Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Un diputado del Grupo Socialista solicitó a la Diputación de Segovia listados de operaciones con terceros (>3.000€) y subvenciones de 2021. La entidad denegó el acceso alegando que no debía elaborar listados. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando a entregar la información por ser datos ya existentes y sujetos a publicidad activa.
Una comunidad de propietarios solicitó al Ayuntamiento de Santander información sobre la titularidad de terrenos y licencias, mezclando la petición con quejas y consultas jurídicas. El Ayuntamiento concedió la información pública pero inadmitió las quejas y consultas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido a la demora excesiva en la respuesta.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Consumo estadísticas sobre recursos de alzada y reposición (2018-2022). El Ministerio denegó parcialmente la información alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la mera ausencia de una estadística no justifica la inadmisión si la información existe y no es compleja.
Se solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social la cuantía exonerada de cotización por ERTE de las empresas del IBEX 35. El organismo inadmitió la solicitud alegando no disponer del listado de dichas empresas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información al considerar que el listado es de acceso público y sencillo.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia la relación detallada de regalos recibidos por Pedro Sánchez. Alegó que el inventariado debe ser inmediato para evitar un disfrute ilegal de los bienes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información solicitada no existe actualmente, ya que el inventario se realiza al finalizar la legislatura.
El ciudadano solicitó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid minutas y documentos de procesos judiciales sobre personal con condena en costas. La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación por existir un régimen especial de acceso en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El interesado solicitó a la Universidad Complutense de Madrid información sobre si personal del Consejo de Transparencia tiene vínculos con la universidad y si han recibido becas. La Universidad alegó que no posee dicha información y que la petición exige una actividad material. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid la inadmite porque no es una solicitud de acceso a información existente, sino una consulta.
Un periodista solicitó al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya información sobre plazas del cuerpo superior A1 (categoría >24). La administración alegó que su elaboración suponía una tarea compleja. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos estadísticos y los de altos cargos, y los demás mediante pseudonimización.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Castellar del Vallès expedientes de subvenciones (2018-2022). El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando tarea compleja y abuso de derecho. La GAIP estima la reclamación, determinando que la información es pública y que la carga de trabajo puede solventarse ampliando el plazo de entrega.
Una persona solicitó a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía datos detallados sobre plazas, personal, emolumentos y conciertos educativos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima parcialmente la reclamación y da por terminada la otra parte al considerar que la información ya fue facilitada o requeriría una reelaboración desproporcionada.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de efectivos y vehículos destinados a la protección de personalidades y cargos públicos (2016-2023) y sus costes. El reclamante alegó la denegación total del acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos globales de efectivos y vehículos, pero deniega el desglose de seguridad estática por razones de seguridad pública.
Una persona solicitó a diversas Consejerías de la Junta de Andalucía datos detallados sobre plazas públicas, estabilización de empleo y retribuciones. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento por haber sido satisfecha la mayoría de la información y desestima la parte relativa al desglose provincial de emolumentos por requerir reelaboración.
D.ª XXX, en representación de D. XXX, solicitó a la Junta Vecinal de La Granja de San Vicente una certificación y copia del pliego de licitación de un coto de caza. Tras la falta de respuesta escrita, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los documentos pero denegando la certificación por ser un documento nuevo.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública los criterios de cálculo y proporcionalidad de las retribuciones de los funcionarios. El solicitante alegó que dicha información debe existir por las competencias de la Dirección General de Costes de Personal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que se trata de una consulta jurídica y no de información pública preexistente.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre donaciones y aceptaciones de bienes en la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas desde 2009. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó una complejidad técnica que legitimara dicha inadmisión.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sitges un certificado de legalidad y situación urbanística de una propiedad. El reclamante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP inadmitió la reclamación porque la solicitud no versa sobre información pública preexistente, sino que requiere la elaboración de un documento mediante análisis técnico.
Un periodista solicitó a EMATSA los libros mayores de cuentas (grupo 6) de diversos periodos entre 2003 y 2022. EMATSA denegó el acceso alegando que eran documentos internos, que su extracción era compleja y que afectaba a secretos comerciales. La GAIP estima la reclamación, obligando a la entidad a entregar la información por prevalecer el interés público.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el listado de zonas de exámenes prácticos de conducir B en Cataluña, Aragón y C. Valenciana. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, tras acotar el solicitante el pedido a Barcelona (2022), por no ser desproporcionado.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre condecoraciones a civiles propuestas por una Comandancia de la Guardia Civil desde 2009. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaborar la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó una complejidad técnica que legitimara dicha inadmisión.
D. XXX solicitó a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León datos sobre procesos selectivos y plazas vacantes (2010-2019). Tras una estimación parcial, el interesado reclamó por la falta de datos antiguos y la denegación de las vacantes. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los datos de vacantes.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública la identificación de puestos de FHCN que, cumpliendo los requisitos legales, no fueron incluidos en los concursos unitarios de 2018 a 2021. El Ministerio desestimó la solicitud alegando que no existen tales puestos y que su búsqueda requeriría una reelaboración de datos. El CTBG desestima la reclamación.
Se solicitó a la Presidencia del Gobierno de Canarias un listado detallado de entrevistas y participaciones individuales del Presidente y el Consejero de Sanidad (2020-2022). El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestima la reclamación porque la información no existe en ningún soporte, por lo que su obtención requeriría una reelaboración prohibida.
Una persona solicitó a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía el desglose de puntuaciones de méritos y copias de expedientes favorables. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la parte de las puntuaciones por existir un procedimiento administrativo en curso y estimó parcialmente la de los expedientes, ordenando retrotraer el proceso para dar traslado a los afectados.
Un agente solicitó a la Comandancia de la Guardia Civil datos detallados sobre comisiones de servicio. El interesado alegó que la información es pública y accesible vía SIGO. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque atender la solicitud requeriría la elaboración de un informe ad hoc, incurriendo en la causa de inadmisión del art. 18.1.c) LTAIBG.
Un periodista solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) los expedientes completos de accidentes e incidentes en centrales nucleares españolas. El CSN inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al CSN a facilitar los expedientes excluyendo datos personales.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre nombramientos, compatibilidades y evaluaciones de jefaturas desde 2015. El reclamante alegó que la información es accesible y el volumen de puestos es reducido. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestima la reclamación, validando la inadmisión por reelaboración y carácter abusivo.
El solicitante pidió a la Consejería de Sanidad de Cantabria datos sobre brotes de toxiinfección alimentaria (2007-2021). Tras una denegación parcial basada en la falta de formato digital, el solicitante reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración solo entregó toda la información tras interponerse la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte documentación sobre la candidatura "Patrimonio Histórico Minero" ante la UNESCO. El solicitante alegó que el Ministerio debió facilitar informes técnicos de las CCAA en lugar de remitir la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al validar la aplicación de la "regla de autor".
Un ciudadano solicitó a Renfe los pliegos técnicos de un contrato de trenes, fechas de detección de errores de gálibo y costes de consultoría externa. Renfe denegó los pliegos alegando secreto empresarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la parte no confidencial de los pliegos relativos a dimensiones y responsabilidades.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia estadísticas mensuales de cartas de naturaleza (2013-2022) y datos personales de concesiones desde 2021. El interesado alegó que la información ya existía y no requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la petición exigía la elaboración de un informe ad hoc.
La Fundació Ciutadana Civio solicitó a la Conselleria de Sanitat datos sobre la presión asistencial en atención primaria por centro de salud. Alegó que la respuesta fue insuficiente y que se invocó la reelaboración vía telefónica sin constancia escrita. El Consell Valencià de Transparencia archiva el expediente tras el desistimiento del reclamante al recibir la información.
La Asociación INECA solicitó a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic el detalle de la liquidación y proyectos de presupuestos 2020-2022 desglosado por provincia y municipio de Alicante. Tras la denegación parcial de la administración, el Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información disponible a nivel provincial.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre un sistema dinámico de adquisición de software y datos sobre videovigilancia y reconocimiento facial. La reclamante rechazó los argumentos del Ministerio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que se pedían informes ad hoc o información inexistente.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid el detalle de multas por saltarse el toque de queda. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación por falta de competencia para ejecutar resoluciones previas dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El ciudadano solicitó datos detallados sobre becas en centros privados de la Comunidad de Madrid (cursos 21/22 y 22/23). La administración alegó que la información estaba en curso de elaboración o requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación al considerar que no se justificaron motivadamente dichas causas de inadmisión.
El solicitante pidió a Metro de Madrid, S.A. información sobre la oferta real de trenes por línea y franja horaria. Alegó que la administración le proporcionó la oferta planificada en lugar de la real. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid decide retrotraer las actuaciones para que el interesado concrete su solicitud con asesoramiento de la entidad.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Alcorcón un listado de las aportaciones ciudadanas al proyecto del Polideportivo Ensanche Sur y la valoración de su aceptación. El Ayuntamiento alegó inicialmente que la información no existía y requería reelaboración. Tras la intervención del Consejo, el Ayuntamiento aportó el documento solicitado, por lo que el Consejo de Transparencia desestimó la reclamación.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco el listado de presos que acudieron a citas médicas sin escolta, el coste de dichas escoltas y documentos sobre políticas de dignidad para presos de ETA. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación por tratarse de datos personales protegidos, requerir reelaboración de información o por inexistencia de los documentos.
Una persona solicitó a la Secretaría de Administración y Función Pública (SAFP) de la Generalitat de Catalunya los nombres de los delegados sindicales del personal administrativo y técnico. La SAFP denegó el acceso alegando que no era información pública o que su elaboración era compleja. La GAIP estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó al Departament de Presidència de la Generalitat información detallada sobre evaluaciones de productividad 2022, costes y alegaciones. El solicitante alegó que la respuesta fue parcial y la denegación por 'tarea compleja' insuficiente. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los datos por falta de motivación de la Administración.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Santander la respuesta a una pregunta del Pleno sobre plazas de Policía Local y la normativa aplicable. Ante el silencio administrativo, reclamó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración respondió fuera de plazo, aunque valida la inadmisión de la consulta normativa.
Se solicitó a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía un listado detallado de subvenciones y préstamos concedidos a empresas entre 2005 y 2007. El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque los enlaces facilitados eran genéricos y no cubrían todas las entidades solicitadas.
Un representante sindical solicitó al Ministerio del Interior el desglose mensual de complementos de productividad e incentivos de 2022 de empleados de la DGT en Zaragoza y el Centro de Gestión Pirineos-Valle del Ebro. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar los datos mensuales omitidos.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud datos sobre controles oficiales no previstos y tasas percibidas entre 2018 y 2022. El solicitante alegó que su interés es público al querer conocer la gestión de ingresos tributarios. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación porque la información no existe en la forma solicitada y requeriría reelaboración.
El solicitante pidió a la Consellería de Sanidad de Galicia datos sobre interrupciones voluntarias del embarazo (2008-2022). Ante el silencio administrativo, alegó que la información ya existe en registros oficiales y no requiere elaboración ad hoc. La Comisión de la Transparencia estima la reclamación y obliga a la Consellería a dictar una resolución expresa y motivada.
Un ciudadano solicitó a INCOLSA el acceso a sus cuentas anuales y presupuestos. El interesado alegó que la remisión al Registro Mercantil no exime a la entidad de su obligación de transparencia. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, obligando a INCOLSA a facilitar la información directamente al solicitante.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre el sistema VioGén (casos y agresores). El solicitante alegó que las estadísticas públicas eran insuficientes y que los datos de agresores tenían interés público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se facilitó solo tras interponer la reclamación.
Una persona solicitó al OPAEF de la Diputación de Sevilla información sobre el órgano competente, plazos y responsable de los procedimientos de revocación de actos desfavorables. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: obliga a informar sobre el órgano competente, pero desestima lo relativo a plazos y responsables por inexistencia de dicha información.
Se solicitó a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía el gasto total en publicidad institucional (2000-2022) y el desglose por medios (2019-2022). La entidad alegó secreto comercial y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la información disponible.
Una trabajadora solicitó al Ayuntamiento de Llinars del Vallès las fichas de puestos de trabajo y sus modificaciones. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación ante la GAIP. El organismo decide finalizar el procedimiento por pérdida del objeto, ya que el Ayuntamiento facilitó la información extemporáneamente durante la tramitación sin que la solicitante presentara alegaciones.
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