Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El solicitante pidió a Renfe el registro de circulación de un tren específico para verificar horarios. Renfe denegó inicialmente el acceso alegando secretos comerciales y causas de inadmisión. Tras la reclamación, Renfe facilitó la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el acceso solo se concedió tras intervenir el organismo.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda el desglose de deducciones autonómicas y generales del IRPF 2020 por tramos de renta. Tras una concesión parcial de la AEAT, el interesado alegó que la denegación impedía analizar el impacto redistributivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una reelaboración de información ad hoc.
El solicitante pidió al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya información sobre las gestiones realizadas respecto a una instancia presentada por él. Tras la inadmisión de la solicitud por la Administración, la GAIP estima la reclamación al considerar que el conocimiento de dichas gestiones constituye información pública preexistente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pineda de Mar información sobre subvenciones a asociaciones, presupuestos y cesión de locales. El reclamante alegó que la respuesta municipal era incompleta o inexistente. La GAIP resuelve estimar parcialmente la reclamación, obligando al ayuntamiento a facilitar la información detallada, ya que gran parte está sujeta a publicidad activa.
El solicitante pidió al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya información sobre las gestiones realizadas respecto a una instancia presentada por él. Tras la inadmisión de la solicitud por la Administración, la GAIP estima la reclamación al considerar que el conocimiento de dichas gestiones constituye información pública preexistente.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha informes de inspección y vigilancia epidemiológica sobre un brote de Salmonella de 2005. La administración denegó el acceso alegando protección de intereses comerciales y falta de disponibilidad de informes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó a la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía saber si el fármaco Ticagrelor está disponible en todos los hospitales andaluces, su fecha de inclusión y restricciones de uso. La entidad denegó el acceso alegando que requeriría una reelaboración ardua de actas. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación.
La Asociación Nortea solicitó estadísticas sobre alumnos con TEA y necesidades educativas a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. La administración denegó parte de la información alegando que requeriría una labor de reelaboración compleja debido a la dispersión de datos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó parcialmente la reclamación por considerar que la información existe en un sistema unificado.
El ciudadano solicitó a la Universidad de Alicante un archivo con datos sobre prácticas curriculares y extracurriculares. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración por protección de datos. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los campos de datos restantes siempre que no supongan una acción compleja.
El ciudadano solicitó a la Universidad Miguel Hernández d'Elx un archivo con datos detallados sobre prácticas curriculares y extracurriculares desde 2014. La universidad inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar solo los datos de "horas_totales".
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las RPT de la Intervención General de la Seguridad Social (2011-2022). El solicitante alegó que la información es pública y periódica, por lo que no requiere reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la inadmisión no estaba debidamente justificada.
El solicitante pidió a RTVE el desglose de minutos y temas tratados sobre Paraguay (2018-2022) y datos sobre su corresponsalía. Tras una concesión parcial, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que desestimó la reclamación al considerar que el desglose detallado requeriría una reelaboración compleja de información no preexistente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera una relación detallada de vehículos adquiridos o contratados entre 2006 y 2013. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal establecido.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza información georreferenciada sobre redes de telecomunicaciones subterráneas. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia de Aragón desestimó la reclamación porque la información solo existe en papel y su conversión a formato electrónico supondría una reelaboración compleja y costosa.
Se solicitó al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón la copia completa de la RPT con identificación de los ocupantes. El Departamento de Hacienda y Administración Pública concedió acceso parcial denegando los nombres basándose en una resolución de la AEPD. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación y ordena entregar la información completa.
Se solicitó al Ministerio de Justicia la relación de funcionarios de diversos cuerpos que vaciaron sus plazas en 2021 y los puestos correspondientes, incluyendo CC.AA. El solicitante alegó falta de información territorial y denegación indebida de los puestos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando remitir la solicitud a las CC.AA. y facilitar los puestos de trabajo.
El solicitante pidió acceso a información sobre el uso de fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación al Ministerio de Hacienda. Tras una respuesta insuficiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar la información detallada solicitada.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el desglose de depósitos en la "Cuenta de Fondos Provisionalmente Abandonados". El Ministerio denegó los datos personales alegando protección de datos y falta de interés público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información anonimizada (sin beneficiarios).
El solicitante pidió a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública copia del manual y documentación de los cursos de formación para los órganos técnicos de selección (OTS). La administración alegó que el material era soporte de formación tutorizada y estaba en proceso de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación al no hallar causas legales de inadmisión ni límites al acceso.
Una ciudadana solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León el número de ginecólogos totales, objetores de conciencia y disponibles para abortos por áreas de salud. La Consejería denegó los dos últimos puntos alegando necesidad de reelaboración de datos. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los datos.
Unión Sindical de Castilla y León solicitó a la Consejería de la Presidencia datos detallados sobre puestos temporales y procesos de estabilización de empleo. Tras la denegación administrativa, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando a facilitar la información al considerar que no hay vulneración de datos personales ni reelaboración prohibida.
El sindicato USIT-EP solicitó al Ministerio de Educación y Formación Profesional información y actas de reuniones con la Conferencia Episcopal Española sobre la LOMLOE. El Ministerio no respondió en plazo, alegando que el escrito no se tramitó por el Portal de Transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido a la falta de respuesta temporal.
Se solicitó a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía la normativa que obligaba al pago de 5€ para la matrícula en un IES. El reclamante alegó que el centro sí exigía dicho pago en la práctica. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque la entidad informó que tal normativa es inexistente.
La asociación APEDANICA solicitó a la CNMC datos sobre el uso del sistema Cellebrite en inspecciones. La CNMC denegó el acceso alegando riesgo para sus funciones de control y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos estadísticos y fechas, pero manteniendo la reserva sobre el desglose de dispositivos y consentimientos.
El solicitante pidió a la AEPSAD información sobre pagos realizados a PWC GmbH por controles de dopaje con un solo agente entre 2017 y 2021. El interesado alegó que la administración debe rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información anterior a abril de 2021 no está disponible de forma sistemática.
Se solicitó a la Universidad de Granada datos detallados sobre prácticas curriculares y extracurriculares. El reclamante alegó falta de información en las curriculares y errores de codificación en las extracurriculares. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación por falta de remisión directa de datos públicos y desestima el resto por requerir reelaboración compleja.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona información sobre itinerarios, horarios de limpieza y quejas por ruido. El solicitante alegó que la obligatoriedad de acceso presencial vulneraba su derecho de acceso. La GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante, donde el Ayuntamiento se compromete a facilitar credenciales de acceso a los planos.
Una exfuncionaria solicitó a la Diputación de Lleida un certificado de servicios prestados. Tras la inactividad de la administración, reclamó ante la GAIP. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitió la reclamación por considerar que la solicitud de un certificado implica la elaboración de un nuevo documento y no el acceso a información ya existente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Vilassar de Mar la expedición de un certificado urbanístico sobre una finca. El reclamante alegó que, pese a pagar las tasas, no recibió el documento. La GAIP inadmitió la reclamación porque el certificado no es información pública preexistente, sino un documento que requiere análisis y valoración previa de la Administración.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares copias de las remisiones de designaciones de abogados y procuradores desde 2007. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y desproporción. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información ya fue facilitada o está disponible en el portal de transparencia.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Pastrana copia de los apuntes contables del Capítulo 62 del Libro Mayor (2017 en adelante). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando falta de concreción y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de 2017, 2018 y parte de 2022.
El solicitante pidió a la Junta de Extremadura copias de programaciones didácticas, material auxiliar y hojas de calificación de un proceso selectivo. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar y que requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó a la Consejería de Desarrollo Educativo de Andalucía la relación de puestos de educadores y puestos reconvertidos. El reclamante alegó que la respuesta fue insuficiente al remitir un enlace genérico. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por considerar que la remisión web no era precisa ni directa.
Una ciudadana solicitó al Servicio Extremeño de Salud el listado detallado de inspecciones sanitarias en mataderos desde 2015. Tras una estimación parcial de la administración, la solicitante alegó que necesitaba la identidad de los sancionados por salud pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y obliga a entregar la información completa.
La Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez solicitó al Ayuntamiento de Jerez una relación nominal de puestos de trabajo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la necesidad de reelaborar la información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que no se justificó la reelaboración y que los datos son accesibles.
La solicitante pidió a la Consejería de Sanidad y Consumo de Illes Balears el desglose del gasto sanitario público por accidentes de tráfico y sus cobros efectivos (2016-2020). Tras una respuesta administrativa, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la administración ya había aportado la información disponible.
La solicitante pidió al Servicio Riojano de Salud el desglose del gasto sanitario público por accidentes de tráfico y los cobros a seguros (2016-2020). Tras una respuesta parcial, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que desestimó la reclamación al considerar que obtener más datos requeriría una reelaboración de la información no amparada por la ley.
El solicitante pidió a Renfe y al Ministerio de Transportes datos detallados sobre la flota de trenes de pasajeros en España. El interesado alegó que la información es necesaria para fiscalizar la gestión pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requiere una reelaboración de información desproporcionada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los contratos de la Sociedad de Promoción en áreas de carnaval y cultura (2015-2022) con empresas específicas. La solicitante alegó que la respuesta fue incompleta al recibir solo una relación y no los contratos. El Comisionado de Transparencia desestima la reclamación debido al gran volumen de documentación, que paralizaría la actividad de la empresa.
Un delegado sindical solicitó al Ayuntamiento de l'Ametlla del Vallès diversa información económica, presupuestaria y laboral (2018-2022). Ante el silencio administrativo, se reclamó ante la GAIP. La GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento informó que el solicitante ya disponía de la mayoría de los datos y este no presentó alegaciones.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el listado de resoluciones estimatorias del CTBG incumplidas y no recurridas desde 2018. El Ministerio remitió un enlace web desactualizado y alegó que completar la información supondría una reelaboración prohibida. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar los datos pendientes.
Una persona solicitó a la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación diversos datos sobre escolarización y transporte en Torremolinos. Tras la denegación parcial, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la mayoría de las peticiones por requerir reelaboración o no ser información pública, pero estima la solicitud sobre los criterios de adscripción de un centro educativo.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Bilbao datos detallados sobre sanciones, recaudación y señalización de radares en la Avda. Zumalacárregi. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación e insta al Ayuntamiento a facilitar la información disponible.
El solicitante pidió al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco datos sobre el nivel de estudios y analfabetismo de la población carcelaria (2000-2023) con desglose detallado. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación al considerar que la Administración no posee datos previos a 2021 y que el desglose solicitado requiere reelaboración.
El solicitante pidió a ANECA informes individuales de evaluadores, rúbricas de puntuación e informes de otros profesores sobre sexenios de investigación. Alegó falta de transparencia y arbitrariedad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó los informes individuales y rúbricas, pero estimó la entrega de los informes de otros profesores por prevalecer el interés público.
El solicitante pidió a Puertos del Estado información detallada sobre operaciones con partes vinculadas de los últimos cuatro ejercicios. Alegó que los enlaces a las cuentas anuales proporcionados eran insuficientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque atender la solicitud requeriría una reelaboración de información ad hoc.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte la distribución territorial de las ayudas a la promoción cultural 2022 y la identidad del jurado. El Ministerio denegó la información alegando necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar ambos datos.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Chipiona diversos documentos sobre urbanismo y expedientes sancionadores. El Ayuntamiento denegó parcialmente el acceso alegando falta de condición de interesado y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar listados de expedientes.
Se solicitó al Ayuntamiento de La Estrella copia de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos (máximo 5 anuales desde 2016). El Ayuntamiento alegó que la petición era genérica, abusiva y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, obligando al ayuntamiento a entregar la información por ser de interés público.
El interesado solicitó detalles sobre rodajes en Metro de Madrid (fechas y cierres de estaciones). Reclamó ante el Consejo de Transparencia alegando acceso parcial e insuficiente. Tras la alegación de la administración aclarando que no se cierran instalaciones, el reclamante desistió de su pretensión. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid declaró la pérdida de objeto.
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