Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Industria y Turismo diversos informes y datos sobre los impactos de la Red Natura 2000 en agricultura, ganadería y turismo rural. El Ministerio concedió acceso parcial a la información sobre turismo rural, declarándose incompetente para el resto y remitiendo esas partes a los Ministerios de Agricultura y Transición Ecológica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que el Ministerio de Industria y Turismo actuó correctamente al proporcionar la información de su competencia y reenviar el resto de la solicitud a los organismos pertinentes, conforme al artículo 19.1 de la LTAIBG.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) informes sobre el impacto económico de la Red Natura 2000, comunicaciones con la Comisión Europea sobre compensaciones y propuestas legislativas de indemnizaciones. El MAPA concedió acceso parcial, declarando incompetencia para ciertas partes y remitiéndolas al Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD) o identificándolas como competencia autonómica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) desestimó la reclamación, al considerar que el MAPA proporcionó toda la información en su poder y actuó correctamente al remitir las solicitudes a los organismos competentes, conforme a los artículos 18 y 19 de la Ley de Transparencia.
Una reclamante solicitó al Ministerio de Juventud e Infancia información sobre el momento máximo de atención de menores migrantes no acompañados (MENAS) en cada Comunidad y Ciudad Autónoma durante 2024, según datos del RMENA del Ministerio del Interior. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando no disponer de la información y que la competencia recaía en las CCAA o el Ministerio del Interior. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al considerar que el Ministerio sí disponía de parte de la información solicitada y solo la proporcionó, junto con una justificación detallada, durante la fase de alegaciones de la reclamación, obligando a la solicitante a recurrir.
Un reclamante solicitó a SELAE información detallada sobre su inversión publicitaria en medios de comunicación en 2024, incluyendo las cantidades recibidas por cada empresa y las fechas de las transferencias. SELAE concedió acceso parcial, facilitando la inversión total y las empresas por tipo de medio, pero denegó los importes específicos por empresa y las fechas de pago, alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales y falta de posesión de la información. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando a SELAE entregar el desglose de las cuantías abonadas a cada medio, al considerar que el interés público en la rendición de cuentas prevalece sobre los intereses comerciales en la publicidad institucional. Sin embargo, desestimó la petición de las fechas de las transferencias, al no considerarlas relevantes para la transparencia pública.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Madrid acceso a expedientes de multas de tráfico y notificaciones. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por ser un trámite personal de interesada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación, pues considera que debe usarse la vía de la Ley General Tributaria y no la de transparencia.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid documentación técnica sobre una obra de reubicación de camiones y vallas. El Ayuntamiento inadmitió la memoria de la obra alegando no disponer de ella. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para que se remita la solicitud al departamento competente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villanueva del Rio y Minas información sobre una avería en el suministro de agua y protocolos de emergencia. El Ayuntamiento remitió al solicitante a la empresa Aguas del Huesna. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal establecido.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre matrimonios celebrados en Taiwán e inscritos en el Registro Civil o la Oficina Consular en Manila entre 2011 y 2025. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación porque el Ministerio no respondió en plazo ni remitió la solicitud al órgano competente (Ministerio de Justicia) como exige el art. 19.1 LTAIBG, ordenando la retroacción de actuaciones para su correcta tramitación.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes datos anonimizados de condenados por la Policía de la Generalitat en Pla d'Urgell, desglosados por delito, nacionalidad y municipio. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando no poseer la información ni poder generarla. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación al aceptar la declaración del Ministerio sobre la inexistencia de los datos solicitados.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre la retirada de la bandera española de los islotes El Bar y El Bahar, comunicaciones con Marruecos y su estatus jurídico. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando al Ministerio entregar la documentación sobre el estatus, posición oficial y análisis histórico, y remitir la parte de la solicitud sobre comunicaciones de Defensa al Ministerio competente, por incumplimiento del deber de coordinación y motivación.
La interesada solicitó acceso a exámenes de convocatorias anteriores del Cuerpo Superior Facultativo (Opción Historia del Arte). El Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia resuelve declarar su incompetencia al no poseer la información, ordenando remitir la solicitud a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital.
El interesado solicitó información sobre temperaturas terrestres y niveles de CO2 a la OECC (Ministerio para la Transición Ecológica). La administración inadmitió la petición alegando que no poseía los datos y que no era su competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación porque la OECC no cumplió con el deber de indicar el órgano competente en su resolución de inadmisión.
Se solicitó a la OECC información sobre temperaturas y niveles de CO2 históricos y actuales, sus efectos y origen. La OECC inadmitió la solicitud sin indicar el órgano competente. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la OECC no cumplió el art. 18.2 LTAIBG al no señalar inicialmente el órgano competente, subsanando la omisión tardíamente.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes información detallada sobre el estado y causas de demora de un expediente de nacionalidad española. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal establecido, vulnerando el derecho del solicitante a obtener una resolución a tiempo, a pesar de que posteriormente inadmitió la solicitud.
Una solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes datos sobre importes y procedimientos de asistencia jurídica gratuita a menores inmigrantes no acompañados desde 2023. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal establecido, vulnerando el derecho a obtener una resolución en tiempo.
Concejal reclama al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por silencio ante solicitud de documento. El Consejo declara la inadmisión de la reclamación, al entender que el silencio administrativo en este caso tiene efecto estimatorio, por lo que no cabe recurso contra una estimación.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Madrid copia del expediente de actividad y cambio de titularidad de un local de juegos. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que el interesado debía seguir la vía administrativa común. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación al considerar que el solicitante no es 'interesado' y debe aplicarse la ley de transparencia.
El reclamante solicitó a OIReScon y al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática informes, auditorías, datos y comunicaciones sobre contratos relacionados con la Ley de Memoria Democrática, incluyendo posible fragmentación. Alegó que la inadmisión de OIReScon y la respuesta del Ministerio eran improcedentes. El Consejo desestima ambas reclamaciones al considerar que la información solicitada no obra en poder de los organismos y sus explicaciones sobre la inexistencia o falta de competencia son razonadas y creíbles.
Se solicitó información sobre el proceso de contratación de un Técnico/a Superior a la Asociación para la Gestión del Desarrollo Rural Maxorata Verde. El Comisionado de Transparencia de Canarias desestima la reclamación e inadmite el trámite, argumentando que las entidades privadas, aunque sujetas a obligaciones de publicidad activa por recibir subvenciones, no están obligadas a tramitar solicitudes de acceso a la información.
Se solicitó a la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura información sobre sanciones recaudadas en 2023-2024 por infracciones graves/muy graves de la Ley 7/2023 y el destino de esos fondos. La solicitud fue inadmitida por la administración al no haber impuesto sanciones. El reclamante pidió una resolución formal certificando la inexistencia. El Consejo desestima la reclamación porque la información solicitada no obra en poder de la administración autonómica.
Se solicitó información sobre un incidente de sabotaje ferroviario en mayo de 2025 a ADIF. El reclamante alegó una aplicación excesiva y genérica de los límites al derecho de acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos económicos y estadísticos, pero manteniendo la denegación de información operativa de seguridad y judicial.
El reclamante solicitó al Ministerio de Defensa las puntuaciones absolutas de los IPECGUCIS de 5 candidatos durante 5 años, información ya concedida por una resolución previa del Consejo de Transparencia (R CTBG 317/2025). El Ministerio inadmitió la solicitud alegando un procedimiento judicial en curso y un régimen de acceso específico. El Consejo desestima la reclamación actual al considerar que se pide la misma información ya reconocida en una resolución firme, debiendo el reclamante acudir a la vía judicial por su inejecución.
Un solicitante pidió a ADIF/Ministerio de Transportes información sobre un incidente de sabotaje en la línea de AV Madrid-Sevilla, incluyendo informes técnicos, policiales, datos históricos, protocolos de seguridad y gestión de crisis. ADIF denegó el acceso alegando investigación penal, seguridad pública, solicitud excesiva e información auxiliar. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de estadísticas históricas, impacto económico y comunicaciones de crisis (excluyendo detalles operativos de seguridad e investigación), al considerar injustificadas las denegaciones en esos puntos.
La reclamante solicitó información sobre el sistema de protección de la infancia en 2024 al Gobierno Vasco. Tras recibir una denegación por falta de competencia, reclamó ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública alegando silencio administrativo de la Diputación de Gipuzkoa. La Comisión inadmitió la reclamación por falta de competencia territorial.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Madrid costes de un estudio de vegetación, trasplantes, talas y el coste y efectivos del despliegue policial en Montecarmelo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación al considerar que el número de efectivos ya fue facilitado y que el cálculo de costes supondría una reelaboración de datos.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes actos administrativos sobre el desempeño de una jueza sustituta. El recurrente alegó que el Ministerio sí tiene competencia en la materia. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación al confirmar que la información no obra en poder del Ministerio debido a su falta de competencia en la materia.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acceso a actos administrativos relacionados con un informe sobre el desempeño de una juez sustituta, alegando que el Ministerio sí tenía competencias. El Ministerio inadmitió la solicitud por incompetencia. El Consejo desestima la reclamación, confirmando la competencia del funcionario que inadmitió y que el Ministerio no posee la información solicitada al no tener competencias en la materia, por lo que no existen actos administrativos en su ámbito.
D. XXX solicitó a la Junta de Castilla y León y Diputación de Ávila información y certificación sobre expedientes de servicios sociales de sus hijos. Las administraciones declararon la inexistencia de los expedientes o inadmitieron la petición de certificación. El reclamante alegó obstrucción. La Comisión de Transparencia inadmite la reclamación al considerar que las solicitudes de certificación no son información pública y la inexistencia de datos satisface el derecho de acceso.
Una persona física solicitó al Ayuntamiento de Salt que se sancionara a una empresa por depositar embalajes en la vía pública. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por no ser una petición de información pública. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación al considerar que no se solicitó información pública, sino una intervención administrativa.
Se solicitó al MITECO información sobre proyectos de geoingeniería y modificación climática. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información no obraba en su poder y no era "información pública". El reclamante interpuso recurso, añadiendo nuevos elementos y preguntas. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que la información no existe en poder del Ministerio y que los nuevos elementos son inadmisibles.
El reclamante solicitó a Correos los motivos del cese de un director de Innovación y Filatelia. Correos denegó el acceso alegando que no era información pública y afectaba a datos personales. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que la solicitud de justificaciones o explicaciones de razones no encaja en el concepto de "información pública" del artículo 13 de la LTAIBG, al no referirse a un documento preexistente.
El interesado solicitó a la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social el listado de gastos en desplazamientos y dietas del INFO desde 2019. Tras una inadmisión previa por error de fundamentación, la Comisión de Transparencia de la Región de Murcia revoca dicha resolución para evitar la inactividad administrativa y ordena que se tramite la solicitud correctamente.
Se solicitó al Ministerio de Juventud e Infancia datos y fórmulas sobre la distribución territorial de menores no acompañados. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque fue interpuesta prematuramente, ya que el Ministerio aún tenía plazo para responder y, de hecho, inadmitió la solicitud por no obrar la información en su poder, lo cual fue notificado al reclamante.
El interesado solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes información sobre las vacaciones de la autoridad máxima. El organismo inadmitió la solicitud por no ser información pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la petición es una crítica subjetiva y no una solicitud de acceso a información preexistente.
El interesado solicitó a la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social el detalle de gastos en dietas y desplazamientos del INFO desde 2019. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia la inadmite porque la Consejería no es el órgano competente, ya que el INFO posee personalidad jurídica propia.
La solicitante pidió a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital certificados e informes de cumplimiento de ayudas mínimas de diversas subvenciones. Ante la falta de respuesta, reclamó ante la Comisión de Transparencia de la Región de Murcia. La Comisión inadmitió la reclamación porque la administración reclamada no es la competente, ya que la información la gestiona el INFO.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre fechas para disfrutar vacaciones en Patrimonio Nacional, "al igual que Sánchez". El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación. Determinó que la solicitud no versaba sobre información pública según el art. 13 LTAIBG, sino que era una crítica, y que el Ministerio sí había respondido en plazo, inadmitiendo la petición.
La reclamante solicitó información sobre las productividades mensuales de personal A1 al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Tras la inadmisión de la administración por no poseer los datos, la interesada interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide la inadmisión de la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
Un solicitante pidió al Ayuntamiento de Alaior información sobre la gestión de colonias felinas y animales abandonados. El Ayuntamiento respondió que la información obraba en poder del Consell Insular de Menorca debido a un convenio. El reclamante alegó que la respuesta no era específica. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, concluyendo que el Ayuntamiento actuó correctamente al remitir la solicitud al órgano competente según el artículo 19.1 de la LTAIBG.
La reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la lista anonimizada de productividades mensuales de 10 funcionarios A1 de una SG específica. El Ministerio inadmitió la solicitud por no obrar en su poder la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación porque fue presentada fuera del plazo legal de un mes establecido en el artículo 24.2 LTAIBG.
La Asociación Eleuteria solicitó información sobre la contratación y retribuciones de una persona en INECO, TRAGSATEC y ADIF. La administración inadmitió la solicitud alegando que la persona no tiene vínculo con ADIF y que la competencia es de otras entidades. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación al confirmar que la información no obra en poder de ADIF.
El León de El Español solicitó información sobre medios y criterios de reparto en contratos de publicidad institucional al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La administración denegó parcialmente alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por considerar que dicha información es vital para el control ciudadano del gasto público.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación información detallada sobre los medios, inversión y criterios de reparto de campañas de publicidad institucional (contratos CBA1723-2024 y CBA2826-2024). El Ministerio concedió acceso parcial, omitiendo los criterios de las propuestas iniciales de planes de medios. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar dicha información, al considerar que es de interés público para el escrutinio de la contratación y no se invocaron límites legales.
Se solicitó al Ministerio de Transportes (ADIF) información sobre la contratación, proceso selectivo y retribuciones de una persona en INECO, TRAGSATEC y ADIF, así como copias de contratos. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de ADIF, ya que la persona no tenía relación laboral directa con ADIF y la información obraba en poder de las empresas "medios propios" (INECO/TRAGSATEC), que son sujetos obligados independientes.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el recuento de personas aforadas en España desglosado por cargos. Alegó que dicha información ya ha sido pública anteriormente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información no obra en poder del Ministerio, careciendo de objeto el derecho de acceso.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia el número total de aforados en España a 1 de enero de 2025, desagregado por cargo. El Ministerio inadmitió la solicitud por incompetencia, remitiendo al CGPJ. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la información no obraba en poder del Ministerio, siendo la preexistencia de la información condición necesaria para el derecho de acceso, y el Ministerio actuó conforme a la LTAIBG.
El solicitante pidió informes que acreditaran la verificación del domicilio y vínculo telefónico de una empresa en contratos menores. Alegó que la respuesta del Ministerio era insuficiente al no aportar documentos, sino solo explicaciones. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación indicando que el derecho de acceso no sirve para pedir justificaciones o certificaciones de inexistencia.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga. El Ministerio la inadmitió alegando falta de competencia y remitiendo al CGPJ. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, al no ser la sentencia objeto de la solicitud firme, no existe la obligación legal de que el Ministerio la posea.
Concejal reclamó ante el CTBG por silencio administrativo del Ayuntamiento de Tres Cantos. El Consejo declaró la inadmisión al estimarse la solicitud por silencio según la normativa de régimen local, no siendo procedente la reclamación contra una estimación.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acceso a una sentencia penal de la Audiencia Provincial de Málaga (13/03/2023) sobre falsedad documental y un título nobiliario. El Ministerio inadmitió la petición alegando incompetencia y no poseer la información. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación al considerar que el Ministerio no disponía de la sentencia, ya que la obligación legal de remisión de sentencias firmes aplicaba a la resolución del TSJA, no a la de la Audiencia Provincial.
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