Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Una persona solicitó a la Dirección General de Función Pública de Galicia datos detallados y códigos de puestos de trabajadores temporales en el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. El solicitante alegó que los enlaces facilitados eran insuficientes. La Comisión da Transparencia desestimó la reclamación por requerir una reelaboración compleja de la información.
Una ciudadana solicitó a la Dirección General de Función Pública de Galicia el número y códigos de puestos de trabajadores temporales con condiciones específicas de estabilización. Alegó que los enlaces web proporcionados eran insuficientes. La Comisión de Transparencia de Galicia desestimó la reclamación por requerir una reelaboración compleja de información ya pública.
Una ciudadana solicitó al SESCAM actas de comisiones de farmacia y protocolos terapéuticos. El SESCAM inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la administración no justificó suficientemente que la información fuera compleja o dispersa para denegar el acceso.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado de infracciones del orden social cometidas por Ayuntamientos desde 2018. El solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) por falta de respuesta. El CTBG desestima la solicitud de fondo por requerir una reelaboración compleja de la información, aunque estima la reclamación por motivos formales debido al silencio administrativo.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado de infracciones del orden social cometidas por CCAA desde 2018. El solicitante alegó la aplicación de la Resolución 707/2019. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima el fondo por requerir una reelaboración compleja de la información, pero estima la reclamación por motivos formales ante la falta de respuesta inicial.
Se solicitó al Ministerio de Política Territorial información sobre la situación del expediente del proyecto EDUSI-La Magdalena en San Fernando. El solicitante alegó que la respuesta fue insuficiente al limitarse a transcribir normativa general. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la Administración no dispone de más información pública en su poder.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada y base jurídica sobre el uso de huellas dactilares para control horario en el Centro Penitenciario de Valencia. El solicitante alegó falta de transparencia en la respuesta parcial del Ministerio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acuerda el archivo de la reclamación debido al desistimiento expreso del interesado.
El sindicato CESM solicitó a la Conselleria de Sanitat actas de la Comisión de Trasplantamientos y detalles económicos y de personal de explantes realizados. Tras alegar la administración que la información era excesiva y protegida por datos personales, el Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a las actas y la dotación económica total, pero denegando los datos individuales.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco información sobre denuncias y sanciones por irregularidades laborales en centros penitenciarios. Tras una denegación inicial basada en el deber de sigilo, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración acabó facilitando la información disponible.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco las resoluciones de expedientes sancionadores contra una empresa. Tras el silencio administrativo, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración finalmente respondió informando de la inexistencia de resoluciones firmes y remitiendo informes previos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Granada actas de inspección y datos sanitarios de dos establecimientos (McDonald's y 100 Montaditos). El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, ya que la entidad facilitó la información durante la tramitación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife información sobre la expropiación de solares en la calle San Vicente Ferrer. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima formalmente la reclamación por el retraso, pero termina el procedimiento ya que el Ayuntamiento acabó respondiendo extemporáneamente.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Oviedo el expediente de derribo de la Fábrica de Gas y la propuesta del nuevo Plan Especial. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena entregar el expediente de la fábrica, pero desestima el acceso al Plan Especial por estar en fase de elaboración.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud (CHUIMI) información detallada sobre la jornada complementaria y declaraciones responsables de catedráticos y profesores vinculados (2010-2020). El reclamante alegó que la denegación era improcedente tras años de solicitudes. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestima la reclamación por requerir reelaboración de datos.
Se solicitó a la Diputación de Tarragona el detalle de pagos a diputados desde el año 2000. El reclamante alegó que la falta de informatización de datos previos a 2007 no justificaba la denegación. La GAIP resolvió finalizar el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el solicitante.
Una ciudadana solicitó acceso a diversa información y certificados al Ayuntamiento de Benifaió. Tras alegar la administración que algunas peticiones eran repetitivas o requerían reelaboración, el Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación por considerar que el derecho de acceso no cubre la emisión de certificados y que el volumen de solicitudes constituye un uso abusivo del derecho.
El Partit Alacantí Regionalista Esperança Ciutadana solicitó al Ayuntamiento de Monforte del Cid una copia de la auditoría del sistema Gestiona sobre el Decret 346A/2017. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación y reconoce el derecho de acceso.
El Partit Alacantí Regionalista Esperança Ciutadana solicitó al Ayuntamiento de Monforte del Cid certificados de inversiones y copias de facturas de 2005-2008. Tras la denegación municipal, el reclamante interpuso recurso. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación alegando que la información requiere una acción previa de reelaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alcalá del Río el expediente y actas de un proceso selectivo, además de explicaciones y anulaciones de valoraciones de exámenes. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: ordena entregar el expediente y las actas (con datos disociados), pero inadmite las peticiones de explicaciones por no ser información pública.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid el acceso a las minutas de honorarios de servicios jurídicos y documentación de procesos judiciales. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando necesidad de reelaboración, propiedad intelectual y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque la documentación forma parte de expedientes judiciales, sujetos a un régimen especial.
Una ciudadana solicitó a la CRTVG los contratos celebrados con el Arzobispado de Santiago y otros organismos eclesiásticos entre 2017 y 2022. La CRTVG denegó el acceso alegando la necesidad de reelaborar la información. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación al considerar que no se ha justificado la complejidad de dicha reelaboración ni la dispersión de los datos.
La Asociación de Vecinos/as de Erripagaina reclamó ante el Consejo de Transparencia de Navarra la falta de respuesta del Ayuntamiento de Burlada a cuatro solicitudes de información. El Consejo estima parcialmente las reclamaciones: ordena entregar las licencias de obras y datos de inversión, inadmite la solicitud de ingresos por tasas urbanísticas por abusiva y declara sin objeto la del Plan Deportivo por inexistente.
Un ciudadano solicitó al Servicio Navarro de Salud información sobre la cobertura y aplicación de infiltraciones de plasma rico en plaquetas. El organismo inadmitió la solicitud alegando que era una consulta jurídica. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, considerando que se pide información fáctica y no la elaboración de un informe técnico.
Un delegado sindical solicitó al Parque Móvil del Estado el detalle de servicios ordinarios y extraordinarios de cada conductor (fecha y hora) entre 2018 y 2023. El solicitante alegó falta de motivación en la denegación y posible arbitrariedad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud requiere una reelaboración compleja de información dispersa.
Un sindicato solicitó al Ministerio de Defensa las plantillas del personal estatutario de sus dos hospitales desglosadas por categoría, relación administrativa y servicio de destino. El Ministerio denegó parcialmente la información alegando secreto oficial y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar los datos.
La Asociación Defensa Ciudadana Activa solicitó al Ayuntamiento de San Roque actas de comisiones, un acta en papel y una explicación jurídica sobre el RD 2568/86. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía termina el procedimiento por desaparición del objeto al haberse facilitado la información, aunque valida la inadmisión de la consulta jurídica por requerir reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social datos sobre demandas de impugnación de prestaciones interpuestas por el SEPE. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requería una acción de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información del punto a) por ser una elaboración básica.
El solicitante pidió a ANECA los criterios de cómputo de docencia de la Comisión D16 y las baremaciones desglosadas de expedientes positivos desde 2021. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter auxiliar de la información y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la primera parte pero estima la segunda, obligando a entregar las baremaciones.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Defensa datos sobre militares fallecidos, heridos, retirados y suicidios desde 1990. El Ministerio inadmitió la petición alegando reelaboración de información y falta de datos fehacientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar toda la información disponible.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Bocairent información detallada sobre expedientes sancionadores de circulación urbana (2012-2023). El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la información de 2016 a 2023 o justificar técnicamente la reelaboración.
Una asociación solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya un documento de compromiso para obras en los lavabos de una escuela. Tras la denegación administrativa por inexistencia del documento, la GAIP intervino y finalizó el procedimiento mediante un acuerdo de mediación donde el reclamante se da por satisfecho ante la confirmación de que la información no existe.
Una entidad animalista solicitó al Ayuntamiento de Barcelona datos identificativos de animales adoptados, acogidos y fallecidos, así como la relación de centros colaboradores. El Ayuntamiento alegó complejidad en la elaboración y protección de datos. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información, pero inadmite la solicitud de actualizaciones regulares.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Alicante información detallada sobre cursos específicos de la Policía Local RADAR.MULTACAR desde 2005. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al considerar que la solicitud es desproporcionada y requiere una reelaboración compleja.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul de Jaén la titularidad, listado de parcelas y permisos de uso de varios cotos de caza. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: obliga a facilitar el listado de parcelas (no bastando el enlace genérico) y a informar sobre la existencia de permisos, aunque deniega las copias por ser una solicitud abusiva.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el listado detallado de viajes y gastos de sus altos cargos desde 2018. El Ministerio proporcionó datos agregados anuales alegando que un mayor desglose supondría una reelaboración abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que dicha causa de inadmisión no está justificada.
Una ciudadana solicitó al Ministerio del Interior el detalle pormenorizado de cargamentos de droga incautados en puertos españoles (2016-2022). La solicitante alegó que la denegación carecía de justificación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información requerida exigiría una reelaboración compleja de los datos
El interesado solicitó información sobre nombramientos temporales superiores a 6 meses en la Gerencia de Albacete (SESCAM) durante tres años. Tras una propuesta inicial de inadmisión por reelaboración, la administración finalmente facilitó los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al haber entregado la información fuera del plazo legal.
Se solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya la documentación justificativa de dietes del director de la escuela de arte de Olot. La administración alegó que la digitalización suponía una carga de trabajo inasumible. La GAIP estimó la reclamación al considerar que el volumen de datos no justifica la denegación si no hay complejidad técnica.
Un delegado sindical solicitó al Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat datos detallados sobre horas extraordinarias y pluses de horario intensivo de la Policía Local. El Ayuntamiento no respondió inicialmente. La GAIP estima parcialmente la reclamación, reconociendo el acceso a la información basándose en la Ley de Libertad Sindical, aunque limita la identificación de agentes al número de carnet.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones microdatos de bajas de la Seguridad Social desde 2015. El solicitante alegó que la anonimización no constituye reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información al no justificarse las causas de inadmisión invocadas.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte la carta arqueológica de España e inventarios autonómicos. Tras la denegación del Ministerio, el interesado reclamó alegando su derecho de acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el documento solicitado no existe y su obtención requeriría una reelaboración compleja de datos dispersos.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Minglanilla diversos enlaces a información institucional, laboral y urbanística. El Ayuntamiento alegó que parte de la información estaba en proceso de publicación o era física. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al ayuntamiento a facilitar la mayoría de la información solicitada.
Un agente de la Guardia Civil solicitó al Ministerio del Interior información sobre donaciones recibidas por la Comandancia de Las Palmas y expedientes disciplinarios de su unidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, pues la información sobre sanciones está clasificada como reservada según la Ley de Secretos Oficiales y la información de donaciones ya fue concedida en otra resolución.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León datos detallados sobre explotaciones ganaderas activas. La Consejería inadmitió la solicitud alegando que requería reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación al considerar que la información ya existe en una base de datos informatizada y no hubo motivación suficiente.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga información sobre la titularidad, permisos de uso y listado de parcelas de varios cotos de caza. El reclamante alegó que la remisión a enlaces genéricos y la denegación por 'reelaboración' eran insuficientes. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Planes d’Hostoles actas de inspección sanitaria y datos de registro de varios establecimientos. El Ayuntamiento alegó que la competencia estaba delegada en el Consorci SIGMA y citó límites de confidencialidad comercial. La GAIP estima parcialmente el acceso y ordena retrotraer el proceso para que el Ayuntamiento derive la solicitud al Consorci SIGMA.
Se solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) información detallada sobre puestos de trabajo con perfil específico y datos de la bolsa de trabajo desde 2019. La reclamante alegó que la respuesta fue incompleta para verificar sus derechos de prioridad. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando al ICS a entregar los datos omitidos pese a la alegada complejidad técnica.
El solicitante pidió a la Consellería de Sanidad información sobre los costes de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), interpuso reclamación. La Comisión de la Transparencia de Galicia estima la reclamación y obliga a la Consellería a dictar una resolución expresa sobre la solicitud en el plazo de 10 días hábiles.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública información sobre la reclasificación de puestos A1 y A1A2. El Ministerio denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información obra en poder del órgano y no se justifica la complejidad técnica alegada.
D. XXX solicitó a la Diputación de Burgos información sobre contrataciones publicitarias, convenios de promoción y expedientes de la Vuelta Ciclista a Burgos de los últimos 5 años. Tras una desestimación presunta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación al considerar que las remisiones web eran incorrectas y no se justificaron las causas de inadmisión.
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