). El Consejo de Transparencia estimó formalmente la reclamación porque la Administración no respondió en el plazo legal, aunque la información fue proporcionada tardíamente durante el proceso de reclamación.
El solicitante pidió a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid información sobre la revalorización de los jardines de La Moncloa. Alegó silencio administrativo y falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección Datos desestimó la reclamación porque la información no obra en poder de la Comunidad, siendo competencia de Patrimonio Nacional.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre reuniones en La Moncloa entre un empresario y la esposa del Presidente, incluyendo aquellas con el Presidente. Ante la falta de respuesta y posterior inadmisión por la Administración, el reclamante alegó que la información existe por seguridad y que el CTBG ya la consideró pública. El Consejo estima parcialmente la reclamación, desestimando la parte sobre la esposa del Presidente por falta de objeto, pero instando a la Administración a resolver sobre las reuniones donde asistió el Presidente.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre reuniones de Begoña Gómez Fernández en Moncloa. La Secretaría General inadmitió la solicitud alegando que no posee funciones relacionadas con la agenda de la cónyuge del Presidente. El reclamante interpuso recurso. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que la información no obra en poder del órgano al no haber sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones.
Un ciudadano solicitó al Ministerio del Interior información sobre cortes de tráfico en la calle Padre Damián en 2024 por eventos en el Bernabéu. El Ministerio se declaró incompetente y remitió al Ayuntamiento de Madrid. El reclamante alegó que el Ministerio era competente. El Consejo desestima la reclamación al constatar que el Ministerio no es competente y que la información solicitada no existe en su poder, corroborado por el Ayuntamiento.
La solicitante presentó una petición de información ante el Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia. Tras analizar la competencia, la Comisión de Transparencia de la Región de Murcia decide la inadmisión de la solicitud por no obrar la información en el órgano requerido, indicando que debe dirigirse al Servicio Murciano de Salud.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes datos sobre ITV (vehículos sin ITV, sanciones, accidentes, rechazo de seguros y retrasos en citas). Ante la falta de respuesta y la posterior respuesta parcial y con errores del Ministerio del Interior (DGT), el reclamante interpuso una reclamación. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando a la DGT remitir la información sobre rechazo de seguros a la entidad competente y la de retrasos en citas a las CCAA, al no haberlo hecho correctamente. Desestima el resto por información ya facilitada o por requerir reelaboración compleja.
Una reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre visitas oficiales de la esposa del Presidente del Gobierno en Moncloa. La Administración no respondió en plazo, emitiendo una inadmisión tardía alegando que la información no era pública. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el plazo legal de respuesta, aunque la resolución de inadmisión se dictara posteriormente.
Un ciudadano solicitó al Ministerio del Interior información sobre encausados y condenados por la compra de pasaportes Covid falsos, incluyendo cargos políticos. El Ministerio se declaró incompetente y remitió al CGPJ, que inadmitió la solicitud. El reclamante alegó que el Ministerio sí tenía datos. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, al considerar que el Ministerio actuó correctamente y que el CTBG no es competente para revisar las resoluciones del CGPJ.
Una asociación solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica un estudio de impacto ambiental y subvenciones para obras en el faro de Tarifa. El Ministerio no respondió a tiempo y, al hacerlo, se declaró incompetente sin remitir la solicitud. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando al Ministerio que reenvíe la petición a la Junta de Andalucía, al ser el órgano competente conocido.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transformación Digital estadísticas de empleados públicos (2010-2023) por tipo de Administración y salarios. El Ministerio concedió parcialmente el acceso al número de empleados mediante un enlace, inadmitiendo la información salarial por no poseerla. El reclamante amplió la solicitud en su recurso al CTBG, pidiendo más detalle y años. El Consejo desestima la reclamación al considerar que la información inicial fue proporcionada y que no se puede alterar el objeto de la solicitud en vía de recurso.
El reclamante solicitó al Ministerio de Educación listados anonimizados de alumnos admitidos en centros de Ceuta y Melilla, incluyendo puntuaciones y otros datos. El Ministerio inadmitió la solicitud por repetitiva, alegando que ya había respondido a una anterior. El reclamante alegó que la información no había sido entregada. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respetó el plazo legal para entregar la información, aunque la facilitó tardíamente durante el proceso de reclamación.
Se solicitó a la Presidencia del Gobierno documentación e informes sobre los acuerdos fiscales del "cupo catalán". La Administración no respondió en plazo, emitiendo una inadmisión tardía alegando no poseer la información. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a obtener una resolución en el plazo legal.
Un solicitante pidió al Ministerio de Ciencia e Innovación las puntuaciones detalladas y criterios de evaluación de las ayudas Ramón y Cajal 2023. Ante la falta de respuesta y posterior inadmisión por parte del Ministerio, el reclamante interpuso una reclamación. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión, al considerar que el solicitante era parte interesada en un procedimiento administrativo en curso, por lo que el acceso a la información se rige por la normativa específica del procedimiento (LPAC) y no por la LTAIBG, según la Disposición Adicional Primera.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda (gestionado por RTVE) el detalle de llamadas, SMS y votos de españoles en Eurovisión de 2017 a 2024. RTVE inadmitió la solicitud alegando no poseer los datos. El Consejo de Transparencia estima formalmente la reclamación por la incorrecta ampliación del plazo y la tardía entrega parcial de información, pero la desestima en el fondo al confirmar que la mayor parte de los datos no obran en poder de RTVE, sino de una empresa externa no sujeta a la LTAIBG.
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