Reclamación contra la Universidad de Santiago de Compostela por denegación de acceso a información sobre prácticas curriculares y extracurriculares

ASUNTO: Resolución de la Comisión de la Transparencia de Galicia en la reclamación presentada al amparo del do artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno Vista la reclamación presentada por XXX, mediante escrito del 30 de noviembre de 2022, y considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, la Comisión de la Transparencia en sesión celebrada el día 28 de febreiro de 2023, adopta la siguiente resolución: ANTECEDENTES Primero. XXX presentó, mediante escrito con entrada en el registro del Valedor do Pobo el 19 de diciembre de 2022, una reclamación al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Lei 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno, contra la resolución de 9 de diciembre de 2022, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se resuelve su solicitud de acceso de acceso a información sobre prácticas curriculares y extracurriculares. El reclamante indicaba que lo que solicitó es un archivo reutilizable en formato CSV o Excel que contenga la información detallada histórica de las prácticas que se han realizado con la información referente a Género del alumno/a, código RUCT (Registro Universidad Centro Titulación - Ministerio de Universidades), Titulación del alumno/a, Centro del alumno/a, Entidad/Empresa donde se han realizado las prácticas, Tipo de empresa, Horas por semana y totales, tipo de prácticas (curriculares, extracurriculares, etc.), créditos a reconocer, ayuda económica, fecha de inicio y de fin e información sobre la tarea a realizar en la empresa. El escrito vino acompañado de copia de la solicitud de acceso a la información presentada y de su DNI. Segundo. Con fecha de 17 de enero de 2023 se le dio traslado de la documentación presentada por el reclamante a la Universidad de Santiago de Compostela para que, en cumplimiento de la normativa de transparencia, remitiera informe y copia completa y ordenada del expediente. La recepción de la solicitud por la Universidad fue el 20 de enero de 2023. Tercero.- Con fecha de 1 de febrero de 2023, la Universidad de Santiago de Compostela remite informe y copia del expediente tramitado. En este informe, se indica que el recurso se fundamenta en que la Universidad Politécnica de Cartagena le proporcionó los datos en una solicitud semejante. Dicha Universidad, puede proporcionar esta información al disponer de una herramienta de gestión de prácticas externas que permite grabar los datos solicitados y exportarlos en un archivo reutilizable. La Universidad de Santiago de Compostela, no dispone de una herramienta informática de gestión de prácticas externas por lo que no se graban los datos que solicita el reclamante ni es posible crear el archivo solicitado a través de la mera agregación o suma de datos grabados en otras aplicaciones, sino que sería necesario introducir cambios organizativos y de funcionamiento en la institución, y dotar a la Universidad de unos medios técnicos de los que en este momento no dispone, por lo que en aplicación del establecido en el artículo 18.1.c de la Ley 19/2013, no admitió a trámite a solicitud. La Universidad solo podría facilitar, de acuerdo con los datos que figuran en la aplicación de gestión académica un archivo con las columnas de curso, sexo, código RUCT, nombre de la titulación, centro, tipo de prácticas y créditos. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Competencia y normativa El artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de carácter básico en su práctica totalidad, establece que contra toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previa su impugnación en vía contencioso-administrativa. Esa misma ley, en su disposición adicional cuarta, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. El artículo 28 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, establece que contra toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Valedor do Pobo, correspondiendo a la Comisión de la Transparencia, de acuerdo con el dispuesto en el artículo 33, la resolución de las dichas reclamaciones. Segundo. Procedimiento aplicable El artículo 28.3 de la citada Ley 1/2016 establece que el procedimiento de reclamación se ajustará a lo previsto en los párrafos 2, 3, y 4 del artículo 24 de la Ley 19/2013, que establece que las reclamaciones contra resoluciones en materia de acceso a la información, que tiene carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa, ajustarán su tramitación al dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo común en materia de recursos. Tercero. Derecho de acceso a la información pública La Ley 1/2016, de 18 de enero, reconoce en su artículo 24 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida esta como los contenidos o documentos, cualquier que sea su formato o soporte, que consten en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y que fueran elaborados o adquiridos en ejercicio de sus funciones, al igual que la definición contenida en el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013 que tiene carácter básico. El concepto de información pública y el derecho de acceso a la misma se configuran de forma amplia tanto en la normativa autonómica cómo en la estatal. Los titulares del derecho son todas las personas, sin que el solicitante esté obligado a motivar su solicitud de acceso a la información (art. 26.4 Ley 1/2016, de 18 de enero). El objeto de la Ley 19/2013, es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y regular y garantizar el derecho de acceso a información relativa la aquella actividad (art. 1). En su preámbulo señala que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política y solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, como se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones se puede hablar del inicio de un proceso en el que los poder públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poder públicos. Por su parte, la Ley gallega 1/2016, señala en su Exposición de Motivos que la creciente exigencia ciudadana de control público de la actuación de las administraciones aconseja la aprobación de una norma que supera los anteriores estándares y que se concreta en un texto legal que establece exigencias añadidas de transparencia y acceso a la información pública. Cuarto. Plazo para la interposición del recurso El artículo 28.3 de la Ley 1/2016, establece que el procedimiento de las reclamaciones frente a las resoluciones en materia de acceso a la información pública se ajustará a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 19/2013. El artículo 24 de la Ley 19/2013 establece que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a información podrá interponerse una reclamación con carácter potestativo y previo a su impugnación en la vía contencioso-administrativa. Esta reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Dado que según consta en el expediente remitido, la resolución impugnada se dictó con fecha de 9 de diciembre de 2022 y el interesado presentó la reclamación con fecha de 19 del mismo mes, debe admitirse por estar presentada en plazo. Quinto.- Análisis del expediente El interesado solicito a la Universidad de Santiago de Compostela determinada información sobre las prácticas realizadas en dicha Universidad, solicitud que fue inadmitida por no disponer la Universidad de los datos solicitados y ser necesaria una labor de reelaboración para su obtención. Respeto del concepto de reelaboración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se pronunció en numerosas ocasiones y la interpretación que realiza de dicha causa de inadmisión quedó recogido en el criterio interpretativo 7/2015 en el que se establece que el concepto de reelaboración, debe entenderse desde el punto de vista literal que reelaborar es volver elaborar algo, y es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. La sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 2017, en línea con la Sentencia nº 60/2016, del juzgado Central del contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, establece que el artículo 13 de la Ley 19/2013 reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía. El derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público la instancia de un particular, por lo que el artículo 18.1.c) establece como causa de inadmisión los supuestos en los que la información que se solicita requiere de una elaboración y confección. En estos casos, es indiferente que dicha información obre en poder de la Administración o de cualquiera otro sujeto obligado, debiendo interpretarse el artículo 13 de la Ley en el sentido de que el derecho a la información pública no puede convertirse en el derecho a obtener un informe a medida del requerido por el solicitante. El derecho de acceso a la información no incluye el derecho a que las entidades públicas deban realizar investigaciones para los solicitantes, contestar a preguntas por escrito, crear o producir información con la que no cuenten o no tengan obligación de contar en el momento de efectuarse la solicitud, o generar documentos en forma de listas o estadísticas para responder a una solicitud. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la Universidad de Santiago de Compostela justificó que no posee una herramienta informática de gestión de prácticas externas por lo que no se graban los datos que solicita el reclamante ni es posible crear el archivo solicitado a través de la mera agregación o suma de datos grabados en otras aplicaciones, y que la reclamación se fundamenta únicamente en que otra Universidad le proporcionó los datos solicitados, debe desestimarse la reclamación presentada, al estar justificada la necesidad de reelaboración de la información. En base a los hechos y fundamentos de derecho anteriormente expresados, la Comisión de la Transparencia, ACUERDA Único: Desestimar la reclamación presentada por XXX con fecha de 19 de diciembre de 2022, contra la resolución de 9 de diciembre de 2022, de la Universidad de Santiago de Compostela, por a que se resuelve su solicitud de acceso de acceso a información sobre prácticas curriculares y extracurriculares. Contra esta resolución que ponen fin a la vía administrativa únicamente cabe, en caso de disconformidad, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Santiago de Compostela. Maria Dolores Fernández Galiño Presidenta de la Comisión da Transparencia