Reclamación por acceso incompleto a información sobre parques solares y eólicos en Canarias resuelta como desestimatoria

R2022000600 Resolución desestimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial relativa a parques solares fotovoltaicos y parques eólicos onshore instalados en Canarias. Palabras clave: Gobierno de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Parques fotovoltaicos. Parques eólicos. Energías renovables. Sentido: Desestimatorio. Origen: Resolución estimatoria. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 9 de diciembre de 2022 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXX XXXXX XXXXX, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la Resolución del 18 de noviembre de 2022 de la Directora General de Energía, que resuelve la solicitud del 19 de octubre de 2022 (R.G. 1735737/2022 y RGE/525392/2022) y relativa a datos sobre parques solares fotovoltaicos y parques eólicos onshore instalados en Canarias. Segundo.- En concreto el ahora reclamante solicitó el “listado de parques solares fotovoltaicos y parques eólicos on-shore instalados actualmente en Canarias, así como los proyectos pendientes de aprobación y construcción. Solicito que se detalle, para cada caso, la localización exacta, el tipo de suelo en el que se encuentra, el tamaño exacto de la instalación, la empresa o empresas que explotan la instalación, el año de la aprobación del proyecto y la fecha en la que comenzó a generar electricidad en el sistema, así como su potencia y el uso y distribución de la electricidad generada y el número de paneles solares que conforman cada parque solar fotovoltaico y de aerogeneradores de cada parque eólico.” Tercero.- En la referida resolución de 18 de noviembre de 2022 tras recoger que “con fecha 16 de noviembre de 2022 el Jefe de Servicio de Combustibles y Energías Renovables, de la Dirección General de Energía, remite al Servicio de Coordinación Administrativa Comunicación de Régimen Interior en respuesta al traslado de la solicitud de acceso a la información pública que se la había realizado; indicando que: «se informa que el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica (RAIPEE), regulado en el Capítulo II del Título V del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, contiene los datos correspondientes a las instalaciones de producción de energía eléctrica que hayan sido autorizadas.» En esa misma comunicación se contiene enlace web al referido registro administrativo, y finalmente «De la información solicitada, la que no pueda ser accesible en dicho registro no tiene el carácter de pública»” estima la solicitud indicando que la información solicitada en el presente caso está a disposición del solicitante en: https://energia.gob.es/electricidad/energias-renovables/Paginas/renovables.aspx Cuarto.- En esta página web los campos que se recogen son: clave registro, número de registro autonómico definitivo, nombre de instalación, municipio, provincia, potencia instalada en kw, grupo normativo y tipo de inscripción. Se constata, a 5 de abril de 2023, que el número de registros es 1682. Quinto.- En la presente reclamación el solicitante de la información alega que: “La Dirección General de Energía solo me ha concedido acceso parcial a la información solicitada, remitiéndome al Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica ; (https://energia.gob.es/electricidad/energiasrenovables/Paginas/registro-administrativo.aspx) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero ese registro solo contiene una parte de la información solicitada. Por ese motivo presento esta reclamación.” Sexto.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó, el 15 de febrero de 2023, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se le dio la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación. Séptimo.- El 27 de marzo de 2023, con registro de entrada número 2023-000662, se recibió en este Comisionado de Transparencia y Acceso a la información Pública respuesta de la citada consejería manifestando, entre otros, lo que a continuación se expone: “… Cuarto.- Con fecha 1 de febrero de 2023 esta Secretaría General Técnica solicita a la Dirección General de Energía copia completa del expediente de solicitud de acceso a la información pública así como informe sobre la reclamación presentada. Quinto.- Con fecha 11 de marzo de 2023 se emite informe de la Dirección General de Energía, en relación con la reclamación, en el siguiente sentido: “El reclamante considera que la información que se le ha facilitado sólo contiene una parte de la información solicitada; dicha alegación no concreta cuál es la información que considera que no se le ha trasladado, lo que hace sumamente difícil poder contestar, pese a ello, debe tenerse en cuenta que en concordancia con el espíritu de las Leyes, tanto estatal como autonómica, que regulan el derecho de acceso a la información pública, este Centro Directivo procedió a dar traslado de toda la información que tiene el carácter de información pública, conforme a la definición del artículo 5.b) de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública; dándose además la circunstancia en el caso presente que la solicitud incurría en una de las causas de inadmisión que contienen ambas Leyes, (art. 18 de la Ley estatal y 43 de la autonómica), cual es que sea necesaria una acción previa de reelaboración para su divulgación; frente a esa posibilidad, más restrictiva y contraria a lo legalmente pretendido con la regulación del derecho, se optó por facilitar el acceso a toda la información pública existente relacionada con lo solicitado, facilitando al solicitante el modo de acceso a dicha información al indicarle el enlace informático a través del cual acceder a la misma. Es por lo anterior por lo que se informa que lo alegado por el reclamante no desvirtúa lo sostenido en la Resolución reclamada, siendo esto cuanto se tiene que informar.” Octavo.- En base a las alegaciones expuestas la entidad reclamada propone que se desestime la reclamación por cuanto que el Centro Directivo procedió a dar traslado de toda la información que tiene el carácter de información pública a través del enlace informático contenido en la resolución o subsidiariamente se inadmita la citada reclamación por incurrir en la causa prevista en el artículo 43.1.c) de la LTAIP, esto es, alega la necesidad de reelaboración de la información, recogiendo el citado informe de 11 de marzo de 2023 que “además la circunstancia en el caso presente que la solicitud incurría en una de las causas de inadmisión que contienen ambas Leyes, (art. 18 de la Ley estatal y 43 de la autonómica), cual es que sea necesaria una acción previa de reelaboración para su divulgación; frente a esa posibilidad, más restrictiva y contraria a lo legalmente pretendido con la regulación del derecho, se optó por facilitar el acceso a toda la información pública existente relacionada con lo solicitado, facilitando al solicitante el modo de acceso a dicha información al indicarle el enlace informático a través del cual acceder a la misma”. A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2.1.a) de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a “a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”. El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 9 de diciembre de 2022. Toda vez que la resolución contra la que se reclama es de 18 de noviembre de 2022, se ha interpuesto la reclamación en plazo. III.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. IV.- Una vez analizado el contenido de la solicitud, esto es, acceso a datos sobre parques solares fotovoltaicos y parques eólicos onshore instalados en Canarias, y hecha una valoración de la misma, es evidente que estamos ante una petición de información claramente administrativa; se trata de documentación que obra en poder de un organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible. En su solicitud el ahora reclamante solicitó el listado de los parques solares fotovoltaicos y parques eólicos onshore instalados actualmente en Canarias, así como los proyectos pendientes de aprobación y construcción; requiriendo que se detalle, para cada caso, la localización exacta, el tipo de suelo en el que se encuentra, el tamaño exacto de la instalación, la empresa o empresas que explotan la instalación, el año de la aprobación del proyecto y la fecha en la que comenzó a generar electricidad en el sistema, así como su potencia y el uso y distribución de la electricidad generada y el número de paneles solares que conforman cada parque solar fotovoltaico y de aerogeneradores de cada parque eólico mientras que en el enlace facilitado en la resolución por la que se estima el acceso los campos que se facilitan son: clave registro, número de registro autonómico definitivo, nombre de instalación, municipio, provincia, potencia instalada en kw, grupo normativo y tipo de inscripción. V.- Visto lo manifestado en la resolución de la Dirección General de Energía es importante resaltar la diferencia entre publicidad activa y derecho de acceso a la información. La publicidad activa se refiere a la obligación de publicar, de forma proactiva y de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley, los contenidos informativos que señalan las leyes mientras que el derecho de acceso es un derecho constitucionalmente reconocido no existiendo un límite al acceso a la información que solo permita el acceso a aquella información que está sujeta a publicidad activa. A este respecto puede consultarse la Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el procedimiento ordinario 38/2016 que recoge que: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." Por lo expuesto este Comisionado entiende que la información solicitada y no facilitada es información pública accesible no mediante publicidad activa sino mediante el ejercicio del derecho de acceso toda vez que no se alega causa alguna para su inadmisión sino la remisión genérica al registro administrativo de la web; https://energia.gob.es/electricidad/energias-renovables/Paginas/renovables.aspx. VI.- Ahora bien, en el trámite de audiencia del procedimiento de reclamación la Dirección General de Energía manifiesta que la solicitud incurre en causa de inadmisión al ser necesaria una acción previa de reelaboración para su divulgación. De la información publicada en el enlace url facilitado y las alegaciones presentadas por la entidad reclamada se constata la existencia de 1682 registros con los datos ya recogidos en los fundamentos anteriores, entendiendo que facilitar la información tal y como la requiere el ahora reclamante conlleva la necesidad de una acción de reelaboración, por lo que este Comisionado no puede más que desestimar la reclamación. Ello no es óbice para que el ahora reclamante pueda realizar una nueva solicitud de información acotando la misma para no incurrir en causa de inadmisión, y si no recibe respuesta o no está conforme con la contestación que en su caso se le dé, presente una nueva reclamación en plazo ante este órgano garante del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sin perjuicio del sentido estimatorio o desestimatorio que se dé a la resolución de la reclamación, en función del estudio de los hechos y de la normativa que resulte de aplicación. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, RESUELVO Desestimar la reclamación presentada por XXXXXX XXXXX XX XXX contra la Resolución del 18 de noviembre de 2022 de la Directora General de Energía, que resuelve la solicitud del 19 de octubre de 2022 (R.G. 1735737/2022 y RGE/525392/2022) y relativa a datos sobre parques solares fotovoltaicos y parques eólicos onshore instalados en Canarias.