Solicitud de información sobre el número y costes de inmigrantes irregulares desde 2018. Reclamación estimada formalmente por falta de respuesta en plazo, aunque el Ministerio concedió parcialmente la información

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 9 de abril de 2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(…) desglosada en estos conceptos para cada año desde 2018 hasta el momento de gestionar esta petición: - Número de inmigrantes ilegales que se ha detectado en España S/REF: 00001-00089521 N/REF: 1098/2024 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada: Inmigración ilegal. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b - Coste de dinero público de su rescate en el caso que vinieran por vía marítima - Coste de dinero público de su transporte ya sea desde la España extrapeninsular a la España peninsular o dentro de la España peninsular. - Costes de dinero público de su alojamiento, manutención o ayudas económicas. - Costes de dinero público en subvenciones a ONGs que rescaten o atiendan a inmigrantes ilegales. En caso de que esta solicitud sea rechazada por no disponer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de esta información pido que en virtud de los artículos 18.2 y 19.1 de la Ley 19/2013 este órgano indique en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la información solicitada». 2.El MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES notifica al solicitante que ha desdoblado la solicitud en dos, trasladando la solicitud correspondiente a la primera pregunta (00001-00090751) al MINISTERIO DEL INTERIOR. 3.No consta respuesta de la Administración. 4.Mediante escrito registrado el 17 de junio de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, haciendo referencia únicamente a la solicitud 00001-00089521, en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta a su solicitud. 5.Con fecha 17 de junio de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 1 de agosto de 2024, tuvo entrada en este Consejo escrito por el que se traslada copia de la resolución dictada el 30 de julio de 2024, en la que se señalaba lo siguiente: «(…)esta Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional resuelve conceder parcialmente la información solicitada por lo que a su ámbito de competencias se refiere (cuestiones 3, 4 y 5), sin perjuicio de lo que puedan informar otros Departamentos con competencias en la materia G ú o - por lo que se refiere a las cuestiones 1 y 2. El programa de atención humanitaria está dirigido a atender las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad por el deterioro físico y la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos, que llegan a las costas españolas o acceden a nuestro país vía terrestre, por las ciudades de Ceuta y Melilla. El programa incluye la realización de distintos servicios (como son el servicio de acogida -que incluye alojamiento, manutención, etc…- de traslados, de atención en costas, entre otros). Hasta el año 2023, la realización del programa de atención humanitaria se ha hecho con carácter ordinario con cargo a las distintas subvenciones concedidas. Desde el año 2023, el programa de atención humanitaria se realiza con carácter ordinario en el marco de la acción concertada (sólo se ha procedido a contratar desde octubre de 2023, en el marco de la declaración de emergencia y sus sucesivas ampliaciones), pudiendo al respecto consultar los servicios incluidos en el programa de atención humanitaria que figuran en el Anexo II de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada (https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-12068-consolidado.pdf). Al respecto, se informa de que no se dispone de la información en los términos solicitados, (esto es, el desglose del coste por cada uno de los servicios realizados cada año- el coste del servicio de traslado, el coste del servicio de alojamiento, etc…) por lo que este centro directivo considera que la presente solicitud incurre en la causa de inadmisión establecida en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, toda vez que para conceder la concesión de la información exige ser elaborada de forma expresa utilizando y cruzando diversas fuentes de información, en los términos establecidos en el criterio interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Al respecto, tal y como ya se ha pronunciado el Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 6 de Madrid (sentencia 60/2016, de 25 de abril), “el artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. Sin perjuicio de ello, a continuación se concede la información relativa al coste anual del programa de atención humanitaria (esto es, el importe de subvenciones concedidas a las entidades para la realización de este programa): Por último, dado que desde el año 2023 el programa de atención humanitaria se realiza con carácter ordinario en el marco de la acción concertada, no resulta posible a fecha actual adelantar el coste del programa para el año 2023 ni en estos meses del 2024 toda vez que, por un lado, la información se encuentra en curso de elaboración y, por otro lado, las cuantías pueden ser objeto de verificación y auditoria por parte por los órganos competentes, así como por no haber prescrito todavía los derechos y obligaciones respecto a la Hacienda Pública en virtud de la normativa presupuestaria vigente. En consecuencia, facilitar la documentación de los años 2023 en adelante, podría dar lugar a un juicio público paralelo a la mencionada actuación de revisión. Además, como se mencionaba anteriormente, el coste del programa de atención humanitaria también se está asumiendo con cargo a la declaración de emergencia y sus posteriores ampliaciones adoptadas en 2023 (https://www.inclusion.gob.es/w/el-gobierno-destina-60-6-millones-de-euros-a- la-atencion-de-necesidades-basicas-de-las-personas-migrantes-llegadas-a-las- costas), y en 2024 (toda vez que, con fecha 1 de marzo y 16 de mayo de 2024 se adoptaron la tercera y cuarta ampliación de la declaración de emergencia inicial, con una previsión por importe de 116.462.980 euros y de 116.431.540 euros, respectivamente). Así, toda vez que el periodo de la declaración de emergencia sigue vigente y que el importe finalmente gastado dependerá de la justificación que se presente por los servicios y actuaciones efectivamente prestados y realizados, la información solicitada incurre en la causa de inadmisión establecida en el artículo 18.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,que dispone que se inadmitirá a trámite aquellas solicitudes “que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”». 6.El 2 de agosto de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que, habiendo comparecido a la notificación, haya presentado observación alguna. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS Año Cuantía (en miles de euros) 2018 107.478,19 2019 55.543,59 2020 95.619,35 2021 183.458,12 2022 97.001,82 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información sobre varias cuestiones referidas al número de inmigrantes ilegales y a los costes de la inmigración ilegal. El Ministerio requerido, tras la presentación de la solicitud, notifica al solicitante que desdobla la misma en dos solicitudes en función de que parte de la materia sobre la que versa la solicitud es competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR. El MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES no respondió en el plazo legalmente establecido a las cuestiones que son de su competencia, por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita a vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Frente a este ministerio se presenta la correspondiente reclamación. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, facilita copia de la resolución dictada el 30 de julio de 2024. Concedido trámite de audiencia, el reclamante no formula objeciones a la respuesta facilitada. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.No obstante lo anterior, no puede desconocerse que, aunque extemporáneamente, el MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES ha resuelto la solicitud en lo que a sus competencias corresponde, facilitando la información de la que dispone sin que el reclamante haya manifestado objeción alguna en el trámite de audiencia que se le ha concedido, habiéndose constatado su comparecencia al mismo. En consecuencia, procede la estimación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a obtener una respuesta en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formalesla reclamación interpuesta por frente al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez