Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Departament de Presidència de la Generalitat información detallada sobre evaluaciones de productividad 2022, costes y alegaciones. El solicitante alegó que la respuesta fue parcial y la denegación por 'tarea compleja' insuficiente. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los datos por falta de motivación de la Administración.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Santander la respuesta a una pregunta del Pleno sobre plazas de Policía Local y la normativa aplicable. Ante el silencio administrativo, reclamó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración respondió fuera de plazo, aunque valida la inadmisión de la consulta normativa.
Se solicitó a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía un listado detallado de subvenciones y préstamos concedidos a empresas entre 2005 y 2007. El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque los enlaces facilitados eran genéricos y no cubrían todas las entidades solicitadas.
Un representante sindical solicitó al Ministerio del Interior el desglose mensual de complementos de productividad e incentivos de 2022 de empleados de la DGT en Zaragoza y el Centro de Gestión Pirineos-Valle del Ebro. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar los datos mensuales omitidos.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud datos sobre controles oficiales no previstos y tasas percibidas entre 2018 y 2022. El solicitante alegó que su interés es público al querer conocer la gestión de ingresos tributarios. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación porque la información no existe en la forma solicitada y requeriría reelaboración.
El solicitante pidió a la Consellería de Sanidad de Galicia datos sobre interrupciones voluntarias del embarazo (2008-2022). Ante el silencio administrativo, alegó que la información ya existe en registros oficiales y no requiere elaboración ad hoc. La Comisión de la Transparencia estima la reclamación y obliga a la Consellería a dictar una resolución expresa y motivada.
Un ciudadano solicitó a INCOLSA el acceso a sus cuentas anuales y presupuestos. El interesado alegó que la remisión al Registro Mercantil no exime a la entidad de su obligación de transparencia. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, obligando a INCOLSA a facilitar la información directamente al solicitante.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre el sistema VioGén (casos y agresores). El solicitante alegó que las estadísticas públicas eran insuficientes y que los datos de agresores tenían interés público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se facilitó solo tras interponer la reclamación.
Una persona solicitó al OPAEF de la Diputación de Sevilla información sobre el órgano competente, plazos y responsable de los procedimientos de revocación de actos desfavorables. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: obliga a informar sobre el órgano competente, pero desestima lo relativo a plazos y responsables por inexistencia de dicha información.
Se solicitó a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía el gasto total en publicidad institucional (2000-2022) y el desglose por medios (2019-2022). La entidad alegó secreto comercial y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la información disponible.
Una trabajadora solicitó al Ayuntamiento de Llinars del Vallès las fichas de puestos de trabajo y sus modificaciones. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación ante la GAIP. El organismo decide finalizar el procedimiento por pérdida del objeto, ya que el Ayuntamiento facilitó la información extemporáneamente durante la tramitación sin que la solicitante presentara alegaciones.
Una trabajadora solicitó al Ayuntamiento de Llinars del Vallès la ficha descriptiva de su puesto y el acta de valoración de todos los puestos de trabajo. Tras alegar la falta de respuesta y la insuficiencia de la primera contestación, la GAIP resolvió finalizar la reclamación por pérdida de objeto, ya que el Ayuntamiento facilitó la información durante el procedimiento.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco el listado de presos que acudieron a citas médicas sin escolta, el coste de dichas escoltas y documentos sobre políticas de dignidad para presos de ETA. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación por tratarse de datos personales protegidos, requerir reelaboración de información o por inexistencia de los documentos.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia información y aclaraciones sobre la normativa de prisión provisional en extradiciones UE. Alegó que era una consulta genérica para obtener seguridad jurídica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requería una función consultiva y no la entrega de información preexistente.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia información y aclaraciones sobre la normativa de prisión provisional en extradiciones UE. Alegó que se trataba de una situación genérica y no de un caso concreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requería una función consultiva y no la entrega de documentos preexistentes.
El solicitante pidió al Ministerio de Sanidad el número de personas no vacunadas contra la COVID-19 y sus motivos, desglosados por comunidad autónoma. Alegó que la respuesta fue insuficiente al remitirlo a un enlace general. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requería la elaboración de un informe ad hoc, causa de inadmisión legal.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares las justificaciones documentales de subvenciones concedidas mediante convenio desde 2010. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la petición requiere la elaboración de un informe ad hoc.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Villamediana de Iregua las justificaciones documentales de subvenciones concedidas desde 2015. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requeriría la elaboración de un informe ad hoc y un esfuerzo desproporcionado.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Alovera información detallada sobre personal, urbanismo y subvenciones. Ante la falta de respuesta municipal y de alegaciones al procedimiento, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud requiere una reelaboración de la información que supondría un esfuerzo desproporcionado.
El solicitante pidió a la Diputación Provincial de Guadalajara las justificaciones documentales de subvenciones concedidas mediante convenio desde 2010. La administración alegó falta de concreción, volumen excesivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una labor de compilación desproporcionada.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Mataró fichas de puestos de trabajo, organigramas desde 2010, la Relación de Lugares de Trabajo (RLT) detallada y un decreto de funciones. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando tarea compleja y abuso de derecho. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información por ser pública y de publicidad activa.
Se solicitó al Ayuntamiento de l'Hospitalet del Llobregat información sobre la variación de habitantes en áreas básicas de salud en fechas concretas. El Ayuntamiento remitió a datos mensuales abiertos alegando complejidad técnica. La GAIP estima la reclamación, considerando que la gestión informatizada del padró permite obtener estos datos sin que suponga una tarea desproporcionada.
Un colegiado solicitó al Colegio de la Abogacía de Sabadell información sobre facturaciones y designaciones del turno de oficio. El Colegio denegó el acceso alegando protección de datos y complejidad técnica. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información mediante la pseudonimización de los abogados y la ocultación de datos de los asistidos.
Un representante sindical solicitó a la AEAT la RPT en formato Excel con datos de ocupación e identificación de los funcionarios (nombre y NUMA). La AEAT denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la AEAT a entregar la información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Hinojos información sobre la plantilla policial, el mando de la policía, horarios de servicio, datos de consumo y licencias de vía pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos del mando policial, estadísticas de consumo y licencias, pero desestima el acceso a los horarios por seguridad pública.
Se solicitó a la EPGTDASA información sobre el proceso de selección de un trabajador concreto. La entidad denegó el acceso alegando que requería una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, determinando que informar sobre el modo de acceso al empleo no constituye una reelaboración.
La Fundación Las Médulas solicitó al Ayuntamiento de Borrenes información sobre la licitación de explotación turística de las Galerías de Orellán. Ante la falta de respuesta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar la información, ya sea mediante digitalización o consulta personal, previa anonimización de datos personales.
Una periodista solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León la fecha disponible para una consulta no urgente con psicología en el Centro de Salud Casa del Barco. La administración denegó la petición alegando que era repetitiva y requería reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación y ordena facilitar la información.
La Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales solicitó a la Consejería de la Presidencia de Castilla y León las RPT y datos de puestos no estructurales. La Consejería denegó parcialmente alegando necesidad de reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la información de los puestos no estructurales.
D. XXX solicitó a la Diputación de Palencia el número de subvenciones inferiores a 200 euros desde 2018 y estudios sobre el coste de tramitación. La Diputación inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación al considerar que la información es de publicidad activa obligatoria.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Salamanca los expedientes justificativos de complementos de productividad (2018-2021) de niveles 26 y superiores. El Ayuntamiento denegó parcialmente alegando necesidad de reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la información solo para puestos de nivel 28 o superior de libre designación.
El solicitante pidió a la Diputación Provincial de Guadalajara copia de los informes emitidos desde 2021 relativos a convenios con colegios de arquitectos. La administración alegó protección de datos, volumen excesivo y posible uso abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud requiere una reelaboración desproporcionada.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Torija declaraciones de intereses de concejales y el estado de tramitación de acciones urbanísticas. El Ayuntamiento alegó que lo segundo no era información pública y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información urbanística.
Se solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte el listado detallado de artículos, establecimientos e importes de las compras realizadas con el Bono Cultural Joven. El solicitante alegó que el volumen de datos no justifica la denegación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva debido al ingente volumen de recursos públicos requeridos.
Una asociación feminista solicitó al Departament de Salut datos estadísticos sobre personas atendidas en unidades de tránsito, tratamientos hormonales y cirugías. El organismo de transparencia (GAIP) estima parcialmente la solicitud: concede el acceso a datos de personas atendidas y cirugías, pero deniega la información sobre tratamientos hormonales por requerir una tarea de elaboración compleja.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática el gasto estatal en censos de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo (2018-2022). El Ministerio denegó el acceso alegando reelaboración de información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar insuficiente dicha justificación.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo diversa información sobre urbanismo, subvenciones y personal. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y requería una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el volumen y detalle de la información obligarían a elaborar un informe ad hoc, suponiendo un esfuerzo desproporcionado.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Torrejón del Rey diversa información sobre urbanismo, subvenciones y personal. El Ayuntamiento alegó carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la amplitud y detalle de la petición exigen una acción previa de reelaboración de la información.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Almoguera diversa información sobre urbanismo, subvenciones y personal. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) desestimó la reclamación al considerar que la amplitud y el detalle de lo solicitado requerirían una reelaboración de la información que supondría un esfuerzo desproporcionado.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de El Casar información detallada sobre urbanismo, subvenciones y personal. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a que la solicitud requería una reelaboración de la información y era parcialmente repetitiva.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre información detallada sobre urbanismo, subvenciones y personal. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la amplitud y el detalle de la solicitud requerirían la elaboración de un informe ad hoc, suponiendo un esfuerzo desproporcionado.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de visitas de inspección, informes y el libro de incidencias del Centro Penitenciario de Mujeres de Carabanchel (1993-1994). El Ministerio no respondió en plazo y luego alegó inexistencia de la información y abuso del derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido a la falta de respuesta oportuna.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda informes urbanísticos (2016-2018) y actas de juntas de gobierno. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando un proceso judicial, abusividad y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid decide retrotraer las actuaciones para que el ciudadano concrete la solicitud y ordena entregar las actas.
El interesado solicitó un listado de propietarios de viviendas alquiladas en la Comunidad de Madrid a la Agencia de Vivienda Social. La administración inadmitió la solicitud alegando que era abusiva y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar datos de personas jurídicas y datos anonimizados de personas físicas.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Madrid informes del Área de Medio Ambiente sobre medidas de apoyo a terrazas por la crisis Covid-19. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter repetitivo. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación, obligando a entregar la información.
Se solicitó a la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital las listas de admitidos y no admitidos con sus puntuaciones en centros escolares. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación, determinando que la anonimización no constituye reelaboración.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Sigüenza información detallada sobre urbanismo, subvenciones y personal. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y genérica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la amplitud y el detalle de la información requerida exigirían una acción previa de reelaboración y resultaría desproporcionada.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Brihuega información detallada sobre urbanismo, subvenciones y personal. Ante la falta de respuesta municipal, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación alegando que la amplitud y el detalle de lo solicitado requerirían una reelaboración de la información que supondría un esfuerzo desproporcionado.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Trijueque diversa información sobre urbanismo, subvenciones y personal. El Ayuntamiento alegó que no podía entregarla por tener la plaza de secretario vacante. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud requiere una reelaboración de la información que supondría un esfuerzo desproporcionado.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Torija información detallada sobre urbanismo, subvenciones y personal. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y requería una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la amplitud y el detalle de la petición obligarían a elaborar un informe ad hoc, suponiendo un esfuerzo desproporcionado.
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