Solicitud de documentos de cobro o renuncia de cantidades reconocidas judicialmente a favor de la Policía Nacional y estimación formal de la reclamación

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 21 de febrero de 2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «De acuerdo con la información disponible, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Aranjuez (Madrid), en los procedimientos judiciales 15-1983, 358- 1988, 499-1988, 72-1989, 637-1989, 993-1989, 1445-1989, 2020-1989, 2183- 1989, 2411-1989, 101-1990, 1010-1983, 320-1998, 361-1991, 900-1991, 1038- 1992, 1558-1992, 2334-1992, 111-1994, 586-1994, 569-1995, 1050-1995, 5205- 1997, 537-1999, 956-1999, 881-2000 y 945-2000, reconoció a favor de la Policía S/REF: 00001-00087276. N/REF: 458/2024. Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada: Documento de cobro de cantidades reconocidas judicialmente. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b Nacional, mediante las correspondientes resoluciones judiciales, la suma total de 7.398,83 euros. Sin embargo no consta que se haya procedido al cobro de dicha suma por parte de la Administración. Para poder contrastar, con pleno respeto a la presunción de inocencia de todas las personas, si todas las cantidades dinerarias a las que se refieren los indicados procedimientos judiciales, pudieran haber sido o no, en su caso, cobradas en su día por alguien, mediante un posible libramiento desde la cuenta bancaria de la Secretaría del Juzgado, pero sin que tal pago se comunicase a la Cuenta General de Depósitos y Consignaciones Judiciales, lo que ha dado lugar a que, al cabo de los años, tal suma de dinero haya sido declarada en presunción de abandono (algo que, de constatarse así, podría ser ficticio), solicito acceso al documento o documentos en los que conste haberse cobrado dicha cantidad dineraria o, en su caso, la renuncia al cobro de la misma por parte de la Dirección general de la Policía». 2.El MINISTERIO DEL INTERIOR dictó resolución de 14 de marzo de 2024 con el contenido siguiente: «(…)Una vez analizada la petición este Centro Directivo informa que se desconoce el origen de la información aportada por el peticionario, así como las cantidades individuales reconocidas a favor de la Policía Nacional mediante las resoluciones de cada uno de los veintisiete procedimientos judiciales a los que se hace referencia -de entre veinticuatro y cuarenta años de antigüedad- si bien, de su lectura se deduce que las mismas habrían sido declaradas en abandono, lo que es incompatible con haberse procedido a su cobro o a la renuncia del mismo, y sin que exista ningún motivo objetivo que haga dudar de que esto no haya sido así. No obstante, señalar que la declaración en abandono de cualquier cantidad dineraria reconocida judicialmente, debe publicarse en algún medio de difusión oficial, así como indicarse el destino dado a la misma, en caso de no ser reclamada transcurrido el plazo que se estipule. Por consiguiente, ante la imposibilidad material de relacionar los procedimientos judiciales con diligencias policiales, desconociendo igualmente las cantidades individuales asignadas en cada uno de ellos, se necesitaría el tratamiento previo de la información al objeto de poder proporcionársela al ciudadano en los términos que ha interesado, implicando según lo dispuesto en la LTAIBG, producir información que antes no se tenía en los términos solicitados, es decir, facilitar la información que el ciudadano solicita requeriría una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente posible acceder a ella. G ú o - Por lo tanto y siguiendo lo anteriormente reseñado, este Centro Directivo ha resuelto inadmitir a trámite la petición de información solicitada en base al artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen Gobierno que dice textualmente: (…) En este sentido, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el Criterio Interpretativo CI/007/2015 de 12 de noviembre de 2015, expuso que: “(…) el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada.”» 3.Mediante escrito registrado el 19 de marzo de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que «Solicité acceso al documento o documentos en los que conste haberse cobrado la cantidad total de 7.398,83 euros o, en su caso, la renuncia al cobro de la misma por parte de la Dirección general de la Policía, reconocida en diversos procedimientos judiciales, perfectamente identificados, del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción 2 de Aranjuez (Madrid), situación expresiva de un extraño descontrol en el modo de gestionar los fondos públicos. La solicitud se inadmite invocando la causa del art. 18.1 c) de la Ley de Transparencia, aduciendo que es información para cuya divulgación es necesaria una acción previa de reelaboración. Sin embargo, previamente se dice desconocer "el origen" de los datos aportados por mi, se cuestiona su realidad y se aduce una supuesta "imposibilidad material de relacionar los procedimientos judiciales con diligencias policiales" que no se acredita ni se justifica. Se acompaña impresión del BOE que demuestra la existencia del reconocimiento judicial de tales cantidades, y que la Dirección general de la Policía se supone que debería conocer. No hay, por tanto, nada que reelaborar, sino simplemente conceder, si existen, los documentos de cobro, o de renuncia, a las mismas». Al formulario de reclamación se adjunta una impresión de las páginas 8808 a 8810 del Boletín Oficial del Estado número 46, de 21 de febrero de 2024, Sección V-B., en la que se resaltan 27 procedimientos, la fecha de disposición, el beneficiario y el importe. 4.Con fecha 19 de marzo de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al MINISTERIO requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 11 de abril de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: «(…)En primer lugar referir que es en este momento de procedimiento administrativo y no otro anterior, cuando el solicitante ha facilitado a través de su reclamación el origen de la información, de manera sesgada, de la cual dimana su solicitud inicial, por lo que en base a la información que se disponía, y ante la imposibilidad material de relacionar los procedimientos judiciales con diligencias policiales, se le hizo saber que se necesitaría el tratamiento previo de la información al objeto de poder proporcionársela en los términos que requería, implicando según lo dispuesto en la LTAIBG, una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente posible acceder a ella conforme al Artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Así mismo, se le comunicó adicionalmente que la declaración en abandono de cualquier cantidad dineraria reconocida judicialmente, debe publicarse en algún medio de difusión oficial, así como indicarse el destino dado a la misma, en caso de no ser reclamada transcurrido el plazo que se estipule. Pues bien, recopilado la fuente de información de tal solicitud, y de la cual en un primer momento no se tiene constancia y en un segundo momento el reclamante insiste en ofrecerla de manera sesgada a este Centro Directivo, desconociendo los motivos que le llevan a actuar así frente a la Administración, se informa que en el BOE nº 46 del 21 de febrero de 2024, el Ministerio de Justicia, publica la “Resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia sobre la prescripción por abandono de depósito y consignaciones judiciales”, en la que se lee textualmente en su párrafo primero: “Se pone en conocimiento de las personas reseñadas como beneficiarias de las cantidades ingresadas en las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales que a continuación se indican, que el Ministerio de Justicia va a proceder a ordenar su ingreso al Tesoro Público, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo14.6 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores.” Incluyéndose en las páginas 8807 a 8810 la información relativa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Aranjuez (Madrid). Es decir, de su lectura comprensiva, se hace constar que las cantidades de dinero se encontraban ingresadas a fecha de publicación del anuncio en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales y que actualmente se han traspasado al Tesoro Público. Se quiere hacer constar que el reclamante ya presentó una solicitud similar, en fecha 11 de abril de 2023, con número de expediente resuelta en los mismos términos que la actual. Incidir en que este tipo de solicitudes sesgadas y perniciosas, lejos de enmarcarse en el espíritu promulgado por la Ley de Transparencia, tensionan a la administración desperdiciándose tiempo y recursos al tener que dar un trámite adecuado a las mismas.» 5.El 15 de abril de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; recibiéndose escrito el mismo 15 de abril de 2024. Comienza el escrito indicando que si bien la resolución impugnada invocó la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) LATIBG, «se aduce ahora como consecuencia de la tramitación de la presente reclamación y, de manera sorprendente por su incoherencia, no es nada que tenga que ver con la acreditación de esa supuesta necesidad alegada de reelaboración de la información solicitada, sino un batiburrillo de apreciaciones, como que ésta parte ha ofrecido “información sesgada” y que se desconocen “los motivos que le llevan a actuar así frente a la Administración”, que, respecto a las cantidades de dinero reconocidas judicialmente a favor de la Dirección general de la Policía “se hace constar que las cantidades de dinero se encontraban ingresadas a fecha de publicación del anuncio [del BOE] en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales y que actualmente se han traspasado al Tesoro Público”». Continúa el escrito precisando que «al formular la solicitud de acceso a la información se ofrecieron datos más que precisos para identificar su objeto, como el órgano judicial que reconoció las cantidades a favor de la Dirección general de la Policía -el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Aranjuez-, así como el número de cada uno de los procedimientos judiciales seguidos ante dicho Juzgado». De modo que, continúa, «[f]rente a ésta delimitación precisa del objeto informativo demandado -conocer si tales cantidades se habían cobrado o, en otro caso, si se había renunciado a ello- lo que no se puede decir es que “se desconoce el origen de la información aportada por el peticionario, así como las cantidades individuales reconocidas a favor de la Policía Nacional mediante las resoluciones de cada uno de los veintisiete procedimientos judiciales a los que se hace referencia”, pues si ha sido fácil para este reclamante conocer tal información, por la sencilla razón de que es pública y notoria oficialmente a través del BOE para todos, mucho más fácil debería serlo para la Dirección general de la Policía, no solo porque dispone de muchísimos más medios para ello que este ciudadano, sino porque ha sido parte procesal en tales procedimientos judiciales.» En la misma línea argumental, rechaza las afirmaciones vertidas en el escrito de alegaciones elaborado por el Departamento ministerial concernido, referentes a que se hubiese proporcionado información sesgada y a los motivos que llevan al solicitante a actuar así frente a la Administración. En similares términos, llama la atención sobre la contradicción en que incurre la Administración cuando afirma que «“se hace constar que las cantidades de dinero se encontraban ingresadas a fecha de publicación del anuncio [del BOE] en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales y que actualmente se han traspasado al Tesoro Público”», dado que, a su modo de ver, «si realmente se desconociese “el origen de la información aportada por el peticionario, así como las cantidades individuales reconocidas a favor de la Policía Nacional mediante las resoluciones de cada uno de los veintisiete procedimientos judiciales a los que se hace referencia”, no se podría tener una información tan precisa como que las cantidades se encontraban ingresadas a la fecha de publicación del anuncio del BOE (lo que, además, no es cierto). En cualquier caso, de ser esto así, esa es precisamente la información pública que se demandaba en la solicitud de acceso, es decir “el documento o documentos en los que conste haberse cobrado dicha cantidad dineraria”, lo que probaría que sí se dispone de la información pública demandada.» Finalmente, con relación a que ya había presentado una solicitud similar resuelta en los mismos términos que la actual, rechaza tal afirmación, poniendo de manifiesto que se trataba de un supuesto en el que, con relación a un caso en que la Jefatura Superior de Policía de Valencia tenía reconocidos a su favor 5.096 euros, derivados del procedimiento judicial 263/01 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Torrent (Valencia) sin que hasta el momento constase haberse cobrado o reclamado dicha cantidad por parte de la Administración, se solicitaba el documento en el que constase el cobro efectivo o el documento en que se hubiese renunciado al cobro. La solicitud fue desestimada por aplicación del límite contemplado en el artículo 14.1.e) LTAIBG, dando lugar a la resolución de este Consejo R CTBG 1020/2023, de 27 de noviembre, que estimó la reclamación planteada al no apreciar la concurrencia del límite invocado. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la información del destino que se ha dado a las cantidades económicas que se han derivado, a favor de la Administración, de 27 procedimientos judiciales. En concreto, se solicitan los documentos que acrediten el cobro efectivo de las cantidades en los 27 procedimientos, o, en su caso, de renuncia a las mismas. El Ministerio requerido dictó resolución inadmitiendo el acceso al considerar que ante la imposibilidad material de relacionar los procedimientos judiciales con diligencias policiales y desconocer las cantidades individuales asignadas en cada uno de ellos, se necesitaría el tratamiento previo de la información al objeto de poder proporcionársela al ciudadano en los términos pretendidos resultaba de aplicación la causa prevista en el artículo 18.1.c) LTAIBG, esto es, requerirse una acción previa de reelaboración. Posteriormente, en el trámite de alegaciones instado en el seno de este procedimiento de reclamación aclara que las cantidades de dinero se encontraban ingresadas a fecha de publicación del anuncio en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales y que actualmente se han traspasado al Tesoro Público. 4.Con relación a la concurrencia de la causa de inadmisión invocada en la resolución impugnada prevista en el artículo 18.1.c) LTAIBG, se constata que la propia Administración desiste de su invocación, según se desprende del tenor del escrito de alegaciones presentado en el seno de este procedimiento de reclamación. 5.Sentado lo anterior, se constata que la Resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia sobre la prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales, publicada en el Boletín Oficial del Estado, núm. 46, de 21 de febrero de 2024, comienza declarando lo siguiente: «Se pone en conocimiento de las personas reseñadas como beneficiarias de las cantidades ingresadas en las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales que a continuación se indican, que el Ministerio de Justicia va a proceder a ordenar su ingreso al Tesoro Público, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.6 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. Se advierte a los interesados que, si en el plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio no se ha presentado reclamación alguna en el órgano judicial correspondiente, se declararán abandonadas a favor del Estado y prescritas las citadas consignaciones.» Esto es, el órgano del Ministerio de Justicia pone en conocimiento de la Dirección General de la Policía que, en su condición de beneficiario de las cantidades ingresadas en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales de los 27 procedimientos judiciales de referencia, con el fin de cumplir con el artículo 14.6 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril (a tenor del cual, transcurrido el plazo para que los fondos de la cuenta especial «Fondos Provisionalmente Abandonados»se consideren abandonados por sus titulares, el Ministerio de Justicia ordenará su ingreso al Tesoro Público, previo anuncio de prescripción de depósitos a favor del Estado), va a proceder a ordenar su ingreso en el Tesoro Público. Comunicándose, asimismo, a los interesados, esto es, a los beneficiarios, que, en caso de no haber presentado reclamación alguna en el órgano judicial correspondiente en el plazo de un mes desde la publicación de la Resolución, se declararán abandonadas a favor del Estado y prescritas las citadas consignaciones. A resultas de ello, en el escrito de alegaciones del Ministerio del Interior de fecha 10 de abril de 2024 literalmente se informa que «las cantidades de dinero se encontraban ingresadas a fecha de publicación del anuncio en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales y que actualmente se han traspasado al Tesoro Público». De este modo, en fase de alegaciones concede acceso a la información solicitada. 6.En definitiva, el Ministerio requerido, aunque extemporáneamente, ha proporcionado la información solicitada, por lo que, tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la información se proporciona una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, procede la estimación por motivos formales al no haberse respetado el derecho de la solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formalesla reclamación interpuesta frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez