Reclamación por acceso insuficiente a información sobre vehículos adquiridos por el Ayuntamiento de Salamanca entre 2006 y 2013

Resolución 258/2024, de 6 de septiembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-264/2023 / reclamación frente a la estimación parcial de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante el Ayuntamiento de Salamanca I. ANTECEDENTES Primero.- Con fechas 15 de marzo de 2023, tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento de Salamanca una solicitud de acceso a la información pública presentada por D.ª XXX. El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “Relación de todo tipo de vehículos adquiridos por el ente local o contratados mediante leasing, renting o cualquier otra figura contractual, entre el mes de febrero de 2006 y agosto de 2013 con expresión de los siguientes datos: o Año de compra. o Fecha de matriculación. o Matrícula. o Marca. o Modelo. o Tipo de combustible. o Precio de compra: precio del vehículo (base imponible), I.V.A. y otros impuestos y/o conceptos o Cilindrada. o Potencia neta (KW). o Potencia fiscal (CVF). o N.º de plazas”. El día 30 de mayo de 2023 el Ayuntamiento de Salamanca dictó una Resolución en la que se dispuso lo siguiente: “ESTIMAR PARCIALMENTE la solicitud formulada por D.ª XXX, con fechas 15/03/2023 y 05/05/2023 (RGE Nsº XXX y XXX) de acceso a la información pública, en concreto referente a relación de todo tipo de vehículos adquiridos mediante leasing, renting o cualquier otra figura contractual entre febrero de 2006 y agosto de 2013, indicando una serie de campos a añadir en dicha información (año de compra, fecha de matriculación, matrícula, marca, modelo…) (…) Aportando la documentación que ha sido posible obtener sin realizar labor alguna de reelaboración, desestimando el resto de cuestiones a la vista de la imposibilidad de aportar dicha información sin realizar previamente una actuación expresa de reelaboración de la información debido al tiempo transcurrido y a que la información solicitada no resulta exclusivamente de consulta en un único departamento municipal si no que debería procederse a elaborar dicha información por cada uno de los departamentos que han podido tener actuación en la adquisición y uso de esos vehículos”. Segundo.- El día 3 de julio de 2023 tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D.ª XXX, frente a la estimación parcial de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, esta Comisión de Transparencia se dirigió al Ayuntamiento de Salamanca poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que informase sobre la respuesta que había dado lugar a la citada petición de información. El día 9 de octubre de 2023 el Ayuntamiento de Salamanca remitió informe en el que sustancialmente indicaba lo siguiente: “A este respecto el Ayuntamiento de Salamanca facilitó parte de la documentación solicitada indicando a la interesada, en la notificación de la Resolución del Tercer Tte. De Alcalde de fecha 30/05/2023 que «(…) el art. 18.1.c) LTAIPBG prevé que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes (…) relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Por su parte la Resolución 122/2021, de 25 de junio, del Comisionado de Transparencia de Castilla y León señala que sin una constancia de que, frente a lo indicado por el Ayuntamiento de XXX, pueda existir la documentación en la que se reflejaron las cuentas por las que se ha solicitado información, a pesar del deber del Ayuntamiento de conservar las mismas, la realidad nos llevaría a la necesidad de reelaboración para dar satisfacción a la solicitud de información pública de IMATEC, lo que constituye la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG, sobre solicitudes «Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.» A su vez el Criterio interpretativo CI/007/2015, a modo de conclusión señala que: La aplicación de la causa de inadmisión del art. 18.1.c) LTAIPBG, deberá adaptarse a los siguientes criterios: a. La decisión de la causa de inadmisión a trámite habrá de ser motivada en relación con el caso concreto y hará expresión de las causas materiales y los elementos jurídicos en los que se sustenta. b. La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información y no debe confundirse con otros supuestos, tales como el volumen o la complejidad de la información solicitada, la inclusión de datos personales susceptibles de acceso parcial o de anonimización el acceso parcial de la información, supuestos estos contemplados en los arts. 20.1, 15.4 y 16 de la LTAIPBG. e. La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario, identificando estos en la correspondiente resolución motivada. En el presente caso, la solicitud formulada no se basa en un único expediente de contratación, si no con todos aquellos – sean del tipo que sean, que pudiera haber dentro de la citada delimitación temporal (2006 a 2013), lo que supone más de 17 años atrás, además esta información afecta a varios departamentos municipales, lo que supone que la información debe ser reelaborada de forma expresa para este supuesto, pues afectaría a vehículos que ni siquiera están ya en uso por el transcurso del tiempo desde su adquisición y/o debería incorporar datos muy concretos y pormenorizados por cada uno de los vehículos, que en muchos casos resultarían de muy difícil recuperación. El portal de Transparencia municipal dispone de un apdo. con el listado de número de vehículos oficiales (propios, alquilados o adscritos por alguna de las empresas que gestionan servicios públicos) asignados a cada uno de los departamentos, que debería ser reelaborada completamente.». En base a los citados antecedentes se acordó adoptar la decisión notificada a la interesada en Resolución de 30/05/2023”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la LTAIBG, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello, puesto que su autora es la misma persona que presentó la solicitud de información pública que dio lugar a la impugnación ante el Ayuntamiento de Salamanca. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. En este supuesto concreto, la reclamación frente a la respuesta obtenida con fecha 30 de mayo de 2023 ha tenido entrada en la Comisión de Transparencia el día 3 de julio de 2023. Sin embargo, la resolución impugnada no reúne todos los requisitos previstos en los artículos 88 de la LPAC y 20 de la LTAIBG. Así, se puede advertir un defecto de forma en la expresión de los recursos que procedían frente a ella, puesto que se omite toda referencia a esta cuestión. Por este motivo, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 40.3 de la LPAC respecto a los efectos de las notificaciones defectuosas, precepto donde se establece lo siguiente: “Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento Comisionado de Transparencia de Castilla y León del contenido y el alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda”. Por tanto, debido a la notificación defectuosa de la respuesta expresa a la que se ha hecho referencia, esta solo surtió efecto a partir de la presentación de la reclamación que ahora se resuelve. Quinto.- En el supuesto que nos ocupa, la persona reclamante solicita la información señalada en el antecedente de hecho primero de esta Resolución respecto a los vehículos adquiridos por el Ayuntamiento de Salamanca o contratados por este mediante leasing, renting o cualquier otra figura contractual, entre los meses de febrero de 2006 y agosto de 2013. En materia de contratación, la disposición adicional 2.ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, concreta las competencias en materia de contratación de las entidades locales, disponiendo que: “Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada”. La información solicitada cumple los requisitos del artículo 13, ya que es información que debería obrar en poder del Ayuntamiento de Salamanca y que debería haber sido elaborada en el ejercicio de sus funciones. En el supuesto que nos ocupa, el Ayuntamiento de Salamanca, a través de su Resolución de 30 de mayo de 2023, facilitó una parte de la información solicitada por la reclamante, procediendo a la inadmisión del resto de la información pedida porque proporcionar esta implicaba, a su juicio, una acción previa de reelaboración de la información, argumentando al respecto lo siguiente: “No obstante lo anterior, el art. 18.1.c) LTAIPBG prevé que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes (…) relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración Por su parte la Resolución 122/2021, de 25 de junio, del Comisionado de Transparencia de Castilla y León señala que sin una constancia de que, frente a lo indicado por el Ayuntamiento de XXX, pueda existir la documentación en la que se reflejaron las cuentas por las que se ha solicitado información, a pesar del deber del Ayuntamiento de conservar las mismas, la realidad nos llevaría a la necesidad de reelaboración para dar satisfacción a la solicitud de información pública de IMATEC, lo que constituye la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG, sobre solicitudes «Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.» A su vez el Criterio interpretativo CI/007/2015, a modo de conclusión señala que La aplicación de la causa de inadmisión del art. 18.1.c) LTAIPBG, deberá adaptarse a los siguientes criterios: a. La decisión de la causa de inadmisión a trámite habrá de ser motivada en relación con el caso concreto y hará expresión de las causas materiales y los elementos jurídicos en los que se sustenta. b. La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información y no debe confundirse con otros supuestos, tales como el volumen o la complejidad de la información solicitada, la inclusión de datos personales susceptibles de acceso parcial o de anonimización el acceso parcial de la información, supuestos estos contemplados en los arts. 20.1, 15.4 y 16 de la LTAIPBG. e. La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario, identificando estos en la correspondiente resolución motivada. En el presente caso, la solicitud formulada no se basa en un único expediente de contratación, si no con todos aquellos – sean del tipo que sean, que pudiera haber dentro de la citada delimitación temporal (2006 a 2013), lo que supone más de 17 años atrás, además esta información afecta a varios departamentos municipales, lo que supone que la información debe ser reelaborada de forma expresa para este supuesto, pues afectaría a vehículos que ni siquiera están ya en uso por el transcurso del tiempo desde su adquisición y/o debería incorporar datos muy concretos y pormenorizados por cada uno de los vehículos, que en muchos casos resultarían de muy difícil recuperación. El portal de Transparencia municipal dispone de un apdo. con el listado de número de vehículos oficiales (propios, alquilados o adscritos por alguna de las empresas que gestionan servicios públicos) asignados a cada uno de los departamentos, que debería ser reelaborada completamente. No obstante lo anterior, sí se ha conseguido obtener alguno de los datos solicitados por la interesada y que pueden proceder a remitirse para su conocimiento y efectos oportunos”. La reclamante presentó el día 1 de junio de 2024 un escrito al Ayuntamiento donde manifiesta que considera que la información facilitada es insuficiente, por considerar que el número de vehículos adquiridos durante ese periodo no parece que sea el que realmente se haya producido. Esta circunstancia ha sido corroborada por el propio Ayuntamiento en la resolución de la solicitud, donde se expone que le conceden acceso a una parte de la información solicitada, porque facilitar el resto de la información implica un proceso de reelaboración. A este respecto, debe destacarse lo razonado en la sentencia 15/2018, de 14 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 en el PO 33/2017, en el siguiente sentido: “(…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso sin perjuicio de que pueda no existir un repositorio común a todos los órganos de contratación del grupo Fomento, aspecto que, como se ha expuesto, no guardaría relación con la causa de inadmisión, de forma que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13 de la Ley”. Respecto de las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento, cabe señalar en primer lugar, que la información solicitada por la reclamante está relacionada con los expedientes de contratación de vehículos adquiridos por el Ayuntamiento de Salamanca desde febrero de 2006 a agosto de 2013. En concreto, dicha información solicitada debería obrar en el expediente de contratación – año de compra y precio – y el resto se encuentra en la ficha técnica del vehículo – fecha de matriculación, matrícula, marca, modelo, tipo de combustible, cilindrada, potencia neta (KW), potencia fiscal (CVF) y nº de plazas -. Por lo tanto, la información solicitada solo implica la recopilación de datos obrantes en los documentos indicados en el párrafo anterior, motivo por el cual no nos encontramos ante la concurrencia de la causa de inadmisión recogida en artículo 18.1.c) de la LTAIBG. Por todo lo anteriormente expuesto, dado que la información pública solicitada cumple los requisitos del artículo 13 de la LTAIBG y que no concurre ninguno de los límites o causas de admisión recogidas en los artículos 14, 15 y 18 de esta Ley, procede la estimación de la reclamación presentada por D.ª XXX. Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias. En el caso que aquí nos ocupa, la solicitud de acceso a la información pública se remite de forma expresa a una dirección de correo electrónico, por lo que, para atender dicha solicitud, debe utilizarse esa dirección para proporcionar el acceso a la información. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la estimación parcial de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante el Ayuntamiento de Salamanca. Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de Salamanca debe facilitar al reclamante el acceso a la siguiente información relativa a los vehículos adquiridos mediante leasing, renting o cualquier otra figura contractual, entre el mes de febrero de 2006 y el mes de agosto de 2013: 1.- Año de compra. 2.- Fecha de matriculación. 3.- Matricula. 4.- Marca. 5.- Modelo. 6.- Tipo de combustible. 7.- Precio de compra: precio del vehículo (base imponible), I.V.A. y otros impuestos y/o conceptos 8.- Cilindrada. 9.- Potencia neta (KW). 10-. Potencia fiscal (CVF). 11.- Nº de plazas. Así mismo, deberá facilitar los datos que faltan – tipo de combustible; precio de compra (precio del vehículo, base imponible, I.V.A. y otros impuestos y/o conceptos); Cilindrada; Potencia neta (KW); Potencia fiscal (CVF) y Nº de plazas – de la relación de vehículos remitida junto con la Resolución de 30 de mayo de 2023. Tercero.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, y al Ayuntamiento de Salamanca. Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.