Reclamación por acceso a información catastral histórica y estimación por superación de plazos legales

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó el 10 de octubre de 2022 al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (la solicitud tuvo lugar en esa fecha y se dirigió al Ayuntamiento de que la remitió a la Dirección General del Catastro, órgano competente para resolver, que la recibió el 2 de noviembre de 2022), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Solicitud de fotocopia del modelo III-I-n u otro de contenido informativo similar (p.ej.VI-I) de fecha de más de 50 años de antigüedad y de cualquier año posterior a 1955 (datos históricos) de las parcelas sitas en la provincia de relacionadas seguidamente. S/REF: 001-073465 N/REF: 159 y 192-2023 Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: Modelo catastral informativo de parcelas. R CTBG Número: 2023-0625 Fecha: 27/07/2023 Esta petición fue ya realizada ante el sujeto que tiene en su poder la información solicitada (se adjunta). La petición fue denegada por dicha gerencia en comunicación recibida el 14 de septiembre de 2022 (…). En dicha petición se me indica que puedo solicitar esta información en diversos puntos de información catastral sitos en (…). En comunicación telefónica (…) me indican que el servicio es para consultas de su ámbito territorial, no de En el listado no hay ningún organismo de ámbito territorial de Por ello solicito el acceso a la información pública arriba indicada de las siguientes parcelas (19 parcelas, referencias catastrales actuales): (…)». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 3 de enero de 2023 en el Ayuntamiento de Barcelona, la solicitante interpuso una reclamación en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG frente a la denegación de acceso por silencio; reclamación que se recibió en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), el siguiente 16 de enero. 4. Consta en las actuaciones que en fecha 19 de diciembre de 2022 El MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA dictó resolución que fue notificada a la solicitante el 9 de enero de 2023 y, por tanto, con carácter posterior a la presentación de la reclamación por silencio ante el Ayuntamiento de En la mencionada resolución el Ministerio acordaba inadmitir su solicitud de información, en virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional primera, segundo apartado, LTAIBG, y dar traslado a la Gerencia Territorial correspondiente para que se resolviese con arreglo a lo dispuesto en la normativa específica establecida en la Ley de Catastro inmobiliario, en los siguientes términos: « (…) De acuerdo con lo indicado en el párrafo segundo del apartado 1) del artículo 20 de la citada Ley 19/2013, el plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario. En consecuencia, se amplió en un mes el plazo de resolución de la citada solicitud. (…) R CTBG Número: 2023-0625 Fecha: 27/07/2023 Una vez analizada la solicitud se resuelve INADMITIR la solicitud de acceso a la información de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la Disposición Adicional primera de la citada Ley 19/2013 (Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública), que establece que “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información” al ser requeridas fotocopias de documentos conservados en archivos históricos. El régimen jurídico del derecho de acceso a la información en el ámbito de la Dirección General del Catastro aparece regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) y su normativa de desarrollo. En atención a lo expuesto, se le informa que por este centro directivo se procede a la remisión de su solicitud a la Gerencia Territorial del Catastro de órgano competente para conocer y resolver esta petición (…). Asimismo, señalar que de acuerdo con los artículos 61 a 69 del citado texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la expedición de documentos por la Dirección General del Catastro o las Gerencias del Catastro está gravada con la tasa de acreditación catastral. No obstante, ha de señalarse que los expedientes catastrales pueden ser consultados por persona legitimada en la Sede Electrónica del Catastro (htttp://www.sedecatastro.gov.es) (…). No obstante, cabe indicarle que dentro de los trabajos de difusión de datos abierto que se están llevando a cabo desde la Dirección General del Catastro, se encuentra la cartografía histórica y en algunos casos la información alfanumérica asociada, siempre y cuando tengan una antigüedad mayor de 50 años, para que no se consideren datos protegidos. Esta información está siendo incorporada según una planificación, permitiendo el acceso a los usuarios a este tipo de información. Hay que tener en cuenta que esta información no es homogénea en todo el territorio, ya que algunas series cartográficas catastrales no cubren todo el territorio, y, además, en algunas Gerencias Territoriales, la información se ha trasladado a los archivos históricos provinciales. En el caso de la información del ámbito rústico, se encuentra disponible a través de la Sede electrónica del Catastro (…), tal y como ya se le indicó (…). El acceso se realiza a través de la caja de “Difusión de datos Catastrales” situada en la esquina inferior izquierda de la página (…).» 5. Mediante escrito registrado el 20 de enero de 2023, habiendo recibido la solicitante resolución expresa, si bien de forma tardía, presentó nuevo escrito ampliando su reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, con el siguiente contenido: « (…) En la notificación recibida se reconoce que la petición de información es en formato de fotocopia. Sin embargo se vuelve a indicar que debe acceder a la información solicitada mediante medios electrónicos. Tras las ya numeradas peticiones (...) se vuelve a denegar el derecho a (…) elección de los medios de comunicación con las Administraciones Públicas. Como respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, la respuesta recibida incumple el punto 1 del artículo 22 de la ley 19/2013 (…), que indica que el acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando (…) el solicitante haya señalado expresamente otro medio, como ocurre en este caso. En la respuesta se menciona una “tasa de acreditación catastral” para la expedición de documentos, pero no se concreta el importe que se debitaría, el cual, por transparencia, debería señalarse. (…) Asimismo, y de acuerdo con el punto 4 del artículo 22 de la Ley de Transparencia, el acceso a la información será gratuito aunque se contempla la exigencia de exacciones por expedición de copias (…)». Con fecha 18 de enero de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA a fin de que remitiese las alegaciones que considerase oportunas. Dicho requerimiento se volvió a realizar el 20 de febrero de 2023, indicando la existencia de nueva documentación. El 3 de abril de 2023 se recibió respuesta en la que se hace constar que la Gerencia Territorial del Catastro de ha acordado denegar la información, y se pone de manifiesto lo siguiente: « (…) PRIMERO. – La Dirección General del Catastro, como cualquier otro órgano de la Administración General del Estado, está sujeta a la regulación de la Ley 19/2013 en aquellos casos en que la solicitud de acceso no se refiera a información que esté sujeta a un régimen jurídico específico, como ocurre con la información catastral, sino a otros ámbitos de actuación de dicha Dirección General (contratación pública, retribución de su personal, etcétera). Sin embargo, cuando el acceso solicitado se refiere a información catastral y por tanto sujeta a un régimen jurídico específico de acceso, como ocurre en este supuesto, debe tenerse en cuenta dicho régimen jurídico, que resulta de aplicación preferente a la Ley 19/2013. SEGUNDO. - El acceso a la información catastral, como es el acceso a la cartografía histórica, se regula de forma específica en el Título VI “Del acceso a la información catastral”, del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. El Título V del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario citado, también contienen determinadas normas sobre el acceso a la información catastral. La interesada en su reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno solicita que “tengan a bien tramitar este escrito como reclamación a falta de respuesta a la solicitud de derecho de acceso a la información pública presentada”, cabe señalar que ya se le ha indicado en reiteradas ocasiones la información que consta en las bases de datos catastrales y cómo acceder a ella. De la misma manera, se le ha adjuntado copia en formato digital del catastro histórico de rústica. En la resolución de 2 de marzo de 2023 anexada se le indica las respuestas dadas por la citada Gerencia Territorial del Catastro a sus solicitudes de información referidas a este asunto. Cabe señalar que se le informa que el “apartado 4 del artículo 50 del RDL 1/2004 de 5 de marzo establece que la información catastral únicamente se facilitará en los formatos disponibles en la Dirección General del Catastro, utilizando siempre que sea posible, técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.” TERCERO.- Dado que la normativa de acceso a la información catastral regula un procedimiento específico de acceso a la misma, cabe concluir que en este caso, no resulta de aplicación el procedimiento de acceso a la información previsto en la Ley 19/2013, y en ningún caso sería procedente el recurso previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/2013 pues, como ya se ha explicado, dicha ley solo resulta de aplicación subsidiaria a este supuesto, siendo el medio de impugnación previsto en la normativa catastral, específica en este caso, al ser el acceso a la información denegado por la Gerencia del Catastro, el recurso de alzada ante la Dirección General del Catastro, por lo que procede la inadmisión del presente recurso. Por ello, no se considera procedente la reclamación planteada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y debe continuar con los canales procedimentales establecidos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. (…)». En la mencionada resolución de la Gerencia Territorial del Catastro de de 2 de marzo de 2023, se acuerda la denegación de acceso en los siguientes términos: «En relación con la petición formulada por (…) solicitando (…) información histórica de rústica, le indico que ya en primer lugar, con fecha 9 de agosto de 2021, se le habían remitido siete fotoplanos, en un soporte informático “CD” para obtener una mayor calidad de visión, de la cartografía histórica de rústica del municipio de correspondiente a las parcelas solicitadas en sus escritos, y registrados dichos escritos con número de expediente Los fotoplanos contienen la información del catastro histórico de rústica relativo a los polígonos 43, 47a y 47c de las diecinueve parcelas indicadas en sus escritos. Esta información se le envió por correo certificado con acuse de recibo habiendo sido recibida por usted con fecha 22/09/2021, según consta en el aviso de entrega de Correos. (…) En segundo lugar, con fecha 20/12/2021, se registra en el Gerencia Territorial del Catastro de un nuevo escrito con número en el que solicita histórico literal de titulares, contestando mediante escrito de fecha 11/03/2022 y continuando lo indicado en el escrito anterior de fecha 07/06/2021, que la información solicitada está disponible con acceso libre y gratuito en la Sede Electrónica del Catastro. En tercer lugar, con fecha 08/04/2022, se registra en el Gerencia Territorial del Catastro de un nuevo e scrito con número , en el que solicita histórico literal de titulares, manifestando que no está disponible en la Sede esta información. Comprobada la documentación en la Sede Electrónica del Catastro de la manifestación indicada, se da respuesta con fecha 3/06/2022, indicando nuevamente que la información solicitada está disponible con acceso libre y gratuito en la Sede Electrónica del Catastro. En cuarto lugar, con fecha 18/07/2022, se registra en el Gerencia Territorial del Catastro de un nuevo escrito con número en el que se reitera en los escritos anteriores y solicita fotocopias del histórico literal (propietarios/titularidad) partiendo de las parcelas actuales retrocediendo 50 años atrás desde la fecha actual indicando titularidades de las parcelas y colindantes. Con fecha 29/08/2022, se responde indicando nuevamente como en los escritos anteriores que la información solicitada está disponible con acceso libre y gratuito en la Sede Electrónica del Catastro y además se indica en el escrito que con la información histórica es posible realizar labores de investigación catastral, cuyos datos no están en vigor en la actualidad. En este escrito se indica toda la información disponible de los nueve Puntos de Información Catastral más próximos a su domicilio con el objeto de responder a cualquier consulta sobre el contenido de la información que se puede obtener desde la Sede Electrónica del Catastro, que de conformidad con la Resolución de 15/01/2019 de la Dirección General del Catastro sobre los Puntos de Información Catastral, establece los servicios de consulta, asistencia y certificación de datos catastrales y de ámbito nacional, excepto País Vasco y Navarra. Resultando que, por lo que antecede y una vez analizada su nueva y quinta petición, expediente 001-073465, esta Gerencia, de conformidad con las facultades que tiene atribuidas por el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que regula las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda, desarrollado por la Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1999 ACUERDA, denegar la expedición de la información solicitada, por los motivos que a continuación se exponen: Su solicitud se basa en que por parte de Catastro se realice un trabajo de investigación, solicitando para ello fotocopias del catastro histórico de rústica con indicación de referencias catastrales de las parcelas y datos de titularidad de parcelas colindantes partiendo de las parcelas actuales retrocediendo 50 años atrás desde la fecha actual para identificar fincas relativas a una herencia. En la actualidad no existe un formato disponible en el Catastro que relacione las parcelas de la serie histórica con las actuales parcelas, siendo necesario un estudio pormenorizado de investigación para la determinación de la correspondencia, utilizando para ello como punto de partida la cartografía histórica de rústica que se encuentra disponible en la Sede Electrónica del Catastro con acceso libre y gratuito. Por lo anteriormente indicado, no es posible facilitar la información pormenorizada de cada parcela retrocediendo 50 años atrás y vinculada con la actual, como solicita en sus escritos anteriores y en la solicitud de información catastral relacionada con la ley 19/2013, de 9 de diciembre registrada con número de expediente 001-073465. El apartado 4 del artículo 50 del RDL 1/2004 de 5 de marzo establece que la información catastral únicamente se facilitará en los formatos disponibles en la Dirección General del Catastro, utilizando siempre que sea posible, técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.» 6. Con fecha 20 de abril de 2023 la reclamante presenta documentación complementaria a este procedimiento, adjuntando la Resolución de 2 de marzo de 2023 por la Gerencia Territorial del Catastro de y aportando un escrito con el siguiente contenido: « (…) solicita: Comunicación por parte del Consejo en la que determinen si el escrito del Catastro debe ser atendido y la solicitante debe presentar un nuevo recurso de alzada ante el Director General del Catastro (…). En el documento se alude a la entrega de un CD como respuesta a la petición de información histórica sobre 19 parcelas. La solicitud que no fue atendida fue presentada en fecha 11/06/2021 (…). El tipo de información que se solicita no es el mismo, y las parcelas tampoco. Sólo uno de los 3 polígonos coincide en ambas solicitudes. (…) En la última comunicación recibida del Catastro en fecha 21 de marzo de 2023 (…), se argumenta un nuevo motivo de denegación de la información: la solicitud “se basa en que por parte del Catastro se realice un trabajo de investigación, solicitando para ello fotocopias (…). Que la solicitante no utiliza la petición de las fotocopias para que el Catastro realice una investigación (…). La solicitante ha realizado esa labor anteriormente con otras parcelas, cuando le ha sido suministrada la información en formato CD y cuando la resolución de las imágenes en él contenidas se lo han permitido . (…) Que en ninguna ocasión el Catastro ha manifestado expresamente que se pueda acceder a la información histórica no protegida solicitada (fotocopias del modelo indicado). Que la nueva denegación se basa en la necesidad de realizar una labor de investigación para la cual no tienen “formatos disponibles”, y trasladan a los administrados una labor para la cual deben proveerse de medios electrónicos que requieren una determinada seguridad y medios que permitan una determinada resolución de imágenes. (…) Que la documentación solicitada no ha de ser creada expresamente, y no requiere de reelaboración por parte de la Administración (…)». 7. Con fecha 20 de abril de 2023 la reclamante presenta nueva documentación complementaria a este procedimiento, aportando escrito remitido al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, en el que se le informa de la presentación de una reclamación ante este Consejo, «entendiendo que el mismo tiene la consideración de sustitutivo de la anunciada posibilidad de interponer un recurso de alzada ante el Director General del Catastro, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». 8. El 24 de abril de 2023, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 22 de mayo de 2023, se recibió un escrito con el siguiente contenido: « (…) En cuanto a la información solicitada: En el punto segundo del informe consta que “(…) cabe señalar que ya se le ha indicado en reiteradas ocasiones la información que consta en las bases de datos catastrales (…)”. En los escritos recibidos no consta que la copia del modelo III-1-n pueda obtenerse a través de la sede electrónica, sino que se puede obtener “Descarga de Cartografía Histórica Catastral”. El modelo solicitado no es una información cartográfica, sino un manuscrito con información sobre propietarios listada correlativamente. En ninguno de los escritos de la Gerencia del Catastro se habla de la disponibilidad concretamente de esta información. (…) En cuanto al trabajo de investigación (…). En ningún momento la reclamante ha solicitado ninguna investigación. De hecho, si tal como afirma Catastro, la información está disponible a través de la sede electrónica, ninguna investigación debería ser necesaria. Por otro lado, del contenido del documento (…) se desprende que primero debe conocerse a qué referencia actual se corresponde cada referencia solicitada en la reclamación para acceder al manuscrito solicitado, pero esto no ha sido comunicado ni exigido a la reclamante en ningún momento (…)». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la fotocopia de un modelo catastral histórico de diecinueve parcelas sitas en la provincia de aportándose las referencias catastrales actuales. El Ministerio requerido no respondió en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud de información se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Posteriormente, habiendo sido presentada la reclamación, le fue notificada a la reclamante resolución en la que se acuerda inadmitir la solicitud en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional primera de la LTAIBG, dado que el acceso a datos catastrales se trata de una materia para la que está prevista una normativa específica (Título VI Del acceso a la información catastral, del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo) que resulta directamente aplicable y remitiéndola a la Gerencia Territorial del Catastro de como órgano responsable para resolver. Dictada resolución por este último órgano, se pone en conocimiento de la reclamante que los señala que los expedientes catastrales pueden ser consultados por persona legitimada en la Sede Electrónica del Catastro y que, respecto a los datos históricos (de más de 50 años de antigüedad) estos están siendo objeto de un proceso de incorporación. La solicitante presentó nueva reclamación ante esta resolución, invocando el artículo 22 LTAIBG por considerar que tiene derecho a recibir la información en formato papel, y de forma gratuita. Finalmente, el Ministerio requerido emite nueva resolución en la que informa a la reclamante de la falta de disponibilidad de la información en el formato solicitado, toda vez que se necesitaría un trabajo de investigación para identificar las referencias catastrales históricas solicitadas a partir de las referencias catastrales actuales. 4. Teniendo en cuenta que, tal como ha quedado reflejado en los antecedentes de esta resolución, las dos reclamaciones traen causa de la misma solicitud de información (n.º 001-073465), si bien la primera está formulada frente a la ausencia de respuesta de la Administración, y la segunda ante la resolución tardía emitida, este Consejo acuerda la acumulación de los procedimientos 159/2023 y 192-2023 en el expediente núm. 159/2023 en el que se dicta la presente resolución. La acumulación resulta procedente de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) al guardar identidad sustancial y ser este Consejo de Transparencia el órgano competente para tramitar el procedimiento. 5. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, procediendo a la ampliación del plazo sin que conste causa o razón que lo justifique. En este punto cabe recordar que la posibilidad de ampliación del plazo para resolver prevista en el artículo 20.1. in fine LTAIBG que, según el criterio CI/005/2015, de 14 de octubre, de este Consejo, «(…) por tratarse de una excepción al plazo general, deberá ser convenientemente justificada y relacionada con el caso concreto y esta justificación habrá de constar de forma motivada.» Así, en resoluciones anteriores este Consejo ya ha señalado que la correcta aplicación de esta ampliación del plazo (que debe utilizarse razonablemente y ser objeto de una interpretación restrictiva), se ciñe a dos supuestos: (i) «el volumen de datos o informaciones» y (ii) «la complejidad de obtener o extraer los mismos»; debiéndose justificar su concurrencia de forma expresa y en relación con el caso concreto. En este caso, la notificación de la ampliación del plazo se limitaba a la cita de lo dispuesto en el artículo 20 LTAIBG sin ninguna consideración añadida, por lo que resulta evidente que tal ampliación no resultaba conforme a derecho. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 6. Sentado lo anterior, es preciso dar respuesta a la alegación del órgano requerido sobre la falta de competencia de este Consejo en este caso, con fundamento en la existencia de un régimen jurídico específico de acceso a la información en los procedimientos en materia de Catastro, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) y su desarrollo por el Real Decreto 417/2006. Conviene recordar a estos efectos que, con arreglo a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo —por todas, STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:871)—, la LTAIBG únicamente queda desplazada en su aplicación como ley básica y general cuando existan en nuestro ordenamiento otras normas con rango de ley que cumplan una de las siguientes condiciones: (a) establezcan una regulación alternativa que contenga un tratamiento global y sistemático del derecho de acceso, o (b) contengan regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes del derecho e impliquen un régimen especial diferenciado del general; siendo en todo caso de aplicación supletoria en los extremos no regulados en las normas sectoriales —en este sentido, la resolución de este Consejo 112/2022, de 11 de julio de 2022—. En este caso, existe sin duda un régimen específico de acceso a la información en los artículos 50 a 53 del Título VI (Del acceso a la información catastral) del TRLCI; regulación que se desarrolla y completa en el Título V del Reglamento aludido. Así, el artículo 51 TRLCI establece qué datos se consideran como protegidos (nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de los titulares, valor catastral, etc.) estipulándose en el artículo 52 TRLCI (regulador de las condiciones generales del acceso) que «todos podrán acceder a la información de los inmuebles de su titularidad y a la información de datos no protegidos contenidos en el Catastro Inmobiliario». A su vez, el artículo 53 TRLCI regula el régimen de acceso a la información catastral protegida (supuestos que requieren de un consentimiento expreso y supuestos en los que no es necesario), constituyendo el artículo 54 TRLCI la cláusula de cierre del citado régimen jurídico específico al establecer las vías de recurso a disposición de los solicitantes de información catastral; en particular, el recurso de alzada cuya resolución corresponderá al Director General del Catastro frente a las resoluciones que se dicten en aplicación de lo previsto en este título, y, en su caso, el eventual recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, en lo que aquí importa, la existencia de dicho régimen específico no excluye la posibilidad de interposición de una reclamación ante este Consejo (en sustitución del recurso de alzada ante la Dirección General de Catastro) en la medida en que tal posibilidad se desprende de la aplicación supletoria de la LTAIBG. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en su STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1033) en la que examina la procedencia de interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG cuando existe un régimen jurídico específico de acceso a la información. La citada sentencia da una respuesta afirmativa al interrogante de si la cláusula de supletoriedad contenida en la disposición adicional primera de la LTAIBG da soporte a la competencia de las autoridades garantes del derecho de acceso a la información para conocer de reclamaciones respecto de solicitudes de información en ámbitos que cuentan con un régimen jurídico específico. En este sentido, el Tribunal Supremo se pronuncia en los siguientes términos: «(…) debemos recordar que, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio”. Pues bien, el alcance que atribuye a esta expresión la jurisprudencia de esta Sala, que antes hemos reseñado, lleva a concluir que el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que, con independencia de que se haga uso, o no, del recurso potestativo de reposición, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información, el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (y, en el caso de Cataluña, en los artículos 39 y siguientes de la ley autonómica 19/2014, de 29 de diciembre)». De la reseñada jurisprudencia se desprende que este Consejo es competente para conocer de las reclamaciones presentadas contra la denegación del acceso a la información en materia propia de este régimen del catastro —sin perjuicio de que deba aplicarse con carácter preferente la regulación específica que en materia de dicho acceso en el TRLCI—, siempre que no se haya hecho uso ya de la vía del recurso administrativo de alzada (en la medida en que la reclamación del artículo 24 LTAIBG tiene carácter sustitutivo de aquél), como consta en este expediente. No procede, por tanto, aceptar la alegación de la Administración en este punto, pretendiendo la inadmisión de la reclamación, pues, como se acaba de poner de manifiesto, los precedentes invocados se han visto superados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo plasmada en la sentencia antes citada. 7. No puede desconocerse, como se ha establecido en el último párrafo, que existe un régimen jurídico específico de acceso a la información catastral, que debe ser aplicado con carácter preferente en la resolución de esta reclamación. Desde este punto de vista, en relación con la forma en que deba proporcionarse el acceso, la previsión dl artículo 22.1 LTAIBG – «se realizará preferentemente de forma electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio»- queda desplazada por el artículo 50.4 TRLCI, que dispone que «la información catastral únicamente se facilitará en los formatos disponibles en la Dirección General del Catastro, utilizando siempre que sea posible, técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos». Del mismo modo, tampoco procede invocar la aplicación del artículo 22.4 LTAIBG en relación con los supuestos de gratuidad en el acceso a la información, por cuanto debe aplicarse la regulación específica que el TRLCI establece al respecto. Procede, en consecuencia, desestimar las alegaciones de la reclamante en estos dos puntos. 8. En relación con el fondo del asunto, debe partirse de la premisa de que se ha facilitado parte de la información a la reclamante (o indicado cómo puede acceder a ella tanto a través de la sede electrónica del catastro como de puntos de información catastral presenciales). Ciertamente, una parte de la información no ha sido proporcionada por el Ministerio, poniéndose de manifiesto que «no es posible facilitar la información pormenorizada de cada parcela retrocediendo 50 años atrás y vinculada con la actual», al no existir «formato disponible en el Catastro que relacione las parcelas de la serie histórica con las actuales parcelas, siendo necesario un estudio pormenorizado de investigación para la determinación de la correspondencia, utilizando para ello como punto de partida la cartografía histórica de rústica que se encuentra disponible en la Sede Electrónica del Catastro con acceso libre y gratuito». Aunque no lo cita expresamente, la Administración fundamenta la inadmisión en la necesidad de realizar una acción previa de reelaboración como dispone el artículo 18.1 c) LTAIBG, por lo que conviene traer a colación el criterio de este Consejo y la jurisprudencia relativa a la aplicación de esta causa de inadmisión fundada en la necesidad de reelaboración de la información solicitada. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3530) establece con claridad cuál ha de ser el punto de partida a la hora de aplicar lo dispuesto en el artículo 18 de la LTAIBG: la interpretación estricta, cuando no restrictiva, de las causas de inadmisión de solicitudes de información partiendo de la premisa de la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información, que no permite aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho. De ahí, que el Tribunal concluya que «la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información». Por tanto, lo primero que exige la inadmisión a trámite de una solicitud de acceso a la información es una motivación clara y suficiente de la necesidad de reelaborar la información para poderla facilitar a la solicitante; motivación que, en este caso, sí se proporciona, si bien con carácter tardío, cuando se reconoce no disponer de la información sin que previamente se haya realizado un trabajo de investigación que sirva para la correcta identificación de las referencias catastrales históricas que se solicitan. Constatada la existencia formal de esa justificación, procede verificar si las razones expuestas por el órgano requerido evidencian la aducida necesidad de una acción previa de reelaboración. Desde esta perspectiva no puede obviarse que, tal como se puso de manifiesto en la STS de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810) «(…) el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas (…)». Entre esas causas, la citada sentencia destaca el hecho de que se tenga que realizar el tratamiento a partir de «una información pública dispersa y diseminada», que requiera de una «labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es [en el caso enjuiciado en la sentencia] información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información», o que la misma se encuentre en soportes (físicos e informáticos) diversos. Se confirma, así, el criterio de este Consejo de Transparencia (criterio interpretativo 7/2015) en el que se señaló que la acción de reelaboración se refiere a aquellos supuestos en los que la información debe elaborarse expresamente para dar respuesta a lo solicitado, haciendo uso de diversas fuentes de información —sin que pueda confundirse con el proceso de anonimización o con la solicitud de información voluminosa—; así como a aquellos supuestos en que la Administración requerida no dispone de los medios necesarios para extraer y explotar la información concreta que se reclama. 9. Pues bien, a la vista de la última resolución recaída en este procedimiento, se ha de considerar debidamente justificada la concurrencia de la causa de inadmisión invocada, relativa a la reelaboración de la información. En este sentido, si bien su volumen no constituye per se una circunstancia determinante para apreciar la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) LTAIBG, en este caso la información no se encuentra correctamente identificada, por lo que se requiere un tratamiento previo, de cierta complejidad, para la localización de la misma, lo que constituiría, en definitiva, la elaboración de un informe ad hoc. Así lo ha puesto de manifiesto el Ministerio, al señalar que la solicitud «se basa en que por parte de Catastro se realice un trabajo de investigación, solicitando para ello fotocopias del catastro histórico de rústica con indicación de referencias catastrales de las parcelas y datos de titularidad de parcelas colindantes partiendo de las parcelas actuales retrocediendo 50 años atrás desde la fecha actual para identificar fincas relativas a una herencia». En definitiva, de los datos proporcionados en la solicitud, no es posible la extracción de la información disponible en los registros del Catastro sin que previamente se haga una compleja tarea de identificación histórica, debiéndose desestimar la reclamación en este punto. 10. No obstante lo anterior, y aun cuando se entienda que la causa de denegación de la información ha sido aplicada de forma justificada y proporcionada, no puede desconocerse que la resolución sobre su solicitud de acceso fue adoptada y notificada fuera del plazo previsto en la normativa específica, una vez presentada reclamación ante este Consejo. Así, el artículo 75 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Catastro Inmobiliario, regula el plazo de tramitación de las solicitudes de información catastral, estableciendo que «[l]a entrega de la información catastral se realizará en un plazo no superior a veinte días hábiles, contados a partir del momento de la recepción de la solicitud de información. Cuando se trate de solicitudes de información extensa o compleja este plazo podrá ampliarse en otros veinte días, previa notificación al interesado.» En este caso, y por lo que respecta a la concreta solicitud de información de la que trae causa este procedimiento –presentada el 10 de octubre de 2022 en el Ayuntamiento de y recibida por el Catastro en fecha 2 de noviembre-, resulta evidente que la resolución de 19 de diciembre de 2022 notificada el 9 de enero del año siguiente, supera con creces el plazo establecido. En consecuencia, procede la estimación de la reclamación por motivos formales ya que no se ha respetado el derecho de la solicitante a obtener la resolución en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación interpuesta por frente al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez