Reclamación sobre el acceso al número diario de mujeres víctimas mortales por violencia de género y desestimación por protección de datos personales

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 30 de diciembre de 2022 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE IGUALDAD, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Solicito conocer el número diario de mujeres víctimas mortales por violencia de género desde que existen registros oficiales hasta la fecha más actualizada posible en el momento de resolución de esta solicitud de información. El Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género permite consultar el número de mujeres víctimas mortales por violencia de género por mes y por año, pero no por días. Por ello, solicito la evolución temporal del detalle diario». S/REF: 001-075146 N/REF: 576/2023 Fecha: La de firma Dirección: Información solicitada: Número diario de mujeres víctimas mortales por violencia de género. R CTBG Número: 2023-0634 Fecha: 16/08/2023 2. El MINISTERIO DE IGUALDAD dictó resolución con fecha 10 de febrero de 2023 en la que contestó a la solicitante lo siguiente: «(…) Con fecha de 12 de enero de 2023 esta solicitud se recibió en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. De acuerdo con el artículo 18.1.c) de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Así mismo, el artículo 15.1 párrafo segundo de la mencionada ley establece que si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. Una vez analizada la solicitud, esta Delegación de Gobierno considera que la misma incurre en los supuestos contemplados en los expositivos precedentes. A continuación, se informa a la interesada de lo siguiente: La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene encomendada la función, en virtud del Real Decreto Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, de diseño, elaboración y permanente actualización de un sistema de información sobre la base de la recogida, análisis y difusión de datos relativos a la violencia contra la mujer. En el ejercicio de dicha función la Delegación es la responsable de diversas operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional y que han sido dictaminadas con informes favorables por el Pleno del Consejo Superior de Estadística. Entre estas operaciones estadísticas se encuentra la relativa a Víctimas de Violencia contra la Mujer por Razón de Género, que recoge datos de víctimas asesinadas, mujeres o sus hijos e hijas, como consecuencia de la violencia de género y violencia contra las mujeres. R CTBG Número: 2023-0634 Fecha: 16/08/2023 Dicha información se actualiza cada vez que hay un caso de víctima mortal por razón de género y se publica en las correspondientes fichas de víctimas mortales y en el Portal Estadístico de la Delegación de Gobierno contra la violencia de género desglosado en las siguientes variables x Agresor - País de Nacimiento x Agresor-Suicidio posterior a los hechos x Convivencia entre víctima y agresor x Denuncia previa de la víctima al agresor x Tramo de edad del Agresor x Tramo de edad de la Víctima o Estructura territorial o Comunidad autónoma o Provincia x Relación Pareja - Expareja x Temporal – Año-mes x País de nacimiento de la Víctima. Actualmente dicha información, por lo que se refiere a la estructura temporal de los casos, no se desglosa por días. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dedica la totalidad de sus recursos disponibles a cumplir con las funciones asignadas por el Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad. Para atender a lo requerido en la presente solicitud de información realizada sería preciso una acción previa de reelaboración de los datos, por cuanto los solicitados por la interesada no coinciden con lo publicado en el Portal Estadístico ni en las fichas de víctimas mortales. Por otro lado, se informa que la Delegación impulsó en cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género el estudio: “Análisis temporal de los asesinatos de mujeres por violencia de género en España a lo largo de 15 años (2003-2017)”. El estudio está dividido en tres grandes bloques: - El primer bloque describe los asesinatos de mujeres por violencia de género ocurridos en España durante el periodo 2003-2017 desde una perspectiva individualizada. - El segundo bloque evalúa la existencia de agrupaciones de asesinatos en breves períodos de tiempo. - El tercer bloque analiza la evolución de la mortalidad por violencia de género entre 2003 y 2017 y se identifican aquellas variables temporales asociadas a un incremento del riesgo de asesinato. El Estudio está disponible en: 021/pdfs/Estudio AsesinatosTotales (2).pdf Además, se indica que la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública (LFEP), modificada por la Ley 13/2022, de 7 de julio, establece que toda estadística recogida con fines estatales queda sujeta a secreto estadístico. Según el artículo 13 son objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos confidenciales que obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de otras fuentes. Se entiende que son datos confidenciales los datos que permiten identificar, directa o indirectamente, a las unidades estadísticas y divulgar, por tanto, información sobre particulares. De conformidad con el artículo 15.3 de la LFEP “Los servicios estadísticos podrán conceder a instituciones de investigación, estudios o análisis que lo soliciten, acceso a datos confidenciales que solo permitan la identificación indirecta de las unidades estadísticas, para la realización de análisis estadísticos con fines científicos de interés público, siempre que se respete la confidencialidad de los datos y el secreto estadístico. La institución solicitante deberá ser una entidad reconocida en el ámbito de la investigación, estudios o análisis, que presente un proyecto de interés avalado por una institución pública y que indique claramente cuáles son los datos confidenciales a los que solicita acceso. No se dará acceso a ningún otro dato que los que sean estrictamente necesarios para cumplir los objetivos del solicitante. No se dará acceso a investigadores que actúen a título personal”. En este sentido se informa que facilitar los datos diarios de víctimas mortales permitiría la identificación de forma indirecta, no solo de las víctimas, también de los agresores, de los posibles hijos e hijas de las víctimas y de personas involucradas en el suceso. Por lo tanto, se trata de datos confidenciales que permiten identificar, directa o indirectamente, a las unidades estadísticas y divulgar, por tanto, información sobre particulares. Además, en virtud del artículo 15.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, estaríamos ante datos de carácter personal para cuya difusión sería necesario contar con el consentimiento expreso de las personas afectadas, consentimiento que no se puede recabar al tratarse de un número indeterminado de personas». 3. Mediante escrito registrado el 10 de febrero de 2023 la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: «Ante la resolución de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a la solicitud de información con número 001-075146, varias consideraciones. En primer lugar, en su respuesta la Delegación argumenta que: “Para atender a lo requerido en la presente solicitud de información realizada sería preciso una acción previa de reelaboración de los datos, por cuanto los solicitados por la interesada no coinciden con lo publicado en el Portal Estadístico ni en las fichas de víctimas mortales.” En este sentido, cabe recordar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el Criterio Interpretativo CI/007/2015, señala que “reelaborar es volver a elaborar algo”. “Si por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en acceso al dato o a la documentación”. Como indica la Delegación en su respuesta, los datos sobre víctimas mortales por violencia de género se encuentran desglosados según distintas variables en el propio Portal Estadístico de la Delegación. En cuanto a la estructura temporal de los casos, por meses. Así pues, y atendiendo al citado CI/007/2015, la obtención de los datos con una estructura temporal diaria en vez de mensual implica un mínimo tratamiento de los datos. Por tanto, consideramos que la argumentación de la Delegación no es válida, al no poder considerarse reelaboración de la información. En segundo lugar, en su respuesta la Delegación argumenta que “facilitar los datos diarios de víctimas mortales permitiría la identificación de forma indirecta, no solo de las víctimas, también de los agresores, de los posibles hijos e hijas de las víctimas y de personas involucradas en el suceso”. En este sentido cabe recordar que la información que se solicitaba era únicamente el número de mujeres víctimas mortales por violencia de género desde que hay registros hasta la actualidad, cada día de cada año. Es decir, en ningún caso se solicitan los datos cruzados por ninguna otra variable demográfica. Consideramos que conocer el número de mujeres víctimas mortales por violencia de género cada día de cada año desde que hay registros no permite la identificación de datos personales, ya que no se solicita ninguna otra información que permitiera trazar un perfil de la víctima. No se solicita ningún dato de carácter personal que tenga que ser especialmente protegido por la Ley». 4. Con fecha 21 de febrero de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE IGUALDAD solicitando l a remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 21 de marzo se recibió respuesta con el siguiente contenido: «(…) Primera. - La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene encomendada la función, en virtud del Real Decreto Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, de diseño, elaboración y permanente actualización de un sistema de información sobre la base de la recogida, análisis y difusión de datos relativos a la violencia contra la mujer. En el ejercicio de dicha función la Delegación es la responsable de diversas operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional y que han sido dictaminadas con informes favorables por el Pleno del Consejo Superior de Estadística. Entre estas operaciones estadísticas se encuentra la relativa a Víctimas de Violencia contra la Mujer por Razón de Género, que recoge datos de víctimas asesinadas, mujeres o sus hijos e hijas, como consecuencia de la violencia de género y violencia contra las mujeres. La función estadística que desempeña la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se realiza en el marco de lo establecido en los artículos 10 y 11 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul, que establecen la obligación de recogida de datos estadísticos detallados sobre los asuntos relativos a todas las formas de violencia contra las mujeres y la difusión de los mismos. La información sobre víctimas mortales se actualiza cada vez que hay un caso de víctima mortal por razón de género y se publica en las correspondientes fichas de víctimas mortales y en el Portal Estadístico de la Delegación de Gobierno contra la violencia de género desglosado en las siguientes variables (…) Toda esta información está disponible en los siguientes enlaces: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victi masMortales/home.ht m Todos estos apartados dan, teniendo en cuenta los objetivos y finalidades de la Ley de Transparencia, cumplida respuesta a parte de la información solicitada por la reclamante. Sin embargo, ésta solicita también otros parámetros que no forman parte de la información que la Administración ya ha elaborado previamente y que está accesible al público. Actualmente dicha información, por lo que se refiere a la estructura temporal de los casos, no se desglosa por días por lo que para su difusión sería necesaria una labor previa de reelaboración. En ese sentido se recuerda que el concepto de reelaboración como causa de inadmisión del derecho acceso a la información ha sido interpretado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones, de tal manera que, puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita deba elaborarse expresamente para dar una respuesta o cuando el órgano del que se solicita carezca de los medios técnicos necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita. Tal y como señala la sentencia de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 24 de enero de 2017, dictada en el recurso de apelación nº 63/2016, “El derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular. Es por ello por lo que el mencionado art. 18.1.c permite la inadmisión cuando la información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella.” Segunda.- La Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública (LFEP), modificada por la Ley 13/2022, de 7 de julio, establece que toda estadística recogida con fines estatales queda sujeta a secreto estadístico. Según el artículo 13 son objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos confidenciales que obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de otras fuentes. Se entiende que son datos confidenciales los datos que permiten identificar, directa o indirectamente, a las unidades estadísticas y divulgar, por tanto, información sobre particulares. De conformidad con el artículo 15.3 de la LFEP “Los servicios estadísticos podrán conceder a instituciones de investigación, estudios o análisis que lo soliciten, acceso a datos confidenciales que solo permitan la identificación indirecta de las unidades estadísticas, para la realización de análisis estadísticos con fines científicos de interés público, siempre que se respete la confidencialidad de los datos y el secreto estadístico. La institución solicitante deberá ser una entidad reconocida en el ámbito de la investigación, estudios o análisis, que presente un proyecto de interés avalado por una institución pública y que indique claramente cuáles son los datos confidenciales a los que solicita acceso. No se dará acceso a ningún otro dato que los que sean estrictamente necesarios para cumplir los objetivos del solicitante. No se dará acceso a investigadores que actúen a título personal”. En este sentido se informa que facilitar los datos diarios de víctimas mortales permitiría la identificación de forma indirecta, no solo de las víctimas, también de los agresores, de los posibles hijos e hijas de las víctimas y de personas involucradas en el suceso. Por lo tanto, se trata de datos confidenciales que permiten identificar, directa o indirectamente, a las unidades estadísticas y divulgar, por tanto, información sobre particulares. La reclamante señala que “la información que se solicitaba era únicamente el número de mujeres víctimas mortales por violencia de género desde que hay registros hasta la actualidad, cada día de cada año. Es decir, en ningún caso se solicitan los datos cruzados por ninguna otra variable demográfica. Consideramos que conocer el número de mujeres víctimas mortales por violencia de género cada día de cada año desde que hay registros no permite la identificación de datos personales, ya que no se solicita ninguna otra información que permitiera trazar un perfil de la víctima”. Sin embargo, en la mayoría de los días en los que hay registrados datos de mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia de género, se trata solo de una sola víctima, con lo cual una simple búsqueda a través de internet permitiría identificar a la mujer y a las personas de su entorno. Además, en virtud del artículo 15.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, estaríamos ante datos de carácter personal para cuya difusión sería necesario contar con el consentimiento expreso de las personas afectadas, consentimiento que no se puede recabar al tratarse de un número indeterminado de personas. Cuando se ejerce el derecho de acceso a la información al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la información solicitada incluye datos personales, como es el presente caso porque los datos solicitados corresponden a personas físicas identificables, debe garantizarse el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal y es preciso cumplir la exigencia del artículo 15, en virtud del cual, para facilitar información se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. A este respecto se recuerda la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 259/2020, de 28 de julio 2020, en un asunto relativo la petición de datos diarios de llamadas al teléfono 016 de atención a víctimas de violencia contra las mujeres en la que se indica: “Asimismo, no resulta posible entregar información sobre el ID de la víctima o persona que realice la llamada, ya que ésta podría ser identificada sin necesidad de realizar esfuerzos desproporcionados. Recordemos que los datos personales relativos a la violencia de género son categorías especiales de datos sensibles y requieren de consentimiento expreso (entendido como manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen) o de habilitación legal para su cesión a terceros distintos de sus titulares, que no existen en el presente caso. Estos datos están protegidos por el deber de confidencialidad y no están incorporados a las actuales estadísticas ni a las futuras”.». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al número diario de mujeres víctimas mortales por violencia de género desde que existen registros oficiales hasta la fecha. El Ministerio requerido, dicta resolución inadmitiendo la solicitud por considerar que la misma incurre en la causa del artículo 18.1.c, alegando que la información disponible al respecto no se encuentra desglosada por días, de forma que para poder conceder el acceso en los términos en los que se solicita, sería necesaria una previa acción de reelaboración ya que lo solicitado no coincide con lo publicado en el Portal Estadístico ni en las fichas de víctimas mortales. Así mismo, considera que la divulgación de la información solicitada afectaría a datos de carácter personal, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.1 de la LTAIBG, sería necesario contar con el consentimiento de los afectados, indicando que dicho consentimiento no podría ser recabado al tratarse de un número indeterminado de personas. Finalmente, alega que la información solicitada también estaría afectada por el secreto estadístico. 4. A juicio de este Consejo, las razones aducidas por el Ministerio de Igualdad en relación con el impacto que la difusión de los datos solicitados tendría en la esfera de los derechos de las personas afectadas proporcionan una justificación suficiente de la denegación del acceso. En efecto, aun cuando se trate únicamente de revelar el número de víctimas por violencia de género habido cada día, es innegable que, en la mayoría de los casos, ese dato básico combinado con otras informaciones procedentes de fuentes de fácil acceso permite conocer la identidad de la víctima y, por extensión, la de otros afectados por los sucesos, que incluso pueden ser menores de edad. Habida cuenta, por otra parte, del escaso valor añadido que desde la perspectiva del interés público aportarían los datos solicitados en relación con la información que ya se publica y se actualiza periódicamente, la ponderación de los derechos e intereses en concurrencia conduce claramente a conceder prevalencia a la protección de los derechos de los afectados. En consecuencia, procede desestimar la reclamación sin que resulte necesario entrar a valorar las demás cuestiones suscitadas por las partes. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descrito s, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE IGUALDAD de fecha 10 de febrero de 2023. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez