Reclamación por denegación de acceso a información sobre bienes inmuebles adquiridos por abintestato y no subastados

Página1de 7 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 16 de julio de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PÚBLICA, (actual MINISTERIO DE HACIENDA), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(…) un listado de TODO EL TERRITORIO NACIONAL de los bienes inmuebles que han sido adquiridos mediante el procedimiento legal de abintestato y que aún no se han subastado. Solicito que en dicho listado se incluyan los siguientes datos: - Localización del inmueble S/REF:00001-00081212 N/REF:2527/2023 Fecha:La de firma. Dirección: MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PÚBLICA (actual MINISTERIO DE HACIENDA) Información solicitada:Información bienes adquiridos por procedimiento abintestato . R CTBG Número: 2024-0182 Fecha: 14/02/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente - Tipo de inmueble (rustico o urbano) - Referencia catastral - Fecha de adquisición del bien - Nombre, apellidos y DNI del titular anterior. Solicito los datos completos al no afectarle la Ley de Protección de Datos al estar ya fallecido. - Coste anual del mantenimiento del bien en 2022 (cuotas de comunidad de propietarios, derramas, IBI, etc.)» 2. Consta respuesta de la Administración en la que el MINISTERIO, mediante resolución de 28 de julio de 2023 del Director General de Patrimonio del Estado, notificada el día siguiente, y citando un precedente similar de este CTBGB, inadmite la reclamación en los siguientes términos: «Con motivo de la solicitud 001-039623, de contenido muy similar –información sobre propiedades recibidas por el Estado procedentes de abintestatos, con detalle de las circunstancias de cada caso el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su Resolución 208/2020 de 29 de junio de 2021, avaló la desestimación de la solicitud, dado que la información solicitada, como en el presente caso, no resultaba extraíble directa y automáticamente del sistema informático de esta Unidad, sino que para proporcionarla habría que realizar una serie de operaciones y de trabajos específicos para detraer la información de expedientes concretos, incluidos en numerosos y diversos procedimientos, lo que implicaba necesariamente una acción previa de reelaboración. Dado que tales circunstancias concurren en la solicitud actual, y en virtud de lo expuesto, se propone inadmitir la petición por ser de aplicación la causa contenida en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». 3. Con fecha de 9 de agosto de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha obtenido respuesta a su solicitud siendo inadmitida por requerir reelaboración previa, causa de inadmisión que no comparte el reclamante en cuanto que: ” la información se encuentra tratada y únicamente supondría una labor de recopilación,… que se puede realizar en una simple hoja de Excel en la que aparezcan los datos solicitados, …que se inste a las unidades regionales a recabar dicha información” R CTBG Número: 2024-0182 Fecha: 14/02/2024 4. Con fecha de 10 de agosto de 2023, el CTBG trasladó la reclamación al MINISTERIO solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 1 de septiembre de 2023 se recibió escrito en el que insiste en la aplicabilidad del precedente invocado del CTBG (Resolución 208/2020) porque se trata del mismo tipo de expedientes, y las complicaciones derivadas de extraer la información en tales casos son las mismas, aun cuando el volumen a tratar sea menor. Reiteran que no es posible levar a cabo un tratamiento automático de los bienes de diversa naturaleza que queden asociados a cada expediente de abintestato por formar parte del caudal hereditario del causante. En definitiva, se resuelve que «el presente supuesto la información no resulta extraíble directa y automáticamente del sistema informático de la unidad correspondiente, sino que para proporcionarla habría que realizar una serie de operaciones y de trabajos específicos para detraer la información de expedientes concretos, incluidos en numerosos y diversos procedimientos, lo que implica necesariamente una acción previa de reelaboración». A mayor abundamiento añade que la gestión de este tipo de expedientes se encuentra descentralizada en unidades periféricas, (56 Secciones de Patrimonio del Estado de las Delegaciones Provinciales (52) y Unidades Locales (4) de Economía y Hacienda), con la complejidad añadida de que, en ocasiones, los bienes del causante se encuentren repartidos en el ámbito territorial de dos o más Delegaciones Provinciales, lo que obliga a abrir expedientes complementarios y a tramitar cuentas de colaboración auxiliares por distintos centros gestores. Concluye el MINISTERIO alegando que «(…) debe hacerse notar que la elaboración de listados “a la carta” sobre datos extraídos de este tipo de expedientes, exige una reelaboración de la información disponible que, por otro lado, y dada la manifiesta escasez de los medios personales disponibles, interfiere de forma inequívoca en el desarrollo de la gestión ordinaria de las unidades implicadas». 5. El 1 de septiembre de 2023, se concedió audiencia la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 3 de septiembre de 2023 el reclamante evacuo el trámite de alegaciones sosteniendo que no se dan los presupuestos legales para la inadmisión de la solicitud de acceso a la información pública en razón del artículo 18.1.c) LTAIBG toda vez que no precisa reelaboración previa. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “ pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a un listado de los bienes inmuebles de todo el territorio nacional que han sido adquiridos mediante el procedimiento legal de abintestato y que aún no se han subastado, detallando los datos que se especifican en el antecedente de hecho primero, solicitud que fue inadmitida expresamente por la Administración reclamada. Es objeto de la presente reclamación la adecuación a derecho de la referida resolución del Director General de Patrimonio del Estado de 19 de julio de 2023 por la que se inadmite la solicitud de acceso a la información pública. 4. Corresponde en consecuencia verificar la efectiva concurrencia de la causa de inadmisión invocada, partiendo de la premisa de la interpretación estricta, cuando no restrictiva, que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de este Consejo, dada la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información —por todas, STS de 2 de junio de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:2272)—. En concreto, por lo que concierne a la aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 18.1.c) LTAIBG —que permite inadmitir aquellas solicitudes de información que requieran de una acción previa de reelaboración— no puede obviarse que, tal como se puso de manifiesto en la STS de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810) que «(…) el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas (…)». Este carácter complejo puede venir determinado por el hecho de que se tenga que realizar el tratamiento a partir de «una información pública dispersa y diseminada», que requiera de una «labor consistente en recabar, primer o; ordenar y separar, después, lo que es [en el caso enjuiciado en la sentencia] información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información solicitan que se exija al Puerto el cumplimiento de la obligación y reconocimiento de sus derechos soportes (físicos e informáticos) diversos. Se incluye, también, en el concepto de reelaboración aquella información que, al no encontrarse en su totalidad en el órgano al que se dirige la solicitud, ha de ser recabada de otros órganos —STS de 25 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:1256)—; remarcándose que no puede confundirse la supresión o anonimización de datos con un supuesto de reelaboración de la información pública. Se confirma así, el criterio de este Consejo de Transparencia (criterio interpretativo 7/2015) en el que se señaló que la acción de reelaboración se refiere a aquellos supuestos en los que la información debe elaborarse expresamente para dar respuesta a lo solicitado, haciendo uso de diversas fuentes de información -sin que pueda confundirse con el proceso de anonimización o con la solicitud de información voluminosa-; así como a aquellos supuestos en que la Administración requerida no dispone de los medios necesarios para extraer y explotar la información concreta que se reclama. Aplicando al caso la doctrina y la jurisprudencia antes referida, se ha de considerar suficientemente justificada la concurrencia de la causa de inadmisión invocada. Junto a la similitud con el precedente de este CTBG citado, las explicaciones dadas por la Administración evidencian que el listado requerido solo se podrá obtener tras un arduo trabajo, en el que se extracten, compilen, y ordenen una serie indeterminada de datos de inmuebles cuya información se encuentra en poder de más de medio centenar de órganos administrativos territorial y funcionalmente dispersos, teniendo en cuenta que los bienes objeto de la información solicitada no se encuentran previamente inventariados. Elaborar ese complejo listado a modo de inventario especial y limitado por razón de la singular causa de adquisición -herencias abintestato- comporta sin duda una labor de reelaboración previa en los términos requeridos por el artículo 18.1.c) LTAIBG, dado que se ha de partir de «una información pública dispersa y diseminada», que se encuentra en soportes diversos y se requiere una labor consistente en recabar, ordenar y sistematizar la información para facilitarla al reclamante. 5. En definitiva, por las razones expuestas, se ha de desestimar la presente reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación interpuesta por frente a la resolución del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (actual MINISTERIO DE HACIENDA). De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez