Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior documentos que acreditaran el cobro o renuncia de cantidades reconocidas judicialmente en 27 procedimientos. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración de información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio acabó facilitando la información durante el proceso de reclamación.
El solicitante pidió a la CELAD los expedientes sancionadores completos de 2017. Alegó que la denegación de los acuerdos de incoación y suspensión era incorrecta y que faltaban documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el acceso a expedientes con infracciones administrativas requiere consentimiento del afectado según el art. 15.1 LTAIBG.
Se solicitó al Instituto Cervantes el listado de actos culturales (2016-2022) y sus gastos asociados. El solicitante alegó que la respuesta inicial era imprecisa y no detallaba los pagos reales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al organismo a entregar el listado contable de 552 páginas con nombres e importes que el propio Instituto admitió poseer.
El solicitante pidió a la CELAD los expedientes sancionadores de 2019. Tras recibir solo las resoluciones, alegó que se denegó el acceso al resto de la documentación sin realizar el test de daño y sin justificar la imposibilidad de anonimizar los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en la protección de datos personales sensibles.
Una fundación solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública el listado del personal eventual de la AGE (2020-2023). El Ministerio denegó el acceso alegando que requería una reelaboración compleja de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información por no considerarse una reelaboración compleja.
Un periodista solicitó al Departamento de Derechos Sociales (DGAIA) información sobre el Programa Sostre 360 y expedientes cerrados por pruebas de edad. La administración alegó que la recopilación era una "tarea compleja" por el volumen de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que la labor manual no justifica la denegación del acceso a la información pública.
Un particular solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya datos sobre el número de docentes afectados por modificaciones de 2012 y 2014 y los importes adeudados. El solicitante alegó que la información recibida era errónea. La GAIP estima la reclamación obligando a entregar el número exacto de docentes que perdieron el derecho al primer estadio a 6 años.
Se solicitó a la Diputación de Guadalajara el listado de correos electrónicos oficiales de los ayuntamientos provinciales. El solicitante alegó que la información está en poder de la administración. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestimó la reclamación por considerarse información auxiliar que requiere reelaboración y por estar ya disponible en datos.gob.es.
El interesado solicitó a la Consejería de Fomento una relación de Ayuntamientos que publicaran íntegramente su planeamiento en el BOP y explicaciones sobre la entrada en vigor de normas de Almoguera y Pastrana. La administración alegó que la primera parte requeriría una reelaboración excesiva. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por considerar que la información ya fue entregada.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el detalle de gastos en publicidad de enero a abril de 2024 y el presupuesto anual. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de publicación, requería reelaboración y era repetitiva. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa convenios, expedientes e informes sobre la cesión del Cuartel de Loyola y otras parcelas al Ayuntamiento de San Sebastián. El Ministerio estimó parcialmente la solicitud alegando carácter auxiliar de los documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información completa.
Un representante sindical solicitó al Ministerio del Interior datos detallados sobre la productividad coyuntural de funcionarios penitenciarios. El Ministerio denegó el acceso alegando protección de datos y reelaboración de información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar la información por prevalecer el interés público y la normativa de función pública.
Se solicitó al Departamento de Salud de Cataluña y a la AEMPS información sobre el dispositivo sanitario Essure (dossiers, guías y consentimientos informados). Tras inadmisiones mutuas por incompetencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio de Sanidad no respondió en plazo y solo facilitó la información tras el requerimiento del Consejo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Málaga diversa información sobre acuerdos de indemnizaciones y gestión de voluntarios de Protección Civil. El Ayuntamiento denegó parcialmente la solicitud. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió a trámite la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal establecido.
Un periodista solicitó al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya datos de denuncias y detenidos en Tarragona (2018-2023) desglosados por distrito censal. El reclamante alegó la existencia de precedentes favorables. La GAIP inadmitió la reclamación por ser extemporánea, al presentarse fuera del plazo de un mes desde la notificación de la resolución.
Una ciudadana solicitó a la AESA el registro de reclamaciones de usuarios desglosado por tipo, compañía, fecha y aeropuerto. Tras una concesión parcial, la solicitante reclamó la falta de datos detallados y del año 2023. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar justificada la inadmisión por necesidad de reelaboración y curso de elaboración.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Carboneras datos sobre ingresos de empresas específicas, deuda municipal, amortizaciones e inversiones (2018-2022). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando publicación general y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y obliga a entregar la información.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de trabajadores de Instituciones Penitenciarias que pagan la cuota sindical vía nómina, desglosado por sindicato. El Ministerio denegó el desglose alegando reelaboración de datos y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El reclamante solicitó a la ANECA datos detallados sobre procesos de acreditación docente en el área de Organización de Empresas. Tras la falta de respuesta y alegaciones de la ANECA sobre protección de datos y reelaboración de información, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos de acreditaciones favorables pero denegando los de resoluciones desfavorables.
Se solicitó al Ayuntamiento de Balenyà el detalle de los contratos menores celebrados entre enero de 2019 y febrero de 2024 y sus instrucciones internas. El Ayuntamiento alegó falta de recursos y complejidad de la tarea. La GAIP estima la reclamación al considerar que se trata de información de publicidad activa que debe estar disponible y actualizada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Navata la información sobre los cobros de un regidor desde que asumió el cargo hasta 2009. El Ayuntamiento inadmitió la petición por considerarla reiterativa y basándose en la complejidad de la tarea (documentos en papel). La GAIP estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información.
Un representante sindical solicitó al Ministerio del Interior el detalle de los beneficiarios y cuantías de la productividad coyuntural de diciembre 2023. El Ministerio denegó el acceso alegando protección de datos y reelaboración de información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar los datos por prevalecer el interés público y la normativa de función pública.
Camping Arena Blanca, S.A. solicitó al Ayuntamiento de Benidorm el expediente completo de aprobación de contribuciones especiales de la subzona C, fase II. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando falta de condición de interesado y necesidad de reelaboración por protección de datos. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar informes técnicos, proyectos y resoluciones anonimizados.
Monóvar Futuro, S.L. solicitó al Ayuntamiento de Alicante información sobre la limpieza de 27 parcelas con escombros, costes y expedientes sancionadores. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y límites de confidencialidad. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a responder sobre los expedientes y costes, pero desestimando el resto.
Segunfer Ejecuciones, S.L. solicitó al Ayuntamiento de Alicante información sobre la limpieza de 27 parcelas con escombros, expedientes sancionadores y costes asociados. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y límites de seguridad/confidencialidad. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a responder sobre los expedientes y repercusión de costes.
Se solicitó a CLM Media diversa información laboral, judicial y de contratación de autónomos. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación porque una parte de la información ya fue facilitada y la otra requeriría la elaboración de un informe ad hoc, lo cual es causa de inadmisión.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores datos sobre pasaportes expedidos en la embajada de Ucrania (2018-2023), incluyendo fechas de nacimiento. El Ministerio denegó el desglose por edad alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que extraer dichos datos no constituye una reelaboración compleja.
Se solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información detallada sobre la ejecución de los PERTE Chip y de la Lengua. Tras recibir respuestas parciales, el interesado reclamó la insuficiencia de los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el detalle solicitado requeriría una reelaboración compleja de la información.
La Asociación Garenak Emakume Feministak solicitó al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea datos de pacientes de Unidades de Transexualidad (2011-2023) desagregados por sexo y edad. La asociación alegó que dicha variable debe existir por normativa. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación porque la información no existe en los registros, que solo recogen identidad sexual.
La Confederación Sindical ELA solicitó al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia de Navarra datos sobre contrataciones temporales y plazos de gestión. El Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente la reclamación: obliga a desglosar por puestos las solicitudes no ejecutadas, pero desestima el acceso al tiempo medio de contratación por requerir reelaboración de datos.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre la puntualidad de las líneas C1 y C2 de Cercanías Málaga en 2023. ADIF inadmitió la petición alegando falta de disponibilidad, necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el expediente completo del ERE de Podemos. El solicitante alegó que la anonimización de datos personales no justifica la inadmisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones porque el Ministerio no dio audiencia a los terceros afectados antes de denegar el acceso.
El Grupo Municipal Socialista solicitó al Ayuntamiento de Almería la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) nominativa y actualizada. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que se requería la elaboración de un informe ex novo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, basándose en el silencio administrativo y el derecho de información de los concejales.
Una organización sindical solicitó a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía datos estadísticos sobre dependencia desglosados por provincias. La Agencia inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información disponible mediante tratamiento informático corriente.
Un delegado sindical de la UGT solicitó al Ayuntamiento de Arrecife diversa documentación sobre personal, contratos y seguros. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que el solicitante debía usar la normativa laboral específica. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la relación de expedientes y la URL de la póliza.
La solicitante pidió a la TGSS un certificado de sus bases de cotización de mayo de 2023. Alegó que la denegación vulneraba sus derechos y transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación porque solicitar la certificación de datos personales no constituye acceso a información pública, sino un trámite regulado por normativa específica de Seguridad Social.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia las cuantías actualizadas del complemento específico de diversos puestos singularizados. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando publicación previa en el BOE y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información fue facilitada solo tras intervenir el Consejo.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre los recursos de acogida de migrantes en Almería. Tras la falta de respuesta inicial, el Ministerio facilitó parcialmente la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el detalle del reparto, costes y condiciones de alojamiento de inmigrantes irregulares llegados a Canarias en 2023. El solicitante alegó que el Ministerio ocultaba datos centralizados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el reparto por municipios y el coste real total.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Boecillo los contratos realizados con una empresa específica desde 2015. El Ayuntamiento alegó que la petición requería reelaboración y era abusiva. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a retrotraer el proceso para dar audiencia a la empresa afectada y posteriormente facilitar la información.
D. XXX solicitó a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León datos detallados sobre grandes incendios de los últimos 10 años. La Consejería inadmitió la solicitud alegando abuso por volumen y necesidad de reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los datos, excepto la información sobre labores preventivas.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León información sobre disponibilidad de fármacos, actas de comisiones de farmacia y protocolos hospitalarios. Tras una desestimación presunta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los protocolos, al considerar que no existe una reelaboración prohibida.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos detallados sobre vuelos y costes del traslado de migrantes de Canarias a la Península. Tras no obtener respuesta y reclamar, el Ministerio concedió la información parcialmente de forma tardía. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales.
Una ciudadana solicitó al Ministerio del Interior datos numéricos sobre solicitudes de miembros de la Guardia Civil resueltas por silencio administrativo en los últimos 5 años. La interesada alegó la obligación de la Administración de informatizarse. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al validar que la falta de registro informatizado exige una reelaboración compleja.
El Ayuntamiento de Santa Perpètua de la Mogoda solicitó a la Dirección General de Energía (Generalitat de Catalunya) datos técnicos sobre la red eléctrica del barrio de la Florida. Tras el silencio administrativo, la GAIP estima la reclamación, obligando a la Administración a facilitar la información por ser pública y necesaria para la planificación urbanística municipal.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento del Prat de Llobregat diversos informes y aclaraciones sobre la Comisión Paritaria de seguimiento del Acuerdo de Condiciones de Trabajo. La GAIP resuelve inadmitir parcialmente la reclamación y declarar la pérdida parcial del objeto, ya que parte de la información fue facilitada y otra requeriría la creación de informes no preexistentes.
Una persona electa solicitó al Ayuntamiento del Vendrell un listado mensual de decretos de Alcaldía ordenados por departamentos y con extracto. Alegó que la Carpeta del Regidor dificulta el acceso por falta de filtros y organización. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que la información es accesible y que las deficiencias de formato no impiden materialmente el acceso.
Se solicitó al Consorci d’Educació de Barcelona los listados anonimizados de alumnos admitidos con su puntuación desglosada para una investigación científica sobre IA y equidad. El organismo alegó que la difusión favorecería la segregación escolar. La GAIP estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de datos anonimizados tanto de alumnos como de centros.
Una entidad ambientalista solicitó al Ayuntamiento de Sant Aniol de Finestres información ambiental sobre una planta industrial. El Ayuntamiento alegó falta de personal y remitió al solicitante a otros órganos. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información disponible en dos meses o derivar formalmente la solicitud.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible datos detallados sobre horarios reales, retrasos y pasajeros de Renfe Cercanías Barcelona. El solicitante alegó fines periodísticos y cuestionó los tests de daño. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requería una reelaboración de datos desproporcionada.
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