Reclamación por falta de respuesta en solicitud de acceso al expediente del Plan de explotación de servicios de temporada en playas de Chiclana 2020-2023

RESOLUCIÓN 352/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 951/2023 Persona reclamante XXXXX Representante XXXXX Entidad reclamada Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Econo- mía Azul de Cádiz Artículos 24 LTPA; 12 LTAIBG. Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 12 de diciembre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante, Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 11 de octubre de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “ASUNTO: Solicitud de información y personación en el Plan de explotación de los servicios de temporada en playas. Chiclana. “1.- Que el Plan de explotación de los servicios de temporada en playas del término municipal de Chiclana de la Frontera 2020-2023 (Cádiz) dejará de estar vigente en próximas fechas. “2.- Que, siguiendo la razón lógica, pronto comenzará -si no lo ha hecho ya- la tramitación del correspondiente expediente administrativo del futuro Plan de explotación de los servicios de temporada en playas. “SOLICITA: “1.- Copia (o enlace) de todos los documentos que incorpora el expediente administrativo del Plan de explotación de los servicios de temporada en playas del término municipal de Chiclana de la Frontera 2020-2023, incluyendo la relación indexada de documentos de dicho expediente. Expediente AUT01-20-CA-0008. “2.- De haber comenzado ya la tramitación del futuro citado Plan, se tenga por personada a Toniza- Ecologistas en Acción Chiclana en el expediente y, a todos los efectos, se nos considere parte interesada y, a partir de ahora, se nos comunique cualquier incidencia que en el mismo se registre. “3.- De no haber comenzado aún su tramitación, dejamos interesado desde este momento que se tenga por personada a Toniza- Ecologistas en Acción Chiclana en el expediente que se incoe y, a todos los efectos, se nos considere parte interesada. “4.- La información la queremos en formato digital desprotegido, en estándar abierto, reutilizable, gratuita, debidamente anonimizada y respetando las limitaciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; y a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Junta de Andalucía y/o enlace a la página de Consigna y/o dirigida a la dirección de correo electrónico de Toniza- Ecologistas en Acción Chiclana”. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Sobre la reclamación presentada. En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “1.- Que el 11.10.2023, con número de registro de entrada 2023999012581046, solicitamos a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz «Copia (o enlace) de todos los documentos que incorpora el expediente administrativo del Plan de explotación de los servicios de temporada en playas del término municipal de Chiclana de la Frontera 2020-2023, incluyendo la relación indexada de documentos de dicho expediente. Expediente AUT01-20-CA-0008». “2.- Que ha transcurrido el plazo máximo legal del que disponía la Delegación Territorial para entregarnos la información y no nos la ha enviado. “SOLICITAMOS: “Tenga por presentada la presente RECLAMACIÓN y disponga cuanto sea preciso para que la mencionada Delegación Territorial nos suministre la información pública y ambiental instada”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 27 de diciembre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 17 de enero de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que informa lo siguiente: “PRIMERO.- Que la información solicitada con fecha de 11 de octubre de 2023, es decir, todos los documentos que incorpora el expediente administrativo del Plan de Explotación de los Servicios de Temporada en playas del término municipal de Chiclana 2020-2023, suponía un gran volumen y ésta no estaba preparada para su envío en los archivos del Departamento de Costas. Por un lado, dicha tarea requería de una recopilación y elaboración previa y expresa para poder dar respuesta; además, teniendo en cuenta las limitaciones de personal existente el Departamento afectado en dicho momento, implicaba tener que paralizar otros procedimientos administrativos para poder disponer del personal que se dedicara exclusivamente al desarrollo de la misma. Por otro lado, el Departamento afectado informa que, a fecha de la solicitud, la vigencia del Plan de Explotación de los Servicios de Temporada de 2023 era de solo 19 días (fecha de fin de vigencia de 30 de noviembre de 2023). “SEGUNDO.- Que la Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz por la que se concede la autorización para la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre con objeto al Plan de Explotación de los Servicios de Temporada en playas del t.m. de Chiclana de la Frontera en sus antecedentes de hecho, apartado cuarto, establece que dicho expediente pasó el oportuno trámite de información pública sin que, hasta la fecha de su aprobación (7 de mayo de 2020), se presentase alegaciones respecto a lo solicitado en el mismo. Dicha Resolución tomó como base el documento sometido a información pública al que se puede tener acceso en el siguiente enlace: “[enlace]. “TERCERO.- […]. “CUARTO.- Finalmente le comunicamos que, mediante oficio del Departamento de Costas de 11 de enero de 2024, se ha dado respuesta al solicitante dando cumplimiento, en la medida de lo posible, a lo indicado por el Consejo. En dicho escrito se le comunica su consideración como parte interesada en el nuevo procedimiento de autorización que ha de iniciarse para los Servicios de Temporada en 2024 para el Término Municipal de Chiclana de la Frontera y se le informa de las incidencias que en el mismo se registre, de acuerdo con lo solicitado”. Se aporta la respuesta facilitada mediante oficio de 11 de enero de 2024, del Departamento de Costas, que en lo que ahora interesa informa: “II. La vigencia del Plan de Explotación de los Servicios de Temporadas en Playas del Término Municipal de Chiclana, en el momento de la solicitud realizada por la [nombre de la persona reclamante] finalizaba con fecha 30.11.2023. “III. Dado el gran volumen de la información solicitada, no estaba preparada para su envío en nuestros archivos, y requería de una recopilación y elaboración expresa para dar respuesta. En ese momento suponía tener que paralizar otros procedimientos administrativos en curso para poder recopilar y procesar toda esa información para su traslado, que el plazo de vigencia desde la fecha de registro de entrada de la solicitud era de 19 días. “[…]. “III.[sic, repite numeración] Con fecha 02.11.2023 se remite al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, desde este Departamento de Costas, la comunicación de inicio de Plazo para la solicitud de autorización para la ocupación de bienes de dominico público marítimo terrestre con objeto de Plan de Explotación de los Servicios de Temporada 2024 en Playas del T.M. de Chiclana de la Frontera, en el que se les indica que entre el 16.11.2023 y e 15.01.2024, deberán presentar en la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz la correspondiente solicitud de autorización de los referidos servicios, junto con el Plan de Explotación o plan de playas correspondiente al ejercicio o ejercicios siguientes, por un periodo máximo de las autorizaciones de hasta cuatro años”. 3. Con fecha 22 de enero de 2024 tiene entrada en este Consejo escrito de la entidad reclamada en el que aporta, como complemento de las alegaciones anteriores, la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante del oficio de 11 de enero de 2024, del Departamento de Costas, con fecha 18 de enero de 2024. 4. El 7 de marzo de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. En la misma fecha dicho acuerdo es remitido a la entidad reclamada y a la persona reclamante. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 11 de octubre de 2023, y la reclamación fue presentada el 12 de diciembre de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. La reclamación que ahora resolvemos se limita a la primera de las pretensiones que constituyen el objeto de la solicitud de información, es decir, a la “Copia (o enlace) de todos los documentos que incorpora el expediente administrativo del Plan de explotación de los servicios de temporada en playas del término municipal de Chiclana de la Frontera 2020-2023, incluyendo la relación indexada de documentos de dicho expediente. Expediente AUT01-20-CA-0008”, por lo que solo a esta pretensión nos referimos al ser la única constitutiva de información pública, si bien, según manifiesta la entidad reclamada, ha accedido al resto de pretensiones de la persona reclamante. En su escrito de alegaciones la entidad reclamada aporta el oficio del Departamento de Costas de 11 de enero de 2024, por el que se ha dado respuesta al solicitante. Sin embargo, en dicha respuesta no se ponía a disposición de la persona solicitante el expediente solicitado (Expediente AUT01-20-CA-0008) sino que se justificaba la ausencia de respuesta en la carga de trabajo del departamento responsable de la tramitación y en la inminente pérdida de vigencia del Plan solicitado así como se informaba de la iniciación del Plan de Explotación de los Servicios de Temporada 2024. Así, tanto en el escrito de alegaciones como en la resolución dictada, la entidad reclamada ha argumentado que la información solicitada “...es decir, todos los documentos que incorpora el expediente administrativo del Plan de Explotación de los Servicios de Temporada en playas del término municipal de Chiclana 2020-2023, suponía un gran volumen y ésta no estaba preparada para su envío en los archivos del Departamento de Costas. Por un lado, dicha tarea requería de una recopilación y elaboración previa y expresa para poder dar respuesta; además, teniendo en cuenta las limitaciones de personal existente el Departamento afectado en dicho momento, implicaba tener que paralizar otros procedimientos administrativos para poder disponer del personal que se dedicara exclusivamente al desarrollo de la misma”. Podríamos suponer que al invocar tales circunstancias la entidad reclamada ha pretendido hacer referencia al contenido del artículo 18.1.c) LTAIBG, el cual permite inadmitir a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Pues bien, como venimos sosteniendo de forma constante en nuestras decisiones (baste citar las Resoluciones 64/2016, FJ 3º; 75/2016, FJ 3º; 136/2016, FJ 3º; 8/2017, FJ 3º; 133/2018, FJ 3º; 14/2020, FJ 3º), al determinar el alcance del concepto “acción de reelaboración” empleado por dicho art. 18.1 c) LTAIBG, resultan de utilidad las siguientes líneas directrices que inferimos del Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: 1º) “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información”. 2º) “La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario”. 3º) Hay reelaboración “cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba… [e]laborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información”. 4º) Asimismo, nos hallamos en presencia de una “acción de reelaboración” cuando el organismo o entidad que recibe la solicitud “carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”. Y por lo que hace a la delimitación negativa del concepto, conviene especialmente destacar —en línea con el citado Criterio Interpretativo 7/2015— que la noción de “reelaboración” no implica “la mera agregación o suma de datos […], ni tampoco equivale a información cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante” . Por otro lado, de la legislación reguladora de la transparencia deriva un deber de buscar la información por parte de los sujetos obligados, cuyo alcance perfilamos ya en el FJ 3º de la Resolución 37/2016: “[…] la legislación de transparencia reclama de las autoridades públicas que desplieguen el esfuerzo razonablemente posible para atender las solicitudes de información y, en consecuencia, puedan responder, en los plazos previstos, de forma completa y ajustada a los términos de las peticiones formuladas por la ciudadanía. Las entidades sujetas a las exigencias de lo que se ha dado en denominar «publicidad pasiva», y por tanto responsables de su cumplimiento [art. 6 c) LTPA], deben realizar una tarea de búsqueda de los «contenidos o documentos”»que obren en su poder y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, con independencia de cuál sea su “formato o soporte” [art. 2 a) de la LTPA]. Los sujetos obligados, en suma, han de estar en condiciones de acreditar que sus esfuerzos de búsqueda de la información han sido rigurosos y exhaustivos y que han explorado todas las vías razonables para localizar los contenidos o documentos requeridos”. Esta interpretación coincide con las líneas directrices marcadas por el Tribunal Supremo en la arriba citada Sentencia nº 1547/2017; a saber, que “[c]ualquier pronunciamiento sobre las "causas de inadmisión" que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1.c de dicho artículo (que se refiere a solicitudes "relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración") debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013” (Fundamento de Derecho Cuarto); y que no puede considerarse reelaboración la “mera suma” de los datos objeto de la solicitud (vid., por ejemplo, la Resolución 85/2018, FJ 3º). La aplicación de la anterior doctrina a la respuesta ofrecida en este caso impiden considerar de aplicación la causa de inadmisión citada, por cuando la entidad reclamada no ha justificado de manera clara y suficiente ni el volumen ni la necesidad de recopilación invocados, ni el escaso personal del que dispone y que justificaría que la contestación de la petición de información produciría una paralización de otros procedimientos administrativos. Y es que la entidad no ha informado del número aproximado de documentos, su posible dispersión, su falta de digitalización o las dificultades para realizarla, circunstancias que justificarían la aplicación de la causa de inadmisión invocada. De hecho, este Consejo ha podido comprobar que parte del expediente ya está digitalizado e incluso publicado, en cumplimiento de la obligación de publicidad activa relativa a los documentos en trámite de información pública (artículo 13 e) LTPA). Y además, tal y como se indica a continuación, a remitido parte de la información a entregar. Esto es, la entidad no ha justificado debidamente los motivos técnicos, organizativos o presupuestarios que motivarían la aplicación de la causa de inadmsión. Conviene además recordar que el artículo 30 c) LTPA impide considerar como reelaboración la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente. Por tanto, considerando que lo solicitado es información pública, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido debidamente justificada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. 2. Debemos aclarar que la entidad reclamada, en las alegaciones remitidas a este Consejo, ha facilitado un enlace con el que se accede a determinada información y documentación del “Proyecto de plan de explotación de los servicios de temporada en playas del término municipal de Chiclana de la Frontera 2020-2023 (Cádiz). Expediente AUT01-20-CA-0008”. Sucede, sin embargo, que es a la propia persona solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 59/2016, de 20 de julio, FJ 5º; 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º; 111/2016, de 30 de noviembre, FJ 3º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 5º; 55/2017, de 12 de abril, FJ 3º). Por consiguiente, en esta ocasión, al igual que hacíamos en todas las resoluciones citadas, debemos concluir que es la entidad reclamada, y no este órgano de control, quien debe poner directamente a disposición de la persona interesada la información que atañe a la solicitud en cuestión. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada, por tanto, ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc.; todo ello en aplicación del principio de minimización establecido en el artículo 5.1c) RGPD (datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “Copia (o enlace) de todos los documentos que incorpora el expediente administrativo del Plan de explotación de los servicios de temporada en playas del término municipal de Chiclana de la Frontera 2020-2023, incluyendo la relación indexada de documentos de dicho expediente. Expediente AUT01-20-CA-0008”. La entidad reclamada, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, deberá poner a disposición del reclamante la información pública solicitada, en los términos previstos en los Fundamento Jurídicos Cuarto y Quinto. La información se entregará previa disociación de los datos personales que pudiera contener. Segundo.Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.