Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Olesa de Montserrat estadísticas de sanciones de tráfico (2019-2023) desglosadas por residencia del sancionado. El Ayuntamiento alegó que obtener los datos de residencia suponía una tasca compleja. La GAIP estima la reclamación porque la información es estadística, no afecta a datos personales y el cruce de bases de datos es posible mediante medios informáticos.
El solicitante pidió al Ministerio de Educación datos estadísticos y listados de admisión de alumnos en Ceuta. Alegó falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarla prematura, ya que el Ministerio había notificado la ampliación del plazo legal y resolvió antes de que este finalizara.
Una diputada del Parlamento de Canarias solicitó a la Consejería de Transición Ecológica un listado detallado de parques eólicos y fotovoltaicos en Fuerteventura. La solicitante alegó que la falta de medios no justifica la denegación de un derecho constitucional. El Comisionado de Transparencia desestimó la reclamación al aceptar que la información requeriría una reelaboración manual inviable.
El interesado solicitó a la Consellería do Mar y a la de Medio Ambiente información sobre la llegada de pellets a Galicia. Tras el silencio administrativo, presentó reclamación. La Comisión de la Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración respondió fuera de plazo y después de interpuesta la reclamación.
El solicitante pidió a la Dirección General de Función Pública de la Xunta de Galicia los códigos de puesto de la RPT vinculados a su línea presupuestaria. Tras alegar que la administración se niega a combinar datos ya disponibles, la Comisión de Transparencia de Galicia desestima la reclamación al considerar justificada la denegación por requerir una reelaboración compleja de la información.
El solicitante pidió a la Diputación de Guadalajara los expedientes de premios de jubilación anticipada desde 2018. Alegó que la información es presupuestaria y puede anonimizarse. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por considerarla reiterativa y basada en mala fe, dado que ya obtuvo acceso a información similar anteriormente.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Badajoz datos sobre el número y coste de parkings construidos y el gasto presupuestario mensual. El Ayuntamiento alegó que no constaba solicitud alguna en sus registros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el interesado no acreditó haber presentado la solicitud previa requerida por ley.
El solicitante pidió a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha datos sobre controles oficiales no programados por incumplimientos, tasas y costes asociados. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información.
La Asociación Alianza contra la corrupción solicitó al Servicio Andaluz de Salud el número y coste de recetas de ortopedia emitidas por tres médicos específicos en 2022, desglosado por ortopedia. El organismo denegó parcialmente alegando secreto profesional y libertad de prescripción. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por prevalecer el interés público sobre el riesgo leve al profesional.
Se solicitó al Ministerio de Justicia información detallada sobre el pago de salarios de tramitación desde 2012, incluyendo identificación de empresarios e importes individuales. El reclamante alegó que los datos de personas jurídicas no son personales y que no hay reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por prevalecer la protección de datos y la carga desproporcionada de trabajo.
FACUA solicitó al Servicio Andaluz de Salud un informe de actuaciones y copia de la resolución de una denuncia presentada en 2022. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque el informe requeriría una elaboración ad hoc (no es información pública preexistente) y la resolución ya había sido notificada previamente al reclamante.
Se solicitó a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública el número de personas integradas desde las Cámaras de la Propiedad Urbana a las que se reconoció el tiempo de servicios previos para el premio de jubilación. El reclamante alegó que la información obra en expedientes concretos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por requerir reelaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Málaga información detallada sobre tiempos reales de tramitación de licencias urbanísticas, ratios de silencio administrativo y recursos disponibles. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información no estaba disponible y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que la entidad no acreditó el esfuerzo razonable para localizar los datos.
Un ciudadano solicitó al CHUIMI (Servicio Canario de la Salud) evaluaciones de riesgos psicosociales y actividades preventivas. El centro denegó el acceso alegando carácter abusivo y protección de datos. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente o datos estadísticos.
El reclamante solicitó al I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso la identificación de tutores y copias anonimizadas de actas y documentos de calificaciones del curso 2017-2018. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a la información mediante tratamiento informático corriente y la protección de datos.
Un representante sindical de CCOO solicitó al Ayuntamiento de Sabadell listados actualizados de bolsas de trabajo. El Ayuntamiento alegó que la solicitud implicaba una tarea compleja. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de la primera solicitud y declarando la pérdida parcial del objeto por la entrega extemporánea de la segunda.
Se solicitó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) información detallada sobre infraestructuras, costos de derivaciones privadas, contratos y personal. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima parcialmente la reclamación por requerir reelaboración de datos o ser repetitiva, y da por terminado el resto al haberse facilitado la información.
El solicitante pidió a Renfe y al Ministerio de Transportes datos sobre la antigüedad, mantenimiento, averías y un accidente específico de los trenes de Cercanías de Bilbao. El organismo denegó el acceso alegando que se solicitaban informes ad hoc. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y preexistente.
Se solicitó a la UNED el desglose detallado de la tasa de éxito de una asignatura específica. La universidad denegó el acceso alegando que la información requiere una reelaboración previa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información solicitada no existe actualmente y requiere un análisis individualizado de expedientes.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Torrelavega información sobre la tramitación de una sugerencia, el informe anual de 2021 y estadísticas de quejas de los últimos 8 años. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando inexistencia de la comisión y necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar las estadísticas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Oviedo el gasto en publicidad institucional (2000-2022) y su desglose por medios (2019-2022). El Ayuntamiento denegó el desglose alegando falta de información y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a facilitar el desglose detallado por medios.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio del Interior datos detallados sobre muertes bajo custodia policial (2010-2022). Tras recibir información parcial, alegó que los datos no estaban interrelacionados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a cruzar los datos de dependencias y causas de muerte.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio del Interior datos detallados sobre muertes bajo custodia policial (2010-2022). Tras recibir información fragmentada, alegó que no se interrelacionaban las causas con los centros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a cruzar los datos, al no acreditarse una reelaboración compleja.
El solicitante pidió al Ministerio de Sanidad (AEMPS) datos detallados sobre problemas de suministro de medicamentos desde 2020. El interesado alegó que la información existe y que no habría reelaboración, sino una simple consulta de expedientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir la causa de reelaboración de la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Sanidad información detallada y desglosada sobre problemas de suministro de medicamentos desde 2020. El interesado alegó que la Administración ya dispone de los datos al publicar informes agregados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una acción de reelaboración de la información.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Educación de Castilla y León datos sobre docentes, alumnos, horas y costes de la enseñanza de religión (varias confesiones) entre 2015 y 2023. Tras una estimación parcial, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación al considerar que la administración no justificó la necesidad de reelaboración de los datos denegados.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible conocer si dos fincas en Banyeres del Penedès fueron expropiadas para las autopistas AP-2 y AP-7. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración de archivos antiguos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no existe una tarea compleja de reelaboración.
La Confederación de Taxistes Autònoms de la Comunitat Valenciana solicitó a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat datos y expedientes sobre autorizaciones VTC. Ante el silencio administrativo, el Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación: obliga a entregar los datos de los tres primeros apartados, pero desestima el acceso a los expedientes individuales por ser abusiva.
Se solicitó a la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica información sobre el número, motivos y estado de los recursos y quejas del Bo Lloguer Jove 2022. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, reconociendo el acceso solo al número de recursos y quejas.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa datos sobre titulares y retribuciones de la Secretaría-Intervención y posibles revisiones de una resolución de 2007. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información sobre personal y retribuciones al no admitirse la alegación de reelaboración.
Se solicitó al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el historial laboral de una persona difunta en centros de salud de Cataluña. El solicitante alegó que la denegación parcial por complejidad técnica era improcedente. La GAIP inadmitió parcialmente la solicitud por referirse a centros privados y declaró la pérdida parcial del objeto al haber sido entregada la información pública.
Una comunidad de propietarios solicitó al Ayuntamiento de Santander expedientes de titularidad patrimonial, identificación de terrenos y actuaciones municipales en su urbanización. La administración proporcionó parte de la información, pero el reclamante consideró que era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procede al archivo por pérdida de objeto al haberse satisfecho la pretensión.
Un sindicato solicitó a la Consejería de Educación y Universidades de Baleares información sobre liberados sindicales y criterios de temporalidad de dichos liberados. Tras una estimación parcial de la administración, el reclamante recurrió la denegación de un punto concreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por no tratarse de información pública existente.
Se solicitó al Ministerio de Defensa el listado de pagos y contratos de dos partidas presupuestarias (2015-2022). El Ministerio inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que no se ha justificado suficientemente dicha causa de inadmisión.
El solicitante pidió a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno los costes y facturas del viaje de la Reina y la Infanta a Sídney. Alegó falta de facturas y errores en la moneda. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que parte de la información solo se facilitó tras interponer la reclamación.
La FAADA solicitó al Ayuntamiento de Vilanova de Meià información detallada sobre la gestión de colonias de gatos y perros abandonados. Tras la denegación municipal, la entidad recurrió ante la GAIP. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) inadmitió la reclamación por ser extemporánea, al presentarse fuera del plazo legal de un mes.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social el desglose detallado de la inversión en publicidad institucional por medio de comunicación. El Ministerio remitió únicamente a los Planes Anuales publicados en la web. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, pues dichos planes son informativos y no detallan los destinatarios finales del gasto.
El solicitante pidió al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el desglose detallado de la inversión en publicidad institucional por medio de comunicación. El Ministerio remitió un enlace general a planes anuales alegando que no contrata directamente con los medios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que dicha información es pública y esencial para la rendición de cuentas.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose monetario de la inversión en campañas institucionales por medio y año desde que existen registros. El Ministerio concedió solo datos desde 2022. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y obliga al Ministerio a facilitar la información anterior a 2022 por falta de justificación de las causas de inadmisión.
El ciudadano solicitó a la Universidad Carlos III de Madrid estadísticas detalladas sobre prácticas de alumnos desde 2014. La universidad inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información que conste en el portal específico de prácticas.
El ciudadano solicitó diversa información municipal al Ayuntamiento de Alcorcón. Tras una respuesta parcial y la inadmisión de varios puntos, el interesado recurrió al Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. El Consejo estima parcialmente la reclamación, decidiendo retrotraer las actuaciones para que el solicitante concrete el punto octavo y confirmando la inadmisión de otros puntos.
La Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el número de traslados hospitalarios del SUMMA112 (2021-2022) desglosados por municipio y destino. La administración alegó que la información requería una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación al considerar que los datos ya están sistematizados.
Se solicitó a la Consellería de Facenda e Administración Pública la relación de puestos vacantes del cuerpo superior de administración general (A1, escala 2060). La solicitante no presentó alegaciones al informe de la administración. La Comisión da Transparencia desestima la reclamación al considerar que la solicitud requiere una labor de reelaboración de información.
El solicitante pidió a la Consellería de Facenda e Administración Pública de Galicia los códigos de plazas específicas del cuerpo superior (A1) y personal laboral relacionadas con procesos de estabilización. Alegó que la respuesta fue genérica y formulista. La Comisión da Transparencia desestimó la reclamación porque la información requerida exigiría una reelaboración de datos.
El solicitante pidió a la Consellería do Medio Rural información sobre la aplicación de directivas europeas y el número de inspectores de explotaciones agrarias desde 2013. Alegó que la denegación por 'reelaboración' no estaba justificada. La Comisión de la Transparencia de Galicia estima la reclamación al considerar que la administración no motivó la necesidad de reelaborar los datos.
El solicitante pidió a la Dirección General de Función Pública datos detallados sobre trabajadores temporales en plazas estructurales que no superaran procesos de estabilización específicos. Alegó que los enlaces web facilitados eran insuficientes. La Comisión de Transparencia de Galicia desestimó la reclamación por requerir una reelaboración compleja de información ya pública.
El solicitante pidió acceso electrónico a la información no ambiental del expediente del Parque Eólico Monte Peón. Alegó que la denegación del formato digital basándose en el volumen de datos era arbitraria. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación, considerando justificada la modalidad de toma de vista presencial debido al volumen de datos y la necesidad de disociar datos personales y secretos.
El solicitante pidió al INE/Ministerio de Economía información detallada sobre aumentos injustificados en el censo electoral (2015, 2019 y 2023). Tras una inadmisión basada en la necesidad de reelaborar la información, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que recabar datos de oficinas propias no constituye una reelaboración prohibida.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el número de denuncias y sanciones en centros penitenciarios desde 2001. El solicitante acotó la petición a los últimos tres años y excluyó Cataluña y País Vasco. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar la información estadística solicitada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Guadalajara la relación de vehículos adquiridos o contratados (leasing/renting) entre 2006 y 2013. La administración denegó el acceso al periodo anterior a 2009 alegando necesidad de reelaboración por estar en papel. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al haberse vulnerado los plazos legales de respuesta.
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