Reclamación por denegación de acceso a información pública sobre expedientes de urbanismo y reparcelación en el Ayuntamiento de Chipiona

RESOLUCIÓN 242/2023, de 16 de abril Artículos: 2 y 24 LTPA; 18.1. a) y c) y 19.3 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), representada por XXX, contra el Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 296/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 22 de junio de 2022 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 16 de mayo de 2022 ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “1º) Los/as miembros que asistieron a la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 21/05/2015, y en la que se aprobó la propuesta del Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo e aprobación inicial del proyecto de reparcelación del Sector 4, “ LOS QUEMADOS “ ( OT ). "2º) Si dicha propuesta fue aprobada por UNANIMIDAD de todos/as los/as asistentes. "3º) El texto de todas las actas que desde la Junta de Compensación de dicho sector se hubiesen presentado ante la Corporación municipal. "4º) Las actas donde se hubiesen debatido puntos relacionados con las edificaciones ilegales en Chipiona. "5º) Los datos identificativos de las personas y parcelas, las antiguas, y las derivadas de ellas en el Proyecto de Reparcelación, sobre las que existen órdenes de demolición en el SECTOR del que formo Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. parte, Sector 4, “ LOS QUEMADOS “ (OT ) desde el año 2003 hasta la actualidad. Retirando en su caso los datos de carácter personal. "6º) Las copias de los expedientes de demolición y sancionadores que en el citado sector se hayan incoado desde el año 2003. "7º) La copia del Proyecto completo de Reparcelación aprobado de dicha forma inicial. "8º) Las mencionadas en los apartados 5º) y 6º) pero referidas a todos los sectores de Chipiona". 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 29 de junio de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 29 de junio de 2022 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 18 de julio de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. Entre la documentación remitida a este Consejo, se adjunta la citada Resolución de la Alcadía – Presidencia con fecha 12 de julio del 2022, recaída en la petición girada a este Ayuntamiento con fecha 16 de mayo de 2022, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: " (…) En relación a la petición realizada con fecha 16 de mayo de 2022, al número de registro de entrada 2022/8.880, referida a D. [nombre y apellidos de la persona reclamante], tengo a bien manifestarle: "1º) Los/as miembros que asistieron a la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 21/05/2015, y en la que se aprobó la propuesta del Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo e aprobación inicial del proyecto de reparcelación del Sector 4, “LOS QUEMADOS” (OT). "Se remite copia del Acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local con fecha 21/05/2015, donde figuran los miembros asistentes, en la que se aprueba inicialmente el Proyecto de Reparcelación del Sector 4 “Los Quemados”. "Dicha Acta ha sido remitida con anterioridad al peticionario, mediante traslado de escritos redactados con fecha 23 de junio de 2017 y 21 de diciembre de 2021. "2º) Si dicha propuesta fue aprobada por UNINIMIDAD de todos/as los/as asistentes. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. "Se remite copia del certificado de acuerdo adoptado en la reunión de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2015, que en su punto trigésimo acordó la aprobación inicial del proyecto de reparcelación del Sector 4 Los Quemados por unanimidad de los asistentes. "Dicha certificación de Acuerdo ha sido remitida con anterioridad al peticionario, mediante traslado de escritos redactados con fecha 23 de junio de 2017 y 21 de diciembre de 2021. "3º) El texto de todas las actas que desde la Junta de Compensación de dicho sector se hubiesen presentado anta la Corporación municipal. "Se remite copia de todas las actas de la Junta de Compensación que constan en el expediente administrativo municipal. El resto, si conociera de su existencia, deberá solicitarlas a la Junta de Compensación. "4º) Las actas donde se hubiesen debatido puntos relacionados con las edificaciones ilegales en Chipiona. El artículo 105.b de la Constitución establece: [se transcribe artículo 105.b CE] "El artículo 13, Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece: [se transcribe artículo 13.1. d) LPAC] "El artículo 18, causas de inadmisión, en su punto e), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece: “e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.” "Y el artículo 19.2, en relación con la tramitación, dice: “2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.” "Tal y como se manifestó en la contestación a su petición de 6 de noviembre de 2021, no se tratan de unas peticiones concretas referidas a expedientes administrativos identificados, porque es tan extensa, abundante y desproporcionada la petición solicitada que paralizaría la administración municipal, lo que va en contra de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Transparencia. "La petición realizada de acceso a la multitud de expedientes, de manera genérica, no puede ser atendida porque sería tan extensa que el Ayuntamiento no tiene medios personales y materiales para facilitar la Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. documentación solicitada sin paralizar la actividad administrativa, no obstante la documentación referida a un expediente concreto y que no vulnere la Ley de Protección de Datos referida a la reparcelación se le podría facilitar. "5º) Los datos identificativos de las personas y parcelas, las antiguas, y las derivadas de ellas en el Proyecto de Reparcelación, sobre las que existen órdenes de demolición en el SECTOR del que formo parte, Sector 4, “LOS QUEMADOS” (OT) desde el año 2003 hasta la actualidad. Retirando en su caso los datos de carácter personal. "6º) Las copias de los expedientes de demolición y sancionadores que en el citado sector se hayan incoado desde el año 2003. "8º) Las mencionadas en los apartados 5º) y 6º) pero referidas a todos los sectores de Chipiona. "Las peticiones señaladas en los puntos 5º), 6º) y 8º), antes transcritos, no se concretan a expedientes administrativos, tratándose de petición genérica que no cumple los requisitos del derecho a la información a expedientes administrativos. "En relación con la Ley 39/2015 debemos diferenciar los expedientes conclusos de los aún en tramitación; ello en relación con la figura del interesado y del no interesado. El artículo 13 regula los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, señalando la letra d) el de acceso a los "archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico". La referencia al acceso a los archivos determina que se trate de expedientes concluidos. "Por su parte, el artículo 53 regula los derechos de "los interesados en un procedimiento administrativo", señalando la letra a) el derecho "a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos" (éstos son los procedimientos en tramitación como se indica antes en el mismo párrafo). "Si no se tiene la condición de interesado (artículo 62.5) no tendrá derecho de acceso al expediente en tramitación, sino una vez que esté concluido; ello sin perjuicio al acceso al registro municipal para solicitar copia de algún documento que haya sido objeto de entrada o salida, de acuerdo con lo previsto en la Ley de transparencia. Para acceder al expediente en tramitación se ha de acreditar la condición de interesado; siendo insuficiente la de solicitante como se ha dicho, estándose a las circunstancias referidas en el artículo 4.1 para acreditar tal condición: "a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva". "Corresponderá a la Administración valorar si el solicitante es interesado o no, sin que de la consulta resulte dato alguno que permita determinar si algún derecho de aquél puede verse afectado por la resolución del procedimiento. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. "Si concluimos que el solicitante no tiene la condición de interesado, acudiendo a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Administración deberá resolver inadmitiendo la solicitud de acceso del denunciante al expediente en tramitación. El acceso se permitiría una vez el expediente esté concluido con el acuerdo que ponga fin a la vía administrativa, aun cuando se omitan de los documentos que los contengan los datos personales de terceros afectados. "La omisión de los datos de carácter personal supone disociar los mismos respecto del documento que los contenga, disponiendo el artículo 5.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que un dato disociado es "aquél que no permite la identificación de un afectado o interesado". "Se trata de facilitar al interesado, si acredita tal condición, individualmente en cada expediente, copia de todos los documentos del expediente que se refieran a datos que no permitan identificar al afectado por el expediente disciplinario, como son los datos personales protegidos. En cuanto a la identificación, nada impide que en los documentos del expediente se proceda a disociar dicha identificación mediante la ocultación o tacha del nombre y apellidos, DNI, dirección, etc., aun cuando para la persona que tenga acceso no resulte dificultoso determinar quién es la persona objeto del expediente de restitución porque conozca por otros medios quién habita en la vivienda objeto del expediente. "2.1. La causa de inadmisión es aplicable cuando la información ha de “elaborarse expresamente” haciendo “uso de diferentes fuentes de información”. "Las resoluciones del CTBG en esta materia permiten comprobar que ésta es una situación que, a su juicio, se produce cuando la información se halla dispersa tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo. "Existe, en efecto, reelaboración de la información en los supuestos, en primer término, en los que su entrega por el órgano competente exige, en términos del Consejo, “una labor específica para recabarla, ordenarla y ponerla a disposición”, al encontrarse en centros o unidades diferentes. "Otro supuesto de posible reelaboración que se ha planteado con frecuencia es, en segundo lugar, el que se produce en los casos en los que la información, aun estando en poder del órgano o entidad que ha de ofrecerla, ha de extraerse de una pluralidad de procedimientos, expedientes o soportes de otro tipo, normalmente, base de datos. Serían los casos de dispersión de la información desde el punto de vista objetivo. En este sentido, y aun cuando el CTBG viene señalando que “una solicitud no puede inadmitirse por el hecho de afectar a una pluralidad muy importante de asuntos o expedientes, al no estar contemplada como tal entre las causas de inadmisión del artículo 18 LTAIBG”; es lo cierto que ante no pocas peticiones de acceso se ha visto forzado a reconocer “esta circunstancia cuando el elevado volumen de la información objeto de la solicitud suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de la solicitud realizada así como los medios disponibles, hagan incurrir a la Administración informante en alguna de las circunstancias o supuestos” que impliquen que estamos ante una acción de reelaboración; “circunstancia” o “supuesto” que el Consejo estima, precisamente, que concurre cuando la información ha de extraerse de Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “numerosos y diversos procedimientos”, supone “realizar búsquedas masivas, tanto de forma electrónica como manual, en todas las bases de datos y expedientes”. "La causa de inadmisión solo resulta aplicable cuando dicho sujeto no pueda ofrecerla haciendo “un uso racional de los medios disponibles”, valoración que el Consejo efectúa naturalmente a partir de las características de cada caso concreto, entre las que dispensa especial atención al “potencial volumen de los datos solicitados”, de los “expedientes que deberían ser examinados sin contar con medios informáticos para ello”. "2.2. Hay también reelaboración cuando el sujeto obligado carece de “los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita”. [...] "En relación a los expedientes conclusos, en lo referente a la información solicitada en los puntos 5º), 6º) y 8º): "1º.- Se trata en el 80% de la información, que es información en papel no es soporte informático que corresponde a más de 1.700 expedientes, con una amplia documentación en cada uno de ellos de más de 50 folios. "2º.- Que habría que analizar los expedientes conclusos y los que se encuentran en tramitación, y de ellos, documento a documento. "3º.- Sería necesario analizar la información personal sin vulnerar la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, por tratase de expedientes de infracción de la normativa urbanística. "Necesitaríamos prácticamente la plantilla completa del Ayuntamiento trabajando siete horas al día durante meses para identificar los expedientes de infracción, analizarlos, determinar los finalizados o en trámite, suprimir los datos personales, fotocopiarlos para enviarlos. "CONCLUSION: "1º.- En relación con los expedientes en trámite no se considera que tiene la condición de interesado porque sus resoluciones no afectarán a algún derecho personal del solicitante. "2º.- En relación con los expedientes terminados, atendiendo a lo que establece el artículo 19.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, se le deberá conceder plazo de diez días, para que identifique de forma suficiente la información, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. "Si bien la petición deberá además de identificar los expedientes concretos, será necesario que tenga en cuenta los criterios de proporcionalidad y ponderación que inspiran las actuaciones de la Administración, servidora de un interés público.” Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. "En virtud de las facultades conferidas, a la vista del Informe Jurídico emitido que se transcribe literalmente, VENGO A RESOLVER: "PRIMERO.- Acceder a la entrega de la documentación interesada que se expresa a continuación: "- Copia del Acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local con fecha 21/05/2015, donde figuran los miembros asistentes, en la que se aprueba inicialmente el Proyecto de Reparcelación del Sector 4 “Los Quemados”. "- Copia del certificado de acuerdo adoptado en la reunión de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2015, que en su punto trigésimo acordó la aprobación inicial del proyecto de reparcelación del Sector 4 Los Quemados por unanimidad de los asistentes. "- Copia de todas las actas de la Junta de Compensación que constan en el expediente administrativo municipal. El resto, si conociera de su existencia, deberá solicitarlas a la Junta de Compensación. "- Copia del Proyecto completo de Reparcelación aprobado de forma inicial, advirtiéndole que su envío telemático, debido a su capacidad, puede dar lugar a su fragmentación en varias partes. "SEGUNDO.- En relación con los expedientes en trámite de infracción urbanística, desestimar la petición en base a que se considera que no tiene la condición de interesado porque sus resoluciones no afectarán a algún derecho suyo personal. "TERCERO.- En relación con los expedientes finalizados de infracción urbanísticas, atendiendo a lo que establece el artículo 19.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, se le concede un plazo de diez días, para que identifique de forma suficiente los expedientes concretos para los que solicita la información, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. "La petición deberá además de identificar los expedientes concretos, será necesario que tenga en cuenta los criterios de proporcionalidad y ponderación que inspiran las actuaciones de la Administración, servidora de un interés público". 3. Con fecha 16 de agosto de 2022 se solicita a la entidad reclamada copia de la documentación que acredite la puesta a disposición del reclamante de la información solicitada, mediante recibí del mismo o justificante de la recepción de la misma. 4. El 8 de septiembre de 2022 se recibe en este Consejo contestación de la entidad reclamada, manifestando que: "ha sido remitida y recibida por el interesado, como así se acredita en documentos que se adjuntan, los que se enumeran a continuación, alguno de los cuales han sido puestos de manifiesto ante el reclamante en diversas ocasiones: [puntos 1º, 2º, 3º y 7º de la solicitud de información] Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. No se ha remitido al Sr. [apellidos de la persona reclamante] la documentación que se expone a continuación por los motivos expuestos en la Resolución, que igualmente se adjunta al presente escrito, dictada por esta Alcadía – Presidencia con fecha 12 de julio del presente año: (...) 5. Por otro lado, el 23 de agosto de 2022 la persona reclamante presentó alegaciones, poniendo de manifiesto, en lo que ahora interesa, que: "Que el día 25 de julio de 2022 se me notificó la resolución del Sr. Alcalde de fecha 12 del mismo mes y año, visto su contenido, y dando respuesta a lo que en el apartado TERCERO de la parte resolutiva de la misma se nos requiere, tenemos que manifestar con la requerido en una verdadera contraditio in terminis, así como, y dicho desde el respeto y derecho de defensa, un verdadero sarcasmo fáctico y jurídico. Ya que, se nos pide que se identifiquen de forma suficiente los concretos los concretos expedientes para los que se solicita la información. Y como es de comprender no se tiene esa información, por lo que, para poder dar cumplimiento a lo requerido, solicitamos que se nos permita el acceso a los archivos de expedientes de restablecimiento de legalidad y sancionadores urbanísticos, y así se podría dar respuesta a lo que se requiere. (...) "Por todo ello, y dado que las peticiones vehiculadas en el escrito de 16 de mayo de 2022 son justas, y conformes a los derechos que tanto nuestra Constitución, como el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y, finalmente, a la Ley de Transparencia Pública de Andaluza, lo recogido en dicho escrito debió ser estimado, procediendo a satisfacer lo que se había interesado, y al no haberlo hecho, sólo este camino de interponer este recurso se nos ha dejado. (...) "II.- Decir, que se RECHAZA la entrega de la información solicitada, ya que como consta en el SEGUNDO apartado de la parte dispositiva de la recurrida En relación con los expedientes en trámite de infracción urbanística, desestimar la petición en base a que se considera que no tiene la condición de interesado porque sus resoluciones no afectarán a algún derecho suyo personal. Olvidando que para tener derecho a la información que se solicita no se tiene que ser interesado en la forma que se considera, esto es, de las resoluciones no afectarán a los derechos de mi representado, sino, simplemente, ser ciudadano que tiene derecho por los preceptos más arriba analizados a recibir la información pública que esté en manos del Ayuntamiento de Chipiona. "III.- En cuanto a lo recogido en el apartado TERCERO ya se manifestó en el escrito de 3 de agosto de 2022, acompañado al presente como documento nº 2, los motivos por los que nos e accedía a lo requerido, a saber, que dando respuesta a lo que en el apartado TERCERO de la parte resolutiva de la misma se nos requiere, tenemos que manifestar con la requerido en una verdadera contraditio in terminis, así como, y dicho desde el respeto y derecho de defensa, un verdadero sarcasmo fáctico y jurídico. Ya que, se nos pide que se identifiquen de forma suficiente los concretos los concretos expedientes para los que se solicita la información. Y como es de comprender no se tiene esa información, por lo que, para poder dar cumplimiento Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. a lo requerido, solicitamos que se nos permita el acceso a los archivos de expedientes de restablecimiento de legalidad y sancionadores urbanísticos, y así se podría dar respuesta a lo que se requiere". 6. Con fecha 20 de septiembre de 2022 se remiten las alegaciones de la persona reclamante a la entidad reclamada, concediéndose trámite de audiencia para que, en el plazo de 10 días, pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. 7. Con fecha 6 de octubre de 2022 se reciben alegaciones de la entidad reclamada, reiterando los argumentos ya esgrimidos, y manifestando que: "CUARTO.- Que la información que no es personalizada tal y como reconoce en la reclamación objeto de esta contestación fue remitida al solicitante. "QUINTO.- En relación al acceso a todos los expedientes sancionadores y de protección de legalidad desde 2003 del municipio, fue objeto de contestación en escritos de 22 de julio y 7 de septiembre del corriente año en los que se decía que se solicita acceso a: (...). "SEXTO.- Referente a que se trata de información que necesita una reelaboración se ha contestado en escrito de 12 de julio del corriente en el que se hacía constar: (...) "SÉPTIMO.- Que si no se permite el acceso al archivo de los expedientes sancionadores y de protección de la legalidad es para no vulnerar la protección de datos de carácter personal porque tal y como se ha expuesto: "Se trata en el 80% de la información, que es información en papel no es soporte informático que corresponde a más de 1.700 expedientes, con una amplia documentación en cada uno de ellos de más de 50 folios. "Que habría que analizar los expedientes conclusos y los que se encuentran en tramitación, y de ellos, documento a documento. "Sería necesario analizar la información personal sin vulnerar la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, por tratase de expedientes de infracción de la normativa urbanística. "Necesitaríamos prácticamente la plantilla completa del Ayuntamiento trabajando siete horas al día durante meses para identificar los expedientes de infracción, analizarlos, determinar los finalizados o en trámite, suprimir los datos personales, fotocopiarlos para enviarlos". FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 16 de mayo de 2022, y la reclamación fue presentada el 22 de junio de 2022. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. El objeto de la petición de la que trae causa esta reclamación fue el siguiente: Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “1º) Los/as miembros que asistieron a la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 21/05/2015, y en la que se aprobó la propuesta del Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo e aprobación inicial del proyecto de reparcelación del Sector 4, “ LOS QUEMADOS “ ( OT ). "2º) Si dicha propuesta fue aprobada por UNANIMIDAD de todos/as los/as asistentes. "3º) El texto de todas las actas que desde la Junta de Compensación de dicho sector se hubiesen presentado ante la Corporación municipal. "4º) Las actas donde se hubiesen debatido puntos relacionados con las edificaciones ilegales en Chipiona. "5º) Los datos identificativos de las personas y parcelas, las antiguas, y las derivadas de ellas en el Proyecto de Reparcelación, sobre las que existen órdenes de demolición en el SECTOR del que formo parte, Sector 4, “ LOS QUEMADOS “ (OT ) desde el año 2003 hasta la actualidad. Retirando en su caso los datos de carácter personal. "6º) Las copias de los expedientes de demolición y sancionadores que en el citado sector se hayan incoado desde el año 2003. "7º) La copia del Proyecto completo de Reparcelación aprobado de dicha forma inicial. "8º) Las mencionadas en los apartados 5º) y 6º) pero referidas a todos los sectores de Chipiona". Como es sabido, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y, no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Y así lo entendió la entidad reclamada que indica que ofreció parcialmente la información a la persona reclamante mediante Decreto de Alcaldía de 12 de julio de 2022 (notificado el 25 de julio de 2022, según indica el propio interesado en sus alegaciones recibidas en este Consejo el 8 de septiembre de 2022). En concreto, se facilitó correctamente el acceso a la documentación solicitada en los apartados 1º, 2º, 3º y 7º de la solicitud. 2. En relación con la documentación solicitada en los restantes apartados de la solicitud de información, esto es, los puntos 4º, 5º, 6º y 8º, la entidad interesada no facilitó la misma en base a la siguiente distinción. "SEGUNDO.- En relación con los expedientes en trámite de infracción urbanística, desestimar la petición en base a que se considera que no tiene la condición de interesado porque sus resoluciones no afectarán a algún derecho suyo personal. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. "TERCERO.- En relación con los expedientes finalizados de infracción urbanísticas, atendiendo a lo que establece el artículo 19.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, se le concede un plazo de diez días, para que identifique de forma suficiente los expedientes concretos para los que solicita la información, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. "La petición deberá además de identificar los expedientes concretos, será necesario que tenga en cuenta los criterios de proporcionalidad y ponderación que inspiran las actuaciones de la Administración, servidora de un interés público". Es decir, la entidad reclamada distingue entre los expedientes en trámite, no facilitando la información al considerar que el solicitante no tiene la condición de interesado, y los expedientes finalizados, para los que se concede un plazo para la identificación de los expedientes concretos sobre los que se solicita la información. No puede este Consejo estar de acuerdo con los argumentos esgrimidos para no permitir el acceso a la información indicada, por las razones que se exponen a continuación. 3. En relación con "los expedientes en trámite de infracción urbanísitica", se indica por el Ayuntamiento de Chipiona que procede desestimar la petición en base a que la persona solicitante de información no tiene la condición de interesado, y que "el acceso se permitirá una vez el expediente esté concluido con el acuerdo que ponga fin a la vía administrativa". A diferencia de la anterior regulación del derecho de acceso, la LTAIBG y la LTPA no exigen acreditar la condición de persona interesada para acceder a la documentación que obre en un procedimiento en curso. Tal y como indica el Preámbulo de la Ley básica estatal: “En efecto, partiendo de la previsión contenida en el artículo 105.b) de nuestro texto constitucional, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrolla en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Pero esta regulación adolece de una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulación práctica” Tras la aprobación de la normativa de transparencia, resulta indiferente que el procedimiento esté o no en curso para la tramitación de una solicitud de acceso presentada por una persona que no tenga la consideración de interesada en el mismo, sin perjuicio de que esta circunstancia pueda ser valorada a la hora de aplicar los límites contenidos en los artículos 14 y 15 LTAIBG. De hecho, la propia norma de procedimiento reconoce el derecho de acceso a la información pública remitiéndose a la regulación de la normativa de transparencia (artículo 13.d) LPAC, citada por la propia entidad reclamada en el Decreto de la Alcaldía de 12 de julio de 2022). Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Y es que además, la persona reclamante fundamentó su petición con base en la LTPA. En el Decreto de la Alcaldía de 12 de julio de 2022, la entidad reclamada hace referencia a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Sin embargo, tal y como hemos venido reiterado, el acceso a la información pública se rige, con carácter general, por lo establecido en la normativa de transparencia: “Tal y como nos hemos afirmado en anteriores resoluciones (Resolución 796/2021), los requisitos exigidos por el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en adelante LTBG, para la presentación de una solicitud de información no exigen que la persona solicitante exprese que la petición se realiza en virtud de la normativa de transparencia. Corresponde al órgano o entidad que la recibe calificarla y tramitarla acorde a la normativa que estime de aplicación. En este sentido, se pronunciado la Sentencia 49/2018, de 27 de marzo, del Juzgado Central de lo contencioso administrativo n.º 4, confirmada posteriormente por la Audiencia Nacional en Sentencia de 23 de noviembre de 2018, al afirmar expresamente que “En todo caso, no es preciso que se invoca la Ley 19/2013 para que la Administración que recibe una solicitud de información, curse la misma con arreglo a lo previsto en tal Ley”. En este sentido, la LTBG reguló un procedimiento general de acceso a la información, cuya aplicación únicamente se exceptúa en los supuestos previstos en la propia normativa de transparencia (Disposición adicional primera LTBG y Disposición adicional cuarta LTPA). Esta previsión, unida a los principios y derechos reconocidos en los artículos 6 y 7 LTPA, conducen a considerar que una petición de información pública debe tramitarse acorde a la normativa de transparencia salvo que se acredite la existencia de un régimen específico que regule el acceso a dicha información, como podría ser el contenido en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, o en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.” (Resolución 796/2021) Por otra parte, no debemos obviar que en el caso de que la persona solicitante hubiera tenido la condición de interesada en el procedimiento, hubiera resultado de aplicación la Disposición Adicional Cuarta LTPA, primer párrafo, si el procedimiento hubiera estado en curso en la fecha de la solicitud resultando de aplicación a la solicitud de acceso la normativa que rigiera el correspondiente procedimiento. No procede por tanto denegar o inadmitir el acceso al no disponer la persona solicitante de la condición de interesada en el procedimiento del que se solicita la información, ya que no es un requisito exigible a la vista del contenido de la LTAIBG y LTPA. Por ello, este Consejo considera que la entidad reclamada no debió inadmitir la reclamación por falta de acreditación de esta condición, al no ser un requisito exigido por la normativa de transparencia. El argumento utilizado por la entidad reclamada (“el acceso se permitirá una vez el expediente esté concluido con el acuerdo que ponga fin a la vía administrativa”) no es conforme a la interpretación que tanto este organismo de control como la jurisprudencia realizan del derecho de acceso a la información pública, ya que, Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. al contrario, y como indicábamos anteriormente “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] (STS 1547/2017, de 16 de octubre ). 4. En relación con los expedientes finalizados a la fecha de la solicitud de información, la entidad reclamada concedió un plazo de diez días, para que se identificara por la persona reclamante "de forma suficiente los expedientes concretos para los que solicita la información, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido". Se ha de indicar a este respecto que mediante escrito de 3 de agosto de 2022, la persona reclamante contestó indicando que “(...)se nos pide que se identifiquen de forma suficiente los concretos los concretos expedientes para los que se solicita la información. Y como es de comprender no se tiene esa información, por lo que, para poder dar cumplimiento a lo requerido, solicitamos que se nos permita el acceso a los archivos de expedientes de restablecimiento de legalidad y sancionadores urbanísticos, y así se podría dar respuesta a lo que se requiere ”, solicitando “(…) se acuerde permitir el acceso de mi representado, acompañado de este Letrado, a los archivos de expedientes de restablecimiento de legalidad y sancionadores urbanísticos, y así poder dar cumplimiento a lo requerido en el Decreto de 12 de julio de 2022”. No consta en la documentación remitida a este Consejo que por parte de la entidad reclamada se permitiese el acceso a los archivos ni que se declarara el desistimiento de la solicitud de información. Se alega por la entidad reclamada que para facilitar la documentación solicitada se tendría que reelaborar la información. Pues bien, como venimos sosteniendo de forma constante en nuestras decisiones (baste citar las Resoluciones 64/2016, FJ 3º; 75/2016, FJ 3º; 136/2016, FJ 3º; 8/2017, FJ 3º; 133/2018, FJ 3º; 14/2020, FJ 3º), al determinar el alcance del concepto “acción de reelaboración” empleado por dicho art. 18.1 c) LTAIBG, resultan de utilidad las siguientes líneas directrices que inferimos del Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: 1º) “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información”. 2º) “La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario”. 3º) Hay reelaboración “cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba… [e]laborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información”. 4º) Asimismo, nos hallamos en presencia de una “acción de reelaboración” cuando el organismo o entidad que recibe la solicitud “carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”. Y por lo que hace a la delimitación negativa del concepto, conviene especialmente destacar —en línea con el citado Criterio Interpretativo 7/2015— que la noción de “reelaboración” no implica “la mera agregación o suma de datos […], ni tampoco equivale a información cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante”, ni tampoco comprende el supuesto en el que la información, por contener datos de carácter personal, debe ser “anonimizada” o disociada antes de ser suministrada al interesado o bien que, por afectar a algunos de los límites previstos en la norma, el acceso sólo deba proporcionarse respecto de parte de la información solicitada. Por su parte, el artículo 30 c) LTPA indica que “Asimismo, no se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente”. Relacionado con esto, venimos exigiendo en anteriores resoluciones que el órgano o entidad interpelada aplique esta causa de inadmisión que realice y acredite un esfuerzo razonable para la localización de la información solicitada. Así, en la Resolución 151/2019, de 10 de mayo, afirmábamos: “...la legislación de transparencia reclama de las autoridades públicas que desplieguen el esfuerzo razonablemente posible para atender las solicitudes de información y, en consecuencia, puedan responder, en los plazos previstos, de forma completa y ajustada a los términos de las peticiones formuladas por la ciudadanía. Las entidades sujetas a las exigencias de lo que se ha dado en denominar “publicidad pasiva”, y por tanto responsables de su cumplimiento [art. 6.c) de la LTPA], deben realizar una tarea de búsqueda de los “contenidos o documentos” que obren en su poder y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, con independencia de cuál sea su “formato o soporte” [art. 2 a) de la LTPA]. Los sujetos obligados, en suma, han de estar en condiciones de acreditar que sus esfuerzos de búsqueda de la información han sido rigurosos y exhaustivos y que han explorado todas las vías razonables para localizar los contenidos o documentos requeridos.” En relación a los expedientes conclusos y a la información solicitada en los puntos 5º), 6º) y 8º), la entidad reclamada ha argumentado que “se trata en el 80% de la información, que es información en papel no es soporte informático que corresponde a más de 1.700 expedientes, con una amplia documentación en cada uno de ellos de más de 50 folios”, “que habría que analizar los expedientes conclusos y los que se encuentran en tramitación, y de ellos, documento a documento” y que “Sería necesario analizar la información personal sin vulnerar la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, por tratase de expedientes de infracción de la normativa urbanística” concluyendo que “Necesitaríamos prácticamente la plantilla completa del Ayuntamiento trabajando siete horas al día durante meses para identificar los expedientes de infracción, analizarlos, determinar los finalizados o en trámite, suprimir los datos personales, fotocopiarlos para enviarlos”. Este Consejo es consciente de que, salvo excepciones, la puesta a disposición de la información solicitada exige un cierto nivel de reelaboración, la denominada “reelaboración general o básica” por el Tribunal Supremo: “Ciertamente, el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013” (STS 810/2020, de 3 de marzo). Pero también es cierto que esta labor de reelaboración, aún interpretada restrictivamente, no puede superar determinados niveles de exigencia que suponga un uso irracional de los recursos humanos y materiales de los que disponga la Administración. El propio Tribunal Supremo, en la sentencia indicada, expresa que: “De modo que en el caso examinado, por muy restrictiva que sea la interpretación de la causa de inadmisión, como corresponde a este tipo de causas que impiden el acceso, se encuentra justificada por la concurrencia de la acción previa de reelaboración, pues se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información” En este caso, este Consejo coincide con la opinión acerca de la dificultad para ofrecer la información solicitada, por la amplitud de los términos de la solicitud y del período temporal al que se refiere (desde el año 2003). Por ello, se solicitó a la persona reclamante la identificación de los expedientes sobre los que se solicita información. La persona reclamante contestó pidiendo el acceso a los archivos de los expedientes de restablecimiento de legalidad y sancionadores urbanísticos para concretar el objeto de su petición. Sin embargo, no concretó a determinados expedientes o limitó el período temporal. Y es que efectivamente los términos genéricos en los que esta redactada la solicitud provocan que el volumen de la información a proporcionar sea muy elevado. Y aunque el volumen no justifica, per se, la aplicación de la causa de inadmisión, lo cierto es que sí debe ser tenido en cuenta para la valoración de los requisitos exigidos para su aplicación. Así, a este elevado volumen debemos añadir que la entidad reclamada no parece disponer de un sistema informático que permite extraer la infomación del modo solicitado; el hecho de que sea necesario revisar individualmente cada expediente para localizar la información y analizar la posible aplicación de límites al acceso; y el hecho de que los expedientes no estén digitalizados, justifican la aplicación de la causa de inadmisión indicada. Y es que efectivamente atender la petición supondría la paralización del servicio público. Se entiende por tanto que concurren causas organizativas y técnicas que justifican la necesidad de reelaborar la información. 5. Este Consejo debe igualmente valorar las alegaciones presentadas sobre el carácter genérico de las peticiones, que fundamenta la aplicación de la causa de inadmisión indicada. Pues bien, con independencia de otros posibles límites o motivos de inadmisión que pueden concurrir en el presente caso, este Consejo considera que la solicitud formulada adolece de una excesiva amplitud e indeterminación. A este respecto, debe tenerse presente que la LTPA, al establecer en su artículo 8 las obligaciones a las que están sujetos los solicitantes, incluye la siguiente: “b) Realizar el acceso a la información de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretándose lo más precisamente posible la Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. petición”. De hecho, ya hemos tenido ocasión de rechazar reclamaciones en las que las solicitudes se formulaban de forma excesivamente genérica o indeterminadas, de modo que impedían prácticamente identificar o localizar qué documentos o contenidos eran objeto de la pretensión de información (Resoluciones 79/2016, de 3 de agosto, FJ 6º; 80/2016, de 3 de agosto, FJ 6º y 46/2017, de 29 de marzo, FJ 3º). En relación con dicha obligación de concretar la solicitud ex art. 8 b) LTPA, en la Resolución 102/2016, de 26 de octubre, compartíamos la valoración de que “el derecho de acceso a la información pública no ampara ni permite un proceso de revisión general de la actividad de las entidades sujetas a la LTPA”, y añadíamos a continuación: “Así, pues, no cabe admitir solicitudes tan excesivamente genéricas como la presente, en las que se pretende un acceso indiscriminado a toda la información existente sobre una entidad sin apuntar siquiera unos determinados -o determinables- documentos o contenidos objeto de la petición. No corresponde, por tanto, al órgano reclamado realizar una búsqueda sobre una información de tal naturaleza, so pena de que se vea comprometida la eficacia del funcionamiento de la entidad, pues la obligación de concretar la información recae sobre quien la pretende […] ” (FJ 2º; asimismo, Resolución 181/2018, de 23 de mayo, FJ 4º, 102/2016, de 26 de octubre y 223/2018, de 6 de junio). Así pues, sólo conociendo con exactitud los concretos documentos a los que pretende tener acceso el solicitante podría el Ayuntamiento reclamado determinar si constituyen información pública o no a los efectos de la LTPA, y si les sería o no de aplicación alguna de las limitaciones legalmente previstas que permitiría retener la información. La entidad reclamada requirió la subsanación de la solicitud, a los efectos de una mayor concreción. Sin embargo, la persona reclamante alegó que desconocía los expedientes, por lo que no podía concretar. Pero debe tenerse en cuenta que esta concreción no se requería únicamente por localizar los expedientes afectados, sino por el elevado volumen de información y período de tiempo del que se solicita especificar ninguna tipología de expediente. Esto es, si el número de expedientes identificados hubiera sido igualmente elevado, también la entidad podría haber justificado la abusividad de la petición. Esta indeterminación es especialmente acusada en la petición 4, en la que no se establece ningún límite temporal ni se especifica el órgano del que requiere las actas (podrían ser del Pleno, de la Junta de Gobierno Local o incluso de la Junta de Compensación a la que alude en el párrafo inmediatamente anterior de la solicitud. Y es que los términos de la solicitud de información, y el posterior requerimiento de subsanación de la entidad, hubieran justificado que esta la considerara como abusiva, en aplicación del artículo 18.1. e) LTAIBG, dado que concurrían los requisitos que hemos exigido para la aplicación de esta causa de inadmisión, tal y como se indica en respuesta a la Consulta 1/2022 (Aplicación de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1. e) LTAIBG y del límite previsto en el artículo 14.1. g) LTAIBG al acceso a los informes desfavorables de Secretaría e Intervención), publicada en la página web de este organismo. Sin embargo, la entidad consideró de aplicación la causa contenida en el artículo 18.1.c ) LTAIBG (acción previa de reelaboración), que también resulta aplicable según lo indicado anteriormente. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 6. En resumen, este Consejo entiende por tanto que resultaba de aplicación la causa de inadmisión contenida en el artículo 18.1. c) LTAIBG. Y esto respecto a toda la información solicitada en los apartados 5º, 6º y 8º, estén en curso o no los procedimientos en los que se incluye. Sin embargo, tal y como hemos indicado anteriormente, este organismo viene exigiendo para la aplicación de esta causa de inadmisión que la entidad demuestre que ha realizado un esfuerzo razonable en la localización de la información. Y en este caso, y pese a que la necesidad de reelaboración motivaba la inadmisión parcial de la reclamación, la entidad podría haber puesto a disposición de la persona reclamante parte de la información solicitada que satisficiera su solicitud. En este sentido nos hemos pronunciado en la Resolución 533/2022 (F.J. 4º.5): “ (…) Este esfuerzo requiere que la entidad reclamada ponga a disposición de la persona reclamante la información que responda al menos parcialmente a la petición. Por ello, deberá extraer la información correspondiente a las facturas pendientes de pago y que debieron ser utilizadas para el cálculo del período medio de pago a proveedores de junio de 2021, con el mayor nivel de detalle del que pueda extraerse del sistema de contabilidad y que no exceda de un tratamiento informatizado de uso corriente. En el caso de que el sistema informático no permitiera extraer con precisión las facturas utilizadas para el cálculo del período medio de junio de 2021, se ofrecerá el listado de facturas que más precisamente responda a la petición.” En un sentido similar, nos hemos pronunciado en la Resolución 631/2022, 462/2022 y 462/2021. Y es que pesa a la falta de concreción de la petición, la entidad podría haber puesto a disposición de la entidad reclamada la información que estuviera disponible sin necesidad de realizar una acción previa de reelaboración. En virtud de los argumentos expuestos, procede estimar parcialmente la reclamación formulada respecto a la información solicitada en los apartados 5º. 6º y 8º, y la entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante: - Un listado del número de expedientes de demolición y sancionadores que se hayan incoado en relación con las personas y parcelas, las antiguas y las derivadas de ellas, en el Proyecto de Reparcelación, en el Sector 4, “LOS QUEMADOS“ (OT ) desde el año 2003 hasta la actualidad, especificando si están en tramitación o concluidos, con el mayor nivel de detalle (fecha de inicio, fecha de resolución...) que pueda extraerse de las bases de datos o registros de la entidad reclamada y que no exceda de un tratamiento informatizado de uso corriente. El citado listado no deberá incluir ningún dato que permita identificar a las personas físicas o jurídicas afectadas, excluyéndose los datos de las parcelas correspondientes si con ello fuera posible identificar al tercero afectado. - Un listado del número de expedientes de demolición y sancionadores que se hayan incoado en el resto de sectores de Chipiona, desde el año 2003 hasta la actualidad, especificando si están en tramitación o concluidos, con el mayor nivel de detalle (fecha de inicio, fecha de resolución...) que pueda extraerse de las bases de datos o registros de la entidad reclamada y que no exceda de un Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. tratamiento informatizado de uso corriente. El citado listado no deberá incluir ningún dato que permita identificar a las personas físicas o jurídicas afectadas, excluyéndose los datos de las parcelas correspondientes, si con ello fuera posible identificar al tercero afectado. La información se pondrá a disposición de la persona reclamante si fuera posible extraerla con un tratamiento informatizado de uso corriente. En caso de no ser posible, la entidad deberá justificar e informar al reclamante de esta circunstancia. A partir de esta información, la persona reclamante podrá solicitar el acceso a uno o varios concretos expedientes. Estas solicitudes deberán tramitarse acorde a la normativa de transparencia, sin que puedan ser calificadas como repetitivas a los efectos del artículo 18..1. e) LTAIBG (inadmsión por repetitiva). 7. Este Consejo debe aclarar que respecto a la cuarta petición (Las actas donde se hubiesen debatido puntos relacionados con las edificaciones ilegales en Chipiona) el grado de indeterminación es tan elevado que impide que podemos estimar siquiera un acceso parcial a la información. Y es que ni se identifica el marco temporal ni el órgano responsable de las actas. Esto hace extraordinariamente compleja la tarea de localización de la información, por lo que la reclamación debe desestimarse respecto a esta petición. Quinto.Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada, por tanto, ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc.; todo ello en aplicación del principio de minimización establecido en el artículo 5.1. c) RGPD (datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario) . La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma: “(...). Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. (...)” En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: - Un listado del número de expedientes de demolición y sancionadores que se hayan incoado en relación con las personas y parcelas, las antiguas y las derivadas de ellas, en el Proyecto de Reparcelación, en el Sector 4, “LOS QUEMADOS“ (OT ) desde el año 2003 hasta la actualidad, especificando si están en tramitación o concluidos, con el mayor nivel de detalle (fecha de inicio, fecha de resolución...) que pueda extraerse de las bases de datos o registros de la entidad reclamada y que no exceda de un tratamiento informatizado de uso corriente. El citado listado no deberá incluir Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. ningún dato que permita identificar a las personas físicas o jurídicas afectadas, excluyéndose los datos de las parcelas correspondientes si con ello fuera posible identificar al tercero afectado. - Un listado del número de expedientes de demolición y sancionadores que se hayan incoado en el resto de sectores de Chipiona, desde el año 2003 hasta la actualidad, especificando si están en tramitación o concluidos, con el mayor nivel de detalle (fecha de inicio, fecha de resolución...) que pueda extraerse de las bases de datos o registros de la entidad reclamada y que no exceda de un tratamiento informatizado de uso corriente. El citado listado no deberá incluir ningún dato que permita identificar a las personas físicas o jurídicas afectadas, excluyéndose los datos de las parcelas correspondientes, si con ello fuera posible identificar al tercero afectado. La entidad reclamada deberá conceder el acceso a la información anterior en los términos indicados en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartado sexto, y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Desestimar la reclamación en lo que corresponde a la solicitud de “"4º) Las actas donde se hubiesen debatido puntos relacionados con las edificaciones ilegales en Chipiona”. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.