Solicitud de datos judiciales sobre procedimientos de trienios de personal funcionarizado de la AEAT. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando a la AEAT a proporcionar la mayoría de la información solicitada, desestimando la inadmisión por reelaboración

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 19 de marzo de 2024 el reclamante solicitó a la AEAT/MINISTERIO DE HACIENDA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(…)[R]uego que me facilite los siguientes datos, desglosados por Tribunal Superior de Justicia, a ser posible ajustándose a la plantilla adjunta: 1. Número de procedimientos judiciales en primera instancia contra resoluciones administrativas expresas o presuntas de la Agencia Tributaria en relación con el S/REF: N/REF: 900/2024 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada:Impugnaciones judiciales de resoluciones en materia de reconocimiento de trienios de personal funcionarizado. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b importe de los trienios del personal funcionarizado, desglosando si fueron contra actos expresos o presuntos, con desglose por Tribunal Superior de Justicia. 2. Número de procedimientos judiciales en primera instancia pendientes de resolución, con desglose por Tribunal Superior de Justicia. 3. Número de resoluciones dictadas en ejecución de resoluciones judiciales en primera instancia, desglosando si han sido estimadas o desestimadas las pretensiones de los reclamantes, si es posible con desglose por TSJ. 4. Número de recursos judiciales interpuestos en 2ª instancia por la Agencia Tributaria contra sentencias recaídas en procedimientos judiciales. 5. Número de resoluciones dictadas en ejecución de resoluciones judiciales en segunda instancia, desglosando si han sido estimadas o desestimadas las pretensiones de los reclamantes. 6. Número de Recursos de Casación interpuestos ante el Tribunal Supremo por la AEAT. 7. Número de Desistimientos ante el Tribunal Supremo por parte de la AEAT. 8. Cualquier otra información que considere relevante en relación con estas reclamaciones.» Adjunta plantilla. 2.No consta respuesta de la Administración. 3.Mediante escrito registrado el 20 de mayo de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta a su petición que reitera en los siguientes términos: «Paralelamente a la Reclamación de Información presentada ante la AEAT solicitando información sobre las reclamaciones presentadas en vía Administrativa sobre la percepción de los importes de los trienios del personal funcionarizado, he planteado otra sobre los procedimientos judiciales tramitados derivados de la inacción administrativa de la AEAT, que tampoco ha sido atendido y por el que he G ú o - presentado otra Reclamación de Información ante este Consejo de Transparencia (con número de registro 2024-E-RE-1888). La inacción de la AEAT, ha llevado a la tramitación de cerca de 4.000 procedimientos judiciales, que han resultado estimatorios para los demandantes, pues se basaban en una doctrina sentada por el Tribunal Supremo, que la AEAT ha soslayado con el único objetivo de perjudicar a su plantilla, y que a pesar de tener conocimiento de esta situación ha llevado hasta el extremo los recursos, en muchos casos hasta el Tribunal Supremo, a la espera del desistimiento de los demandantes, pues en cuanto estos se personaban mediante procurador la AEAT procedía a presentar su desistimiento ante el TS. La tramitación de estas demandas ha provocado un trato discriminatorio entre demandantes, pues a pesar de tener sentencias estimatorias en "todos" los casos, ante situaciones idénticas, la ejecución de las mismas ha sido muy diferente y por tanto es preciso demostrar la mala praxis de la AEAT para poder solicitar una revisión de la ejecución de todas estas demandas, ante la necesidad de preservar el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de igualdad para todos los trabajadores. Se adjunta Recurso ante el CTBG, junto el justificante de presentación y la solicitud de la Información ante la AEAT.» En escrito adjunto manifiesta además que la solicitud planteada, en ejercicio del derecho de Información Pública, «es la manera de obtener información acerca del ejercicio de las funciones públicas que ejerce la Agencia Tributaria en relación con su personal. Este derecho solamente se ve limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos, según se desarrolla en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y en este caso no nos encontramos en ninguno de los supuestos que permitiría su limitación. Es más no se solicita información acerca de los reclamantes, sino de los procedimientos judiciales planteados por la plantilla de la AEAT en primera instancia (…),número de recursos judiciales interpuestos en 2ª instancia por la Agencia Tributaria (…),número de resoluciones dictadas en ejecución de resoluciones judiciales en segunda instancia, desglosando si han sido estimadas o desestimadas las pretensiones de los reclamantes, número de Recursos de Casación interpuestos ante el Tribunal Supremo por la AEAT, así como el número de desistimientos por parte de la AEAT ante Tribunal Supremo, con el desglose que aparece en la solicitud presentada por mí y que se adjunta Así mismo indica: 4. La Agencia Tributaria ha recibido un gran volumen de reclamaciones presentadas por funcionarios destinados en la Agencia Tributaria, respecto a la antigüedad y trienios, por haber sido anteriormente personal laboral. (…)La mayoría de reclamaciones no han tenido respuesta, al igual que a los Recursos Administrativos interpuestos. Inacción por parte de la Administración que ha llevado a la judicialización que, en la mayoría de los casos, han resultado favorables a los demandantes. 5. Ejemplo del comportamiento de la Agencia Tributaria es la no contestación de la solicitud presentada, comportamiento que supone el incumplimiento de la obligación de resolver establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a pesar de la obligatoriedad de términos y plazos para las autoridades y personal al servicio de la Administración según establece el artículo 29 de dicha Ley de Procedimiento.» 4.Con fecha 20 de mayo de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 1 de agosto tuvo entrada en este Consejo, escrito en el que se señala lo siguiente: «(…)En relación con las alegaciones formuladas se hace constar que con fecha 25 de junio de 2024 el Director del Servicio de Planificación y Relaciones Instituciones, por delegación de la Directora General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dictó resolución por la que se resolvía la solicitud de derecho de acceso S-001-088842 inadmitiendo a trámite la solicitud. Se acompaña como anexo la citada resolución.» La resolución se pronuncia en los siguientes términos: «(…) En primer lugar, ha de señalarse respecto del primer punto de su petición que en aplicación del artículo 21, relativo a la obligación de resolver, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso y en ambas circunstancias, las resoluciones de la Agencia Tributaria han sido expresas. Respecto a los datos solicitados en los tres primeros puntos de su petición, ha de indicarse que la información no se encuentra disponible, ya que no está parametrizada informáticamente para su explotación directa tal y como usted la solicita, de forma que, ejecutando una única acción, se puede obtener de forma directa, sin ningún trabajo previo de elaboración, la información requerida. Así, si bien en la base de datos de la Agencia Tributaria existe registrada como materia “trienios”, en el apartado de clasificación de materias de los litigios, la aplicación no permite distinguir si se trata de trienios de personal funcionarizado o no. A este respecto, la sección 2ª, artículo 18, apartado 1, letra c) de la LTAIBG establece: (…) La Resolución CI/007/2015 de 12 de noviembre de 2015 de la Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aclara la interpretación del concepto de reelaboración como causa de inadmisión y cuándo es aplicable: En su conclusión, apartado b) establece: “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información y no debe confundirse con otros supuestos, tales como el volumen o la complejidad de la información solicitada, la inclusión de datos personales susceptibles de acceso parcial o de anonimización o el acceso parcial de la información, supuestos estos contemplados en los artículos 20.1, 15.4 y 16 de la Ley 19/2013, que no suponen causas de inadmisión en sí mismos.” En la misma línea del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se han pronunciado los Juzgados y Tribunales, así por ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 14 de febrero de 2020, (recurso de contencioso- administrativo 7285/2018), que en su fundamento jurídico quinto remite a otros pronunciamientos judiciales al señalar lo siguiente: «Al respecto se ha pronunciado ya diversas sentencias, así por ejemplo la Sentencia nº 60/2016, dictada por el Juzgado Central de lo contencioso- Administrativo nº 6 de Madrid el 25 de abril de 2016 que dice: "El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía" o la Sentencia de la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 2017 dictada en el recurso de apelación nº 63/2016 que especifica que: "El derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular".» En consecuencia, por lo que respecta a los tres primeros puntos de su solicitud, se INADMITE, al ser de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.1 C) de la LTAIBG. Respecto al punto cuarto de su solicitud, relativo al “número de recursos judiciales interpuestos en 2ª instancia por la AEAT contra sentencias recaídas en procedimientos judiciales”, ha de indicarse que no constan recursos en segunda instancia. Los procedimientos están o bien en única instancia o en casación, pues los procedimientos ante Tribunales Superiores de Justicia sólo se tramitan en única instancia, al no admitirse recurso de apelación contra sus sentencias. En cuando al punto quinto sobre el “número de resoluciones dictadas en ejecución de resoluciones judiciales en segunda instancia”, cabe señalar que, al no existir recursos interpuestos en segunda instancia, tampoco existe resoluciones dictadas en esa fase que haya que ejecutar. Por lo que respecta al punto sexto relativo al “número de recursos de casación interpuestos ante el Tribunal Supremo por la AEAT”, se INADMITE en virtud del artículo 18.1 c) de la LTAIBG por las razones anteriormente expuestas sobre la INADMISIÓN de lo solicitado en sus tres primeras preguntas. Finalmente, respecto del punto séptimo, sobre el “número de desistimientos ante el Tribunal Supremo por parte de la AEAT”, cabe señalar que no se dispone en la base de datos de la Agencia Tributaria de información sobre desistimientos.» 5.Debe señalarse que, con carácter previo a la recepción de las alegaciones de la AEAT, con fecha 8 de julio de 2024, el reclamante aportó nueva documentación a este procedimiento: en particular, la resolución dictada por la AEAT en relación con la solicitud de acceso a la información que ha dado lugar a estar reclamación; la resolución dictada en otro procedimiento relacionado (en el que se solicitan datos sobre los recursos administrativos en la materia de diferencias retributivos de los trienios de personal laboral cuando se accede a la condición de funcionario), así como una nota de los servicios jurídicos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública relativa al régimen jurídico aplicable a las reclamaciones de aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo sobre abono de trienios de personal laboral funcionarizado. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide, en relación con las resoluciones de reconocimiento de trienios al personal funcionarizado dictadas por la AEAT, la siguiente información: (i) número de procedimientos judiciales en primera instancia incoados contra dichas resoluciones; (ii) número de procedimientos judiciales pendientes de resolución; (iii) número de resoluciones dictadas en ejecución de resoluciones judiciales en primera instancia; (iv) recursos judiciales interpuestos por la AEAT en segunda instancia; (v) número de resoluciones en ejecución de resoluciones judiciales dictadas en segunda instancia; (vi) número de recursos de casación; (vii) número de desistimientos ante el TS; (viii) «cualquier otra información que considere relevante en relación con estas reclamaciones», todo ello con el determinado nivel de desglose indicado en cada punto. La AEAT no dictó resolución en el tiempo legalmente establecido por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Posteriormente, en respuesta al trámite de alegaciones, la Administración pone en conocimiento de este Consejo que ha dictado resolución (que acompaña) en la que, por un lado, respecto de los puntos 1. 2. 3, y 6 de la solicitud, acuerda la inadmisión en aplicación la causa regulada en el artículo 18.1.c) LTAIBG, por considerar que proporcionar el acceso solicitado implica asumir tareas de reelaboración; y, por otro lado, en lo que concierne a la información pretendida en los puntos 4, 5 y 7 de la solicitud, comunica que no posee la información solicitada —en un caso, porque no existe tal (pues la información solicitada se refiere a procedimientos judiciales de instancia única ante los Tribunales Superiores de Justicia y casación ante el Tribunal Supremo) o porque no dispone de ella (en relación con los desistimientos). 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, la AEAT no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.No puede desconocerse, no obstante, que si bien con carácter tardío la AEAT dictó resolución en la que, como se ha apuntado, comunica que parte de la información que se solicita no existe o no está disponible y que, respecto de la otra parte, concurre la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) LTAIBG. Sentado lo anterior cabe recordar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 LTAIBG, la noción de información pública se refiere a aquellos contenidos y documentos que obran en poder del sujeto obligado por haberlos elaborado o adquirido en ejercicio de sus funciones; esto es, la preexistencia de la información es un presupuesto necesario para el ejercicio del derecho. En este caso, la Administración ha puesto en conocimiento del reclamante que no existe información respecto de la segunda instancia en la medida en que la competencia para conocer de los recursos contenciosos en la materia (reconocimiento de trienios a personal funcionarizado) corresponde en única instancia al Tribunal Superior de Justicia y, en casación, al Tribunal Supremo. En consecuencia, procede desestimar la reclamación respecto de los puntos 4 y 5 de la solicitud de acceso, al no existir la información pretendida y faltar, por tanto, el presupuesto esencial para el ejercicio del derecho. A una conclusión diferente ha de llegarse, en cambio, en lo que concierne a la pretendida falta de disponibilidad de la información respecto del número de desistimientos ante el Tribunal Supremo por parte de la AEAT. Resulta, en efecto, inverosímil que no se tenga constancia de aquellos procedimientos en los que la AEAT ha desistido del recurso de casación pues, una vez iniciado el procedimiento, es responsabilidad de la Administración implicada hacer un seguimiento del mismo, debiendo existir en cada caso la resolución expresa que sirva de apoyatura a cada actuación de desistimiento y que permita además el cierre del expediente correspondiente. Así se desprende de lo previsto en el artículo 74.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante LJCA) que, en relación con las formas de terminación del procedimiento, establece: «Si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos». A todo lo anterior se suma el hecho de que la AEAT dispone de su propio Servicio Jurídico, encargado, no solo de su representación y asistencia en juicio, sino también del estudio y sistematización de la jurisprudencia y doctrina de los tribunales, al efecto de ser incorporada a la práctica de la Agencia Tributaria, elaborando periódicamente boletines y circulares para toda la Agencia, por lo que necesariamente debe tener constancia de su actividad ante los órganos jurisdiccionales. De todo procedimiento judicial, una vez concluida su tramitación (ya sea por resolución sobre el fondo de la discrepancia, ya sea por desistimiento de una de las partes) y en función de lo resuelto, se derivan consecuencias a favor o en contra generando actuaciones de ejecución respecto de las que, como se ha señalado, no cabe aceptar que la AEAT no tenga conocimiento. 6.En lo que atañe a la inadmisión a trámite de la solicitud de acceso a la información pretendida en los puntos 1, 2, 3 y 6 corresponde verificar la efectiva concurrencia de la causa de inadmisión (tardíamente) invocada. Para ello debe partirse de la necesaria interpretación estricta, cuando no restrictiva, tanto de las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18.1 LTAIBG como de los límites que se contemplan en el artículo 14.1 LTAIBG, «sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información» [por todas, Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3530); lo que exige una «justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida» [STS de 11 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1558)] En relación con la aplicación del artículo 18.1.c) LTAIBG, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810) se señaló que «(…) el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas (…)». Entre esas causas, la citada sentencia destaca el hecho de que se tenga que realizar el tratamiento a partir de «una información pública dispersa y diseminada», que requiera de una «labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es [en el caso enjuiciado en la sentencia] información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información», o que la misma se encuentre en soportes (físicos e informáticos) diversos. Jurisprudencia, la reseñada, que se reitera en la STS de 25 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:1256) en la que se incluye en el concepto de reelaboración aquella información que, al no encontrarse en su totalidad en el órgano al que se dirige la solicitud, ha de ser recabada de otros órganos, y se remarca que no puede confundirse la supresión o anonimización de datos con un supuesto de reelaboración de la información pública. Esta jurisprudencia se aplica, entre otras, en la Sentencia de la Audiencia Nacional (SAN), de 31 de enero de 2022 (ECLI:ES:AN:2022:359), en la que se pone de manifiesto que la acción de reelaboración no puede ser aducida en relación con la extracción de información de expedientes administrativos concretos identificados por el interesado, sino, en su caso, respecto de «expedientes indeterminados y sin un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas (…)». Se confirma, así, el criterio de este Consejo de Transparencia (criterio interpretativo 7/2015) en el que se señaló que la acción de reelaboración se refiere a aquellos supuestos en los que la información debe elaborarse expresamente para dar respuesta a lo solicitado, haciendo uso de diversas fuentes de información -sin que pueda confundirse con el proceso de anonimización o con la solicitud de información voluminosa-; así como a aquellos supuestos en que la Administración requerida no dispone de los medios necesarios para extraer y explotar la información concreta que se reclama. 7.En este caso, alega la AEAT que la información relativa a los procedimientos judiciales en primera instancia con el nivel de desglose indicado y las resoluciones dictadas para ejecución de las sentencias recaídas no se encuentra disponible, ya que «no está parametrizada informáticamente para su explotación directa (…)de forma que, ejecutando una única acción se pued[a] obtener», manifestando a continuación que si bien el término “trienios”,existe registrado como materia en la base de datos de litigios, «la aplicación no permite distinguir si se trata de trienios de personal funcionarizado o no». Tal parquedad argumentativa no puede considerarse suficiente ni resulta satisfactoria de acuerdo con la jurisprudencia reseñada y los criterios de resolución seguidos por este Consejo, pues no se razonan los motivos por los que se necesita realizar un tratamiento previo, ni la complejidad de la localización o extracción de la información, ni las concretas labores de tratamiento que serían necesarias para su suministro. Desde esta perspectiva cabe subrayar que la noción de reelaboración previa que sustenta la posibilidad de inadmitir una solicitud de acceso a la información no se aplica a todo aquello que exceda de la obtención de forma directa, en una única acción y en la forma recopilada por la Administración, dela información solicitada. Como se señala en la jurisprudencia citada, la satisfacción del derecho de acceso a la información comportará necesariamente una labor de reelaboración básica o general que, obviamente, no puede justificar la inadmisión de la solicitud. La posibilidad de aplicar la causa prevista en el artículo 18.1.c) LTAIBG queda restringida (de forma excepcional dadas las gravosas consecuencias que comporta para el ejercicio del derecho) a aquellos casos en que la información pretendida tenga un carácter complejo, bien por encontrarse en diferentes formatos, bien por proceder de diversas fuentes, etc., que no se aprecia en este caso. En efecto, el hecho de que la información no se encuentre en la base de datos bajo el parámetro personal funcionarizado, no significa que no pueda obtenerse a través de la aplicación de otros parámetros de búsqueda a una información que sí obra en poder de la AEAT. Por tanto, considera este Consejo que ni se ha justificado de forma suficiente, ni concurre, la causa de inadmisión invocada. Falta de justificación que también se aprecia en lo relativo al punto 6 de la solicitud, pues la AEAT se limita a hacer extensivas las alegaciones que se acaban de descartar, sin añadir una justificación específica que fundamente el carácter complejo de la información consistente en el número de recursos de casación interpuestos ante el Tribunal Supremo por la AEAT. En este caso, además, se trata de un dato meramente numérico que ha de conocer el Servicio Jurídico de la AEAT, por lo que se puede obtener sin mayor esfuerzo. 8.Finalmente, en relación con la solicitud de «[c]ualquier otra información que considere relevante en relación con estas reclamaciones», debe señalarse que tal imprecisa petición no encuentra encaje en la amplia formulación legal del derecho de acceso regulada en la LTAIBG, en tanto no contiene una concreta petición de información — de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2.b)— susceptible de ser respondida por el órgano competente, trasladando a este la decisión de seleccionar o extraer contenidos indeterminados sin sustento, como se ha indicado, en una solicitud previa. 9.En conclusión, de acuerdo con lo expuesto en los precedentes fundamentos jurídicos procede estimar parcialmente la reclamación. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por D frente a la AEAT/MINISTERIO DE HACIENDA SEGUNDO: INSTAR a la AEAT/MINISTERIO DE HACIENDA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: •1. Número de procedimientos judiciales en primera instancia contra resoluciones administrativas expresas o presuntas de la Agencia Tributaria en relación con el importe de los trienios del personal funcionarizado, desglosando si fueron contra actos expresos o presuntos, con desglose por Tribunal Superior de Justicia. •2. Número de procedimientos judiciales en primera instancia pendientes de resolución, con desglose por Tribunal Superior de Justicia. •3. Número de resoluciones dictadas en ejecución de resoluciones judiciales en primera instancia, desglosando si han sido estimadas o desestimadas las pretensiones de los reclamantes, si es posible con desglose por TSJ. •6. Número de Recursos de Casación interpuestos ante el Tribunal Supremo por la AEAT. •7. Número de Desistimientos ante el Tribunal Supremo por parte de la AEAT. TERCERO: INSTAR a la AEAT/MINISTERIO DE HACIENDA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez