Reclamación por denegación de acceso a los expedientes de incidentes y accidentes en centrales nucleares españolas

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 23 de febrero de 2023 el reclamante solicitó al CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(…) los expedientes completos de los accidentes, incidentes y sucesos ocurridos en las centrales nucleares españolas desde la construcción de la primera central en España hasta la actualidad». Por otro lado, el 27 de febrero de 2023, se recibió en el CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR una comunicación de derivación de solicitud de acceso a la información pública de la Generalitat de Catalunya según la cual el mismo ciudadano solicitaba acceso a: S/REF: 172 y 173 N/REF: 1241-2023 y 1242-2023. Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: Expedientes de incidentes en centrales nucleares. R CTBG Número: 2023-0841 Fecha: 11/10/2023 «“…los expedientes que pueda tener la Generalitat sobre los accidentes o incidentes en las cuatro centrales nucleares que se encuentran en territorio catalán (Ascó y Vandellós). Pido esta información desde la fecha de construcción y posterior puesta en funcionamiento de centrales y hasta la actualidad. (…) Pido expedientes sobre aspectos técnicos de los accidentes, sobre la respuesta de los equipos de emergencias o sobre la afectación al medio ambiente.” 2. El CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR dictó sendas resoluciones, de fecha 16 de marzo de 2023, en las que se acuerda la inadmisión a trámite de la solicitud en los siguientes términos: «La recopilación de los datos solicitados obliga a realizar una enorme labor de supresión de datos personales e información sensible no publicable. Resultaría obligatorio, además, dar audiencia a las personas y entidades previsiblemente afectadas por la divulgación de sus datos personales y técnicos. Por consiguiente, teniendo en cuenta lo anterior se le informa de la inadmisión de la solicitud presentada por usted de acuerdo con el art. 18.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: “1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: … c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.” En el mismo sentido, la Sentencia dictada en el recurso Apelación 63/2016 por la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional señala que “El derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular.” Asimismo es de aplicación para la inadmisión el art. 18.1.e, al suponer la contestación de su solicitud un esfuerzo desmedido y no justificado con la finalidad de transparencia de dicha ley: “1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: … e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.” Sin embargo, y con el objeto de poder suministrarle información que pueda serle de utilidad, le invitamos a revisar la información contenida en los informes anuales del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados. En dichos informes se R CTBG Número: 2023-0841 Fecha: 11/10/2023 proporciona información sobre el funcionamiento de las centrales nucleares y se incluye información de los sucesos notificados ocurridos en el periodo que comprende el informe. En la página web institucional del CSN puede encontrar publicados y accesibles todos los informes anuales remitidos por el Consejo al Congreso de los Diputados desde el año 2003 (Annual report - CSN) y, en el caso de que precise los informes correspondientes a años anteriores, puede ponerse en contacto con el Departamento de Publicaciones del organismo. Adicionalmente, la información sobre los incidentes nucleares y radiológicos ocurridos en España es muy amplia y numerosa, y está disponible en nuestra página web (Inicio - CSN)». 3. Mediante escritos registrados el 3 de abril de 2023, el solicitante interpuso dos reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG referidas a las solicitudes de información 172 y 173 (según nomenclatura del CSN) que fueron registradas con número de expediente 1241/2023 y 1242/2023, respectivamente. En los escritos de reclamación, de contenido idéntico, se pone de manifiesto lo siguiente: « El CSN deniega la petición porque «supondría una elevada labor de elaboración». Soy periodista y estoy haciendo una investigación sobre accidentes e incidentes nucleares en España. Si prevalece el argumento del CSN ningún investigador podrá nunca consultar o tener copia de los expedientes de accidentes nucleares porque siempre supondrán una elevada «labor de elaboración». Es un argumento que fomenta la opacidad. El CSN solo ofrece informes anuales o, un breve resumen de "sucesos notificados" (no van más atrás de 2016), eso no es suficiente para mi investigación.» 4. Con fecha 4 de abril de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó las dos reclamaciones al CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR solicitando la remisión de la copia completa de los expedientes derivados de las solicitudes de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes; recibiéndose sendos escritos el 18 y 18 de mayo de 2023 en los que se expone: «mediante resoluciones de 16 de marzo de 2023, se le comunicaba que la información solicitada requería una necesaria acción de elaboración. Pese a que dichas resoluciones relacionaban distintas causas de inadmisión, lo cierto es que, con la finalidad de suministrar la información que pudiera serle de utilidad a la vista de su pregunta, se le indicaban los lugares donde dicha información podría ser localizada. (…) 1. Conviene señalar, de forma particular, que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, el CSN debe mantener informado al Gobierno y al Congreso de los Diputados y al Senado de cualquier circunstancia o suceso que afecte a la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas o a la calidad radiológica del medio ambiente (…) Este deber de información y transparencia se refiere también a la propia ciudadanía. En este sentido, la Ley de creación del CSN recoge el deber de facilitar el acceso a la información y la participación del ciudadano y de la sociedad civil en su funcionamiento. (…) 2. En relación con los accidentes e incidentes, la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES, por sus siglas en inglés) establece siete niveles de sucesos distintos de cero: los sucesos de nivel inferior (1 a 3), sin consecuencias significativa sobre la población y el medio ambiente, se califican como incidentes; los superiores (4 a 7), como accidentes. De acuerdo con dicha escala, los sucesos ocurridos en España relacionados con la seguridad nuclear y la protección radiológica se han clasificado todos ellos como incidentes, sin que haya ocurrido ningún accidente nuclear. La información sobre los incidentes nucleares y radiológicos ocurridos en España es muy amplia y numerosa, y está disponible, dando cumplimiento a los deberes y obligaciones que a tal respecto concreta la propia Ley de creación del CSN, en la página web del organismo, en el apartado de centro de documentación: https://www.csn.es/centro-de-documentacion, donde se pueden consultar, entre otros, los informes anuales del organismo remitidos al Congreso de los Diputados y la revista Alfa (que también contiene mucha información de los incidentes acontecidos). Asimismo, en el apartado de monografías: https://www.csn.es/monografias, hay publicada mucha documentación sobre todos los incidentes ocurridos en España a los que hace referencia la pregunta recibida. En cuanto a los sucesos, la información disponible se encuentra en https://www.csn.es/sucesos-notificados. Además, en la siguiente dirección se encuentran los sucesos clasificados por centrales Centrales nucleares en España - CSN. 3. Este CSN entiende que, por tanto, la información solicitada ya es de publicación general en los distintos sitios electrónicos identificados. A este respecto, cabe recordar que el artículo 22.3 de la LTAIBG relativo a la Formalización del acceso dispone que “Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella”. En este caso, la propia respuesta elaborada por este CSN orientaba al solicitante sobre cómo proceder para identificar, de forma rápida, los lugares donde se encuentra dicha información de forma accesible. En este mismo sentido, cabe recordar que el artículo 18.1.a) identifica como una causa de inadmisión a trámite las solicitudes “Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”. Por tanto, este organismo entiende que al facilitarle los lugares donde se encuentra accesible la información relativa a los incidentes y sucesos sí se le ha dado acceso a la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.1.a) y 22.3 de la LTAIBG. 4. Entiende ahora el solicitante que dicha información es insuficiente a efectos de su investigación. Sin perjuicio de la falta de concreción de su solicitud, es preciso recordar que la Sentencia 60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, razona que “El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. – En esta misma línea, la Sentencia 63/2016, dictada en Apelación, de la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, señala que “El derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular (…)”. Por consiguiente, si lo que se espera recibir es un informe que contenga el detalle de los incidentes y sucesos acaecidos en España, esa expectativa no puede ser atendida dado que se trata, como el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno conoce, de una petición de información no amparada por la LTAIBG». 5. Concedida audiencia al reclamante el 19 de mayo de 2023 para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, en escritos de 22 de mayo de 2023, se señala que: « El CSN negaba el acceso a los expedientes porque era «necesaria una acción previa de reelaboración» en el sentido de «suprimir datos personales e información sensible no publicable». No se especificaba de qué tipo era esa «información sensible no publicable» y quién decidía qué era publicable o no. (…) Lo que ofrece el CSN son informes elaborados a partir de la documentación de esos expedientes. Este solicitante no quiere ni pide nuevos informes, sino el acceso a la documentación en bruto. (…) Una de las principales alegaciones, más allá de esta confusión del CSN con la presunta solicitud de este periodista de nuevos informes, es que el acceso a la información en bruto, a los expedientes de todos los accidentes, incidentes y sucesos conllevaría una enorme tarea de elaboración, en el sentido de suprimir datos sensibles de personas o, como se ha citado anteriormente, de «información sensible no publicable». El CSN pretende que cualquier ciudadano o investigador no pueda acceder a las fuentes originales que obran en su poder, sino que deba conformarse con informes elaborados por el propio CSN. Por tanto, cualquier información que se transmite a la ciudadanía ha sido sometida al filtro del CSN, que decide en cada caso, qué se transmite y como se transmite. La denegación de acceso a los expedientes originales supone, bajo el punto de vista de este periodista, una vulneración de uno de los ejercicios fundamentales de un profesional de la información: la posibilidad de contrastar la información. El hecho de ocultar determinados datos personales de personas físicas como consecuencia de la protección de datos no debe suponer una excusa para menoscabar el derecho de información pública de los ciudadanos, sino que deben ser dos derechos compatibles. Si prevalece este argumento (la denegación al acceso de la documentación por el hecho de comportar una tarea de anonimización de la información), la investigación en España puede verse seriamente condicionada, hasta tal punto de producirse, de facto, una censura. (…)». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. El presente procedimiento trae causa de dos solicitudes de información en las que se pide el acceso a los expedientes completos de los accidentes, incidentes y sucesos ocurridos en las centrales nucleares españolas desde su creación hasta la actualidad (en la segunda solicitud la petición es la misma pero referida tan solo a las centrales nucleares situadas en Cataluña). El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó la inadmisión de las solicitudes de información con base en las causas de inadmisión previstas en el artículo 18.1.c) LTAIBG —por ser precisa acción previa de reelaboración—y en el artículo 18.1.e) LTAIBG —por el carácter abusivo de la solicitud no justificado en la finalidad de la transparencia—, aportando un enlace a los informes anuales del CSN. Posteriormente, en trámite de alegaciones en este procedimiento, amplía la información proporcionada detallando cuál es la escala de los siete niveles de sucesos distintos de cero y facilitando enlaces directos a concretos apartados de su web, en el apartado centro de documentación, a través de los cuales se puede acceder, no solo a los informes anuales, sino a diversas monografías sobre incidentes en España, a los sucesos notificados en España con su clasificación por centrales nucleares, entendiendo que con ello da cumplida respuesta a la solicitud ex artículo 22.3 y 18.1.a) LTAIBG. 4. Con carácter previo a las cuestiones de fondo que se suscitan, es preciso señalar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, se acuerda la acumulación de ambos procedimientos, dada su identidad sustancial, pronunciándose este Consejo sobre ambas reclamaciones en esta resolución. 5. Sentado lo anterior y en relación con la concurrencia de la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) LTAIBG que invoca el CSN —que permite inadmitir a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes «[r]elativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración»—, debe recordarse que la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3530) establece con claridad cuál ha de ser el punto de partida a la hora de aplicar lo dispuesto en el artículo 18 LTAIBG: la interpretación estricta, cuando no restrictiva, de las causas de inadmisión de solicitudes de información partiendo de la premisa de la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información, que no permite aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho. En particular, en lo que aquí interesa, señala que «la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información» —jurisprudencia reiterada en SSTS de 11 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1558) y de 2 de junio de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:2272)—. La jurisprudencia parte de la premisa de que «(…) el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas (…)» —STS de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810)—. Ese carácter complejo puede venir determinado por la necesidad de realiza el tratamiento a partir de «una información pública dispersa y diseminada», que requiera de una «labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es [en el caso enjuiciado en la sentencia] información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información», o que la misma se encuentre en soportes (físicos e informáticos) diversos. Se incluye, también, en el concepto de reelaboración aquella información que, al no encontrarse en su totalidad en el órgano al que se dirige la solicitud, ha de ser recabada de otros órganos —STS de 25 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:1256)—. Se confirma, así, el criterio de este Consejo de Transparencia (criterio interpretativo 7/2015) en el que se señaló que la acción de reelaboración se refiere a aquellos supuestos en los que la información debe elaborarse expresamente para dar respuesta a lo solicitado, haciendo uso de diversas fuentes de información —sin que pueda confundirse con el proceso de anonimización o con la solicitud de información voluminosa—; así como a aquellos supuestos en que la Administración requerida no dispone de los medios necesarios para extraer y explotar la información concreta que se reclama. 6. En este caso el Consejo de Seguridad Nuclear fundamenta la aplicabilidad de la causa de inadmisión invocada en el hecho de que «la recopilación de los datos solicitados obliga a realizar una enorme labor de supresión de datos personales e información sensible no publicable. Resultaría obligatorio, además, dar audiencia a las personas y entidades previsiblemente afectadas por la divulgación de sus datos personales y técnicos». Resulta evidente, con arreglo a la doctrina y la jurisprudencia a la que se acaba de aludir, que tales argumentos no permiten sostener la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) LTAIBG. En efecto, en primer lugar, el objeto de la solicitud no es un informe en el que se recopile toda la información referida a los accidentes, incidentes y sucesos ocurridos en las centrales nucleares españolas desde su implantación —cuyo acceso (a los informes anuales) se ha proporcionado en la resolución inicial y ampliado en trámite de alegaciones de este procedimiento—; sino el acceso directo a los expedientes administrativos que se incoaron con motivo de tales sucesos o incidentes —por lo que difícilmente puede aceptarse que se esté solicitando la elaboración de un informe ad hoc como parece pretender la entidad requerida—. En segundo lugar, no se ha alegado por el CSN que tales expedientes estén dispersos o diseminados en otros órganos o que se hayan plasmado en formatos diversos, sin que quepa integrar en la noción de reelaboración ni el proceso de anonimización eventualmente requerido para facilitar el acceso, ni el trámite de audiencia a terceros afectados, ni el carácter voluminoso de la petición, tal como ya ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones tanto este Consejo como la jurisprudencia. En esta misma línea y en tercer lugar, la referencia a la supresión de información sensible no tiene cabida en la causa de inadmisión invocada, sino que, en su caso, resultando evidente y no discutido el carácter de información pública ex artículo 13 LTAIBG de lo solicitado, la restricción del acceso únicamente puede hacerse con arreglo a los límites establecidos en el artículo 14 LTAIBG —cuya aplicación justificada y proporcionada exige el segundo apartado del precepto—. 6. A idéntica conclusión ha de llegarse en lo que concierne a la pretendida aplicabilidad de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e) LTAIBG que aprecia el CSN porque la contestación a la solicitud supone «un esfuerzo desmedido y no justificado con la finalidad de transparencia de la ley». Es importante recordar que el Tribunal Supremo ha señalado, sobre este particular, que «la causa de inadmisión del artículo 18.1.e) LTAIBG exige el doble requisito de carácter abusivo de la solicitud y falta de justificación en la finalidad de transparencia de la ley» (STS de 12 de noviembre de 2020 -ECLI:ES:TS:2020:3870). Por tanto, la resolución que inadmita una reclamación con fundamento en el artículo 18.1.e) LTABIG debe justificar, por un lado, el carácter abusivo de la reclamación, por incurrir en un abuso de derecho conforme al artículo 7 del Código Civil (acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero,) y, por otro, la ausencia de justificación en la finalidad de transparencia. En este caso, no se aprecia en la solicitud un carácter abusivo o extralimitado en el ejercicio del derecho de acceso a la información ni por lo que respecta a las circunstancias objetivas de su ejercicio, ni por lo que atañe a las subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo) sin que el acceso a la información solicitada pueda considerarse ajeno a las finalidades establecidas en la Ley de Transparencia. 7. En conclusión, con arreglo a lo expuesto procede la estimación de la presente reclamación en la medida en que las causas de inadmisión invocadas no resultan de aplicación, debiendo facilitarse el acceso con exclusión de los datos personales que obren en los expedientes. No obstante, habida cuenta de la materia sobre la que versa la información solicitada, no cabe desconocer que pueden resultar aplicables alguno de los límites del artículo 14 LTAIBG. Al no haberse puesto de manifiesto esta circunstancia en la resolución que inadmite a trámite la solicitud, ni en las alegaciones de este procedimiento, este Consejo desconoce si se dan los presupuestos para dicha aplicación y, en su caso, el grado de la afectación de los bienes jurídicos protegidos por dichos límites. En consecuencia, ha de limitarse a recordar a la Administración que la eventual aplicación de alguno de límites legales para denegar una solicitud de acceso a información pública sólo podrá considerarse conforme a derecho si se cumplen los requisitos de proporcionalidad y justificación expresa atendiendo a las circunstancias del caso concreto, tal y como exige nuestro ordenamiento y ha subrayado el Tribunal Supremo en los términos que más arriba se consignan. Esta exigencia de proporcionalidad obliga también a examinar siempre la posibilidad de conceder un acceso parcial a la información solicitada antes de acordar la denegación integral, pues toda limitación de un derecho habrá de ceñirse a lo estrictamente necesario para preservar el otro derecho o bien jurídico afectado, logrando un equilibrio que permita el máximo grado de eficacia a todos los derechos e intereses en conflicto. De ahí que, como también ha dictaminado el Tribunal Supremo, el «juicio de proporcionalidad requerido por el articulo 14.2 LTAIBG también es exigible en la aplicación del artículo 16 de la LTAIBG, que prevé como se ha indicado la posibilidad de un acceso parcial a la información, en los casos en los que la aplicación de alguno de los límites del articulo 14 LTAIBG no afecte a la totalidad de la información solicitada.» (STS de 21 de enero, ECLI:ES:TS:2021:574). III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente al CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. SEGUNDO: INSTAR al CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información en los términos expresados en el Fundamento Jurídico 7 de esta resolución. x Expedientes completos de los accidentes, incidentes y sucesos ocurridos en las centrales nucleares españolas desde la construcción de la primera central en España hasta la actualidad. TERCERO: INSTAR al CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez