Reclamación por denegación de acceso a información sobre recursos contenciosos y requerimientos de licencias de obras en Castilla-La Mancha, desestimada por inexistencia de la información

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó el 29 de noviembre de 2022, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), a la entonces Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente información: “Primero: La relación de recursos contenciosos entablados cautelarmente según el art. 65 de la LRBRL en cada provincia. Segundo: La relación de requerimiento de información en relación a las licencias de obras informadas por no funcionarios según el mismo artículo en cada provincia. Plazo temporal: desde 15 de junio de 2015”. N/REF: Expte. 244-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: J unta de Comunidades de Castilla-La Mancha/ Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital Información solicitada: Relación de recursos contencioso-administrativos y de requerimientos de información en relación con licencias de obras. RA CTBG Número: 2023-0720 Fecha: 14/08/2023 2. Disconforme con la resolución de inadmisión de su solicitud, de 26 de diciembre de 2022, el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 27 de diciembre de 2022, con número de expediente 244/2023. 3. El 25 de enero de 2023 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 17 de febrero de 2023 se recibe escrito de alegaciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de 16 de febrero de 2023, poniendo en conocimiento de este Consejo los siguientes extremos: “(…) TERCERA. -Con fecha 27 de diciembre de 2022 se le ha notificado al reclamante la resolución de inadmisión motivada, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 de la LTBGCLM, en los fundamentos de derecho que transcribo a continuación: 1.-Para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, las personas físicas y jurídicas, podrán acceder, previa solicitud en los términos previstos en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo, LTBGCLM), a la información que obre en poder de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella. En ese sentido, el art. 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (….) 2. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “información pública” como: (….) A este respecto el Consejo de Transparencia ha establecido un criterio interpretativo recogido, entre otras, en su Resolución R/0118/2016, de 22 de junio de 2016, en la que se indica que: “El concepto de información pública que recoge la LTAIBG se restringe a aquella información que obre en poder de un organismo o entidad de los sujetos a la LTAIBG en el momento en que se produce la solicitud. Por tanto, el concepto de información pública parte de una premisa inexcusable como es la propia existencia de la información en el momento de formulación de la solicitud de acceso. Es decir, el citado precepto define el objeto de una solicitud de acceso a la información pública en relación con una información que ya existe, que está en posesión de la entidad pública que recibe la solicitud, bien por haberla elaborado, o bien por haberla obtenido en ejercicio de las funciones o competencias RA CTBG Número: 2023-0720 Fecha: 14/08/2023 que tiene encomendadas”. En este sentido se manifiesta también la Sentencia nº 15/2018, de 14 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n º 1, en el procedimiento ordinario 33/20176. Lo anteriormente expuesto, nos lleva a alcanzar varias conclusiones: x Que no se reconoce el acceso a documentos sino a información. x Que la información debe estar disponible para el organismo al que se dirige la solicitud en el momento en que la misma se plantea. x Que el organismo tiene la información porque él mismo la ha generado o porque la ha obtenido en el ejercicio de sus funciones. Esta segunda posibilidad guarda especial relevancia con lo dispuesto en el art. 19.4 LTAIBG que prevé que una solicitud dirigida a un organismo que posea una información pero que ésta haya sido elaborada por un tercero, sea remitida al autor de la información para que decida. x Que cuando la información solicitada no exista, a solicitud carece de objeto. Expresado lo que ha de entenderse por información pública, cuyo acceso ampara la legislación de transparencia, a continuación, vamos a examinar si la información solicitada por el reclamante, reúne los citados requisitos. Para ello, debemos acudir a la normativa de régimen local, y en primer lugar a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL), cuyo art. 56, establece que: “1. Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y formas que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los presidentes, y de forma inmediata, los secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber. 2. En todo caso, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas estarán facultadas, con el fin de comprobar la efectividad, en su aplicación y, respectivamente, de la legislación estatal y la autonómica, para recabar y obtener información concreta sobre la actividad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes”. En segundo lugar cabe citar lo señalado en el Decreto 181/2002, de 26 de diciembre, por el que se Regulan los Órganos de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha a los que se deberá remitir los actos y acuerdos de las Entidades Locales, que establece en su artículo 1º que, “a los efectos previstos en los artículos 56, 65 y 66 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, las Entidades Locales comprendidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha deberán remitir copia o, en su caso extracto, de sus actos y acuerdos a la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de sus respectivas provincias”. Así mismo, el artículo 2º de dicho Decreto, señala que “la solicitud de ampliación de información o, en su caso, la práctica de requerimientos a Entidades Locales regulados en los artículos 56 y 65 de la mencionada Ley de Bases corresponderá a la persona titular de la respectiva Delegación provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Pues bien, de la literalidad del artículo 56.1 de la citada Ley 7/85 se deduce que, las entidades locales no tienen la obligación de remisión de las actas de las sesiones, ni de la copia literal de las mismas. Respecto de las licencias de obras a que hace referencia el solicitante en su escrito, se otorgan por Decreto de la Alcaldía, conforme a lo dispuesto en el art. 21.1 q) de la LBRL, por lo que las entidades locales no tienen obligación de la remisión a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de los expedientes que conforman la tramitación de las mismas. En consecuencia, a la vista de lo anteriormente señalado, puesto que no se dispone de la información previa necesaria para valorar la posible impugnación ante la jurisdicción contenciosa-administrativa de dichas licencias, podemos concluir que en el ámbito de las competencias de esta Consejería de Hacienda y AAPP, tampoco se ha llevado a cabo ningún requerimiento, ni se han interpuesto recursos ante dicha jurisdicción, todo ello, sin perjuicio de las competencias que ostenta la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, en el ámbito de la inspección urbanística, conforme al Decreto 34/2011, de 26 de abril de 2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. CUARTA.- Que esta Secretaria general se reitera en todos sus términos en la resolución ahora recurrida concluyendo que no consta en la Viceconsejería de Administración Local que se hayan presentado recursos contenciosoadministrativos deducidos de los actos y acuerdos que por parte de las entidades locales remiten a la Comunidad autónoma, de acuerdo con el artículo 5 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, ya que esta obligación se extiende a la remisión del extracto o copia de estos, lo que supone que las entidades locales no tienen obligación de la remisión de los expedientes completos que conforman el orden del día de las sesiones, sino un extracto de los acuerdos adoptados por lo que de los mismos no se tiene la suficiente información que permita deducir un incumplimiento de la ley que merezca ser impugnado. Por otra parte, el órgano competente para la aprobación de las licencias de obras, es el Alcalde -Presidente, que lo hace mediante Decreto, existiendo la obligación de dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. La dación en cuenta de las resoluciones de la alcaldía únicamente alcanza a mencionar el número de decreto, la fecha del mismo y la parte dispositiva de los mismos. QUINTA. - No obstante, a mas abundamiento es preciso hacer constar que, aun en el supuesto caso que se tuvieran los datos de las impugnaciones, la viceconsejería debería hacer una labor ingente de recopilación, ordenación y tratamiento informático que supondría en si mismo una reelaboración y por tanto un motivo de inadmisión conforme al artículo 31.1.c) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha; téngase en cuenta que el recurrente solicita la información de las impugnaciones sin acotar el periodo, lo que incluso chocaría con la normativa que regula los periodos de conservación de los documentos en el archivo general de JCCM ; y en cuanto a la relación de requerimientos de información relativos a las licencias de obras, el plazo temporal es desde 2015, todo ello sin olvidar que esta Comunidad Autónoma está conformada por más de 900 municipios (…). SEXTA. - Que dado el alcance de la reclamación y la identidad del reclamante, además de las causas de inadmisión expuestas y motivadas en los números 6 anteriores, el interesado podría incurrir en la causa de inadmisión prevista en el artículo 31.1, e de la Ley 4/2016 citada: “por ser manifiestamente repetitivas o tener un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley” (…) Además de estos expedientes relacionados con la materia de la resolución ahora impugnada, es notoriamente conocido la ingente cantidad de reclamaciones interpuestas por el recurrente, no solo a esta Unidad de Transparencia, sino a la de los propios Ayuntamientos, así como a los servicios administrativos de la Viceconsejería de Administración Local, de los que en buena medida tiene conocimiento ese Consejo de Transparencia, y de lo que se desprende el carácter abusivo de sus peticiones (…)”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 4. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», que obraría en poder de un https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion- econ/convenios/conveniosCCAA.html sujeto obligado por la LTAIBG, quien dispondría de aquella en el ejercicio de las competencias que le corresponden según lo establecido en el Decreto 104/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital . Como se ha mencionado en los antecedentes, la Administración concernida ha contestado a este Consejo afirmando no tener constancia de la información solicitada, tanto en lo referente a los recursos contencioso-administrativos interpuestos como a los requerimientos de información relativos a licencias de obras informadas por no funcionarios, en relación con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local . En relación con lo señalado por la citada Consejería, debe indicarse que este Consejo considera que, en sus relaciones con otras administraciones públicas, rigen los principios generales del artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. En virtud de ellos y en sus relaciones con administraciones y entidades de derecho público, este Consejo parte de la base de la veracidad de los documentos procedentes de aquellas y de las manifestaciones en ellos recogidas. En definitiva procede, en efecto, desestimar la reclamación planteada en la medida en que, según manifiesta la Consejería de Hacienda, Administraciones Púbicas y Transformación Digital, no existe el objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información pública, en los términos de los artículos 12 y 13 de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación descargarArchivo.do (jccm.es) BOE-A-1985-5392 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez