Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
AESA inadmitió una solicitud de listado desagregado de reclamaciones de vuelos de 2023 por información en elaboración y necesidad de reelaboración. La reclamante alegó que la información existe y la falta de medios no es motivo. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que el informe anual de 2023 está en elaboración y que la información desagregada solicitada requeriría una reelaboración que excede la noción de información pública.
Un ciudadano solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública datos sobre niveles, complementos y número de funcionarios del grupo A2 de la AGE, incluyendo el Cuerpo Técnico de Ayudantes de Museos. Ante la falta de respuesta, el solicitante interpuso una reclamación. El Consejo de Transparencia estima formalmente la reclamación porque la Administración no contestó en el plazo legal, aunque luego facilitó la información con limitaciones.
El reclamante solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (CSIC) información detallada sobre el coste del programa "Cazabulos". El CSIC inadmitió la solicitud por considerarla abusiva y repetitiva, alegando que afectaría la gestión diaria. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la inadmisión al constatar un ejercicio extralimitado del derecho, falta de justificación en la finalidad de transparencia y la necesidad de reelaboración de la información.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural datos específicos de explotaciones ganaderas (REGA, estado, capacidad, etc.) de 2016 y 2021 en formato Excel/CSV. La Consejería estimó parcialmente, remitiendo a enlaces con información incompleta y alegando necesidad de reelaboración. La Comisión de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la información es parte de los datos mínimos obligatorios del REGA y no requiere reelaboración, ordenando su entrega completa en el formato solicitado.
El Presidente de la Junta de Personal Funcionario solicitó a la Agencia Tributaria Canaria informes sobre comisiones de servicios y nombramientos de interinos. El organismo inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración de la información. El Comisionado de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que el derecho de acceso no obliga a elaborar información nueva.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana (dirigido al CVPA) información sobre normativa de accesibilidad en comunidades de vecinos y vías administrativas para denunciar incumplimientos. El Departamento inadmitió la solicitud por requerir reelaboración. El reclamante alegó que no era reelaboración y buscaba asesoramiento. La Comisión desestima la reclamación al considerar que las preguntas son asesoramiento jurídico sobre un caso concreto, no información pública.
Un representante sindical solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya plantillas detalladas del personal docente y laboral. Tras una estimación parcial y un recurso desestimado, la GAIP intervino mediante un proceso de mediación. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo y la administración entregó la información pendiente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Tarragona un listado detallado de viviendas de uso turístico. Tras la denegación municipal, el interesado interpuso simultáneamente un recurso de reposición y una reclamación ante la GAIP. La GAIP acuerda la inadmissión de la reclamación por ser prematura, al estar aún pendiente la resolución del recurso de reposición.
El reclamante solicitó a la AEAT datos sobre reclamaciones y recursos administrativos de personal funcionarizado por trienios. La AEAT no respondió a tiempo y luego concedió parcialmente, alegando reelaboración para el tiempo medio de resolución y el desglose de recursos. El Consejo estima parcialmente la reclamación, instando a la AEAT a proporcionar el número de resoluciones fuera de plazo y el desglose de recursos, pero confirma la inadmisión del tiempo medio y peticiones vagas.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible datos de visados de dirección de obra y viviendas por tipo, destino, provincia y tamaño municipal para 2020-2023. El Ministerio proporcionó datos agregados pero denegó la información a nivel municipal alegando necesidad de reelaboración y falta de personal. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que la desagregación municipal requeriría un informe ad hoc no cubierto por la LTAIBG y que la causa de inadmisión del art. 18.1.c) fue justificada.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda estadísticas de inmuebles residenciales dados de alta en el IBI, desglosadas por municipio y número de propiedades por titular. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El reclamante argumentó que los datos ya existen y solo requieren una agregación básica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, indicando que la extracción de datos de una única base no es reelaboración que justifique la inadmisión, y critica la falta de justificación del Ministerio.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores datos desglosados sobre visados de residencia (Ley 14/2013), inversión y aclaración de cifras publicadas. El Ministerio dio acceso parcial, alegando reelaboración y falta de competencia. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación: desestima desglose mensual y aclaración de cifras, pero insta a entregar la información en formato reutilizable y a remitir la parte de visados solicitados en España al Ministerio de Inclusión.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda un listado de titulares con más de 10 inmuebles residenciales para IBI. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando "reelaboración". El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la extracción de datos de una única base, aunque compleja o voluminosa, no constituye reelaboración según la jurisprudencia, y la anonimización no es causa de inadmisión.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes (Renfe) datos de horarios programados y reales de Rodalies Tarragona-Barcelona para analizar retrasos. Renfe inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y posible perjuicio económico. El reclamante acotó la petición, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que la información requeriría una reelaboración desproporcionada, no amparada por la LTAIBG.
Un ciudadano solicitó al Ministerio del Interior las puntuaciones medias y porcentajes de clasificación de los IPECGUCIS de la Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil de los últimos 5 años. El Ministerio inadmitió por reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estima formalmente la reclamación porque el Ministerio entregó tardíamente las puntuaciones medias, aunque desestima la solicitud de porcentajes por considerar justificada la necesidad de reelaboración.
Se solicitó al Consell Comarcal del Baix Camp un informe que certificara que un nombramiento se realizó siguiendo el orden de puntuación y el principio de concurrencia competitiva. La GAIP inadmitió la reclamación porque el derecho de acceso a la información pública no incluye la obligación de elaborar certificados o informes expresamente para atender una petición.
Una persona solicitó al Consell Comarcal del Maresme actas de procesos selectivos de bolsas de trabajo. El organismo inicialmente denegó el acceso alegando falta de competencia y falta de concreción. Tras la reclamación, el Consell Comarcal aceptó entregar la información, por lo que la GAIP finaliza el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto.
Una persona física solicitó al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya documentación económica y facturas de una subvención de fondos europeos. El Departamento inadmitió la solicitud alegando falta de tiempo y complejidad. La GAIP estima la reclamación al considerar que no existe una carga de trabajo inasumible ni complejidad técnica que justifique la denegación.
La entidad DEPANA solicitó al Departamento de Interior información sobre accidentes de caza de los últimos 30 años y sus atestados. La administración alegó falta de herramientas informáticas previas a 2015 y competencia judicial de los atestados. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar los datos disponibles y atestados administrativos, excluyendo los judiciales.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (y al Consejo General del Notariado) estadísticas sobre firmas digitales notariales, costes del Portal Notarial y alternativas. El Consejo General del Notariado no respondió en plazo, alegando reelaboración para parte de la información y que otra no era pública o era análisis jurídico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido a la falta de respuesta en el plazo legal.
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almería solicitó una relación de empleados interinos con antigüedad superior a 3 años. El Ayuntamiento denegó la información alegando que requería la elaboración de informes ex novo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación debido a que operó el silencio administrativo positivo.
Un solicitante pidió al Ministerio de Sanidad (DGPNSD) la identificación de entidades representantes de afectados por adicciones y un listado de organizaciones interesadas con contratos/convenios. El Ministerio concedió acceso remitiendo a su web, alegando no tener listados específicos y que la información requeriría reelaboración. El reclamante impugnó esto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando insuficiente la justificación de reelaboración y ordenó al Ministerio entregar la información solicitada.
El solicitante pidió a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública la revisión de su examen, copia de respuestas y la localización exacta de la normativa aplicada para calificarlo. Tras recibir parte de la información, el interesado alegó que la respuesta era insuficiente. El Consell Valencià de Transparencia desestima la reclamación por requerir una reelaboración de la información.
La Confederación de Autónomos del Taxi solicitó a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori información sobre controles a taxis adaptados y expedientes sancionadores. Ante el silencio administrativo, el Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la solicitud: obliga a entregar los datos de los controles, pero desestima el acceso a los expedientes por inexistencia de los mismos.
El Grupo Municipal Socialista de Almería solicitó al Ayuntamiento de Almería copia de las denuncias de la Inspección de Trabajo de los últimos 4 años y sus resultados. El Ayuntamiento denegó la información alegando que requería elaborar informes ex novo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación debido a que operó el silencio administrativo positivo.
Un concejal del PP de Pulianas solicitó acceso electrónico general a todos los expedientes municipales y el desglose de actas con sus peticiones de información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó el acceso general por vulnerar el principio de minimización de datos, pero estimó la entrega de las actas al no acreditarse una reelaboración excesiva.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre el cupo, número de logopedas y datos de atención y listas de espera en hospitales públicos de Canarias. La solicitante alegó insuficiencia y falta de datos en la respuesta inicial. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando al organismo a entregar la información existente o motivar su inexistencia.
Se solicitó al Ministerio de Transportes vista y copia de expedientes de obras en la N-II y autorizaciones de estaciones de servicio. Ante la falta de respuesta y posterior información incompleta, la reclamante acudió al CTBG. El Consejo estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar la documentación faltante, incluyendo memorias de proyectos y alegaciones, al considerar que no se requería reelaboración.
La reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre donaciones, aceptación de bienes y condecoraciones a civiles propuestas por una Comandancia de la Guardia Civil desde 2009. El Ministerio no respondió, lo que llevó a una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El Ministerio alegó inadmisibilidad por requerir reelaboración. El CTBG suspende la resolución de la reclamación debido a recursos contencioso-administrativos pendientes contra resoluciones previas del CTBG con objeto idéntico.
Un solicitante pidió a la AEMPS información sobre los ingresos recibidos de la industria farmacéutica (nombres de empresas, cantidades y desglose de tasas) para 2020-2022. La AEMPS denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración. El reclamante impugnó, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó la reclamación, instando a la AEMPS a proporcionar los nombres de las empresas, al considerar que la identificación no constituye una reelaboración compleja.
Un solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes datos sobre inscripciones de nacimientos en el Registro Civil (2000-2023), incluyendo orden de apellidos y desglose provincial. El Ministerio no respondió en plazo, alegando después la imposibilidad de extraer la información por la coexistencia de sistemas informáticos y la complejidad de la reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el plazo legal de respuesta.
Una persona solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un listado anonimizado de solicitudes denegadas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con detalles de fechas, motivos y datos demográficos. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración de datos no existentes en ficheros estadísticos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que la petición implicaba una reelaboración desproporcionada y la creación de un informe ad hoc.
Un solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las bases de datos mensuales de las nóminas del IMV desde su inicio, con el mismo formato que una ya publicada. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requería reelaboración (art. 18.1.c LTAIBG). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) desestimó la reclamación, confirmando que la petición implicaba una tarea de reelaboración que afectaría el funcionamiento ordinario del Ministerio.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León información sobre la disponibilidad de fármacos específicos y protocolos para el estreñimiento crónico y síndrome del intestino irritable. Tras una denegación presunta y posterior estimación parcial, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los protocolos solicitados.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un listado anonimizado y detallado de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración de datos no disponibles. La reclamante argumentó que los datos ya existían y solo necesitaban extracción. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión al considerar que la información solicitada implicaba una reelaboración que afectaría el funcionamiento ordinario del Ministerio.
Un periodista solicitó a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) información sobre municipios sancionados por exceso de consumo de agua. Tras la denegación inicial de la ACA por complejidad de elaboración, la GAIP intervino y las partes alcanzaron un acuerdo de mediación. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento al no ser el acuerdo contrario al ordenamiento jurídico.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Torredembarra un certificado de las funciones desempeñadas como educadora social entre 1992 y 1993. Tras alegar una respuesta parcial, la GAIP decidió inadmitir la reclamación porque la solicitud de certificados que requieren elaboración expresa excede el concepto de información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de l'Ampolla el detalle de los gastos presupuestarios destinados a actos taurinos entre 2013 y 2024. La reclamante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP resuelve finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento entregó la información a la interesada durante la tramitación del expediente.
Un representante del PAS solicitó a la Universidad de Barcelona (UB) diversa documentación sobre sus Servicios Jurídicos y Convenis. Tras alegar la UB la inexistencia de algunos documentos y la complejidad técnica de otros, la GAIP resuelve finalizar el proceso por pérdida parcial de objeto (información inexistente o ya facilitada) y desestimar el resto por acreditarse que su obtención supondría una tasca compleja.
La AEMPS/MINISTERIO DE SANIDAD denegó el acceso a un registro detallado de solicitudes de licencias para cultivo de cannabis con fines médicos (2010-2024), alegando confidencialidad y necesidad de reelaboración. La reclamante argumentó que la información no era personal y que la extracción de datos dispersos no era reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que la extracción manual de datos de numerosos expedientes dispersos constituye una reelaboración inadmisible.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Lebrija información sobre los controles administrativos para licencias en el ámbito del PEPCH y la certificación del incremento de edificabilidad consumido. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: obliga a detallar los controles efectivos (no basta con un enlace genérico) y desestima la certificación por requerir reelaboración.
Un solicitante pidió a RENFE-Operadora información detallada sobre sus gastos y personal en FITUR 2024. RENFE denegó la mayoría por requerir reelaboración y no ser información pública, pero facilitó un convenio con costes generales. El reclamante apeló al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), alegando arbitrariedad. El CTBG desestimó la reclamación, considerando que la información ya proporcionada era suficiente y que el resto implicaría una reelaboración desproporcionada y la creación de un informe ad hoc, fuera del alcance de la Ley de Transparencia.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Pamplona la relación de artículos y normas que regulan sus competencias en recaudación de tributos, multas y embargos. El solicitante alegó que no era una consulta jurídica sino una petición de datos. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación por considerar que se trataba de una consulta jurídica sobre el funcionamiento administrativo.
Se solicitó al Ministerio de Defensa estadísticas y retribuciones básicas del personal laboral sin convenio en el exterior, anonimizadas con el código RPT. El Ministerio proporcionó la información incompleta. El reclamante alegó que el formato no permitía la fiscalización. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, indicando que la reelaboración no está justificada y que la información ya fue reconocida en una resolución previa.
El interesado solicitó a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la CARM copia de todos los informes de la Intervención General sobre contratos menores, licitaciones y subvenciones desde 2019. La administración inadmitió la solicitud por ser abusiva, requerir reelaboración y afectar al secreto profesional. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación.
D.ª XXX solicitó al Ayuntamiento de Salamanca un listado detallado de vehículos adquiridos o contratados entre 2006 y 2013. El Ayuntamiento estimó la solicitud parcialmente alegando que el resto requería reelaboración de información. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar todos los datos solicitados.
El sindicato CSIF solicitó a Mutua Universal facturas y matrículas de servicios de taxi de enero y febrero de 2024 para un expediente de transporte no sanitario en Asturias. La Mutua entregó información parcial. El reclamante alegó que faltaban datos clave para verificar el cumplimiento de los pliegos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las productividades y gratificaciones de su personal en 2023, desglosadas individualmente y en formato editable. El Ministerio denegó las gratificaciones y entregó las productividades en papel. El reclamante alegó que la denegación era infundada y el formato incorrecto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando la entrega de ambas informaciones, con nombres y apellidos, en formato editable, al considerar que prevalece el derecho de acceso y la justificación de reelaboración no es válida.
El reclamante solicitó a la AECID información detallada sobre gastos de eventos, proyectos, salarios y gestión en sus centros culturales y actividades en el extranjero. La AECID inadmitió parcialmente las solicitudes alegando que la información estaba en elaboración, requería reelaboración o era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando el carácter abusivo de las solicitudes por su elevado número, frecuencia y heterogeneidad, que colapsaban el funcionamiento del organismo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Blanes información sobre expedientes sancionadores, actas de inspección y falta de pago de tasas de terrazas (2019-2024). El reclamante alegó silencio administrativo. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los listados solicitados y declarando la pérdida parcial del objeto por la información ya entregada.
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