Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Un ciudadano solicitó al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra datos sobre controles alimentarios no previstos y tasas asociadas (2018-2022). El Instituto inadmitió parcialmente la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente la reclamación, exigiendo mayor precisión en los enlaces normativos y una fecha estimada de disponibilidad de los datos.
Se solicitó a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) información detallada sobre prácticas curriculares y extracurriculares desde 2014. El reclamante alegó falta de respuesta. La GAIP resolvió finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la UAB facilitó la información solicitada durante la tramitación de la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts el desglose de retribuciones de alcalde y regidores. El solicitante alegó insuficiencia del enlace web proporcionado y pidió la información en castellano. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información detallada, pero inadmitiendo la ampliación temporal y la traducción de documentos ya existentes en catalán.
D. XXX solicitó a la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda diversa información económica y contractual de los últimos 12 años. Ante la falta de respuesta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación: califica como abusiva la petición de datos contables extensos, pero ordena facilitar el acceso a contratos específicos e inventarios.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Gallegos de Argañán los contratos de arrendamiento, condiciones e inventarios de las piscinas municipales de los últimos 7 años. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó a la Universidad de Santiago de Compostela un archivo detallado (CSV/Excel) sobre prácticas curriculares y extracurriculares. El reclamante alegó que otra universidad sí proporcionó datos similares. La Comisión de la Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la Universidad no dispone de la herramienta técnica para generar dicha información sin reelaborarla.
El solicitante pidió a la Universidad de Vigo datos sobre prácticas curriculares y extracurriculares. Alegó que la información de las primeras era insuficiente y que la de las segundas estaba anonimizada. La Comisión de la Transparencia de Galicia estima parcialmente la reclamación: acepta la desanonimización de empresas, pero desestima el acceso a datos curriculares por requerir reelaboración.
La Asociación DAMAC Juristas solicitó información sobre los Tecores de Pontevedra a la Consellería do Medio Rural. Tras alegar silencio administrativo, la Comisión de la Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no respondió en plazo, aunque posteriormente emitió una resolución expresa.
Se solicitó al Servicio Cántabro de Salud el desglose anual (2016-2020) del gasto sanitario por accidentes de tráfico y los cobros a seguros. La administración alegó que no disponía de sistema contable para identificar tales partidas, requiriendo una reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por falta de justificación detallada de dicha causa.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de trabajadores de Instituciones Penitenciarias con deducción de cuota sindical en nómina, desglosado por centros. El solicitante alegó que la información existe y no requiere reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud: ordena dar el dato global, pero deniega el desglose por centro para proteger la privacidad y libertad sindical.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública informes y consultas de diversas administraciones sobre la Ley 20/2021 de empleo público. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar solo los informes oficiales y sus respuestas.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Málaga identificar los servicios municipales competentes para ejecutar diversas funciones de limpieza y sanción según su ordenanza municipal. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Un delegado de personal solicitó al Consorci Mar Parc Salut de Barcelona y al CatSalut datos sobre contenciones mecánicas en urgencias de psiquiatría. El reclamante alegó que son datos de alto valor para la salud pública. La GAIP resolvió finalizar la reclamación por desistimiento, ya que el solicitante no aportó la copia registrada de la solicitud original tras ser requerido para subsanar el defecto.
Se solicitó a la Consejería de Justicia de Andalucía un informe estadístico sobre la edad y solicitudes de excedencia de funcionarios de la Audiencia Provincial de Sevilla. El reclamante alegó que era un dato estadístico accesible. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque la entidad no justificó que la información requiriera una reelaboración compleja.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el detalle de solicitudes de IMV, incluyendo fechas de solicitud y resolución por cada caso. El solicitante alegó que la información es pública y no constituye reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarse una carga de trabajo desproporcionada.
Se solicitó al Ministerio de Defensa un desglose de actos religiosos asistidos por militares entre 2018 y 2022. La solicitante alegó que dicha información debería estar recopilada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el Ministerio no dispone de los datos, ya que registrarlos vulneraría la libertad religiosa y la protección de datos personales.
Un particular solicitó al Ministerio de Defensa un listado de viviendas militares enajenadas desde 1999, incluyendo la situación administrativa de los usuarios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud requiere una reelaboración de información desproporcionada que paralizaría la gestión administrativa.
Un ciudadano solicitó a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural la localización de restablecimientos urbanísticos pendientes o caducados. El reclamante alegó que la información es pública y accesible individualmente. El Comisionado de Transparencia desestimó la reclamación porque la solicitud requiere una reelaboración de datos que excede la capacidad técnica y humana del organismo.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el importe diario transferido a gasolineras por la bonificación de combustible, desglosado por día, producto y territorio. El solicitante alegó que la AEAT posee los medios informáticos para obtenerlo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una reelaboración de la información.
Se solicitó a la Universidad de La Laguna datos detallados sobre prácticas curriculares y extracurriculares desde 2014. El solicitante alegó que no pedía un informe ad hoc sino datos brutos. El Comisionado de Transparencia estima formalmente la reclamación por falta de respuesta en plazo, pero termina el procedimiento ya que la Universidad finalmente entregó la información.
El solicitante pidió a la Consejería de Educación de La Rioja la relación de vacantes para docentes interinos (2012-2022). La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación confirmando que la información no existe de forma documental y requiere un proceso de reelaboración.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el detalle anonimizado de las prestaciones del IMV. La solicitante alegó que la Administración sí disponía de los datos al haber sido publicados previamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información completa se facilitó extemporáneamente durante el proceso de reclamación.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información sobre planes de control, tratamiento y contrataciones por COVID. El solicitante alegó denegación parcial por requerir reelaboración y falta de claridad en los criterios de contratación. El Comisionado de Transparencia estima formalmente la reclamación por respuesta extemporánea, pero termina el proceso al haberse facilitado la información.
Dª XXX solicitó a la Junta de Castilla y León la relación de visitas sanitarias a centros residenciales. La Consejería de Sanidad inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaborar la información. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación, ya que la información no existe al no haberse realizado un registro de dichas visitas.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Congosto el certificado de un acuerdo de concesión de licencia de obra. El Ayuntamiento denegó la petición alegando que requería una acción de reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar el documento o informar de su inexistencia.
Dª XXX solicitó a la Consejería de Empleo e Industria de Castilla y León datos sobre honorarios individuales de conciliadores y árbitros del SERLA. La Administración denegó el acceso alegando protección de datos. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación y ordena retrotraer el proceso para dar audiencia a los afectados y ponderar el interés público.
Un delegado sindical solicitó al Ayuntamiento de l'Ametlla del Vallès la revocación de comisiones de servicio y complementos retributivos. Posteriormente, reclamó ante la GAIP la emisión de un informe y un certificado. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) inadmitió la reclamación por no solicitar información pública preexistente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Castell-Platja d’Aro un listado detallado de solicitudes de acceso a la información y la unidad responsable de su gestión. El Ayuntamiento inadmitió la primera parte alegando complejidad. La GAIP estima parcialmente la reclamación: obliga a dar la información sobre la unidad gestora y condiciona la denegación del listado a que el Ayuntamiento confirme que no dispone de medios informáticos para extraerlo automáticamente.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud (CHUIMI) información sobre comisiones de servicio para congresos y rotaciones del personal desde 2012. El solicitante alegó que la información es accesible mediante el sistema contable. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación al considerar que la solicitud requiere una reelaboración de la información.
El solicitante pidió a la Junta de Castilla-La Mancha el inventario y ubicación de megalitos. La administración denegó el acceso alegando que requería una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información, aunque limita la ubicación al municipio para proteger el patrimonio.
El solicitante pidió a la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio de Cantabria datos estadísticos detallados sobre expedientes sancionadores audiovisuales (2018-2021). La Administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación suficiente de dicha complejidad.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública información sobre plazas de estabilización de funcionarios de administración local y el expediente completo. El reclamante alegó que la respuesta era incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la identificación de plazas no ofertadas como primer destino.
Un particular solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el listado de instalaciones eléctricas de baja tensión y sus actas de inspección. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por la complejidad de la tarea. La GAIP desestima la reclamación al validar que la dispersión de la información en múltiples unidades y la falta de un formato electrónico centralizado justifican la inadmissibilidad.
El reclamante solicitó a la RTPA datos numéricos y fechas sobre denuncias y expedientes de su canal de cumplimiento. La RTPA denegó el acceso alegando abusividad y deber de secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que se solicitan datos estadísticos que no vulneran la confidencialidad ni paralizan la gestión administrativa.
La Asociación Sociocultural Mariña Patrimonio solicitó a la Consellería de Economía, Industria e Innovación una relación certificada de informes técnicos sobre la Canteira Trinidade nº 257. La Asociación alegó que era una simple recopilación de datos. La Comisión da Transparencia desestimó la reclamación porque solicitar un certificado implica crear un documento ad hoc no existente.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la relación de personal fuera de convenio y convocatorias de empleo público desde 1992. El organismo inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la administración no justificó suficientemente la complejidad de la reelaboración ni el carácter abusivo, por lo que debe facilitar la información.
El solicitante pidió a la CNMC datos desglosados sobre expedientes sancionadores por infracciones de la Ley de Comunicación Audiovisual. La CNMC inadmitió parcialmente por necesidad de reelaboración y facilitó datos parciales. El reclamante alegó discrepancias en las cifras y la indebida aplicación de la causa de inadmisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, ya que la administración aclaró las discrepancias y aportó la información pendiente durante el procedimiento.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Agricultura de Andalucía documentación técnica, análisis de suelos y notificaciones sobre el uso de fitosanitarios excepcionales (2020-2021). La Administración denegó parcialmente el acceso alegando perjuicio económico y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de parte de la información.
Garenak: Emakume Feministak solicitó al Servicio Navarro de Salud datos sobre menores atendidos por transexualidad desde 2009. El organismo inadmitió la petición alegando necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, obligando a facilitar los datos al no justificarse la imposibilidad de extraerlos de las historias clínicas.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Petrer completar un expediente administrativo, un informe aclaratorio sobre la gestión de permisos de paternidad y copias de declaraciones juradas de otros empleados. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación porque la información no existe, el solicitante ya la posee o su divulgación vulneraría la protección de datos personales.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Elche información detallada sobre agentes de policía en comisión de servicios y sus resultados en pruebas psicotécnicas. Tras alegar el Ayuntamiento la necesidad de consultar a terceros y remitir a la web, el Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación por requerir una reelaboración de la información.
Se solicitó al Ministerio del Interior el desglose nominal de productividades y gratificaciones del personal de Tráfico en Pontevedra y Vigo (2016-2021). El Ministerio inadmitió por necesidad de reelaboración y denegó por protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información está digitalizada y centralizada en NEDAES sin requerir reelaboración compleja, y que el art. 23.3.c) de la LMRFP obliga a la publicidad de estas retribuciones a los representantes sindicales, prevaleciendo el interés público sobre la protección de datos.
Se solicitó a la Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas (EUCE) un certificado detallado de los gastos de la Asamblea General de 2021. La entidad denegó el acceso alegando que la solicitud requería una reelaboración de la contabilidad. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación al considerar que los datos ya existen y no requieren creación.
La Fundación CIVIO solicitó a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid los datos en crudo del sistema Vigía (Canal de Isabel II) sobre SARS-COV-2 en aguas residuales. Canal de Isabel II inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación y ordenó retrotraer el procedimiento.
El interesado solicitó datos sobre el personal de la Subdirección de Gestión del Profesorado y registros de llamadas. Alegó que la administración ocultaba información mediante enlaces complejos y denegaciones por reelaboración. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, validando el acceso parcial ya dado y confirmando la inadmisión por reelaboración y falta de existencia.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior los complementos de productividad e incentivos de 2021 desglosados por nombre. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información está digitalizada y que el solicitante, como representante sindical, tiene derecho legal a conocer estas retribuciones variables sin necesidad de audiencia previa.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos de productividad y gratificaciones de funcionarios de la DGT (2016-2020). La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que los datos están centralizados en un aplicativo sin requerir reelaboración compleja, y que la LMRFP obliga a su publicidad, prevaleciendo el interés público sobre la protección de datos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos nominativos de productividad de 2021. Al no responder, interpuso reclamación por silencio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, entendiendo que el art. 23.3.c) de la LMRFP obliga a la publicidad de estas retribuciones a funcionarios y sindicatos, prevaleciendo sobre la intimidad y haciendo innecesaria la ponderación o audiencia previa.
Se solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid el número de docentes de religión y su coste económico por curso desde 2015. El interesado alegó que la respuesta fue parcial y que el gasto público es de interés. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid declara la pérdida de objeto porque la administración facilitó la información tras la reclamación.
Una persona solicitó a la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía datos sobre docentes de religión, incluyendo el coste económico total. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a la entidad a facilitar la información sobre retribuciones y costes detallados disponibles.
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