Reclamación contra la inadmisión de una solicitud de acceso a la copia del acta de una reunión del Consejo de la Función Pública por estar en elaboración

Resolución 16/2025, de 21 de enero, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-447/2024 / Reclamación frente a la inadmisión a trámite de una solicitud de información pública presentada por D. XXX I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 6 de septiembre de 2024, D. XXX presentó el formulario n.º 2935/2024 para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “Copia del Acta de la reunión de 23 de julio de 2024 del Consejo de la Función Pública, y cuyo contenido debería de encontrarse publicado en la web de la Junta de Castilla y León”. Con fecha 1 de octubre de 2024, se adoptó por la Consejería de la Presidencia una Orden por la que se resolvió la solicitud de acceso a la información pública formulada por D. XXX, relativa al acta de la reunión del Consejo de la Función Pública de Castilla y León celebrada el 23 de julio de 2024 (30-ACINF-2024). En su parte dispositiva se estableció lo siguiente: “INADMITIR A TRÁMITE el acceso a la información pública solicitada por D. XXX en los términos establecidos en los fundamentos jurídicos tercero y cuarto de esta Orden”. En los fundamentos jurídicos indicados se señala, en resumen, que el acta en cuestión no se encontraba aprobada cuando se procedió a resolver la petición referida, lo cual determinaba que concurriera la causa de inadmisión de las solicitudes de información pública recogida en el artículo 18.1 a) (“solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”). Así mismo, se cita expresamente la posibilidad recogida en el artículo 18.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público del Estado, de que los órganos colegiados aprueben el acta de cada sesión en su reunión “inmediata siguiente”, lo cual da entender que esta era la circunstancia que concurría en este supuesto, encontrándose pendiente de celebración la siguiente reunión del Consejo de la Función Pública de Castilla y León en el momento de inadmitir la solicitud de información presentada. Segundo.- Con fecha 2 de octubre de 2024, tuvo entrada en esta Comisión de Transparencia una reclamación frente a la Orden de la Consejería de la Presidencia señalada en el expositivo anterior, en la cual se fundamenta jurídicamente el derecho del reclamante a acceder a una “copia del Copia del Acta de la reunión de 23 de julio de 2024 del Consejo de la Función Pública de la Comunidad, y, en su defecto, certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado en dicha reunión, expedida por el Secretario de ese órgano colegiado”. Tercero.- El acta de la reunión del Consejo de la Función Pública que tuvo lugar con fecha 23 de julio de 2024 fue aprobada en la siguiente reunión de este órgano que se celebró el día 4 de octubre de 2024. Ambas actas se encuentran publicadas en el apartado dedicado al empleo público en la página electrónica institucional de la Junta de Castilla y León: funcion-publica.html II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello, puesto que su autor es la misma persona que dirigió su petición a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Cuarto.- La reclamación que ahora se resuelve, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.1 de la LTAIBG y 112.2 de la LPAC, antes citada, tiene la consideración de “sustitutiva de los recursos administrativos”. Las reglas generales de validez y eficacia de tal sustitución son, según el citado precepto de la legislación básica de procedimiento administrativo, las siguientes: su conocimiento se encomienda a órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas y han de respetarse los principios, garantías y plazos que la Ley de Procedimiento Administrativo reconoce a los interesados y ciudadanos en todo procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior, el artículo 24.3 de la LTAIBG prevé que la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la legislación de procedimiento administrativo. Como recuerda el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero, se deben aplicar a este procedimiento de reclamación “las reglas de interposición, la posibilidad de suspensión de la ejecución de la decisión impugnada, la audiencia a los interesados y la resolución”. A los efectos que aquí nos interesan, el artículo 116, letra e), de la LPAC señala que una de las causas de inadmisión de los recursos es que estos carezcan manifiestamente de fundamento. Pues bien, en esta reclamación concurre la citada causa de inadmisión de acuerdo con la siguiente argumentación. Hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública en los siguientes términos: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. No siendo discutible que el objeto de la petición presentada en este caso era información pública en los términos señalados en el precepto indicado, tampoco lo es, a nuestro juicio, que, tal y como se señaló en la Orden impugnada, en el momento de la adopción de esta el acta del Consejo de la Función Pública de Castilla y León solicitada no había sido aprobada, lo cual determinó la concurrencia de la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1 a) de LTAIBG (“información que esté en curso de elaboración”). En efecto, no habiendo sido aprobada el acta en cuestión cuando fue solicitada, esta no existía materialmente como tal, en el sentido señalado en el fundamento jurídico cuarto de la Orden de 1 de octubre de 2024, con cita de varias Resoluciones del CTBG. En concreto, el CTBG ha señalado en su Resolución 797/2021, de 1 de abril, de 2021 (fundamento de derecho 4), lo siguiente: “(…) Este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el alcance de esta causa de inadmisión. Sirva de ejemplo lo manifestado en la Resolución R/0324/2018, que recoge lo expresado en otras anteriores: «(…) entiende este Consejo de Transparencia que la causa de inadmisión del artículo 18.1 a) debe entenderse relacionada con el hecho de que la información está elaborándose o cuya publicación general está siendo preparada. Lo que está implícito en esta causa de inadmisión es que la información aún no está elaborada (por lo que no se incluiría dentro del propio concepto de información pública del artículo 13 de la LTAIBG) o que la misma va a ser publicada de tal manera, que, en un plazo de tiempo razonable, pueda ser accesible con carácter general»”. Por otra parte, respecto a la petición realizada por el solicitante en su escrito de reclamación relativa a la “certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado en dicha reunión”, procede señalar, en primer lugar, que esta petición se realizó a través de la reclamación que ahora se resuelve y que, por tanto, no se contenía en la solicitud inicial. A lo anterior cabe añadir que los certificados no se encuentran dentro del concepto de “información pública” recogido en el citado artículo 13 de la LTAIBG, puesto que estos son documentos no existentes y nuevos, que deben ser elaborados de forma específica para atender la petición recibida. Una certificación se define como un “acto jurídico por el que un funcionario público, o bien transcribe (en su totalidad o parcialmente) un documento que obra en un registro o archivo público, declarando su conformidad con el original, o bien da fe de que un hecho consta documentalmente en los susodichos archivos o registros” (segunda acepción del término certificación del Diccionario del Español Jurídico editado conjuntamente por la Real Academia Española y por el Consejo General del Poder Judicial, abril 2016). En este sentido se ha pronunciado esta Comisión de Transparencia, entre otras, en sus Resoluciones 42/2019, de 26 de febrero (expte. CT-31/2019); 2/2020, de 29 de enero (expte. CT-315/2019); 4/2020, de 29 de enero (expte. CT-336/2019); o 208/2021, de 15 de octubre (expte. CT- 321/2021). Y así se ha mantenido también por el CTBG al señalar expresamente que “... la Ley de transparencia no ampara solicitudes de información dirigidas a obtener certificaciones o cédulas, como sería el caso que nos ocupa, puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como consecuencia de la petición que se formule” (Resolución de 6 de marzo de 2017, expte. RT/0011/2017) En cualquier caso, procede señalar que el acta solicitada, una vez que fue aprobada con fecha 4 de octubre de 2024, ya se encuentra publicada y se puede acceder a ella a través del siguiente enlace: funcion-publica.html Por este motivo, y sin perjuicio de lo que hasta aquí se ha señalado, el derecho de acceso a la información ejercido por el reclamante, a través de la solicitud realizada en su día, puede verse satisfecho ahora a través del enlace señalado. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Inadmitir a trámite la reclamación frente a la Orden de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, de 1 de octubre de 2024, por la que se inadmitió a trámite una solicitud de información pública presentada por D. XXX a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. En cualquier caso, el acta solicitada, una vez que fue aprobada con fecha 4 de octubre de 2024, ya se encuentra publicada y se puede acceder a su contenido a través del siguiente enlace: Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación. Tercera.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.