Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Una entidad solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica las fechas de pago del bono social térmico a beneficiarios y las fechas de transferencia de fondos a las CCAA. El Ministerio inadmitió parcialmente la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las fechas de transferencia.
El solicitante pidió a la AESAN el desglose por comunidades autónomas de datos contenidos en el Informe Anual 2019 de control de establecimientos alimentarios. La AESAN denegó el acceso alegando que requería una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la AESAN a entregar los datos.
El ciudadano solicitó a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport información sobre la inexistencia de la especialidad de Danza Española en el Conservatorio de Castellón. Tras una respuesta extemporánea de la administración, el interesado alegó disconformidad y falta de aclaraciones. El Consell Valencià de Transparencia desestima la reclamación al considerar que la administración respondió al fondo de la cuestión.
El solicitante pidió a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública información sobre plazas estructurales ocupadas por interinos y vacantes temporales. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por falta de motivación suficiente de dicha causa de inadmisión.
El Grupo Municipal PSOE de La Línea de la Concepción solicitó al Ayuntamiento información sobre un parking temporal y diversos expedientes de contratación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara el desistimiento de las reclamaciones porque el grupo político no acreditó la representación legal del concejal que solicitó la información originalmente.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Transformación Económica de Andalucía documentación sobre la creación de dos universidades privadas. La entidad denegó parcialmente el acceso alegando protección de datos, secretos comerciales y carga administrativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a la mayoría de los documentos previa anonimización y test de daño.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Transición Ecológica de Canarias datos detallados sobre parques solares y eólicos. Tras recibir solo un enlace al registro administrativo, alegó que la información era insuficiente. El Comisionado de Transparencia desestimó la reclamación porque proporcionar los datos exactos requeridos exigiría una reelaboración de la información.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León datos sobre la app Radar Covid. Alegó que la Administración eludía responder atribuyendo competencias a otros órganos. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestimó la reclamación, validando la remisión de datos estatales al Ministerio y la inadmisión de datos que requerían reelaboración.
Se solicitó a la Universidad de Jaén un archivo reutilizable con datos detallados de prácticas curriculares y extracurriculares desde 2014. La Universidad inadmitió la petición alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información disponible que no requiera reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un listado de titulaciones habilitantes para proyectos de edificación, las razones de su reserva y el alcance de un título específico. El reclamante alegó que la información debe existir sin reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir reelaboración.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Valdilecha copias digitales de informes técnicos y jurídicos de licencias de obras (2018-2021). Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación, rechazando que la solicitud sea abusiva o requiera reelaboración, y ordena retrotraer las actuaciones para que el Ayuntamiento asesore al ciudadano y concrete la petición.
La Fundación Civio solicitó a la Consellería de Sanidade de Galicia la media de pacientes diarios por profesional de atención primaria desde 2018. La Consellería inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración acabó facilitando la información solicitada.
Una ciudadana solicitó a la Agencia Galega de Infraestruturas información sobre la normativa y tasas para obtener una licencia de vao en Vigo. Alegó que la respuesta fue incompleta al no detallar la norma aplicable. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la solicitud requería la elaboración de un informe ad hoc y no el acceso a documentos existentes.
Se solicitó al Ayuntamiento de Girona un listado detallado de solicitudes de acceso a la información (2019-2022). El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando complejidad. La GAIP desestima parcialmente la reclamación, validando la inadmissibilidad del detalle exhaustivo por requerir una tarea de elaboración desproporcionada, aunque declara la pérdida parcial de objeto por la entrega de otros datos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Girona un listado detallado de solicitudes de acceso a la información (2019-2022). El Ayuntamiento inadmitió la petición por complejidad. La GAIP desestima parcialmente la reclamación, validando la inadmisibilidad del detalle exhaustivo por requerir una tarea desproporcionada (583 horas), aunque declara la pérdida parcial de objeto por la entrega de otros datos.
Se solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la relación de expedientes y resoluciones donde intervinieron Tragsa, Gicaman y subsidiarias (2019-2022). El organismo denegó el acceso alegando falta de medios y remitiendo genéricamente al Perfil del Contratante. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación de la inadmisión.
Una asociación solicitó al Ministerio de Justicia un listado de solicitudes de cambio de apellidos y la justificación de la falta de resolución de un caso concreto. El Ministerio no respondió inicialmente y luego alegó reelaboración de información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el listado.
El interesado solicitó información sobre la bolsa de empleo de ingeniero técnico industrial al Ayuntamiento de Alcobendas. El Ayuntamiento denegó inicialmente el acceso alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación porque, tras el proceso, la administración aportó los datos originales solicitados.
Se solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el número y motivo de incidencias y quejas del personal de la OEPM en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (2015-2022). El solicitante alegó que la petición era clara y se limitaba a registros formales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó a la Agencia Catalana de Consumo una lista de denuncias por incumplimiento de derechos lingüísticos desde 2016. El solicitante alegó que la denegación de la identidad de los locales era arbitraria. La GAIP estima parcialmente la reclamación: deniega la identidad real por complejidad técnica y protección de datos, pero ordena entregar la información mediante pseudoanonimización.
La Asociación de Veïns de la Vall de Sant Esperit de Gilet solicitó al Ayuntamiento de Gilet el acceso al expediente y estudios técnicos de una antena de telefonía, además de su publicación activa. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la documentación en el formato solicitado y a publicar el convenio correspondiente.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León el desglose semanal y provincial de casos de COVID-19 por ámbito de exposición. La interesada alegó que la información existía y era enviada al Estado. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestimó la reclamación porque la obtención de los datos requería una acción previa de reelaboración.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud (CHUIMI) información sobre la adquisición, licitaciones de mantenimiento y averías de sus ascensores. El solicitante alegó que la información no es accesoria ni requiere elaboración. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación por falta de motivación en la inadmisión y silencio administrativo.
El interesado solicitó datos desglosados sobre becas de Bachillerato y FP a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación al considerar que la información ya existía y era pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alovera la relación de subvenciones de 2018 y los planes estratégicos de subvenciones desde la Ley General de Subvenciones. El Ayuntamiento alegó que la primera requería reelaboración, aunque adjuntó la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a entregar los planes previos a 2018.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alovera la relación de subvenciones concedidas sin Plan Estratégico entre 2011 y 2019. El Ayuntamiento alegó que parte de la información ya estaba publicada y que la anterior a 2015 requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
Un sindicato solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social datos detallados sobre la productividad y participación de los distintos cuerpos de la Inspección de Trabajo. El reclamante alegó que la información es accesible mediante filtros del sistema INTEGRA. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por requerir una reelaboración compleja de los datos.
Se solicitó al Ministerio del Interior datos sobre policías de paisano e indemnizaciones por vestuario. El Ministerio alegó que la información requería una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos del nivel central y las indemnizaciones, pero admitiendo la denegación para la organización periférica.
Un representante sindical solicitó al Consorci Hospitalari Provincial de Castelló el importe y número de condenas por costes procesales desde 2018. El Consorci inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el número de condenas al no requerir una tarea compleja.
Una sección sindical solicitó al Ayuntamiento de Sabadell información detallada sobre programas de trabajo temporal. El Ayuntamiento denegó parcialmente el acceso alegando complejidad en la recopilación de datos de programas cofinanciados. La GAIP decidió finalizar el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
Una concejal solicitó al Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès datos detallados sobre el uso de instalaciones deportivas y actividades del Patronat Municipal d'Esports. Tras la denegación municipal, presentó reclamación ante la GAIP. La GAIP inadmitió la reclamación por ser extemporánea, ya que se interpuso más de un mes después de la notificación de la resolución.
Se solicitó al Servei Català de la Salut el ratio de personal sanitario por paciente en varios hospitales. El solicitante alegó que la carga de trabajo para obtener los datos no era desproporcionada. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitió la reclamación por ser extemporánea, presentándose fuera del plazo de un mes.
Un sindicato solicitó a la Diputación de Lleida el cálculo de la masa salarial de 2022 y otros conceptos retributivos (2018-2022). La GAIP resuelve que, respecto al dato de 2022, hay pérdida de objeto al acreditarse su inexistencia, y que la solicitud de realizar cálculos complejos debe ser inadmitida por no ser objeto del derecho de acceso a la información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el inventari de licencias de obra mayor del Distrito de Gràcia con metadatos específicos. El solicitante alegó que el Ayuntamiento incumplía su obligación de publicidad activa al no publicar los instrumentos de descripción documental. La GAIP desestimó la reclamación porque la obtención de la información requería una tarea compleja y desproporcionada.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Daimiel planes estratégicos, ordenanzas y la relación de subvenciones concedidas (2015-2019). El Ayuntamiento inadmitió la relación de subvenciones alegando que requeriría reelaborar la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar toda la documentación solicitada.
La Plataforma Ecologista de Ávila solicitó al Ministerio de Sanidad datos analíticos de la red de distribución de aguas de Ávila (2016-2020). El Ministerio denegó parte de la información alegando propiedad industrial y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación de los límites invocados.
Garenak: Emakume Feministak solicitó al Servicio Navarro de Salud un estudio de resultados sobre tratamientos a personas con autoidentificación de identidad sexual o de género. El organismo inadmitió la solicitud alegando necesidad de elaboración previa. El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación al confirmar que el estudio no existe y está en fase de elaboración.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Pamplona el listado de actividades públicas en las que participó una persona específica en 2021 y 2022. El interesado alegó falta de motivación en la denegación. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación al considerar que la información no preexiste y su obtención requeriría una reelaboración compleja.
Un ciudadano solicitó al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra datos sobre controles alimentarios no previstos y tasas asociadas (2018-2022). El Instituto inadmitió parcialmente la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente la reclamación, exigiendo mayor precisión en los enlaces normativos y una fecha estimada de disponibilidad de los datos.
Se solicitó a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) información detallada sobre prácticas curriculares y extracurriculares desde 2014. El reclamante alegó falta de respuesta. La GAIP resolvió finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la UAB facilitó la información solicitada durante la tramitación de la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts el desglose de retribuciones de alcalde y regidores. El solicitante alegó insuficiencia del enlace web proporcionado y pidió la información en castellano. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información detallada, pero inadmitiendo la ampliación temporal y la traducción de documentos ya existentes en catalán.
D. XXX solicitó a la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda diversa información económica y contractual de los últimos 12 años. Ante la falta de respuesta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación: califica como abusiva la petición de datos contables extensos, pero ordena facilitar el acceso a contratos específicos e inventarios.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Gallegos de Argañán los contratos de arrendamiento, condiciones e inventarios de las piscinas municipales de los últimos 7 años. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó a la Universidad de Santiago de Compostela un archivo detallado (CSV/Excel) sobre prácticas curriculares y extracurriculares. El reclamante alegó que otra universidad sí proporcionó datos similares. La Comisión de la Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la Universidad no dispone de la herramienta técnica para generar dicha información sin reelaborarla.
El solicitante pidió a la Universidad de Vigo datos sobre prácticas curriculares y extracurriculares. Alegó que la información de las primeras era insuficiente y que la de las segundas estaba anonimizada. La Comisión de la Transparencia de Galicia estima parcialmente la reclamación: acepta la desanonimización de empresas, pero desestima el acceso a datos curriculares por requerir reelaboración.
La Asociación DAMAC Juristas solicitó información sobre los Tecores de Pontevedra a la Consellería do Medio Rural. Tras alegar silencio administrativo, la Comisión de la Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no respondió en plazo, aunque posteriormente emitió una resolución expresa.
Se solicitó al Servicio Cántabro de Salud el desglose anual (2016-2020) del gasto sanitario por accidentes de tráfico y los cobros a seguros. La administración alegó que no disponía de sistema contable para identificar tales partidas, requiriendo una reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por falta de justificación detallada de dicha causa.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de trabajadores de Instituciones Penitenciarias con deducción de cuota sindical en nómina, desglosado por centros. El solicitante alegó que la información existe y no requiere reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud: ordena dar el dato global, pero deniega el desglose por centro para proteger la privacidad y libertad sindical.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública informes y consultas de diversas administraciones sobre la Ley 20/2021 de empleo público. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar solo los informes oficiales y sus respuestas.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Málaga identificar los servicios municipales competentes para ejecutar diversas funciones de limpieza y sanción según su ordenanza municipal. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
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