Reclamación por acceso a información pública sobre licencias urbanísticas, subvenciones y contratos de asesoría en el Ayuntamiento de Quero

Página1de 7 Resoluciónreclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) al Ayuntamiento de Quero, con fecha 9 de noviembre de 2022, la siguiente información: “PRIMERO, copia por este medio de los informes técnicos y jurídicos aportados a expedientes de licencias desde 1 de enero de 2015 a 1 de enero de 2019, en todo caso las tres primeras resueltas por trimestre. N/REF:Expte 159/2022 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamie nto de Quero (Toledo, Castilla-La Mancha). Información solicitada: Copia de informes técnicos y jurídicos aportados a expedientes de licencias urbanísticas desde el 1 de enero de 2015 a 1 de enero de 2019. Planes estratégicos de subvenciones desde la entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Plazo de resolución:30 días hábiles. RA CTBG Número: 2023-0653 Fecha: 25/07/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente SEGUNDO, fechas de aprobación de los planes estratégicos de subvenciones desde la entrada en vigor de la ley 38/2003. TERCERO, enlace al número del BOP de Toledo que publica los planos de ordenación y el Catálogo de Bienes Protegidos. CUARTO, copia de contratos de asesoría urbanística desde 1 de enero de 2011”. 2. Ante la falta de respuesta a su solicitud, presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y buen Gobierno (en adelante, CTBG), a la que se da entrada en fecha 13 de diciembre de 2022, con número de expediente RT/0961/2022. 3. El 27 de enero de 2023 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Quero, al objeto de que pudieran presentarse las alegaciones que se considerasen oportunas. El 23 de febrero de 2023 se recibe escrito de alegaciones de la Alcaldía del Ayuntamiento de Quero, con el siguiente contenido: “(…) SEGUNDA. Imposibilidad material de cumplir el requerimiento. Este Ayuntamiento se vio imposibilitado de cumplir con el requerimiento por falta de medios personales. En este sentido debemos señalar que no se ha podido cursar, o en su caso denegar la solicitud de D. (…) por no disponer este Ayuntamiento de Secretario Interventor desde el mes de octubre de 2022 hasta el 18 de enero de 2023. (…) TERCERA. Inadmisión al amparo del art. 18.1.c y e de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. (…) Los citados apartados han sido interpretados en numerosas sentencias (SS 14/2/86, 29/11/85, 7/5/93, 8/6/94, 21/9/87, 30/5/98,11/5/91, entre otras), de las que queremos destacar el concepto del abuso de derecho: que configura como la carencia de buena fe. La buena o mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos concretos. Para la apreciación de la buena fe (ésta, según doctrina se presume) o mala fe (que debe acreditarse) hay que tener en cuenta hechos y circunstancias que aparezcan probados. - impone la exigencia de una conducta ética en el ejercicio de los derechos. El abuso de derecho procede cuando el derecho se ejercita con intención decidida de causar daño a otro o utilizándolo de modo anormal. Su apreciación exige que la base fáctica ponga de manifiesto las circunstancias objetivas (anormalidad en el RA CTBG Número: 2023-0653 Fecha: 25/07/2023 ejercicio) y las subjetivas (ausencia de interés legítimo o voluntad de perjudicar). - El abuso viene determinado por la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima y la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho. Una interpretación del derecho de acceso a la información públic a regulado en la LTAIBG que implique un ejercicio excesivo e indiscriminado del mismo afectaría en sí mismo, perjudicándolo, el objeto y finalidad de la propia norma. La cesión de datos de la índole solicitada que ha sido detallada en la alegación PRIMERA de este escrito, sin lugar a dudas, va más allá de lo que se ha considerado que sirve adecuadamente a la finalidad de transparencia de la ley invocada y por lo que no se considera que deba ser objeto de publicidad en el grado requerido en la petición. Por otro lado, DA 1ª de la Ley de Transparencia señala en su apartado 1 que la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. En concreto, la documentación solicitada le sería de aplicación el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que: “tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos administrativos los interesados en dichos procedimientos.” Regulándose en dicha norma el concepto de interesado y sus medios de identificación. En este caso, no ha acreditado su condición de interesado en los expedientes referidos en la alegación primera por lo que entendemos que no procede su acceso al mismo por aplicación de los apartados c y e. en relación con el artículo 53. CUARTA. En consecuencia, este Ayuntamiento en el caso que nos ocupa desestima la solicitud, en virtud de los apartados c) y e) del artículo 18 de la citada Ley al considerar que tienen un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. La información solicitada tiene la consideración de información pública, puesto que obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Quero, quien la ha elaborado en el ejercicio de las funciones que la Ley 7/1985 , de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, reconoce a los municipios. 4. Entrando en el fondo del asunto, cabe indicar, en primer lugar, que el Ayuntamiento concernido alega que el solicitante carece de la condición de interesado en los econ/convenios/conveniosCCAA.html procedimientos correspondientes, por lo que no sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que prevé el derecho a obtener copia de los documentos integrantes de los procedimientos administrativos. A este respecto se debe indicar que la LTAIBG configura el derecho de acceso a la información pública como un derecho de amplio espectro. En primer lugar, porque el artículo 12 dispone que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública”, sin limitación alguna por razón de edad, nacionalidad, condición de cargo público o ser interesado en un determinado procedimiento. En segundo lugar, porque establece en su artículo 13 un concepto de información pública muy amplio, como se ha señalado, no estando ni siquiera obligado el solicitante a motivar su solicitud de acceso a la información, como determina el artículo 17.3 de la LTAIBG. 5. Asimismo, el Ayuntamiento concernido alega, para fundamentar la inadmisión de la solicitud de información, la concurrencia de las causas previstas en el artículo 18.1.c) y e) de la LTAIBG, es decir, la necesidad de una acción previa de reelaboración, y el carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. Analizados los antecedentes que han sido expuestos, no parece procedente apreciar la existencia de la primera causa, que no ha sido, por otra parte, justificada por la Administración concernida. En cuanto al carácter abusivo alegado, procede recordar que el abuso de derecho es una conducta declarada ilícita por el artículo 7 del Código Civil en el que se dispone que «[l]os derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe», a lo que añade que «[l]a Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo», precisando acto seguido que «[t]odo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.» En la aplicación de este artículo, para estimar que el ejercicio de un derecho tiene carácter abusivo debe constatarse que se dan los presupuestos establecidos por el Tribunal Supremo BOE-A-2015-10565 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. en reiterada jurisprudencia, que el propio Tribunal recopiló en el fundamento jurídico octavo de su Sentencia 6592/2010, de 15 noviembre (ECLI:ES:TS:2010:6592) en los siguientes términos: “La doctrina del abuso de Derecho, en palabras de la STS de 1 de febrero de 2006 (RC nº. 1820/2000 ) se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciado, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho ( Sentencias de 8 de julio de 1986 , 12 de noviembre de 1988 , 11 de mayo de 1991 y 25 de septiembre de 1996 ); exigiendo su apreciación, en palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo) .” En el caso de esta reclamación no se aprecia ninguna de las circunstancias de carácter subjetivo y objetivo necesarias para estimar que estamos ante una solicitud abusiva: ni hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima con voluntad de perjudicar, ni se observa un exceso en el uso del derecho que pueda calificarse como anormal. La solicitud se presenta en ejercicio de un derecho público subjetivo garantizado en la Constitución y en la ley y no subyace en ella una voluntad de perjudicar derechos o intereses legítimos de terceros. Por todo lo anteriormente expresado, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública, este Consejo considera que procede estimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Quero. SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Quero a que, en el plazo máximo de treinta días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información: - Copia electrónica de los informes técnicos y jurídicos aportados a expedientes de licencias urbanísticas, desde 1 de enero de 2015 a 1 de enero de 2019 y, en todo caso, las tres primeras resueltas por trimestre. - Fechas de aprobación de los planes estratégicos de subvenciones desde la entrada en vigor de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. - Enlace al número del Boletín Oficial Provincial de Toledo en el que están publicados los planos de ordenación y el Catálogo de Bienes Protegidos. - Copia de contratos de asesoría urbanística desde 1 de enero de 2011. TERCERO: INSTAR al Ayuntamiento de Quero a que, en el mismo plazo máximo de treinta días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez