Solicitud de información sobre electroshocks en Asturias (número, coste, pacientes, consentimiento) y su denegación parcial por reelaboración, con estimación formal de la reclamación por respuesta tardía

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 31 de marzo de 2024 la ahora reclamante presentó una solicitud de información pública dirigida a la Consejería de Salud de Asturias con el contenido siguiente: “Solicito información sobre el número de electroshoks dados en su Comunidad durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 en los hospitales, centros de salud o cualquier otro lugar dónde se efectuaran. Solicito información sobre el número de electroshoks dados por sexo y edad de los pacientes. Solicito información sobre el coste económico que estos tuvieron por sesión y en su totalidad por todos los conceptos. Solicito información sobe el número de pacientes a los que se les dio electroshoks y cuántas sesiones por paciente. Solicito información sobre el número de electroshoks dados con consentimiento libre e informado y los que fueron dados sin consentimiento o de manera forzosa.” N/REF: 1014-2024 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Principado de Asturias/ Consejería de Salud. Información solicitada: Electroshocks en centros sanitarios. RA CTBG Número: 2024-0568 Fecha: 29/10/2024 2. Ante la ausencia de respuesta a su solicitud, presentó una reclamación ante este Consejo, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el 6 de junio de 2024, registrada con número de expediente 1014-2024. 3. El 6 de junio de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General de la Consejería de Salud al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 4 de julio se recibe oficio de alegaciones confiriendo traslado de la resolución de estimación parcial del acceso, emitida el 2 de julio de 2024 y notificada a la solicitante, la cual dispone lo siguiente: “RESUELVO Primero. - Conceder, a (…), el acceso parcial a la información solicitada acerca de los electroshoks en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), en los términos razonados, en virtud de lo previsto en el artículo 20.2 de la Ley 19/2023, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución. Segundo. - La formalización del acceso a la información se hace efectiva a través de la presente resolución administrativa en los siguientes términos: "Consultados los datos obrantes en los diferentes registros de esta Dirección de Salud Mental constan acreditada la siguiente información solicitada en relación al asunto de referencia. 1.- Información de electroshoks en su Comunidad durante los años 2019, 2020, 2027, 2022 y 2023 en los hospitales, centros de salud o cualquier otro lugar donde se efectuarán: Las sesiones de Terapia Electro Convulsiva (TEC), no se realizan en ningún Centro del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). Los pacientes que tienen una indicación, se derivan a un centro concertado con el SESPA. 2.- Información sobre el número de electroshoks dados por sexo y edad de los pacientes: No es posible aportar esta información en este momento. Exige su reelaboración (art. 18.1 c Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). RA CTBG Número: 2024-0568 Fecha: 29/10/2024 3.- Información sobre el costo económico que estos tuvieron por sesión y en su totalidad por todos los conceptos: El precio unitario por sesión: (TABLA POR AÑOS/IMPORTE) Importe anual: (TABLA POR AÑOS/IMPORTE) 4.- Información sobre el número de pacientes a los que se les dio electroshoks y cuántas sesiones por paciente: (TABLA PACIENTES/SESIONES) *Año 2023: 40 sesiones a un precio unitario de 220,00 € y 463 a 240,00€ Año 2020: 40 sesiones a un precio unitario de 276,30 € y 257 sesiones a 220,00€. 5.- Información sobre el número de electroshoks dados con consentimiento libre e informado y los que fueron dados sin consentimiento o de manera forzosa: Conforme la Ley 47/2002, de 14 de no viembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como el Protocolo de derivación de pacientes para dicha técnica, es imprescindible que se acompañe consentimiento libre e informado de los mismos. " Tercero. - Notificar a la solicitante la presente resolución (…).” 4. En el trámite de audiencia concedido por este consejo el 5 de julio de 2024, la reclamante manifiesta la siguiente: “Continuar con la reclamación y solicitar las siguientes aclaraciones: Aclarar si no se aplican electroshocks en ningún centro público de salud, hospital, etc. del Principado y todos son trasladados a centros concertados. Siguen sin facilitarse los datos de los años 2019 y 2020 en relación a sesiones y pacientes. Ruego se solicite a dichos centros que registren y aporten información completa como: Número de pacientes que reciben electroshocks por meses y años. Número de sesiones cada paciente, y número de ciclos de sesiones a cada paciente en el año y en años sucesivos. Edades de los pacientes. Sexo de los pacientes. Desde qué servicios sanitarios son derivados.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con la ciudad autónoma de Ceuta. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se solicita información sobre un tipo de econ/convenios/conveniosCCAA.html tratamiento clínico, desagregado en función de una serie de factores estadísticos, algunos de ellos vinculados a los pacientes concretos. La resolución administrativa ha sido emitida de forma ext emporánea y cumplimenta la solicitud en la mayoría de las distribuciones, a excepción de la desagregación por paciente, edad y sexo. Dicha circunstancia ha sido justificada sobre la base de una causa de inadmisión, la que impide reelaborar la documentación a demanda del solicitante, establecida en el artículo 18.1 de la LTAIBG: “c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.” Al respecto la reclamante alega que se deberían recabar esos datos, incluso con la distribución por meses dentro de cada año, y completar con información sobre el centro desde el que se derivan los pacientes, si bien alguna de esas interpelaciones no estaba incluida en su solicitud inicial, o bien ha sido contestada, como la del punto primero, acerca del tipo de centro donde se realizan los tratamientos, por los que no puede estimarse la pretensión de aclaración ejercida en el trámite de audiencia. 5. En relación con la causa de inadmisión parcial, alegado por la administración, este Consejo aprobó en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas por el artículo 38.2.a) de la LTAIBG , el criterio interpretativo CI/007/2015, de 12 de noviembre , para delimitar el alcance de la noción de “reelaboración”. La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información y no debe confundirse con otros supuestos, tales como el volumen o la complejidad de la información solicitada, la inclusión de datos personales susceptibles de acceso parcial o de anonimización o el acceso parcial de la información, supuestos estos contemplados en los artículos 20.1, 15.4 y 16 de la LTAIBG, que no suponen causas de inadmisión en sí mismos. Este planteamiento debe ser, necesariamente, completado por la interpretación que del alcance del precepto de referencia ha elaborado la jurisprudencia contencioso- administrativa. En este sentido hay que traer a colación el apartado 1 del Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 2017. “(….) Pero el derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancia de un particular. Es por ello por lo que el mencionado art. 18.1.c permite la inadmisión de una solicitud cuando la información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella, pero sin que ello signifique deba ser objeto de una interpretación amplia. Por consiguiente, es indiferente que dicha información obre en poder de la Administración o ente público encargada de dispensarla. Y en estos términos hay que interpretar el art. 13 de dicha Ley, de lo contrario se estaría alterando el objeto y espíritu de dicha Ley, que no parece haber convertido el derecho a la información pública en el derecho a obtener un informe solicitado sin previa tramitación de un procedimiento administrativo y con la finalidad de preparar la resolución que ponga término al mismo (art. 82 de la Ley 30/1992). Asimismo, debe hacerse mención a la Sentencia del Tribunal Supremo 306/2020, de 3 de marzo, -recurso de casación núm. 600/2018- que señala lo siguiente: “Ciertamente, el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas, pero que, por lo que ahora importa, se trata de una documentación en la que su procedencia no se encuentra en su totalidad en el propio órgano al que se solicita, pues parte de tal información corresponde y se encuentra en la Casa Real, con el añadido de que parte de tal información se encuentra clasificada, según la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por Ley 48/1978. Además del extenso límite temporal de la información solicitada de los vuelos militares desde 1976. De modo que en el caso examinado, por muy restrictiva que sea la interpretación de la causa de inadmisión, como corresponde a este tipo de causas que impiden el acceso, se encuentra justificada por la concurrencia de la acción previa de reelaboración, pues se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información. Además, incluso la información del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que la solicitud alcanza hasta el año 1976, se encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como informáticos que precisan también de una previa reelaboración”. Por último, la Audiencia Nacional también se ha pronunciado sobre la reelaboración en su sentencia de 31 de enero de 2022 en los siguientes términos: “Debe entenderse por acción previa de reelaboración la que exigen aquellas peticiones de información que cargan sobre el órgano administrativo la iniciativa de la búsqueda de datos que se encuentran dispersos en una pluralidad indeterminada de registros o archivos, cualquiera que sea su soporte, exigiendo el análisis de la información obtenida y su ordenación. Esta labor de relacionar datos que obren en poder de la ad ministración, pero en expedientes indeterminados y sin un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, no está amparada por el derecho a la información ni tienen los ciudadanos título para promoverla, salvo que expresamente se contemple en el ordenamiento jurídico. Por ello, la petición de obtención de datos concretos que necesariamente deben figurar en los expedientes señalados por el solicitante de la información, no está comprendida en la excepción sobre la que se basa la sentencia de instancia”. En congruencia con la anterior doctrina jurisprudencial, se deben admitir las alegaciones de la administración acerca de la dispersión de datos y la necesidad de realizar un trabajo de recopilación desde distintos centros concertados, añadido al realizado por las direcciones generales financiera y de salud mental, que implica un nuevo tratamiento de la información (nuevas operaciones de análisis, reelaboración, recopilación y agregación de datos para poder ofrecer dicha información), y se desestiman las introducidas por la reclamante en el trámite de alegaciones, pues la resolución se ha ceñido a la solicitud y ha proporcionado acceso a los datos económicos y estadísticos solicitados, justificando debidamente inexistencia de los otros datos solicitados. 6. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». Como se ha indicado, en este caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que las dudas que manifiesta sobre cómo debía proceder justifiquen la demora. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». En este caso, no se contestó a la solicitud de 31 de marzo de 2024, ni se amplió el plazo como permite la LTAIBG. La información de respuesta se ha proporcionado finalmente el 2 de julio de 2024, tal y como se menciona en los antecedentes de hecho de esta resolución, una vez transcurrido el plazo legal desde la solicitud. La respuesta emitida, aunque extemporáneamente, ha proporcionado acceso a la información pretendida en la solicitud inicial que obra en poder de la administración reclamada. En consecuencia, procede la estimación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho a obtener una respuesta en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundament os jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente a la Consejería de Salud del Principado de Asturias. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez