Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio del Interior (derivado a Inclusión) información sobre costes, medios, contratos y vuelos de traslados de inmigrantes de Canarias a la Península desde 01/01/2024. El Ministerio concedió acceso parcial, denegando contratos (por publicar) y vuelos (por reelaboración). La reclamante alegó que los contratos son públicos y la información de vuelos no requiere reelaboración. El Consejo estima parcialmente, ordenando la entrega de contratos y desestimando la relación de vuelos por esfuerzo desproporcionado.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Educación actas, listados de miembros (actuales e históricos), y gastos del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, así como los motivos de incumplimiento de ciertas obligaciones. El Ministerio inadmitió las actas por repetitivas, remitió a BOE para miembros, y denegó gastos y motivos. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando al Ministerio facilitar las actas (con supresión de deliberaciones), los listados de miembros y los gastos desde la creación del Consejo, pero desestima la solicitud de los motivos de incumplimiento.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Alfarrasí facturas y pagos realizados a miembros del Grupo Municipal Popular entre junio y diciembre de 2023. El Ayuntamiento alegó falta de medios y que se solicitaba la elaboración de informes. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, considerando que la información es pública y no requiere reelaboración.
Se solicitó al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) información detallada sobre el Tributo Metropolitano (IBI) de 2021-2023. La AMB denegó inicialmente alegando inexistencia de base de datos unificada y complejidad excesiva. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento por pérdida del objeto, ya que la AMB acabó entregando la información agregada al solicitante.
Un solicitante pidió a la AECID información detallada sobre sus actuaciones en Paraguay (2015-2023), incluyendo proyectos, fondos, contratos, incumplimientos, presupuesto 2024 y salarios. La AECID concedió acceso parcial, alegando información en elaboración o que requería reelaboración. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el presupuesto 2024 y la planilla de salarios, al considerar desproporcionada la reelaboración para algunos puntos y el presupuesto ya fijado.
Un solicitante pidió al Ministerio de Industria y Turismo diversa información sobre el Parador de Baiona (documentos, titularidad, contratos, estadísticas, datos financieros y un inventario de bienes). El Ministerio proporcionó parte de la información, denegó otra por no disponer de ella, requerir reelaboración o aplicar límites. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, desestimando las peticiones nuevas o sobre información inexistente, pero instando a entregar el inventario actualizado de bienes muebles y artísticos sin su localización física exacta.
El reclamante solicitó al Ministerio de Educación listados anonimizados de alumnos admitidos en centros de Ceuta y Melilla, incluyendo puntuaciones y otros datos. El Ministerio inadmitió la solicitud por repetitiva, alegando que ya había respondido a una anterior. El reclamante alegó que la información no había sido entregada. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respetó el plazo legal para entregar la información, aunque la facilitó tardíamente durante el proceso de reclamación.
El 18 de junio de 2024, se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social la relación de asesores eventuales y funcionarios por libre designación, con sus retribuciones. El Ministerio concedió acceso parcial, alegando que la información ya estaba publicada y que la solicitud requería reelaboración. El reclamante interpuso reclamación ante el CTBG, señalando que no se identificaba a los asesores ni sus sueldos, a diferencia de otros casos. El CTBG estima la reclamación, basándose en su doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo que priorizan el interés público en la divulgación de esta información y desestima la causa de inadmisión por reelaboración.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid datos detallados y anonimizados sobre becas de Bachillerato y FP de tres cursos académicos. El interesado alegó que la administración ya había proporcionado datos similares previamente. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración previa de la información.
El reclamante solicitó a la AEPD toda la información aportada en su contra por denunciantes relacionados con TeBorramos y Legal Eraser. La AEPD inadmitió la solicitud por requerir reelaboración (Art. 18.1.c LTAIBG), al ser genérica y exigir análisis subjetivo. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que la petición implica una tarea de análisis y selección que excede la reelaboración básica.
El solicitante pidió a la Consejería de Educación y Formación Profesional de la CARM el recuento desagregado de alumnos admitidos y excluidos en FP desde 2018 hasta 2024. La administración denegó el acceso alegando que los datos no están centralizados y requieren una labor de recopilación en más de cien centros. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación.
El ciudadano solicitó a la Dirección General de Salud Pública datos detallados e individualizados sobre interrupciones del embarazo (2019-2023). La administración denegó el desglose alegando confidencialidad de datos personales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Madrid desestima la reclamación por ser extemporánea y, en el fondo, por requerir reelaboración de datos y vulnerar la confidencialidad.
El solicitante pidió información sobre obras y contratos relacionados con el contrato 1-SERV/2008 a la EMSHI. La administración inadmitió parte de la solicitud alegando que la información estaba en una empresa mixta no sujeta a la ley de transparencia. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando a la EMSHI a obtener la información de la adjudicataria.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes datos de disponibilidad técnica de trenes de cercanías de Asturias (2003-2023). RENFE-Operadora inadmitió la solicitud, alegando que no era información pública, requería elaboración desproporcionada y era abusiva. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, argumentando que la información es pública, la elaboración es básica y la solicitud no es abusiva, instando a la entrega de los datos.
Un reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Baleares el expediente completo de distribución de puntos de atraque para la temporada alta 2024 en Ibiza y La Savina, incluyendo informes de valoración, instrucciones y datos de personal. La APB denegó o inadmitió parcialmente la solicitud. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega de la mayoría de la información al considerar que las causas de inadmisión alegadas no estaban justificadas.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre personal (efectivos, plantillas, comisiones, amortización de plazas, interinos y centros CREADE). El Ministerio concedió acceso parcial, alegando que el resto requería reelaboración. El reclamante interpuso recurso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar que no se respetó el derecho a una respuesta completa en plazo, obligando al reclamante a recurrir para obtenerla.
Una asociación solicitó al Ministerio del Interior datos sobre personas internas y expulsadas de CIEs (países de destino, tiempo de internamiento, datos desglosados). El Ministerio concedió acceso parcial, denegando nacionalidades por perjuicio a relaciones exteriores (Art. 14.1.c LTAIBG) y edad por complejidad (Art. 18.1.e LTAIBG). La asociación reclamó por la justificación de las nacionalidades. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que la difusión de nacionalidades perjudica las relaciones exteriores y los derechos de los afectados, sin interés público superior.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Búguer las facturas de 2023 en un archivo Excel con formato específico. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que el concejal ya disponía de la información y que la petición suponía una reelaboración. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que la solicitud implica una reelaboración de información ya accesible, lo cual no está amparado por la LTAIBG.
Una persona física solicitó al Ayuntamiento de Barcelona (Institut Municipal de Parcs i Jardins) documentación sobre la revisión bianual del arbolado, talas, alcorques vacías y planes de reposición. El organismo denegó la información detallada alegando complejidad técnica. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar la información por ser pública y ambiental.
Un solicitante pidió a SELAE datos de ventas anuales de lotería desde 2000, desglosados por producto y municipio. SELAE concedió acceso parcial (2006-2023 por producto), denegando el desglose municipal por afectar intereses económicos y comerciales, y parte del periodo por requerir reelaboración o estar en curso. El reclamante alegó que no había competidores privados. El Consejo desestima la reclamación, validando la denegación del desglose municipal por proteger intereses comerciales de la red de ventas externa de SELAE.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pastrana el número de expediente o la puesta a disposición de licencias urbanísticas de numerosas fincas mediante referencias catastrales. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por abusiva y excesiva.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Almería los horarios oficiales de Séneca del profesorado de un IES. El solicitante alegó que la información no estaba en el tablón de anuncios y requería formato digital. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información digitalmente y anonimizada.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible copia de todos los documentos sobre su relación con Google. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requería reelaboración y era abusiva. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la inadmisión por reelaboración, ya que la información no está precompilada y requeriría una compleja tarea de búsqueda y creación de un informe ex novo, excediendo la reelaboración básica.
El solicitante pidió a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació datos sobre alumnos matriculados y necesidades educativas en Algemesí (2020-2024). Alegó inadmisibilidad parcial de la solicitud. El Consell Valencià de Transparència declara la pérdida del objeto ya que la administración acabó facilitando la información, aunque de forma extemporánea.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades datos sobre homologación de títulos universitarios extranjeros (número, resultado, universidad, país) para 2000-2023 en formato reutilizable. El Ministerio denegó parcialmente por repetitiva (pre-2018), en elaboración (post-2021) y por requerir reelaboración (2018-2021). El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar los datos desagregados de 2018-2021 al considerar insuficiente la justificación de reelaboración.
Un sindicato solicitó al Ayuntamiento del Prat de Llobregat el desglose de actas de resultados de procesos de estabilización y datos sobre periodos de prueba. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que requería una tarea compleja de recopilación manual. La GAIP estima la reclamación, considerando que la labor es mecánica y no requiere análisis jurídico.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes un desglose de solicitudes de indemnización desde 2014 de personas condenadas y luego exoneradas. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requeriría una reelaboración desproporcionada de más de 7.000 expedientes. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que la información solicitada implicaría una compleja reelaboración y la confección de un informe ad hoc, lo que justifica la inadmisión según el art. 18.1.c) LTAIBG.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores (gestionado por Presidencia) la denominación oficial de España y su base legal. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla una consulta jurídica. El reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia, que la desestimó. El Consejo argumenta que la LTAIBG no ampara solicitudes de asesoramiento o interpretación jurídica, ya que no constituyen información pública preexistente.
Una persona solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena el nombre, apellidos, experiencia, formación y posible vinculación del adjudicatario de una plaza de responsable de mantenimiento. La APC denegó el acceso alegando protección de datos y un proceso judicial penal de la solicitante. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del nombre, apellidos, experiencia y formación del adjudicatario, pero no la información sobre vinculaciones.
Una persona solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía su inclusión en una bolsa de interinos y el listado de llamamientos de los últimos 17 años. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos desde 2015, pero desestima los anteriores por requerir reelaboración.
Un residente solicitó al Ayuntamiento de Santander información sobre ayudas y subvenciones para proyectos de remodelación urbana. El Ayuntamiento alegó inadmisibilidad por requerir elaboración de información y ser repetitiva. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, desestimando las peticiones que implicaban elaboración de nueva información y estimando la relativa a la adhesión a un programa específico de rehabilitación, al considerar insuficiente la respuesta del Ayuntamiento.
Se solicitó a la Consejería de Salud de Asturias información sobre electroshocks (número, sexo, edad, coste, sesiones, consentimiento) entre 2019-2023. Ante la falta de respuesta y posterior acceso parcial, la reclamante alegó insuficiencia. El Consejo estima formalmente la reclamación por la demora en la respuesta de la administración, pero desestima la pretensión de obtener datos que requerirían reelaboración, conforme al art. 18.1.c LTAIBG y jurisprudencia.
Un solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos sobre inmigrantes irregulares y sus costes desde 2018. Ante la falta de respuesta, interpuso una reclamación. El Ministerio respondió extemporáneamente, concediendo parcialmente la información y alegando causas de inadmisión. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el plazo legal de respuesta.
La Confederación de Autónomos del Taxi solicitó a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori información detallada y expedientes de sanciones VTC desde 2021. Tras una inadmisión administrativa por reelaboración y abuso, el Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación, concediendo solo el acceso al número total de expedientes.
Se solicitó al Ayuntamiento de Falset copia digital del expediente 196/2023 y datos sobre una revisión de oficio. El reclamante alegó falta de respuesta y que la información ya había sido enviada a la Generalitat. La GAIP estima la reclamación al considerar que el volumen de información no justifica la denegación por complejidad de la tarea.
Se solicitó al Ayuntamiento de Falset el acceso a ocho expedientes de licencias urbanísticas e informes técnicos. El Ayuntamiento denegó la petición alegando falta de recursos humanos y complejidad de la tarea. La GAIP estima la reclamación al constatar que la información ya había sido remitida previamente a la Generalitat, invalidando así la alegación de carga de trabajo inasumible.
El reclamante solicitó a la Universitat de Barcelona información sobre procesos selectivos (méritos y currículums), recursos docentes y normativa de docencia no reglada. La GAIP desestima la reclamación sobre los procesos selectivos porque la Universidad ya entregó la información o no existen recursos, e inadmite por extemporánea la solicitud de materiales y normativa docente.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de reclamaciones, demandas y sentencias sobre el abono de ropa de paisano a agentes no escoltas. El Ministerio alegó inadmisión por reelaboración (art. 18.1.c LTAIBG), indicando que la información no estaba sistematizada. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la Administración debe tener constancia de estos datos y no se justifica la reelaboración.
El reclamante solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática información sobre clubes deportivos notificados en 2023 por sanciones a seguidores (prohibición de entrada a estadios o retirada de condición de socio) y el total de sancionados. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando incompetencia parcial y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando al Ministerio entregar la información al considerar que la posee y que la supuesta reelaboración no justifica la inadmisión.
Una persona solicitó al Ministerio de Sanidad el registro anonimizado de ingresos hospitalarios (2011-2023) con alto nivel de desagregación (sexo, edad, fechas exactas, diagnóstico). El Ministerio denegó la solicitud alegando riesgo de reidentificación de datos de salud sensibles. La reclamante argumentó que ya se le había proporcionado información similar. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación por prevalecer la protección de datos personales sobre el acceso a la información.
Se solicitó al Ministerio del Interior información desglosada por año y provincia sobre guardias civiles lesionados y dados de baja durante las jornadas PATIO entre 2020 y 2024. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración "ex profeso" de datos no estructurados. El reclamante alegó que la información existía en registros informáticos. El Consejo desestima la reclamación, confirmando la inadmisión al considerar que la extracción de los datos solicitados implica una tarea de análisis y elaboración de un informe ad hoc que excede el derecho de acceso.
La reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores (trasladado a Economía) un listado detallado de armas y municiones exportadas a Israel en noviembre de 2023. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en elaboración o publicación general. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el plazo de publicación se ha excedido y que la información estadística general debe ser facilitada.
Un reclamante solicitó al Ministerio del Interior un listado de solicitudes de inscripción en el Registro de Asociaciones de septiembre y octubre de 2023 con sus fechas de resolución, entre otras peticiones. La Administración denegó esta parte alegando que requería reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar el listado, al considerar que la justificación de reelaboración es insuficiente y que la generación de dicha información no es compleja con los medios actuales.
Una entidad solicitó al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya los protocolos de consentimiento informado para terapias de electroshocks. El organismo denegó parcialmente alegando que la recopilación era una tarea compleja y desproporcionada. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar la información por no acreditarse la complejidad objetiva.
El reclamante solicitó al Ministerio de Defensa información sobre gastos en suscripciones a medios digitales y en papel en 2023. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, considerando que la justificación del Ministerio es insuficiente y que las tareas de recopilación y clasificación no constituyen una reelaboración compleja que justifique la inadmisión.
Una abogada de una comunidad de propietarios solicitó al Ayuntamiento de Reinosa acceso a numerosos expedientes y documentos sobre problemas de aguas subterráneas. Ante la supuesta ausencia de respuesta, interpuso una reclamación. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era desproporcionada y requería una reelaboración ingente. El Consejo estima la reclamación por motivos formales (respuesta tardía) pero desestima la mayor parte por la necesidad de reelaboración de la información.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad (INGESA) información presupuestaria y circulares históricas del extinto Instituto Nacional de Previsión. El Ministerio denegó la solicitud alegando que la información era histórica, no sujeta a publicidad activa y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, dictaminando que el acceso a esta documentación se rige por la Ley de Patrimonio Histórico Español, no por la Ley de Transparencia.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad (INGESA) índices y normas organizativas de los extintos INP e INSALUD. El Ministerio denegó el acceso alegando valor histórico y necesidad de reelaboración. El reclamante impugnó esto. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, dictaminando que la información se rige por la Ley de Patrimonio Histórico Español, de aplicación preferente, y que el Ministerio ofreció vías de acceso alternativas.
El reclamante solicitó a la AEAT datos judiciales sobre trienios de personal funcionarizado. La AEAT no respondió inicialmente y luego inadmitió/denegó la petición alegando falta de información o necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando a la AEAT entregar la mayoría de los datos, al considerar injustificadas sus razones de inadmisión y la inexistencia de cierta información.
Un ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Bilbao información sobre la participación y gastos de un consejero en una celebración del Athletic Club, así como sus dietas por asistencia a consejos. La APB concedió las dietas pero inadmitió la información del evento por considerarlo privado y no obrar en su poder. El reclamante alegó que el evento fue público y financiado con recursos de la APB. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que la información del evento no es pública al no haber sido elaborada o adquirida por la APB en el ejercicio de sus funciones.
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