Reclamación sobre acceso a información de casos de COVID-19 desglosados por ámbito de exposición, semanas y provincias en Castilla y León, resuelta como desestimada

Resolución 60/2023, de 20 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-312/2020 / reclamación frente a la Orden de 6 de noviembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se resolvió la solicitud de acceso a información pública formulada por D.ª XXX relativa a casos confirmados con COVID-19 I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 2 de septiembre de 2020, D.ª XXX presentó un formulario para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León. El objeto de la petición contenida en ese formulario se expresó en los siguientes términos: “Casos confirmados con Covid-19 en Castilla y León, totales y por ámbito de posible exposición (centro sociosanitario, laboral, sanitario, domicilio, escolar, otros, desconocido, importado u otras categorías tipificadas), desde que exista registro, por semanas y provincias o áreas de salud”. Esta solicitud fue resuelta expresamente mediante la Orden de 6 de noviembre de 2020, de la Consejería de Sanidad. En la parte dispositiva de esta Orden se estableció lo siguiente: “RESUELVO Estimar la solicitud formulada por D.ª XXX, concediendo el acceso a la información solicitada relativa a los casos confirmados con COVID-19 en Castilla y León, indicando a la interesada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que la información se encuentra publicada y se puede acceder a la misma a través de los siguientes enlaces: ermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx”. En el fundamento jurídico tercero de esta Orden se señala lo siguiente: “(…) La información solicitada se encuentra accesible en el Portal de Salud de Castilla y León, dentro del apartado dedicado al nuevo coronavirus COVID-19, donde se publica información sobre la situación epidemiológica a la que se puede acceder a través del enlace https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/, información que se publica en datos abiertos y se actualiza diariamente. En este enlace se puede consultar la información solicitada sobre el número de casos totales, por semanas y por provincias, según lo solicitado por la interesada. Así se publican, entre otros, los datos relativos a la incidencia por zona básica de salud (con buscador por municipio), los PCR positivos en los últimos 7/14 días, el total de casos nuevos y confirmados, los test y pruebas realizadas y su evolución Por lo que se refiere a la información sobre el «ámbito de posible exposición (centro sociosanitario, laboral, sanitario, domicilio, escolar, otros, desconocido, importado u otras categorías tipificadas)», se pone en conocimiento de la interesada que en el siguiente enlace ermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx puede acceder al informe sobre la situación de COVID-19 en España elaborado por la Red de Vigilancia Epidemiológica del Estado, en el que se recoge la información consolidada sobre, entre otra información, la distribución porcentual de casos por CCAA y ámbito de exposición. Este informe, a través del cual se lleva a cabo la vigilancia de los casos de COVID-19 en España, se basa en la notificación universal de todos los casos confirmados de esta enfermedad que se identifican en cada Comunidades Autónomas. La Comunidad de Castilla y León, al igual que el resto de Comunidades Autónomas, realiza una notificación individualizada de casos de COVID-19 a la RENAVE a través de la plataforma informática vía Web SiViES que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología (CNE). Esta información procede de la encuesta epidemiológica de cada caso que cada Comunidad Autónoma cumplimenta ante la identificación de un caso de COVID-19. El contenido de la encuesta se ha ido modificando conforme a las prioridades en cada momento. A partir del 11 de mayo de 2020, debido a la entrada en vigor de la nueva Estrategia de Vigilancia y Control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19, hubo un cambio en la notificación de las Comunidades Autónomas al Ministerio de Sanidad, simplificando la encuesta para hacerla más ágil. Los casos confirmados serán de declaración obligatoria urgente al nivel estatal siguiendo la encuesta del Anexo 1 de dicha Estrategia. La encuesta incluye información clínico-epidemiológica consensuada y aprobada por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y la RENAVE, entre la que se encuentra la solicitada por la interesada, relativa a la distribución porcentual de casos por Comunidad Autónoma y ámbito de exposición. En consecuencia, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 19/2013 según el cual «Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella» y en el artículo 11.4 del Decreto 7/2016 que en similares términos dice «Si la información que se solicita ya ha sido objeto de publicación, se resolverá informando al solicitante del lugar en el que se encuentra disponible e indicando cómo se puede acceder a ella» (…)”. Segundo.- Con fecha 23 de noviembre de 2020, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D.ª XXX, frente a la Orden de la Consejería de Sanidad indicada en el expositivo anterior. En el escrito de reclamación se expresaba esta impugnación en los siguientes términos: “Que se proporcione el desglose de los casos POR SEMANAS Y POR PROVINCIAS O ÁREAS DE SALUD en función del ámbito de posible exposición, que es la información que se solicitaba. Conscientes de la existencia de ese registro, cuyo dato autonómico se envía cada semana a Madrid y publica en su web el Instituto de Salud Carlos III, lo que se pide es el desglose por territorios, dado que la cifra autonómica solo puede resultar de la suma de las nueve provincias”. Tercero.- Recibida la reclamación anterior, nos dirigimos a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase acerca de lo que estimase oportuno sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. En atención a nuestra petición, la Consejería de Sanidad nos remitió un Informe específico sobre la reclamación presentada emitido, con fecha 4 de febrero de 2021, por el Secretario General de la Consejería de Sanidad, así como una copia del expediente administrativo tramitado para resolver la solicitud formulada por la reclamante. En el Informe emitido por el Secretario General de la Consejería de Sanidad, además de reiterar la fundamentación jurídica de la Orden impugnada, se señala lo siguiente: “(…) Respecto del resto de información solicitada relativa al ámbito de posible exposición (centro sociosanitario, laboral, sanitario, domicilio, escolar, otros, desconocido, importado u otras categorías tipificadas), como ya se indicó a la interesada en la orden impugnada, la información oficial consolidada sobre, entre otra, la distribución porcentual de casos por CCAA y ámbito de exposición se encuentra en el informe sobre la situación de COVID-19 en España elaborado por la Red de Vigilancia Epidemiológica del Estado al que se puede acceder a través del enlace: (…) Tal y como se ha explicado, la plataforma informática en la que se registran estos datos es estatal, se gestiona por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y se nutre de los datos que las Comunidades Autónomas declaran, para cada caso individualmente, a través de la encuesta establecida al efecto por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y la RENAVE, con el objetivo de llevar un tratamiento homogéneo y coordinado de todos los datos de declaración obligatoria por parte de cada Comunidad Autónoma. En consecuencia, la información solicitada es extraída de la mencionada plataforma informática vía Web SiViES, elaborada y consolidada por la Red de Vigilancia Epidemiológica del Estado, y se encuentra publicada en el enlace que se indicó a la solicitante, en el que puede acceder a los informes que de forma semanal se publican sobre la situación de COVID-19. Por tanto, en su caso, sería la Administración General del Estado la que podría disponer de la información desglosada por territorios que se requiere por parte de la solicitante. La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, como se ha señalado, se limita a rellenar la encuesta establecida para cada caso individualmente, de tal forma que, para obtener la información requerida, y teniendo en cuenta que no se trata de información que se incluya en los informes epidemiológicos que se realizan diariamente por parte de la Consejería, exigiría una acción previa de reelaboración teniendo que consultar y analizar cada una de las encuestas realizadas para cada caso registrado, existiendo un número muy elevado de ellas, para obtener unos datos que luego deberían ser elaborados expresamente para atender a la solicitud de acceso a la información, con lo que, además, se obtendría una información de la que ya dispone la Administración General del Estado, consolidada para todas las Comunidades Autónomas, en cuanto que es la que gestiona la plataforma informática vía Web SiViES y realiza el informe sobre la situación de COVID-19 en España, en el que se incluyen los datos solicitados por Comunidad Autónoma. Por lo tanto, para conceder el acceso a la información solicitada sería necesaria una acción previa de reelaboración que conllevaría realizar un esfuerzo añadido, al que ya supone desarrollar las funciones que exige atender a las demandas derivadas de la crisis epidemiológica y sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 y publicar numerosa información sobre temas relacionados con la pandemia, de interés para la sociedad en general, tanto en el portal de salud como en el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, unas funciones para las que se destinan, de forma casi exclusiva, todos los recursos materiales y humanos disponibles, y que podría provocar su saturación si tenemos en cuenta la situación actual de la pandemia. En consecuencia, y dado que la información solicitada no es una información que exista en esta Consejería como documento ya elaborado, nos encontramos ante un supuesto de los previstos en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece como causa de inadmisión a trámite de las solicitudes de acceso a la información pública, las relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración (…)”. Este Informe se completa con una exposición del régimen jurídico regulador del derecho de acceso a la información pública y, en concreto, de la causa de inadmisión aplicada referida a la necesidad de reelaboración, así como con la doctrina de diversos organismos de garantía de la transparencia (como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña y esta Comisión de Transparencia de Castilla y León), a través de la cita y desarrollo de varias de sus Resoluciones. Por su parte, del expediente tramitado para adoptar la Orden impugnada, interesa destacar aquí dos correos electrónicos emitidos a instancia del Servicio de Estudios, Documentación y Estadística de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad en el marco de la tramitación de la solicitud de información señalada. En el primero de ellos, la Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica señaló que “en los registros que obran en esta Dirección General y que se explotan a diario, puestos a disposición de la ciudadanía en la página de descargas de datos abiertos de la JCyL https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/, no se recoge el ámbito de posible infección de los casos COVID19. Puede solicitar dicha información en la Dirección General de Salud Pública, donde quizás pueda ser recogida esta variable”. El segundo de los correos electrónicos señalados, fue remitido por la Jefa del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y a través del mismo se reenviaba un correo del Centro Nacional de Epidemiología al que se adjuntaba el Informe núm. 49 sobre Situación de COVID-19 en España a 21 de octubre de 2020, señalando que este Informe sería publicado en la página web del Instituto de Salud Carlos III. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello, puesto que su autora en la persona que se dirigió en su día en solicitud de información pública a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Cuarto.- La reclamación fue presentada con fecha 23 de noviembre de 2020, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la Orden impugnada, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 de la LTAIBG. Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, conviene recordar que la LTAIBG, de conformidad con lo previsto en su preámbulo, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. En similares términos, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, recoge, en su Exposición de Motivos, el siguiente razonamiento: “La transparencia de la actuación de los poderes públicos al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes de información administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter democrático de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano. El conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, favorece su participación en los asuntos públicos y fomenta la responsabilidad de las autoridades públicas”. Como premisa básica, en el ámbito del derecho de acceso a la información, procede reiterar que el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, concepto este último definido en el artículo 13 de la misma Ley como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, no resulta controvertido en este caso que el objeto de la petición de información presentada por la reclamante con fecha 2 de septiembre de 2020, referido a los casos confirmados con COVID-19, constituye información pública, siendo este extremo aceptado por la propia Consejería de Sanidad. Ahora bien, como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 670/2022, de 2 de junio (rec. 4116/2020) “el derecho de acceso a la información pública no es un derecho ilimitado o absoluto, en el sentido de que garantice el acceso a toda la información pública en cualquier materia, sino que está sometido a límites que se desarrollan en el articulado de la LTAIBG”. Estos límites son los enunciados en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG (este último precepto relativo al límite derivado de la normativa de protección de datos), a los que cabe añadir las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública recogidas en el artículo 18.1 de la misma Ley como posible fundamento de una denegación de información pública. Sexto.- En el supuesto planteado en la presente reclamación, una parte de la información solicitada por la reclamante no ha sido proporcionada: se trata de la información sobre casos confirmados de COVID-19 en Castilla y León según su ámbito posible de exposición, desglosada semanalmente y por provincias o áreas de salud. Es esta una información que, según ha informado la Consejería de Sanidad, se proporcionaba de forma individualizada para cada caso a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, quien lo proporciona, sin desglosar por provincias o áreas de salud, hasta el 30 de marzo de 2022 en los Informes semanales sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 en España que, todavía en la actualidad, se publican en la página web del Instituto de Salud Carlos III. En estos Informes, hasta el publicado con fecha 30 de marzo de 2022, se proporcionaba, con base en las comunicaciones realizadas por las Comunidades Autónomas, el dato de casos, desglosado por ámbito de posible exposición y diferenciando, en la fecha de presentación de la solicitud de la información, los siguientes supuestos: centro sociosanitario, laboral, centro sanitario, domicilio, escolar, otros y desconocido. Procede ahora, por tanto, analizar si proporcionar esta información pública concreta exigía una “acción previa de reelaboración”, lo que determinaba, como señaló la Consejería de Sanidad, la concurrencia respecto a aquella de la causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública recogida en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG. Respecto a la aplicación general de los límites al derecho de acceso y las causas de inadmisión de las solicitudes, el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto, en su Sentencia núm. 1547/2017, de 16 de octubre (rec. núm. 75/2017), lo siguiente: “Cuarto.- Cualquier pronunciamiento sobre las causas de inadmisión que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013. Resultan por ello enteramente acertadas las consideraciones que se exponen en el fundamento jurídico tercero de la sentencia del Juzgado Central n.º 6 cuando señala que: en la Ley 19/2013 queda reconocido el derecho de acceso a la información pública como auténtico derecho público subjetivo, al establecer que «Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley» (Artículo 12); que la Exposición de Motivos de la Ley configura de forma amplia este derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud; que este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información - derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Esta formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 (…)”. Esta interpretación “estricta, cuando no restrictiva” de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública ha sido de nuevo mantenida por el Tribunal Supremo en sus Sentencias núm. 1768/2019, de 16 de diciembre (rec. 316/2018), núm. 306/2020, de 3 de marzo (rec. 600/2018), y núm. 748/2020, de 11 de junio (rec. 577/2019). En concreto, en relación con la causa de inadmisión relativa a la necesidad de llevar a cabo una acción previa de reelaboración, el Tribunal Supremo ha vinculado en varias de sus Sentencias (entre otras, STS 306/2020, de 3 de marzo, rec. 600/2018; y STS 670/2022, rec. 4116/2020) su concurrencia a la complejidad de proporcionar la información, además de exigir que quien invoque tal concurrencia deba justificar “de manera clara y suficiente que resulta necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información”. En el fundamento jurídico quinto de la primera de las sentencias señaladas se indica lo siguiente: “(…) La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas, pero que, por lo que ahora importa, se trata de una documentación en la que su procedencia no se encuentra en su totalidad en el propio órgano al que se solicita (…). De modo que en el caso examinado, por muy restrictiva que sea la interpretación de la causa de inadmisión, como corresponde a este tipo de causas que impiden el acceso, se encuentra justificada por la concurrencia de la acción previa de reelaboración, pues se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información”. Por su parte, respecto a la vinculación de esta causa de inadmisión con la complejidad que exija proporcionar la información solicitada, el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/007/2015, de 12 de noviembre, emitido por la Presidencia del Consejo al amparo de lo dispuesto en el artículo 38.2 a) de la LTAIBG, ya había manifestado lo “… el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación de organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”. Por tanto, la complejidad de la extracción y divulgación de la información solicitada puede determinar que el acceso a esta exija una acción previa de reelaboración en el sentido dispuesto en el citado artículo 18.1 c) de la LTAIBG. De hecho, este motivo concreto ha sido argumentado por esta Comisión para considerar que determinada información pública necesitaba ser reelaborada, para terminar concluyendo, en consecuencia, la desestimación de la reclamación presentada en cada caso. A modo de ejemplo podemos citar cinco Resoluciones donde en el supuesto planteado en cada una de ellas concurría esta circunstancia: en primer lugar, en la Resolución 78/2017, de 2 de agosto (expediente CT-0052/2017), la información solicitada se refería a los contratos menores celebrados durante cuatro años por un Ayuntamiento capital de provincia, señalando este que proporcionar tal información exigía conocer los datos correspondientes a cerca de 25.000 asientos contables; en la segunda (Resolución 4/2019, de 11 de enero, CT-285/2018), la información pedida correspondía a las resoluciones dictadas en procedimientos judiciales en los que fuera parte un Ayuntamiento capital de provincia, señalando este último que acceder a esta solicitud exigiría remitir información correspondiente a cerca de 200 procedimientos judiciales al año; en tercer lugar, en la Resolución 39/2019, de 18 de febrero (CT-166/2018), donde el objeto de la reclamación era la denegación de una información solicitada acerca de la solicitud y adjudicación de plazas de campamento por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, habiendo puesto de manifiesto esta última que conceder la información pedida exigiría 20 jornadas laborales de un programador; en cuarto lugar, en la Resolución 48/2019, de 13 de marzo (expte. CT-0005/2019), donde lo solicitado era información relativa a los pagos realizados a abogados por parte una Universidad Pública, cuya concesión hubiera exigido dar acceso a más de 300 documentos distintos; y, en quinto lugar, en la Resolución 80/2021, de 14 de mayo (expte. CT-290/2020), donde la información pedida comprendía determinados indicadores relativos a la labor realizada por los rastreadores en la pandemia generada por el COVID-19 y donde se alcanzó la conclusión de que la dificultad de localizar y conceder tal información exigiría el examen de decenas de miles de historias clínicas (la persona reclamante y la Consejería afectada en este último expediente coinciden con las implicadas en la reclamación que aquí se resuelve). El elemento común de todos los supuestos anteriores, en los que se concluyó que la complejidad técnica y material que implicaba conceder la información pedida exigía su reelaboración, es que en todos ellos existían aspectos objetivos que permitían motivar suficientemente la afirmación anterior. La misma circunstancia concurre, a nuestro juicio, en el supuesto aquí planteado, puesto que, de un lado, ha quedado acreditado que la Administración autonómica no disponía o no podía disponer de la información solicitada de una forma relativamente sencilla (como evidencian las actuaciones integrantes del expediente tramitado para resolver la petición, incluidos los dos correos electrónicos remitidos por las direcciones generales de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, y de Salud Pública, de cuyo contenido se desprende que ninguna de ellas disponía de la concreta información pedida); y, de otro, que extraer aquella información implicaría el examen de decenas de miles de notificaciones individuales realizadas por la Consejería de Sanidad a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la cual, tampoco incluye este dato desglosado en la forma solicitada por la reclamante en los informes que son objeto de publicación. A la vista de las actuaciones integrantes de este expediente, se concluye que el propio sistema de constatación de la información relacionada con los casos de COVID-19 en Castilla y León y de notificación de estos a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica hace que proporcionar la información relativa al ámbito de posible exposición desglosada por semanas y provincias o áreas de salud implique el desarrollo de una labor lo suficientemente compleja y amplia como para determinar que es necesaria una acción previa de reelaboración. En consecuencia, y sin perjuicio de la conveniencia e interés que pudiera suponer disponer de la parte de la información pública que fue denegada en este supuesto, lo cierto es que proporcionar los datos de casos de COVID-19 notificados según el ámbito de posible exposición, desglosados por semanas y provincias o áreas de salud, tal y como fueron solicitados por la reclamante, exigía una labor de examen de las notificaciones realizadas determinante de la concurrencia de la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG, aun cuando esta última sea aplicada de forma restrictiva. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación presentada por D.ª XXX frente a la Orden de 6 de noviembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se resolvió la solicitud de acceso a información pública formulada por aquella relativa a casos confirmados con COVID-19. Segundo.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, y a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.