Reclamación sobre el acceso a información relativa a la soberanía de Ceuta y Melilla en mapas de Marruecos y su desestimación por inexistencia de la documentación en la Presidencia del Gobierno

Página1de 7 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, 28 de agosto de 2023 la reclamante solicitó a PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En relación a la inclusión en un mapa oficial de Marruecos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en territorio marroquí, SOLICITO: S/REF:00001-00081875 N/REF:2776/2023 Fecha:La de firma. Dirección: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Información solicitada:Mapa de Marruecos inclusivo de Ceuta y Melilla. R CTBG Número: 2024-0276 Fecha: 06/03/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente 1.- Copia de la documentación en poder del Presidente del Gobierno poniendo en su conocimiento dicho hecho. 2.- Copia de las actuaciones ordenadas por el Presidente del Gobierno y medidas adoptadas en defensa de la soberanía española y de la pertenencia de Ceuta y Melilla al Reino de España ante un nuevo ataque a la soberanía española.» 2. Consta resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de 7 de septiembre de 2023 por la que se inadmite a trámite la solicitud con la siguiente fundamentación: «La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, delimita el ámbito material del derecho de acceso a la información pública a partir de un concepto amplio, abarcando cualquier documento o contenido, pero, a su vez, acota el alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos: que la información obre en poder del sujeto que recibe la solicitud y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Pues bien, ninguno de los requisitos necesarios para que el derecho de acceso prospere no concurre en este caso, por lo que, al no obrar en poder de este órgano la información solicitada, se inadmite a trámite la solicitud presentada. Adicionalmente, señalar que la competencia para planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política exterior del Estado la ostenta el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.» 3. El 27 de septiembre de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: « SEGUNDO: Que recibimos respuesta el día 7 de septiembre de 2023, manifestando la inadmisión por: Pues bien, ninguno de los requisitos necesarios para que el derecho de acceso prospere no concurre en este caso, por lo que, al no obrar en poder de este órgano la información solicitada, se inadmite a trámite la solicitud presentada. Adicionalmente, señalar que la competencia para planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política exterior del Estado la ostenta el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. R CTBG Número: 2024-0276 Fecha: 06/03/2024 TERCERO: Que en todo caso entendemos que conforme a la Ley del Gobierno y su artículo 2 1. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión. 2. En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno: . b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. Por lo que la cuestión planteada de competencia no es tal, dado que le compete al Presidente del Gobierno directamente en su función principal de velar por el cumplimiento de las directrices de política exterior. En todo caso, el proceder correcto, entendemos, hubiera sido dar traslado de la pregunta al Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, y no proceder a la inadmisión sin más trámite. 4. Con fecha 13 de diciembre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y un informe con las alegaciones que considere pertinentes; lo que se efectuó en fecha 29 de diciembre , adjuntado informe en el que señala: . «La interesada requería, y así lo indicaba claramente en el texto de la solicitud, información que obre “en poder del Presidente del Gobierno”, bien por haberla recibido, como es el caso del punto primero, o bien por haberla elaborado, como se requiere en el segundo punto:” 1.- Copia de la documentación en poder del Presidente del Gobierno poniendo en su conocimiento dicho hecho; 2.- Copia de las actuaciones ordenadas por el Presidente del Gobierno y medidas adoptadas en defensa de la soberanía española y de la pertenencia de Ceuta y Melilla al Reino de España ante un nuevo ataque a la soberanía española”, con esta misma especificidad determinaba la interesada el “Asunto” de la solicitud, que rezaba : “Al Presidente del Gobierno”. Ante esta concreta formulación de la solicitud, que se circunscribe a los documentos o contenidos que obren en poder del Presidente del Gobierno, no resulta procedente el traslado de la misma a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, órganos que aun teniendo competencia directa en la materia, como sería el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, no podrían conocer la información que obra en la Presidencia del Gobierno, por lo que al no existir objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso en la Presidencia del Gobierno, y no proceder el traslado de expediente, se inadmitió a trámite en base al artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.» 5. Concedido trámite de audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; el 15 de enero de 2024 presentó un escrito en el que manifiesta lo siguiente: «En relación a las alegaciones presentadas por el Ministerio de Presidencia, no desvirtúan lo ya manifestado en nuestro escrito de interposición de la reclamación. Se desprende de las alegaciones formuladas por Presidencia no la ausencia de documentos relevantes sobre la materia solicitada, sino la ignorancia del conocimiento del Presidente, cuestiones distintas, puesto que no niegan en ningún momento que tal información no exista, tampoco niegan que otros departamentos tengan dicha información, sino que niegan la posibilidad de que el Presidente del Gobierno, al que iba dirigida la pregunta, pueda tener algún conocimiento de tales documentos, cuestión inaudita, y en ese desconocimiento basan la negativa a dar traslado a otros departamentos, que era lo que debían hacer para confirmar el envío de tal documentación al Presidente del Gobierno, con independencia de que la lea o no la lea o no lo conozca. Respecto a la segunda pregunta planteada, ninguna respuesta ni explicación de respecto a la misma, por lo que continúa sin respuesta.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “ pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la documentación relacionada con el conocimiento que tuvo el Presidente del Gobierno de la inclusión de las ciudades de Ceuta y Malilla en mapas geográficos de Marruecos, así como de las actuaciones que en su caso ordenara al respecto el Presidente. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno dictó resolución en la que acuerda la inadmisión de la solicitud al no obrar en su poder la información requerida (por no haber sido adquirida o elaborada en el ejercicio de sus funciones), añadiendo que, en su caso, las competencias sobre política exterior corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Alegaciones, las referidas, que reitera durante la sustanciación de este procedimiento puntualizando que la solicitud de acceso se refería explícitamente a la información de la que, en su caso, dispusiera el Presidente del Gobierno, por lo que difícilmente puede darse traslado a otros Ministerios. 4. Sentado lo anterior, conviene recordar que el artículo 13 LTAIBG determina que el objeto del derecho de acceso a la información pública se conforma por los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados, por haberlos elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones; de ahí que la existencia previa de la información en su ámbito de competencias constituya el presupuesto necesario para el reconocimiento del derecho. En este caso, el órgano requerido declara formalmente que no posee la información que se le solicita, puesto que no ha sido elaborada ni adquirida en el ejercicio de sus funciones —añadiendo, adicionalmente, que la competencia para ejecutar la política exterior corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación—. No concurre, por tanto, el presupuesto necesario para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública pues la información solicitada no obra en poder del sujeto requerido. En este punto conviene subrayar, como puntualiza el órgano requerido en el trámite de alegaciones, que la solicitud de acceso se formulaba de manera personalizada o concreta en la figura del Presidente del Gobierno. Esto es, se solicitaba acceder a la información de la que dispusiese el Presidente del Gobierno en relación con dos cuestiones. De ahí que la referencia al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación —que se incluye en la resolución a mayor abundamiento a fin de delimitar las competencias del Presidente del Gobierno— no sea relevante a los efectos de esta reclamación. 5. En conclusión, de acuerdo con lo expuesto, procede desestimar la reclamación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 LTAIBG, al no obrar en poder del órgano requerido la información pretendida y no apreciarse, en consecuencia, el presupuesto necesario para el ejercicio del derecho de acceso a la información. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación interpuesta por frente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBERNO. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez