Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Un ciudadano solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico el dictamen del Consejo de Estado sobre el Proyecto de Real Decreto del Mar Menor. El Ministerio lo remitió al Consejo de Estado, que denegó el acceso alegando futura publicación. El reclamante alegó denegación injustificada. El Ministerio invocó que la información estaba en curso de elaboración/publicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, indicando que el dictamen ya está perfeccionado y no aplica la causa de inadmisión, reforzando el derecho de acceso a documentos de procesos normativos en curso.
Se solicitó a RTVE el presupuesto detallado de Eurovisión de 2008 a 2024. RTVE concedió acceso parcial, excluyendo 2024. La reclamante alegó que no se entregó toda la información disponible. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó formalmente la reclamación porque RTVE no proporcionó una respuesta íntegra en plazo, entregando la información restante (salvo 2024) durante la fase de alegaciones.
RAOS ADITIVOS solicitó a la Autoridad Portuaria de Santander acceso al proyecto de construcción del Muelle Raos 6 y a la modificación de su proyecto de inversión. La Autoridad Portuaria denegó el acceso al proyecto del Muelle Raos 6 alegando que estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que el proyecto no está finalizado al depender de un informe de Puertos del Estado y autorización del Consejo de Ministros.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública documentos sobre la justificación de la "ley para la transformación de la Administración Pública" en cuanto a la transposición del derecho de la UE y la responsabilidad patrimonial. El Ministerio no respondió inicialmente, pero luego alegó haber inadmitido la solicitud por estar la información en elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al no haberse emitido una respuesta en plazo.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia el dictamen del Consejo de Estado y otros documentos del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada. Ante el silencio administrativo y posterior inadmisión por el Ministerio (alegando información en elaboración), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación. Argumentó que los documentos no estaban en elaboración y que el derecho de acceso a la "huella normativa" en procesos legislativos en curso es fundamental para la transparencia y participación ciudadana, conforme a la LTAIBG, el Convenio de Tromsø y la jurisprudencia europea.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento del Vendrell copia de un informe de la empresa Faura Casas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que el documento estaba en fase de borrador y no había sido emitido. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que la Administración respondió claramente sobre la inexistencia de la información solicitada.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Vidreres información sobre las deudas de las compañías de agua con el municipio. Tras la falta de respuesta y colaboración del Ayuntamiento, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima la reclamación y ordena la entrega de la información por ser un derecho reforzado del electo local.
Se solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información sobre la indemnización por cese y las solicitudes de autorización de actividades privadas del exministro Alberto Garzón. La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) inadmitió parte de la solicitud alegando que la información estaba en elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de las solicitudes de autorización e informes relacionados, pero denegando las comunicaciones, al considerar que los primeros son documentos finalizados y los segundos, información auxiliar.
El reclamante solicitó a la AECID información detallada sobre gastos de eventos, proyectos, salarios y gestión en sus centros culturales y actividades en el extranjero. La AECID inadmitió parcialmente las solicitudes alegando que la información estaba en elaboración, requería reelaboración o era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando el carácter abusivo de las solicitudes por su elevado número, frecuencia y heterogeneidad, que colapsaban el funcionamiento del organismo.
Se solicitó al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya el acceso a enunciados y correcciones de exámenes de un proceso de estabilización. Tras una denegación inicial, el solicitante reclamó ante la GAIP. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) finaliza la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la administración entregó la información.
Se solicitó al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya el acceso a enunciados y correcciones de exámenes de un proceso de estabilización. Tras una denegación inicial, el solicitante reclamó ante la GAIP. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) finaliza el proceso por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la Administración entregó la información.
Se solicitó a RTVE el presupuesto desglosado para Eurovisión 2024 en formato XLS o CSV. RTVE denegó la información alegando que no estaba disponible por estar en elaboración. La reclamante alegó que pedía un presupuesto, no una partida liquidada, y criticó la ampliación de plazo para una denegación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando a RTVE entregar la información al considerar que es pública y no se justificaron límites.
El ciudadano solicitó el catálogo de caminos públicos al Ayuntamiento de Felanitx. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, argumentando que el documento propuesto por el Consejo Insular ya es un documento finalizado e independiente del procedimiento de aprobación municipal.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social el detalle de la inversión publicitaria de 2023, incluyendo empresas beneficiarias, importes y fechas. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de publicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar los datos.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el presupuesto, personal y retribuciones de la Secretaría General de Movilidad Sostenible y la Dirección General de Estrategias de Movilidad. El reclamante alegó que la web de salarios estaba desactualizada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información estaba en curso de elaboración.
Se solicitó a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid el acta de una sesión del jurado de reconocimientos a la responsabilidad social del 30/07/2024. La administración denegó el acceso por estar el acta pendiente de aprobación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso al contenido mínimo obligatorio.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un listado detallado del uso del descuento 'Verano Joven'. La solicitante alegó que la información ya debería estar disponible tras finalizar el programa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información sigue en curso de elaboración debido a que faltan datos de algunos operadores.
El interesado solicitó detalles sobre procesos de selección y retribuciones de la Fundación para la Transformación de La Rioja. La Fundación denegó el número de candidaturas y las retribuciones alegando protección de datos y falta de obligación legal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando facilitar datos numéricos y condiciones económicas.
Siroco Información S.L. solicitó al Cabildo Insular de Lanzarote diversas tasaciones de bienes inmuebles. Ante la falta de respuesta inicial, se reclamó ante el Comisionado de Transparencia. El Comisionado resuelve la terminación del procedimiento ya que el Cabildo finalmente emitió una resolución de inadmisión, desapareciendo el silencio administrativo que originó la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de San Roque la copia íntegra del expediente del evento «I edición del Desafío Pinar Extremo» y su visualización en la carpeta electrónica del interesado. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que el expediente estaba en tramitación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Cultura el detalle de la inversión publicitaria de 2023, incluyendo empresas beneficiarias, importes y fechas. El Ministerio remitió a planes generales alegando que el informe final estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar los datos desglosados.
Una asociación solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la resolución y los informes técnicos sobre la denegación de modificaciones en proyectos de carriles bici y bus en Murcia. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno archiva la reclamación tras la entrega posterior de los documentos y el desistimiento del solicitante.
El solicitante pidió a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil copia de denuncias y actas de inspección relacionadas con unas actuaciones previas por vertidos. Alegó que el acceso no perjudicaría la investigación y que los documentos ya estaban finalizados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el acceso podría perjudicar la investigación en curso.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el coste desglosado, hoteles, restaurantes y comitiva de un viaje del Ministro a Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. El Ministerio no respondió inicialmente y luego alegó falta de liquidación y seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes, pero deniega los hoteles y restaurantes.
El solicitante pidió a la CELAD los expedientes sancionadores de 2019. Tras recibir solo las resoluciones, alegó que se denegó el acceso al resto de la documentación sin realizar el test de daño y sin justificar la imposibilidad de anonimizar los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en la protección de datos personales sensibles.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Premià de Mar el expediente de los mapas de ruido. Tras alegar falta de respuesta, el Ayuntamiento informó que la documentación está en fase de elaboración y revisión. La GAIP resuelve finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento se comprometió a facilitar la información en un plazo de 3 meses o tras su publicación.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la relación de ONG que atendieron a inmigrantes trasladados de Canarias a la Península desde 2023, importes abonados y expedientes. La solicitante alegó falta de respuesta y posterior denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales.
El solicitante pidió a SENASA documentación sobre la venta del aeródromo de Ocaña y otras gestiones. Tras la denegación parcial de la entidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los contratos de arras, de venta y el informe de la Abogacía del Estado, al no concurrir las causas de inadmisión alegadas.
Una ciudadana solicitó a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) información sobre permisos para trabajar en el sector privado y pensiones de exministros. La OCI denegó parcialmente el acceso alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar los datos de las solicitudes presentadas.
Se solicitó al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya la grabación o acta de la Comissió de Territori del 20/12/2023. El solicitante alegó indefensión para recurrir acuerdos publicados. La GAIP finaliza el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la Administración facilitó el acta una vez aprobada durante la tramitación de la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Cultura información sobre las ayudas a salas de cine para mayores de 65 años abonadas en 2023. El solicitante alegó que era contradictorio denegar los datos mientras se redactaba un nuevo Real Decreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la inadmisión inicial estaba justificada al estar la información en curso de elaboración.
Una ciudadana solicitó a la AESA el registro de reclamaciones de usuarios desglosado por tipo, compañía, fecha y aeropuerto. Tras una concesión parcial, la solicitante reclamó la falta de datos detallados y del año 2023. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar justificada la inadmisión por necesidad de reelaboración y curso de elaboración.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Carboneras datos sobre ingresos de empresas específicas, deuda municipal, amortizaciones e inversiones (2018-2022). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando publicación general y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y obliga a entregar la información.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la inversión en infraestructuras por provincias y año (1985-2023). El solicitante alegó que solo recibió datos de 1996-2022. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el Ministerio justificó que no dispone de datos anteriores a 1996 y que los de 2023 estaban en fase de elaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Balenyà el detalle de los contratos menores celebrados entre enero de 2019 y febrero de 2024 y sus instrucciones internas. El Ayuntamiento alegó falta de recursos y complejidad de la tarea. La GAIP estima la reclamación al considerar que se trata de información de publicidad activa que debe estar disponible y actualizada.
La reclamante solicitó al Servicio Riojano de Salud datos sobre contrataciones temporales, procesos selectivos y actas de mesas sectoriales. La administración denegó parte de la información alegando protección de datos, falta de concreción o que la información estaba en elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los datos de contrataciones y las actas aprobadas.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones copia de los contratos y costes de alojamiento de inmigrantes trasladados desde Canarias. Tras la falta de respuesta y posterior resolución parcial extemporánea, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
Se solicitó a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional información sobre el futuro Conservatorio de Danza de Jaén (especialidades, programa de necesidades y antecedentes de cesión del inmueble). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque, aunque la entidad alegó haber respondido, no acreditó la notificación efectiva al solicitante.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el detalle de gastos en publicidad de enero a abril de 2024 y el presupuesto anual. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de publicación, requería reelaboración y era repetitiva. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación y ordena entregar la información.
Un representante del SPPM-CAT solicitó al Ayuntamiento del Prat de Llobregat la actualización de su portal de transparencia. Tras la denegación municipal, la GAIP inadmitió la reclamación por considerar que la solicitud no es un ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino una cuestión de publicidad activa, ámbito sobre el cual la GAIP carece de competencias.
Se solicitó al Ayuntamiento de Olot una copia digital del trabajo de actualización del inventario de caminos municipales. El Ayuntamiento alegó que el documento estaba en fase de elaboración y estudio técnico. La GAIP estima la reclamación al constatar que el documento ya fue entregado al Ayuntamiento y no existen límites legales que impidan su acceso.
Un delegado sindical solicitó al Ayuntamiento del Prat de Llobregat el registro retributivo y el informe de brecha salarial de 2023. La GAIP resuelve el desistimiento parcial por haber recibido el registro y la pérdida sobrevenida de la reclamación respecto al informe de brecha salarial, ya que el Ayuntamiento informó que dicha información no existía por estar en fase de elaboración.
Una regidora solicitó al Ayuntamiento de Andilla el arqueo de caja, el inventario de bienes y mandamientos de pago. Tras alegar la administración falta de personal para actualizar el inventario, el Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar el inventario de bienes, ya que es una obligación de publicidad activa.
Se solicitó al Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria información sobre el periodo medio de pago a proveedores y el plan de tesorería. El solicitante alegó que la respuesta fue insuficiente y genérica. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la documentación existente o informar de su inexistencia.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia las cuantías actualizadas del complemento específico de diversos puestos singularizados. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando publicación previa en el BOE y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información fue facilitada solo tras intervenir el Consejo.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre los recursos de acogida de migrantes en Almería. Tras la falta de respuesta inicial, el Ministerio facilitó parcialmente la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el expediente de un concurso de méritos y comunicaciones con la Generalitat de Catalunya sobre plazas ofertadas. Alegó que el número de plazas fue inflado incorrectamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información solicitada es de carácter auxiliar y preparatorio.
Se solicitó al Ministerio de Educación la publicación de informes anuales, el reglamento y las actas del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. El interesado alegó que la denegación de las actas vulneraba la LTAIBG y convenios internacionales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el solicitante pidió la 'publicación' y no el 'acceso' a los documentos.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Educación de Castilla y León datos sobre alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en tres centros de XXX. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en elaboración y vulneraba la protección de datos. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos detallados sobre vuelos y costes del traslado de migrantes de Canarias a la Península. Tras no obtener respuesta y reclamar, el Ministerio concedió la información parcialmente de forma tardía. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales.
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