Reclamación por denegación de acceso a copia de título universitario por falta de competencia del órgano requerido

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 14 de diciembre de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE JUSTICIA (actual MINISTERIO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Solicitud de acceso a la información pública consistente en entregar a esta parte fotocopia del título de licenciatura o de grado en Derecho en favor de incluyendo fotocopia del propio título expedido y la identidad y firma de sus intervinientes. (…)». S/REF: 00001-00084816 N/REF: 57/2024 Fecha: La de firma. Dirección: JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES). Información solicitada: Copia de título universitario. R CTBG Número: 2024-0577 Fecha: 28/05/2024 2. El MINISTERIO DE JUSTICIA (actual MINISTERIO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES) dictó resolución de 19 de diciembre de 2023, con el siguiente contenido: « (…) A la vista de la información solicitada, se deniega su acceso, de conformidad con el artículo 18.d) de la citada Ley 19/2013, al estar dirigida a un órgano en cuyo poder no obra la información. Los títulos universitarios oficiales son documentos públicos con validez en todo el territorio nacional y su expedición corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta Dirección General para el Servicio Público de la Justicia no tiene competencia para solicitar una copia de un título universitario a un ciudadano, fuera de un procedimiento administrativo legalmente establecido». 3. Mediante escrito registrado el 10 de enero de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto su desacuerdo con la resolución recibida. 4. Con fecha 12 de enero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 25 de enero de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se ratifica en el contenido de la resolución inicial. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en R CTBG Número: 2024-0577 Fecha: 28/05/2024 aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la copia de un título universitario. El Ministerio requerido deniega el acceso a la información invocando la concurrencia de la causa de inadmisión del artículo 18.1.d) LTAIBG que permite inadmitir aquellas solicitudes cuando la información no obra en poder del sujeto al que se dirige y se desconoce el órgano competente para resolver. 4. Centrada la cuestión en estos términos, es preciso recordar que el artículo 19.1 de la LTAIBG dispone que «[s]i la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante». Por el contrario, si se desconoce el sujeto competente, podrá aplicarse la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.d) LTAIBG en relación con el segundo apartado del citado precepto que dispone lo siguiente: «[e]n el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud». Ambos preceptos han sido interpretados por el Tribunal Supremo en su Sentencia (STS) de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810) en la que se señala que «(…) los citados artículos 18.2 y 19.1 de la Ley 19/2013, prevén los dos supuestos siguientes. De un lado, cuando se ha declarado la inadmisión a trámite de la solicitud por la causa prevista en el artículo 18.1.d) de la citada Ley, porque la solicitud se dirigía a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. En este caso, el órgano que acuerda la inadmisión “deberá indicar” en la resolución el órgano que, “a su juicio”, es competente para conocer de la solicitud (artículo 18.2). De modo que en estos casos de desconocimiento basta con aventurar una conclusión lógica sobre qué órgano sea el competente. Y, de otro, cuando, una vez admitida la solicitud, se repara que esta se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se dirige, que lo “remitirá al competente”, si lo conociera, e informará de tal circunstancia al solicitante (artículo 19.1 de la misma Ley 19/2013). De manera que la remisión directa sólo se produce en este segundo caso…. La Ley, según los casos vistos, obliga al órgano ante el que se presenta la solicitud a indicar quien es, a su juicio, el órgano competente, o bien a remitirlo al competente». 5. En este supuesto, si bien la Administración invoca la causa de inadmisión del artículo 18.1.d) LTAIBG, pero, a continuación, identifica al órgano competente para su resolución (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). No desconociendo, por tanto, cuál es el órgano competente, no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.1.d) LTAIBG, sino la precisión contenida en el citado . artículo 19.1 LTAIBG, y la consiguiente remisión de la solicitud de acceso al Ministerio citado. 6. En conclusión, de acuerdo con lo expuesto, procede la estimación de la reclamación a fin de que el Ministerio requerido dé cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 19.1 LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES, de fecha 19 de diciembre de 2023. SEGUNDO: ORDENAR la retroacción de actuaciones e INSTAR al MINISTERIO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CO N LAS CORTES a que, en el plazo máximo de 5 días hábiles, remita la solicitud de acceso recibida al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, informando de ello al reclamante. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES a que, en el mismo plazo má ximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de las actuaciones llevadas a cabo. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez