Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de San Roque un certificado o informe de intervención sobre gratificaciones de un empleado específico en 2021 y 2022. El reclamante alegó que dichos documentos deben existir por ley. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque la información no existe y su creación supondría una reelaboración ad hoc.
El solicitante pidió a la Xunta de Galicia el detalle del gasto en publicidad institucional (2022-2023) desglosado por medio, empresa y CIF. Alegó que los enlaces facilitados eran insuficientes y no requerían reelaboración. La Comisión de la Transparencia desestimó la reclamación al considerar que la información es accesible vía portal y que el desglose solicitado implicaría una reelaboración abusiva.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores costes y detalles de la Presidencia Española de la UE. El Ministerio denegó el acceso alegando falta de documentos y posterior necesidad de reelaboración de información dispersa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena remitir la solicitud al órgano competente.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Cádiz actas del Consejo Escolar, contratos del bar, resúmenes de gastos y presupuestos de un IES. El solicitante alegó que la información existía en sistemas informáticos y que la denegación era injustificada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a facilitar la información o retrotraer el proceso.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Tendilla copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de 2014 y 2015. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la solicitud por considerarla abusiva, al requerir un esfuerzo desproporcionado que paralizaría la gestión municipal.
El solicitante pidió información sobre el uso de fondos europeos y la gestión de la Agencia Española de Seguridad Vial. Tras una respuesta insuficiente, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estima la reclamación, obligando a la administración a proporcionar la información solicitada por no concurrir límites legales.
El solicitante pidió información sobre la gestión de la calidad del aire al Ayuntamiento de Madrid. Tras una respuesta insuficiente, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a proporcionar la información solicitada por no haber justificado adecuadamente la denegación.
Se solicitó acceso a información sobre el uso de fondos públicos y subvenciones al Ayuntamiento de Madrid. El interesado alegó una respuesta insuficiente. El Consejo de Transparencia de España estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar la información solicitada.
El solicitante pidió acceso a información sobre la gestión de la calidad del aire al Ayuntamiento de Madrid. Tras una denegación parcial basada en la necesidad de reelaboración de la información, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a facilitar los datos solicitados.
La reclamante solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura datos sobre presupuestos, inspecciones y multas relativos a las Directivas Marco del Agua y de Nitratos (2013-2023). La Administración denegó parcialmente alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al silencio administrativo.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos sobre el operativo policial en la calle Ferraz (material antidisturbios, detenidos, bajas, etc.). El interesado alegó que el Ministerio ocultaba información y mentía sobre las fotos y quejas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos numéricos y normativa, pero deniega las bajas médicas.
Se solicitó información estadística sobre alumnos, notas de selectividad, EBAU, promoción en ESO y procesos de admisión de centros educativos a la Consejería de Educación de Castilla y León. La administración inadmitió la solicitud alegando que era abusiva y requería una reelaboración desproporcionada. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible copias anonimizadas de los planes mensuales y cantidades percibidas por miembros de la Comisión Paritaria del III Convenio de Puertos del Estado. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando abuso y vulneración de la libertad sindical. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social la cifra de fijos discontinuos inactivos desglosada por CCAA. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respetó los plazos legales de contestación, obligando al ciudadano a recurrir para obtener respuesta.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre abstenciones del Jefe de RRHH y la actividad de la responsable jurídica laboral. Tras la denegación del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el número y tema de los informes jurídicos emitidos en 2023.
El interesado solicitó a la Diputación de Guadalajara el acceso a los expedientes de concesión de retribuciones por productividad desde 2019. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por considerarla reiterativa y por prevalecer la protección de datos personales sobre el interés de transparencia.
Se solicitó información a la Administración reclamada. No se alegaron motivos concretos en el texto proporcionado. El organismo de transparencia desestimó la reclamación por falta de fundamentación o por considerar que la solicitud no cumplía los requisitos formales, sin estimar la pretensión del interesado.
El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya solicitó al Departament de Justícia, Drets i Memòria datos sobre incapacidades temporales de profesionales en centros de justicia juvenil. Tras alegar falta de motivación en la denegación parcial, la GAIP resuelve la pérdida sobrevenida del objeto ya que la Administración entregó finalmente la información de los últimos 5 años.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda los listados de depósitos y bienes en presunción de abandono remitidos por entidades financieras en 2022 y 2023. El reclamante alegó que la denegación era vaga y que los datos podían disociarse. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información anonimizada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Gérgal el acceso al Libro de control de las Resoluciones de Alcaldía (2022 y parte de 2023). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo/repetitivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para que el solicitante concrete su petición.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Sanidad el porcentaje de episiotomías por hospital en Madrid (2015-2022). Alegó que la administración solo facilitó datos agregados y enlaces genéricos. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid decide retrotraer las actuaciones para que la administración responda específicamente a la solicitud de datos desagregados.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco datos sobre inspecciones y personal vinculado a las Directivas Marco del Agua y de Nitratos (2013-2023). Tras una respuesta parcial, el interesado reclamó la falta de datos específicos. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación al considerar insuficientes las denegaciones.
El ciudadano solicitó información sobre el estado y plazos de implantación del proyecto de tarjeta de transporte unificada en Cantabria a la Consejería de Fomento. Tras una respuesta inicial insuficiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, ya que la administración aportó la información necesaria de forma tardía, tras la reclamación.
Una ciudadana solicitó al Ministerio del Interior información sobre el gasto ejecutado en la Medida Segunda del Acuerdo Administración-Sindicatos de 2019 y resoluciones de la CECIR. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando reelaboración y abuso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las resoluciones de la CECIR pero denegando el dato del gasto.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior microdatos de las ITV de España, incluyendo matrículas o bastidores. Alegó que el número de bastidor no vulnera la protección de datos ya que la DGT publica otros datos similares. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque prevalece la protección de datos personales sobre el interés del solicitante.
La Asociación Laboratorio Rural Labcasa solicitó al Ayuntamiento de Dúrcal el expediente administrativo y datos urbanísticos de una planta de embotellado. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ordenando facilitar la información urbanística y retrotraer el procedimiento para concretar los expedientes solicitados.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre un proceso selectivo de Policía Portuario, incluyendo costes, contratos de consultoría y motivos de cambios en el tribunal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes y la justificación del contrato de consultoría, pero deniega el resto por no ser información preexistente o ser auxiliar.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Cádiz el expediente administrativo del Plan de explotación de playas de Chiclana 2020-2023. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, rechazando que el volumen de datos justifique una denegación por reelaboración.
Maxi Logistic S.L.U. solicitó a la Comunidad de Regantes del Canal de Henares el registro de bajas de comuneros de los últimos 10 años y su motivación. La entidad denegó el acceso alegando la necesidad de reelaborar la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no justificarse la complejidad de la tarea.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Adra copias electrónicas de expedientes sobre estructura organizativa y obras del Parque de la Isla. Alegó que la denegación del formato digital limitaba su derecho a la información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque la entidad motivó el cambio a formato papel al no estar digitalizados los archivos.
Una ciudadana solicitó a la Consellería de Facenda e Administración Pública los códigos de 207 plazas certificadas para procesos de estabilización. Alegó que la respuesta fue insuficiente al no facilitar dichos códigos. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación considerando que la información requerida exigiría una reelaboración compleja de datos.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Defensa datos estadísticos sobre oficiales de complemento, vacantes y medidas de reincorporación de reservistas. El Ministerio inadmitió seis de los siete puntos alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información numérica solicitada.
Se solicitó a la Universidad de Sevilla datos académicos anonimizados de alumnos de cuatro titulaciones durante 10 años para una investigación. El reclamante alegó que la extracción y anonimización eran sencillas mediante Excel. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque la información requiere una acción de reelaboración.
D. XXX solicitó a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León datos del Registro de Ascensores (2017-2018). La Administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración de la información. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de inscripciones, ubicación y empresas instaladoras.
Se solicitó al Ayuntamiento de Vic acceso detallado a expedientes de un correfoc y justificaciones de subvenciones. Tras la denegación municipal por complejidad, la GAIP intervino mediante un proceso de mediación. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo satisfactorio para el reclamante.
Se solicitó al Ayuntamiento de Navata el listado de secretarios municipales (2009-2023) y quién autorizó pagos al alcalde. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando una tarea de elaboración compleja. La GAIP estima la reclamación, determinando que el volumen de información es reducido y la extracción no presenta complejidad técnica.
Se solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona el número de alumnos matriculados en 1º de ESO y sus centros de procedencia (2018-2024). El reclamante alegó que existen otras fuentes públicas que revelan la segregación escolar. La GAIP estima parcialmente la solicitud: ordena entregar el número de alumnos por centro, pero deniega la procedencia para evitar la segregación escolar.
Se solicitó al Ayuntamiento de Roses el acceso a los expedientes de baja de empadronamiento traducidos al castellano. El Ayuntamiento denegó la traducción y demoró la entrega. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima la reclamación, obligando a entregar la documentación íntegramente traducida al castellano.
El solicitante pidió a Renfe Operadora y al Ministerio de Transportes datos detallados sobre retrasos en Cercanías de Cataluña (2023). El solicitante alegó que el servicio es público y no tiene competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requiere la elaboración de un informe ad hoc, suponiendo una acción de reelaboración.
Una asociación solicitó al Ministerio de Universidades normativa sobre estafas en títulos, autoridades competentes, relación de fraudes y expedientes sobre una empresa específica. El solicitante alegó que el Ministerio no puede desconocer su competencia en la materia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información no existe ni es competencia del órgano.
El interesado solicitó información sobre la diferencia entre ingresos por tasas y costes de servicio a la Diputación de Guadalajara. Tras la inadmisión de la administración, presentó reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. El Consejo decidió archivar la reclamación debido a que el solicitante no subsanó el requerimiento de aclaración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Badajoz información sobre el estado actual y licencias de una antena de telefonía móvil precintada. La administración inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la labor de recopilación es básica y no justifica la inadmisión.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda una copia completa de la base de datos del ROLECE en formato reutilizable. El reclamante alegó que la información es de interés público y que la Administración ya ha facilitado listados similares anteriormente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una reelaboración compleja de la información.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena los cambios y modificaciones (oficiales y no oficiales) de las bases de un proceso selectivo de policías portuarios. La solicitante alegó que la inadmisión fue infundada y que la ampliación del plazo de respuesta fue irregular. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarse información auxiliar.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el acceso a expedientes de creación, valoración y modificación de puestos directivos y la RLT. El Ayuntamiento alegó que la tarea era inasumible por falta de digitalización. La GAIP estima la reclamación, obligando a dar acceso electrónico o presencial, rechazando que el ciudadano realice el triaje de los documentos.
Se solicitó a Renfe los indicadores de calidad y el número de quejas de Cercanías Málaga (2018-2022). El reclamante alegó que los enlaces facilitados eran insuficientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a Renfe a entregar el número de quejas por considerar que no requiere reelaboración compleja ni afecta a intereses comerciales.
Una diputada del Parlamento de Canarias solicitó a la Consejería de Transición Ecológica y Energía el detalle de parques eólicos y fotovoltaicos autorizados en Fuerteventura hasta junio de 2019. La reclamante alegó que la carga de trabajo no justifica denegar un derecho constitucional. El Comisionado de Transparencia desestimó la reclamación por requerir una reelaboración de la información.
Una diputada del Parlamento de Canarias solicitó a la Consejería de Transición Ecológica y Energía la relación detallada de parques eólicos y fotovoltaicos en trámite en Fuerteventura. La reclamante alegó que la carga de trabajo no justifica la denegación de un derecho constitucional. El Comisionado de Transparencia desestimó la reclamación porque la información requeriría una reelaboración manual de los datos.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado detallado de las inspecciones de control de jornada de 2022. El solicitante alegó que la información es pública y que no existe reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la tramitación a la espera de una sentencia judicial firme sobre un caso similar.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León el número de pacientes hospitalizados procedentes de centros residenciales (2019-2020) desglosados por mes y centro. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación, validando la denegación original debido a que la obtención de los datos requeriría una acción previa de reelaboración.
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